Sentencia Definitiva N° 66/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de febrero de 2022. No. 66 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PEREIRA, JUAN CARLOS con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 878/2019). RESULTANDO : I) El actor dedujo demanda anulatoria contra la Resolución AP Nº 246/2018, de 3 de octubre de 2018, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas, Área Pasivos del Banco de Previsión Social, mediante la cual se le otorgó una jubilación común con una asignación mensual de $ 13.882,20, a servirse a partir del 27 de setiembre de 2018 (fs. 112, en carpeta verde de 137 fojas, A.A.). En su demanda, relató que percibe una jubilación común de Industria y Comercio, habiéndole reconocido un total de treinta y seis años, cinco meses y diez días, otorgándole el BPS un monto inicial de asignación jubilatorio de $ 13.382,60. El cese ocurrió el 29 de setiembre de 2018, la fecha a servir el 26 de setiembre de 2018 y el alta se produjo el 01º de octubre de 2018. Seguidamente, indicó que La Ley No. 18.355, regula el sueldo básico jubilatorio de los trabajadores de la construcción por la cual se produce una modificación en el sistema de cálculo. La Ley establece en su artículo 1º que “El sueldo básico jubilatorio de los trabajadores de la industria de la construcción, incluidos en el régimen de aportación unificada (Decreto Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975, modificativas y concordantes), se calculará tomando como asignación computable la retribución gravada del trabajador más el aporte personal jubilatorio y al seguro de enfermedad (Decreto Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975)”. Y luego dispone que, en caso de corresponder, la distribución a las administradoras de fondos de ahorro previsional se continuará efectuando sobre lo recaudado efectivamente por el BPS por concepto de ahorros personales y luego agrega que el Banco de Previsión Social “(…) reliquidará las pasividades otorgadas con anterioridad a la vigencia de esta ley, no generándose, en ningún caso, haberes retroactivos (...)” En el caso del actor, no surge del expediente administrativo la aplicación de este criterio dado que el mismo desempeñó tareas laborales en varias empresas de la Industria de la Construcción y no consta que se le haya aplicado el criterio establecido por las mencionadas disposiciones legales. A modo de ejemplo, el mismo desempeñó tareas en construcción en la empresa “DE LOS CAMPOS PUENTE TOURNIER S.A.” por el período del 13 de agosto de 1980 al 3 de agosto de 1990, la cual figura en BPS bajo código 1 “INDUSTRIA Y COMERCIO”, pero que en realidad correspondía a aportación “CONSTRUCCIÓN”, debiendo liquidarse los montos de la asignación de jubilación de acuerdo a las disposiciones legales que regulan este rubro y en base a los sueldos reales percibidos por el trabajador y no como Industria y Comercio. Iguales consideraciones respecto de “COOPAR S.A.”, donde se desempeñó desde el 13 de abril de 2016 al 30 de abril de 2016. El compareciente se desempeñó durante veintiséis años, en el ramo de la construcción, asistiéndole el derecho a que se le calculen correctamente y acorde con la realidad los montos a los efectos de su haber jubilatorio y que se le aplique el comparativo legal entre los veinte mejores años y los diez últimos años trabajados. En definitiva, por los fundamentos expresados demandó la anulación del acto encausado (fs. 2 a 4). II) Conferido el correspondiente traslado compareció el Dr. Rodolfo Píriz -en representación del Banco de Previsión Social-, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. La Administración ha actuado conforme a Derecho. Si bien, las actividades del rubro Construcción se encuentran comprendidas en la afiliación de Industria y Comercio, el BPS distingue este rubro de actividad “CON APORTACION CONSTRUCCION”. Y ello por cuanto es el Instituto Previsional el que abona licencias, aguinaldos, y salario vacacional a los trabajadores de este ramo de la actividad privada, por disposición de la Ley No. 14.411, del 7 de agosto de 1975. Por otra parte, y a partir de la vigencia de la Ley No. 18.355, del 19 de setiembre de 2008, tal como lo dispone su art. 1º, las remuneraciones que surjan acreditadas para este rubro de actividad (aportación CONSTRUCCIÓN), son nominalizadas acorde lo establece la norma. Vale decir, desde la vigencia de dicha Ley, el 1º de octubre de 2008, a cada trabajador que integre en su jubilación servicios de las Industria de la Construcción, incluidos en el régimen de aportación unificada remuneraciones líquidas informadas para tales períodos de actividad (ya sea anteriores o posteriores a la vigencia de la Historia Laboral Nominada), a los efectos del cálculo del sueldo básico jubilatorio son incrementadas con los parámetros indicados: “la retribución gravada del trabajador, más el aporte jubilatorio y el seguro de enfermedad”. Debido a ello, el sueldo básico jubilatorio del Sr. Pereira ha sido determinado en la forma legal prevista, encontrándose el mismo ajustado a Derecho (fs. 11 a 15 vto.). III) Por decreto No. 1594/2020 (fs. 17) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 35. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 38 - 40 y fs. 43 - 44, respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 162/2021 (fs. 47 a 47 vto.) en el que aconsejó la confirmación del acto. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Señores Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 49). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869, de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución AP Nº 246/2018, se emitió el 3 de octubre de 2018 (fs. 112, A.A.) y el actor tomó conocimiento informal de la misma a partir de la recepción de su recibo de cobro, el 3 de diciembre de 2018 (fs. 2, infolios), extremo que no ha sido controvertido por la demandada (fs. 11 a 15 vto., infolios). El 12 de diciembre de 2018, interpuso en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico (fs. 114 a 114 vto., A.A., A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria expresa , a través del dictado de la Resolución RD Nº 37- 23/2019, de 16 de octubre de 2019, que desestimó el recurso jerárquico (fs. 125, A.A.). Este acto se notificó al actor el 21 de octubre de 2019 (fs. 128 a 128 vto., A.A.). La demanda se interpuso el 20 de diciembre de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 5). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 47 a 47 vto.) y dispondrá la confirmación del acto, por los fundamentos que se explicitarán. De acuerdo con la información aportada por la demandada, para la determinación de la jubilación del titular se cumplió con el mecanismo establecido desde la vigencia de la Ley No. 18.355, procedimiento que implica incluir las remuneraciones líquidas informadas correspondientes a servicios de la Industria de la Construcción comprendidos en el “régimen de aportación unificada, por el período de actividad, a los efectos del ´cálculo del sueldo básico jubilatorio´, incrementadas con los parámetros indicados “retribución gravada del trabajador más el aporte personal jubilatorio y al seguro de enfermedad” (véase fs. 1 de la carpeta rosada de 24 fojas, A.A.). Asimismo, fue agregado cálculo del que surgen considerados los últimos diez años de remuneraciones y los mejores veinte años de remuneraciones del trabajador (véase fs. 4 a 8, en carpeta rosada de 24 fojas, A.A.). A continuación, luce cálculo del sueldo básico jubilatorio con la nominalización de sueldos correspondientes a actividad construcción (fs. 19 a 20 vto., en carpeta rosada, A.A.), todo conforme lo explicado en el informe de la Sección Reformas y Regímenes Especiales (a fs. 21 a 22, en carpeta rosada, A.A.). De modo que resulta infundada la pretensión, en cuanto surge de las actuaciones agregadas que el BPS se apegó a los procedimientos correspondientes de cálculo del haber jubilatorio, signados por la normativa aplicable a la materia. En efecto, se consideraron las asignaciones computables promedio actualizadas de los mejores veinte años, por ser mayor al promedio de las de los últimos diez años. Además, se tuvieron en cuenta las remuneraciones líquidas de aguinaldos y licencias de la construcción para los períodos considerados en la actividad de la construcción. A su vez, se nominalizaron manualmente las remuneraciones, aumentándolas de acuerdo con los porcentajes establecidos en la Ley, según el período. Y fue aplicada la tasa de reemplazo correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley No. 16.713, en la redacción dada por la Ley No. 18.395, la que resultó en cincuenta con cinco por ciento (50, 5%). Así, pues, el Tribunal no advierte ninguna ilegitimidad en el proceder del Ente demandado. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución FALLA : Desestímase la demanda incoada y confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).