Sentencia Definitiva N° 65/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de febrero de 2022. No. 65 VISTOS : Para sentencia definitiva los autos caratulados: “FERREIRA YÁÑEZ, ELIZABETH MARGOT con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 280/2020). RESULTANDO : I) La acción de nulidad, deducida a fojas 13 y siguientes, se dirige contra la Resolución AP 148/2019, de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, en tanto declara no probados los servicios denunciados por la demandante respecto a la empresa Kardjian Hnos., “K y K”, por el período 01/01/1990 a 31/03/1996. (fs. 45 y vto. A/A). Contra dicho acto, se interpusieron correctamente los recursos de revocación y jerárquico por parte de la promotora (fs. 53/57 A/A) no mediando pronunciamiento expreso de la Administración respecto de los mismos. II) La actora sostiene que el acto impugnado no resulta ajustado a Derecho en la medida que el Banco de Previsión Social ha efectuado una errónea valoración de la prueba rendida en las actuaciones administrativas ya que la misma, valorada en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, lleva a concluir como acreditada la actividad denunciada por la compareciente. Indica también que se violenta el principio de verdad material y la debida motivación administrativa. Reseña las actuaciones precisando que, al no encontrarse completa su historia laboral nominada, solicitó en su momento el reconocimiento de los servicios prestados como trabajadora independiente para la empresa “K y K” en el período comprendido entre 1/01/1990 y 31/03/1996, en el que se desempeñaba como aparadora de calzado, tarea que realizaba en su domicilio. A tales efectos, ofertó prueba testimonial en dos oportunidades, al inicio del trámite y luego al evacuar la vista previa de estilo. Afirma que todos los testimonios recibidos han sido inequívocos y coincidentes respecto a que trabajó como aparadora de zapatos en el período de tiempo que va de 1990 a 1996, actividad que desarrollaba en su hogar. En tal sentido, analiza los argumentos manejados por la Administración, para lo cual recurre a las actuaciones que preceden al propio acto, sosteniendo que resulta por demás evidente que todos los testigos demostraron ser conocedores de la actividad que desarrollaba y coincidentes respecto de la tarea, su desarrollo continuo, lugar y condiciones de trabajo, época, entre otros, conforme las transcripciones que destaca de tales deposiciones. Señala también que no se advierte ningún tipo de contradicción, sino que, por el contrario, todos ellos aportan datos que son coincidentes y conducentes para considerar suficientemente probado el período de servicios en debate. Citando jurisprudencia del Tribunal, afirma que la prueba de obrados fue valorada erróneamente por la Administración en dos aspectos relevantes. En primer lugar, no se tomaron en cuenta las circunstancias particulares del caso, pretendiendo certezas y exactitudes poco probables, en testigos de entre 56 y 72 años de edad que son llamados a declarar sobre hechos acaecidos hace más de 23 años. Por ello, nunca pudieron haberse reputado como inválidas las declaraciones en base a carencias de exactitud. En segundo término, la Administración no valoró los testimonios en su conjunto y conforme la sana crítica, lo hizo aisladamente; de haberse realizado la valoración considerando la declaración de los cinco testigos, se habría concluido sin esfuerzo que resultaban válidos. Añade que aún en caso de considerar la prueba insuficiente, el Banco tenía el poder deber de conceder nueva vista cumpliendo con el debido proceso, u obtener información complementaria a fin de acceder a la verdad material, tal como respalda en citas de doctrina y jurisprudencia. Tales razones, a su juicio, determinan que exista una ilegitimidad en los motivos en que se fundamenta el acto accionado. En último lugar, sostuvo que resulta de aplicación la presunción de ilegitimidad del acto, en mérito a que la Administración no se expidió sobre la recurrencia movilizada por la pretensora. III) El Banco de Previsión Social contesta a fs. 36 y siguientes, abogando por la confirmación del acto. Relata que la Sra. Ferreira se presentó ante las oficinas del Banco el 2 de enero de 2015, a solicitar el reconocimiento de servicios laborales para jubilarse por actividades de afiliación de Industria y Comercio. En su solicitud expresó: “Mi empleo en K y K lo conseguí por avisos en el diario, en el año 1990 y trabajé en él por 10 años; hasta que fallecieron los dueños, dos hermanos. La empresa estaba ubicada en Martín García y Cufré; pero yo hacía el trabajo en mi casa. Era una especie de modista de zapatos. Los clientes me pagaban a mí. Los hermanos me daban la materia prima y me pagaban a mí y me pedían determinada cantidad de producción. No contaba con días y horarios, trabajaba en el patio de mi casa, que era cerrado y en donde realizaba todas las costuras” . También manifestó que, curiosamente, solo recuerda el nombre de uno de los hermanos a pesar sostener que trabajó 10 años para ambos. Respecto de la declaración de los testigos Temperan y Bittancur, la inspectora actuante valoró negativamente lo declarado por dichos testigos; en el primer caso, especialmente, por residir la testigo en el país desde 1994, en el segundo, por no brindar detalles de la actividad y aún contradecir el otro testimonio respecto a quiénes vivían con la actora. Puntualiza que, interrogada luego la Sra. Ferreira, rectificó la versión brindada inicialmente por cuanto dijo que además de trabajar para los hermanos Kardjian, también lo hacía para dos talleres más de la zona, siempre como aparadora. Nada refiere acerca a los clientes que le pagaban a ella, como si lo dijo anteriormente. Los testimonios de la Sra. García y Sres. Pérez y Araújo, conforme transcribe, resultan imprecisos y no aportan datos para qué empresa trabajaba la actora, período, modalidad etc. Añade que en las actuaciones lucen las planillas de trabajo de la empresa K y K (Kardjian Hnos.) correspondiente a los años 1991, 1992 y 1993, en los que nos consta como empleada la actora. Afirma que la prueba existente ha resultado estéril para acreditar la actividad laboral denunciada, se advierte con meridiana claridad que la prueba no aportó datos relevantes que permitieran acreditar dicha actividad; no existen aportes sobre la misma y tampoco prueba documental alguna, siendo la testimonial frágil, vaga e imprecisa. El acto administrativo atacado ha sido dictado conforme a Derecho ya que no existe prueba fehaciente y, conforme ello, no puede configurar la causal jubilatoria al amparo del art. 67 de la Ley 16.713. No obstante la vaguedad probatoria, la Administración dispuso de oficio una búsqueda en las planillas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a efectos de buscarla allí, extremo que también resultó estéril. La valoración de la prueba existente se hizo conforme a las reglas de la sana crítica aplicables, que demandan una prueba fehaciente tal como sostiene doctrina y jurisprudencia que cita. Respecto a la falta de motivación del acto administrativo enjuiciado, indica que los propios antecedentes administrativos, previos al dictado del acto, ilustran pormenorizada y detalladamente que la decisión final de la Administración, ha sido clara, legal y ajustada a Derecho. IV) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que luce certificada a fojas 57. V) Las partes alegaron de bien probado por su orden (fojas 60/61 vta.; 64/68). VI) Conferida vista, el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo aconsejó no hacer lugar a la demanda, por Dictamen Nº 335/2021 (fs. 71). VII) Se dispuso el pasaje a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva, que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, el accionamiento deducido ha cumplido adecuadamente con los requerimientos normativos a efectos del correcto accionamiento por nulidad (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República, arts. 4 y 5 del Decreto Ley Nº 15.869); normas a las que corresponde adicionar, en el caso, las dictadas en ocasión de la Emergencia Sanitaria respecto a la suspensión de los plazos (Ley Nº 19.879 y Acordadas del Tribunal Nos. 8, 9 y 10/2020). II) El Tribunal, coincidiendo con lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la pretensión de nulidad incoada, al no entender de recibo los agravios articulados. III) La cuestión a dilucidar se centra en analizar si los elementos de juicio ponderados por la Administración, resultan ajustados en su valoración a las reglas de la “sana crítica” a efectos de reputar no acreditados los servicios que la demandante denunciara oportunamente ante el ente previsional. La circunstancias denunciadas se delimitaron, según lo manifestado por la actora, en los siguientes términos: “Mi empleo en KYK lo conseguí por avisos en el diario, ingresé en el año 1990 aproximadamente, recuerdo que era ...una zapatería/fabricaban. La empresa estaba ubicada en Martín García y Cufré (era la fábrica fuerte y donde yo trabajaba) pero el trabajo era realizado en mi casa, los clientes me pagaban a mí. Eran dos hermanos y yo me dirigía solo a uno de ellos Abram era uno de los hermanos y el otro hermano en este momento no puedo acordarme. No tenía más compañeros trabajaba sola, estos dos hermanos me pedían que les realizara cortes y costura (era como una modista en zapato) los señores me pedían determinada cantidad de trabajo, ellos ponían el material y me pagaban a mí. Estuve trabajando en esta modalidad durante 10 años aproximadamente, después inicié a trabajar en el Hospital y dejó de haber tanta demanda. Cuando los señores fallecieron ya no me dediqué más a esto. No contaba con días ni horarios determinados y contaba con un patio cerrado donde realizaba todas las costuras. Las testigos son dos vecinas y una amiga”. (Acta complementaria a fs. 18 vto. A/A). Con posterioridad, la propia Administración toma nuevamente declaración a la interesada “...con el fin de aclarar calidad del servicio (dependiente o independiente)…” , instancia en la cual clarificó que los dueños de la fábrica eran dos hermanos, pero que ella “...tenía trato con Abraham, era quien me llevaba el trabajo a mi casa y me pagaba por trabajo entregado. El precio lo ponía el Sr. Abraham y normalmente me pagaba cada 15 días aproximadamente. No teníamos ningún arreglo con respecto a los aportes, nunca se preguntó…”, puntualiza luego que la cantidad era fija “...eran más de 20 por día..” (fs. 32 A/A). Rectificó, en tal sentido, lo declarado con anterioridad respecto al pago “...ya que quizá no entendió lo que la funcionaria le preguntó” e indicó que el pago era por trabajo entregado y lo realizaban los dueños de los talleres para los cuales trabajaba. Resta añadir que en tal oportunidad, declaró que también trabajaba para otras dos personas, que identificó por sus nombres de pila y la ubicación de sus talleres. En tales términos culminó su declaración: “Era trabajadora a domicilio, me pagaban por trabajo entregado, nunca pregunté si me aportaban o no, ya que no era algo que en ese momento me preocupase. Los talleres de calzado que se encontraban en la zona del barrio La Comercial y eran todos de la colectividad armenia, y si necesitaban a alguien que cosiera, excepto el Sr. Abraham (que era el trabajo fijo que tenía) me llevaban a mí, que vivía en la zona (Democracia y Pagola)” (fs. 32 vta. A/A). Respecto a la prueba testimonial diligenciada a solicitud de la demandante, se recabó en dos oportunidades, al inicio de la gestión y luego en función del ofrecimiento contenido en la evacuación de vista de la interesada, que reputó carente de validez las dos primeras deposiciones (30 vta.). Así, en la primera oportunidad indicada, Yisel Temperán, depuso en los términos que lucen a fs. 19 vto./21 A/A. Expresó que residió en Estados Unidos desde 1981 a 1994 y que desde 1995 está en actividad como comerciante. Indicó que cuando conoció a la actora en 1995, vivía frente a su casa y trabajaba de aparadora, añade “Creo que trabajaba de forma independiente, no soy conocedora sobre los detalles. No podría decir días u horarios de trabajo, siempre trabajó sola, estuvo con esta tarea hasta que se mudó. Yo la vi trabajar siempre en esto, pero de fechas no puedo hablar con exactitud…Yo siempre la vi co(s)iendo y tengo entendido que cosía mucho para un señor ubicado a la vuelta de su casa, pero no podría aportar ningún detalle de este señor” (fs. 20 in fine de los citados). El segundo testimonio corresponde a Lidia Bittanacur, quien manifestó: “Primero trabajó en su casa, siempre en el cuero, no sabría decir para qué empresa pero yo veía el cuero y también realizaba armaduras de zapatos. Un día la acompañé y vi cómo le pagaron, supongo que sería en forma independiente. Siempre estuvo trabajando sola, nunca conocí más compañeros o empleados, tampoco sabría decir para quién trabajaba. Los materiales eran llevados por una persona, muchas veces estábamos en su casa tomando mate y llegaba gente a descargar los materiales…”. (fs. 22 vta. A/A). Respecto a las declaraciones de los testigos propuestos al evacuar la mencionada vista, Olga García manifestó que conoce la actora desde 1989/1990 pero no sabe cómo la conoció. Relató que la titular aparaba calzados (cosía) con una máquina de pie industrial en su domicilio para una fábrica de zapatos, “Le traían el trabajo a su casa ya cortado y la titular lo cosía. Sé que le pagaban por trabajo realizado porque ella comentaba” . (fs. 33 vta. A/A). Diomar Pérez, por su parte, declaró que conocía a la titular desde 1968 y que “Por el año 90 y algo ...hacía aparado de calzado no sé para quién, por un período de 5/6 años” , luego añade: “En el fondo había una pieza donde tenía una máquina con la cual trabajaba, pero no puedo establecer para quién lo hacía y modalidad de trabajo”. (fs. 35 vta. 36 A/ A). Por último, Carlos Araújo, testigo que fue ofrecido en sustitución por la Sra. Ferreira a fs. 37, declaró que era cliente de ella, que le cosía los zapatos que vendía en la feria, conociendo a la actora desde 1990/91 y hasta el año 1996 (fs. 37 vta./39 A/A). Cumplida dicha etapa y previo a la adopción de la decisión cuestionada, la Administración agrega las planillas de control de trabajo de Kardjan Hnos. de los años 1991 a 1993, de las cuales tampoco emerge la demandante como empleada de la misma (fs. 39 vta./40 vta. A/A). IV) Como viene de reproducirse, los elementos de juicio con que contaba la Administración resultaban claramente insuficientes para reputar, en términos de la debida razonabilidad y fehaciencia, existente la actividad para la empresa en cuestión; es más, resulta de dichos extremos aún dubitable el vínculo de dependencia o subordinación laboral que la demandante denunció en su oportunidad. No deviene menor advertir que en el presente proceso anulatorio, la interesada no produjo elemento de prueba alguno, se limitó a las resultancias de los antecedentes administrativos según surge del tenor del escrito que obra a fs. 49. Resultan trasladables las expresiones vertidas en Sentencia 181/2013, cuando se precisó: “Si bien no resulta posible adoptar un criterio absolutamente riguroso en la valoración de la prueba por el obstáculo que, para el conocimiento de los hechos a probar, supone el transcurso del tiempo y la avanzada edad de los testigos, la prueba rendida subespecie revela inconsistencias que hacen que, valorada en su globalidad, no constituya un soporte utilitario para viabilizar la solicitud de la reclamante.- En tal sentido, como recientemente ha expresado la Sede: “Cierto es que, la circunstancia de que los testimonios refieran a hechos acontecidos hace muchísimos años, posiblemente provoque que los deponentes incurran en inexactitudes, pero aun cuando corresponde admitir que no cabe exigir una puntillosa pulcritud en la deposición de quienes atestiguan sobre servicios denunciados por el interesado en obtener el amparo jubilatorio, sobre datos de la vida ocurridos tiempo atrás (Cfe. Sentencias 457/2011, 434/2009, 193/2008, entre muchas otras), ello no significa una suerte de franquicia probatoria en favor del interesado, que determine el auxilio anulatorio en base a una excesiva benignidad en la valoración del informativo testimonial aportado” (Sentencia 809/2012).” V) Tal conclusión, por su parte, no puede verse alterada por la presunción del art. 6 de la Ley 15.869 como pretende la actora en su demanda; precisamente debe recordarse que “…dado su carácter de relativa o “iuris tantum”, admite prueba en contrario y puede resultar enervada o controvertida a partir de las actuaciones administrativas, las pruebas, o los elementos de juicio incorporados a la causa (sentencias Nos. 353/2012, 762/2012, 299/2013, 461/2014, 317/2015, 654/2018, 707/2018, 793/2019 y 339/2020 y 660/2020, entre otras)...” (conforme Sentencia 580/2021). Esas circunstancias, precisamente, se encuentran presentes en autos, como viene relevarse en el Considerando precedente, revelando una actuación de la Administración que en forma alguna ha violentado las garantías del debido proceso de la demandante. VI) Rechazado el agravio medular que se asienta en la errónea valoración de la prueba, corresponde también desestimar los consecuentes que refieren a la vulneración del principio de verdad material y carencia de motivación, tal como se articulan en la presente demanda de nulidad. Por los fundamentos y textos normativos precedentemente expuestos, de conformidad con lo establecido por los arts. 309 y ss. de la Constitución de la República y demás disposiciones complementarias, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo FALLA : Desestímase la demanda de nulidad promovida y, por ende, queda firme el acto impugnado; sin especial condena en costas ni costos. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados y archívese. Dr. Simón (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).