Sentencia Sentencia N° 60/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de febrero de 2022 No. 60 VISTOS : Para resolución este incidente de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, planteada en los autos caratulados: “TUNIVOR S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Suspensión de Ejecución” (Ficha Nº 322/2021), pieza separada del expediente de Acción de Nulidad, Ficha Nº 133/2021. RESULTANDO : I) La accionante dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución Nº 764/20 de 18/8/2020, dictada por el Ministro de Industria, Energía y Minería, que declaró la caducidad del título minero “Concesión para explotar” , otorgado a TUNIVOR S.A. por Resolución Ministerial, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas, de fecha 27 de julio de 2010, por un plazo de 5 años, respecto de un yacimiento de arena y canto rodado, afectando el padrón Nº 38129 (p), ubicado en la 18ª Sección Catastral del Departamento de Canelones, abarcando un área total de 17 hás. 7220 mts. Conjuntamente con la demanda, impetró la suspensión de la ejecución del acto impugnado. II) Con el pedido de suspensión se formó pieza separada y se dio traslado a la contraparte, que fue evacuado a fs. 22. Afirmó que en la parte dispositiva del acto impugnado se había declarado la caducidad del título minero “Concesión para explotar” por la causal “Por vencimiento del plazo de validez del título” , en concordancia con el artículo 21, numeral I, literal a), del Código de Minería. Sostuvo asimismo que en la mera interposición de este incidente (“VII. Se tenga a bien Decretar la suspensión de la ejecución del Acto Administrativo Nº 764/2020, conforme a derecho Ley Orgánica” ) era visible la falta de fundamentos de la solicitud de suspensión, ya que no se habían identificado los daños que le ocasionaba la ejecución del acto, ni su cuantía y/o su irreparabilidad. IV) Por Dictamen Nº 602/2021 de 4/11/2021 el PECA aconsejó no acceder a la medida incidental impetrada (fs. 31) V) Por Decreto N° 6963/2021 de fecha 16/11/2021 se giraron los autos para resolución (fs. 33). CONSIDERANDO : I) El Tribunal, en concordancia con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, no hará lugar a la suspensión impetrada en tanto no se configuran los requisitos habilitantes previstos en el artículo 2º de la Ley Nº 15.869. II) La Sala ha sostenido, en consolidada jurisprudencia, que la suspensión de la ejecución de un acto administrativo es un instituto de amparo, de carácter preventivo, contra la actuación arbitraria o antijurídica de la Administración, y que se trata de una medida de excepción al principio según el cual los recursos y acciones no suspenden la eficacia de tales actos. III) En la especie, no se advierte prima facie que el acto en causa sea manifiestamente ilegítimo, apreciación que -por expresa disposición legal- no importa prejuzgamiento alguno sobre la cuestión de fondo planteada, la cual será materia de la decisión definitiva. Tal como expresa BIASCO, la condición de manifiestamente ilegal “alude a lo indudable, a lo que todos pueden advertir; un resultado de conocimiento al que se llega espontáneamente, sin requerir cargos y específicos razonamientos; que aparece sin tropiezos, sin alternativas, para todo el que conoce el orden jurídico, evidencia que cuando la ilegalidad invocada no aflora a la superficie del conflicto, ni se exterioriza con claridad y contundencia, no corresponde escudriñarla de la forma que debe hacerse regularmente, sino por el contrario, concluir que no se configura sin duda esta nota de “manifiesta ”” (Cf. BIASCO MARINO, Emilio: “La suspensión jurisdiccional de la ejecución del acto administrativo y otras medidas cautelares”, Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, Montevideo, 1997, págs. 112-113). IV) Por otra parte, la accionante no acreditó que la ejecución del acto sea susceptible de causarle daños graves y de entidad superior a los que la suspensión pudiere ocasionar a la Administración (“teoría del balance”), por lo que no es posible realizar el balance mencionado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE : No hacer lugar a la solicitud de suspensión de ejecución del acto administrativo impugnado. Agréguense a los principales Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dra. Salvo (r.) Dr. Marquisio (Sec. Letrado)