Sentencia Sentencia N° 59/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de febrero de 2022. No. 59 VISTOS : Para resolución estos autos caratulados: “GOZATEGUI PÉREZ, FABIANA con ESTADO. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha Nº 155/2021). RESULTANDO: I) La accionante dedujo pretensión anulatoria contra la resolución del día 11/6/2020 dictada en expediente Nº 1497/2020. II) A fs. 22 compareció la demandada contestando la demanda y oponiendo cuestión formal previa. Señaló que lo recurrido por la actora, cuya nulidad pretendía en esta instancia, era el informe jurídico de la Dra. Lucía Fernández como emergía con toda claridad del expediente 1497/2020. En el caso, se dio vista de un informe jurídico, tal como surgía de la actuación realizada por la Dra. Fernández en el expediente electrónico con fecha 1/7/2020. Dicha actuación, identificada con el Nº ADJD 0570/2020, se originó a fin de adjuntar el referido informe escaneado, con la constancia firmada por la Sra. Gozategui de haber tomado conocimiento del mismo. III) De la cuestión formal planteada, se confirió traslado a la actora que lo evacuó en los siguientes términos. En primer lugar, señaló la perentoriedad del plazo para oponer excepciones de acuerdo con lo establecido por el artículo 68 del Decreto Ley N°15.524. Por otra parte, indicó que luego de evacuar la vista conferida respecto de un informe inicial que aconsejaba rechazar su petición, recayó el “Informe Nº I-0314/2020” “Dependencia: Secretaría Nacional de Cuidados” que culminó expresando: “Contando con el aval de la Directora del Área de Planificación y Seguimiento de la SNC, se notifique a la gestionante del presente que se adjunta y paso seguido se archive sin perjuicio” (fs. 31 a 34). Destacó que la vista presentada no lograba modificar la resolución ya señalada, dictada por la “Secretaría Nacional de Cuidados” en la persona del respectivo Jerarca, que había rechazado la excepción solicitada el 6/3/2020, a pesar del eventual “levantamiento de observaciones”, al que no se hizo lugar, ratificándose la misma. Relevó lo absurdo que resultaba que un informe jurídico resolviera “Paso seguido se archive” si no se trataba de una resolución administrativa o, como en la especie, de un tipo sui generis de actividad administrativa que ratificaba lo ya decidido por el Jerarca competente, con potestades conferidas (aval). IV) Por Dictamen Nº 654/2021 de 24/11/2021 el PECA aconsejó declarar que el acto en causa era procesable (fs. 37). V) Por Decreto N° 7381/2021 de fecha 30/11/2021 se giraron los autos para resolución (fs. 39). CONSIDERANDO: I) El Tribunal, en concordancia con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, rechazará la cuestión formal planteada por la parte demandada por los fundamentos que se pasan a exponer. II) En lo inicial, corresponde examinar las consecuencias del planteo de la cuestión formal fuera de los nueve días hábiles perentorios previstos a tal efecto (artículos 46 y 68 del Decreto-Ley Nº 15.524). Esta Corporación, pese a que la falta de procesabilidad fue planteada conjuntamente con la contestación de la demanda y ya vencido el plazo para oponer excepciones, decidió igualmente sustanciar la defensa y ordenó dar traslado de la cuestión formal. Nada cabe objetar a este proceder. Resulta un valor entendido que este tipo de cuestiones, como lo son la falta de procesabilidad y los presupuestos procesales de admisibilidad de la demanda anulatoria, sobre los que existe un contralor oficioso del Tribunal, pueden resolverse antes de la sentencia definitiva, aun cuando hayan sido planteadas como defensa fuera del plazo legal para deducir el excepcionamiento (artículo 68 del Decreto-Ley Nº 15.524). Vale recordar, por todas, la Sentencia Nº 1012/1995 en la que se afirmó: “…en cuanto a la “cuestión formal” planteada, el Tribunal tiene dicho “que en el proceso contencioso administrativo, el régimen legal (arts. 66, 67 y 73 del Decreto Ley Nº 15.524) prevé la previa resolución, en una también previa etapa del trámite, de un cierto tipo de cuestiones que refieren, ya a presupuestos relativos a la válida y regular constitución del proceso, ya a requisitos de admisibilidad de la pretensión anulatoria, ya por fin, a ciertos tipos de defensa que, aunque de naturaleza perentoria, es permitida su alegación y resolución in limine litis por razones de economía procesal (Cfe. Devis Echandía: “Nociones Generales de Derecho Procesal Civil”, Nos. 141, 244 y conc.) como por ejemplo el de la cosa juzgada”. “Es también una particularidad del régimen procesal contencioso administrativo -aunque sin que exista similar texto expreso, también lo admite la doctrina en el proceso común- la posibilidad de relevar de oficio este tipo de cuestiones (art. 67 y 73 del D. Ley Nº 15.524)”.- “Y es igualmente admitido por este Tribunal, la resolución previa de esas cuestiones aunque no se planteen en el período específicamente señalado (art. 68 ejusdem 9 al efecto, en atención a la naturaleza y a la expresa asignación de la facultad de tratarlas aun oficiosamente) (Cfe. sent. Nº 259/86)”. “…En el caso, el pronunciamiento previo deriva de un planteo de la parte que, aunque efectuado ya vencido el período apropiado para insertar el excepcionamiento dilatorio, es igualmente procedente -por las razones apuntadas- resolver antes de continuar con la normal sustanciación del proceso” (S. Nº 419/86)”. Cfe. Sent. 90/87).-” En definitiva, por las razones señaladas en el precedente transcripto, no existen obstáculos desde el punto de vista adjetivo para examinar, en esta estación procesal, la defensa de no procesabilidad del acto planteada por la accionada conjuntamente con su contestación de demanda. III) En cuanto al punto central de esta resolución, corresponde recordar que la actora peticionó oportunamente a la Administración la habilitación de contratación de asistente personal no registrado ante el Banco de Previsión Social, por no encontrarse en dicha localidad una persona adecuada para la tarea cuyo beneficiario era su hijo Genaro Bonaudi (fs. 2). Con fecha 23/4/2020, la Directora del Área de Personas en Situación de Dependencia de la Secretaría Nacional de Cuidados informó que, conforme la Resolución Ministerial Nº 365/019 de 6/3/2019, uno de los requisitos para la excepción era que se acreditara que los niños y niñas “se encuentran inscritos en un centro de cuidados y educación habilitado por la autoridad competente” . Dado que el centro Instituto Espacio Mandalas no cumplía con el requisito de ser un centro de educación y cuidados habilitado por la autoridad competente (CEIP-ANEP), recomendó denegar la excepción solicitada (fs. 10) Con fecha 4/5/2020 se notificó dicho informe a la accionante, señalándole que “ en caso de tener observaciones podrá levantarlas con plazo de diez días que comenzará a correr a partir de la notificación, bajo apercibimiento del archivo de la solicitud” (fs. 13). La actora evacuó la vista correspondiente (fs. 14). Con fecha 11/6/2020, se produjo el “Informe jurídico en relación al rechazo de excepción por causal menores de 15 años” (fs. 19) que concluyó que la solicitud debía ser rechazada, indicando que “ Contando con el aval de la Directora del Área de Planificación y Seguimiento de la SNC, se notifique a la gestionante del presente informe y paso seguido se archive sin perjuicio” Con fecha 25/6/2020 se hizo efectiva la notificación a la accionante. IV) Entonces, si bien es cierto que no surge de los antecedentes administrativos acto alguno que reúna las formalidades propias de un acto final que desestimara el reclamo de la actora, ello no significa que lo impugnado sea un dictamen o que no haya habido un acto administrativo definitivo susceptible de irrogarle perjuicios. Se recurrió la manifestación de voluntad de la Administración respecto del archivo de las actuaciones, por lo que se concuerda con la accionante en cuanto postula que el 11/6/2020 no solo se le notificó un informe jurídico sino también el pase al archivo de las actuaciones, todo lo cual estaba avalado por la Directora del Área de Planificación y Seguimiento de la SNC. Al respecto, cabe recordar lo dispuesto por el artículo 24 inciso 3º del Decreto-Ley No. 15.524, que establece que: “(…) se consideran comprendidos entre los actos administrativos definitivos procesables, aquellos que hacen imposible o suspenden en forma indefinida la tramitación, decidiendo así, directa o indirectamente, el fondo del asunto.” Conviene tener presente aquí lo expresado por Cajarville, a saber: “Los actos del procedimiento, preparatorios o de trámite, son impugnables jurisdiccionalmente si “hacen imposible o suspenden en forma indefinida la tramitación, decidiendo así, directa o indirectamente, el fondo del asunto”, para la ley, estos actos adquieren el carácter de definitivos en cuanto resuelven sobre el fondo del asunto planteado, y por eso se les aplica el régimen de impugnación jurisdiccional ”. (Cf. Juan Pablo Cajarville, “Recursos Administrativos”, FCU, 4ª Edición, 2008, p. 151 a 152). De modo que, aun cuando no haya habido un acto final que formalmente desestimara el reclamo de la interesada, es claro que el impugnado implicó una decisión sobre el fondo que puso fin al trámite y que como tal reviste reúne las características de un “acto definitivo procesable”. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal, RESUELVE : Desestimar la cuestión formal previa de falta de procesabilidad del acto administrativo impugnado, con costas. A prueba por el término legal. Notifíquese personalmente. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dra. Salvo (r.) Dr. Marquisio (Sec. Letrado)