Tribunal de lo Contencioso Administrativo · Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Sentencia Sentencia N° 58/2022
17 de febrero de 2022
- Ficha (IUE)
- 103/2018
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Desestima o rechaza
- Fallo: otro
Texto de la sentencia
DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 17 de febrero de 2022.
No. 58
VISTOS :
Para resolución, estos autos caratulados: “BANCO ITAÚ URUGUAY S.A. con BANCO CENTRAL DEL URUGUAY.
Acción de Nulidad” (Ficha No. 103/2018).
RESULTANDO :
I) En autos, compareció el BANCO ITAÚ URUGUAY S.A. (en adelante BANCO ITAÚ) accionando contra la Resolución Nº D- 214/2017 de fecha 2 de agosto de 2017, dictada por el Directorio del BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU) por la que no se hizo lugar a la petición que presentó solicitando se deje sin efecto el cese preventivo de la rescisión del contrato dispuesto por Resolución D/43/2017 de fecha 1º de febrero de 2017, en virtud de que Aduro S.A. (PAGANZA) no cumplió con el aumento de garantías requerido (fs.28 y ss.). Acumulándose a dichas actuaciones por Sentencia Nº 23/2020 los autos Fichas Nº103/2018, 668/2018 y 101/2019 (fs.131 expediente).
II) Con fecha 8 de febrero de 2021 (fs.148 y ss.) y con fecha 10 de junio de 2021 (fs.169) compareció el representante del BANCO ITAÚ a denunciar hechos nuevos, solicitando la agregación de prueba documental. En lo medular, expuso que el BCU, en cada una de sus comparecencias ha manifestado que los riesgos alegados por el BANCO ITAÚ, con relación a la posibilidad de que se realizaran maniobras fraudulentas a través de PAGANZA, eran riesgos que no se habían concretado en los hechos y que, por tanto no existían. Conclusión que rechazó, indicando que la ausencia de la ocurrencia de eventos no implica que el riesgo no exista ni haya existido. Riesgos en virtud de los cuales solicita la ampliación de garantía a PAGANZA.
Con fecha 8 de febrero de 2021 denunció como hecho nuevo una publicación realizada por las empresas REDPAGOS y MIDINERO con fecha 14 de enero de 2021, en la cual alertaban a sus clientes que habían detectado diversas maniobras de intento de estafa vinculadas a los usuarios de dichas plataformas, estafa desarrollada bajo la modalidad phishing.
Evento denunciado a los efectos de probar que las alegaciones realizadas por el BCU en cuanto a la ausencia de riesgos no son ciertas.
Con fecha 10 de junio de 2021 procedió a denunciar otros hechos nuevos vinculados con el anteriormente denunciado. En este sentido, indicó que tomó conocimiento mediante una nota publicada en el diario EL PAÍS, de que los intentos de maniobras de fraude advertidos por MIDINERO y REDPAGOS se materializaron en la práctica, demostrándose una vez más que los riesgos de los que quiso prevenir esta parte están latentes y pueden convertirse en realidad en cualquier momento. Agregando publicación de fecha 23 de abril de 2021 donde se indica que 300 personas clientas de la tarjeta MIDINERO fueron víctimas de una estafa electrónica, también publicación de fecha 4 de marzo de 2021 realizada en el sitio web UTODAY, donde se informa respecto de una cadena de maniobras fraudulentas realizadas a la plataforma MEERKAT FINANCE, que culminó con una pérdida de aproximadamente USD 32.000.000.
Noticias que manifiesta ponen en evidencia que son cada vez más frecuentes las estafas o maniobras fraudulentas en este tipo de plataformas o mercado que se manejan vía web, o sobre los cuales pueden realizarse movimientos a través de apps o internet. Hechos nuevos que ocurrieron y fueron conocidos con posterioridad a la presentación de la demanda y ofrecimiento de prueba en todos los expedientes mencionados, relevante a los efectos de la dilucidación de cada una de las Litis, en las cuales aún no se ha citado a las partes para sentencia.
III) Por Decreto Nº 2653/2021, de fecha 22 de junio de 2021, el Tribunal dispuso que se agregue la documentación presentada en 17 fs. con citación de las partes (fs. 181).
IV) A continuación, a fs. 183 y ss., compareció representante del BCU, oponiéndose a la providencia con citación y evacuando el traslado.
Sostuvo que el hecho nuevo denunciado por BANCO ITAÚ no guarda relación con el presente asunto y debe ser desestimado. Señaló que la presente acción refiere a un asunto de puro derecho, su objeto es la anulación de la Resolución del Directorio del BCU Nº214/2017 de fecha 2/8/17, que dispuso no hacer lugar a la petición presentada por BANCO ITAÚ de dejar sin efecto la Resolución D.43-2017 que dispuso el cese preventivo de la rescisión del contrato con ADURO S.A. por el no cumplimiento del aumento de garantías requeridas contractualmente, lo que lo habilitaría a rescindir el contrato. Resolución 43/2017 que no fue recurrida por lo que devino firme a su respecto.
Expuso que el supuesto hecho nuevo denunciado, consistente en un aviso de prensa, refiere a dos sujetos absolutamente ajenos al proceso, como lo son REDPAGOS y MIDINERO. Por otro lado, el riesgo que advierte el comunicado es diferente al supuesto riesgo que pretendía tutelar el BANCO ITAÚ al aumentar las garantías. Manifiesta que el aviso de prensa agregado pone en conocimiento a los clientes de REDPAGOS y MIDINERO de un intento de estafa bajo la modalidad phishing, estafa que tiene como objetivo obtener a través de internet datos privados de los usuarios, especialmente para acceder a sus cuentas o datos bancarios.
Mientras que el BANCO ITAÚ identifica como riesgo el eventual abuso que podía cometer PAGANZA -en el marco de una relación contractual con esa Institución- sin que existieran antecedentes de fraude o mala fe.
Aclaró que en las siguientes actuaciones, la parte actora justifica el aumento de las garantías a PAGANZA en virtud del presunto abuso o mala fe que podría tener PAGANZA con relación a los clientes del BANCO ITAÚ. Asimismo, afirmó que el riesgo de phishing constituye un hecho notorio, del cual incluso BANCO ITAÚ -como todas las instituciones de plaza- advierte a sus clientes. Por lo que el caso de PAGANZA y MIDINERO no es extrapolable al presente. En efecto, la constatación de un fraude cometido a clientes de empresas del sistema no demuestra, como señala la actora, que exista riesgo de que PAGANZA malverse los fondos.
Además, se refiere a situaciones ocurridas en países de la región que no acredita, por lo que deben desestimarse de plano.
V) Por Decreto Nº 3463/2021, de fecha 28 de julio de 2021, se dispuso el traslado a la actora de la oposición deducida (fs. 186).
VI) A fs. 188 compareció el representante del BANCO ITAÚ. Sostuvo que la prueba cuya agregación solicita es pertinente, que sí existe conexión con el objeto del proceso. Los hechos nuevos denunciados son útiles para probar que los riesgos por los cuales el BANCO ITAÚ solicitó el aumento de garantías y posteriormente, la rescisión del contrato con PAGANZA, no eran caprichosos como quiso hacer valer el BCU.
Que justificó que el conocimiento de los mismos se produjo de forma posterior a la etapa de ofrecimiento de prueba, ya que tomó conocimiento de los mismos mediante notas periodísticas de fecha 14 de enero de 2021 y 4 de marzo de 2021, de forma muy posterior a la presentación de la demanda y el ofrecimiento de prueba.
Hechos nuevos denunciados que pretenden hacer notar al Tribunal los riesgos existentes, cuya materialización determinaría la consecuencia del acceso a las cuentas de los clientes, ya sea, a través de débitos autorizados, o mediante el “robo” de los datos de dichas cuentas, engañando a los clientes.
VII) Por Decreto Nº 5034/2021, de fecha 14 de setiembre de 2021, se dispusieron los autos para resolución por la oposición deducida a la agregación de documentación dispuesta por Decreto Nº 2653/2021 (fs. 204).
CONSIDERANDO :
I) Que el Tribunal no hará lugar a la oposición formulada por la demandada a la prueba ofrecida por la actora, por no considerar de recibo los argumentos expuestos por la parte opositora.
II) En primer lugar, en lo que refiere a la posibilidad del rechazo liminar de la prueba por el Tribunal, el inc. 1º del art. 74 del Decreto Ley No. 15.524 , dispone que: “ El Tribunal podrá rechazar "in limine" aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, o notoriamente dilatorios o propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del juicio o que resulten no ser pertinentes a la materia litigiosa”.
En este sentido, del análisis de las probanzas solicitadas por la actora, surge que éstas no están prohibidas por la ley, tampoco son notoriamente dilatorias ni manifiestamente impertinentes o inconducentes.
Ya que se procura justamente acreditar uno de los planteos efectuados por la actora en su demanda.
En efecto, la prueba cuya agregación se solicita refiere a noticias donde se advierte el riesgo que generan los ciberdelitos para las plataformas financieras que se manejan vía web, o sobre las cuales pueden realizarse operaciones a través de apps o internet. Mientras que la petición que presentó el actor pretendía la ampliación de la garantía ante los riesgos de la actividad financiera en cuestión, por lo que, “prima facie” resulta admisible dada su aparente conexión con el objeto del proceso. Ello sin perjuicio del mayor o menor valor probatorio que pueda tener la documentación en cuestión, aspecto que será analizado al momento de dictarse la sentencia definitiva.
III) Corresponde indicar también que en materia de admisión de prueba resulta aplicable el criterio que el Tribunal ha sostenido en constante jurisprudencia, indicando que se ha de ser cauteloso a la hora de rechazar los medios probatorios propuestos, habida cuenta que en la materia rige el principio de libertad de la prueba, que se manifiesta, por ejemplo, mediante el derecho de las partes a desplegar todas sus fuerzas probatorias con el fin de aportar elementos a la causa que permitan acreditar sus dichos (Cfme. Sentencias Nos. 178/2015, 592/2014, 685/2013, 612/2013, 775/2016, entre muchas otras).
IV) Asimismo, conforme surge de la prueba documental cuya agregación se solicita (fs.132-147), las noticias denunciadas como hechos nuevos son de fecha posterior a la presentación de la demanda y a la etapa de ofrecimiento de prueba, cumpliendo así la actora con lo que exige el art. 374 del CPC.
Por los fundamentos expuestos, el Tribunal,
RESUELVE :
Desestímase la oposición deducida por la parte demandada a la prueba documental agregada por la actora; con costas - de precepto- a cargo de la demandada.
Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dra. Klett (r.).
Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).