Sentencia Definitiva N° 55/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de febrero de 2022. No. 55 VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “GÓMEZ OLIVERA, CATALINO ROSENDO con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de nulidad” (Ficha No. 649/2019). RESULTANDO : I) En este proceso, el actor Catalino GÓMEZ OLIVERA, dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución No. 03-936- 2018-1928 dictada el 30 de agosto de 2018 por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social (en adelante: B.P.S.) mediante la cual se dispuso: “Denegar la solicitud de jubilación común sin cese formulada por el Sr. Catalino Rosendo Gómez Olivera por encontrarse el trámite paralizado por causas imputables al mismo, procediéndose de acuerdo a lo establecido en el art. 78 del Reglamento de Procedimiento Administrativo RD 40-2/1997 del 10/12/1997”. (Fs. 150 vto. - 151 de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que el acto impugnado le causa agravio por cuanto le negó acceder a una jubilación por no haber efectuado la aportación correspondiente en su calidad de trabajador no dependiente como socio de las empresas “GOLENU S.R.L.” y “SERVISUR S.R.L”, por los períodos 7.05.1997 a 12.04.1999 y 13.04.1999 a 31.12.1999 (fs. 36/37 y 42/43 de los A.A.). Se agravió por entender que se violentó el derecho a la jubilación de rango constitucional (art. 67, 7 y 72), en tanto, tras haber realizado 40 años de aportes como dependiente no resulta ajustada a Derecho la negativa efectuada por el organismo demandado. Adujo que hay una errónea interpretación del B.P.S. a la normativa aplicable, cuestionando así la motivación del acto encausado. En definitiva, solicitó que se declare la nulidad de la volición que resiste. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Señaló que existe una deuda de aportes personales que impide al promotor entrar al goce de la pasividad; siendo que sólo la regularización correspondiente mediante el pago permite el acceso a la misma (art. 77 y 86 de la Ley No. 16.713 y los artículos 42 y 44 del Decreto No. 125/996). A su vez, adujo que los créditos que debería afrontar el accionante no se encuentran prescriptos, ya que ambas empresas GOLENU S.R.L. y SERVISUR S.R.L., de las cuales el Sr. GÓMEZ era socio, se encuentran embargadas y con reinscripciones de los respectivos embargos en el año 2018 por el BPS. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Resolución No. 9366/2019 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 55, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 143 fojas). V) Las partes alegaron por su orden (fs. 58 - 59 y fs. 62 - 65, respectivamente). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 148/2021, aconsejando la confirmación del acto impugnado (fs. 68 - 68 vto.). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 70). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado al accionante el 5 de setiembre de 2018 (fs. 152 de los A.A.) quien lo resistió el 12 de setiembre de 2018 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 153 vto. – 156 vto. de los A.A.). Por Resolución No. 24-12/2019 dictada el 17 de julio de 2019 el Directorio del B.P.S. desestimó la recurrencia impetrada (fs. 126 vto. de los A.A.), siendo notificado el actor el 5 de setiembre de 2019 (fs. 129 vto. de los A.A.). La demanda anulatoria fue deducida el 16 de octubre de 2019 (nota de cargo fs. 13 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución No. 03-936-2018-1928 dictada el 30 de agosto de 2018 por la Gerencia de Prestaciones Económicas del B.P.S., que dispuso: “Denegar la solicitud de jubilación común sin cese formulada por el Sr. Catalino Rosendo Gómez Olivera por encontrarse el trámite paralizado por causas imputables al mismo, procediéndose de acuerdo a lo establecido en el art. 78 del Reglamento de Procedimiento Administrativo RD 40-2/1997 del 10/12/1997”. (Fs. 150 vto. - 151 de los A.A.). III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. Con fecha 12 de marzo de 2012 el actor se presentó ante las oficinas del Organismo demandado a efectos de iniciar trámite de jubilación común (fs. 4 de los A.A.). Tras unos años de estar paralizado el procedimiento, el mismo se reanudó con el pedido de desarchivo de las actuaciones practicado por el accionante. Mediante informe de ATYR se informó que las empresas SERVISUR S.R.L. y GOLENU S.R.L. -de las cuales el actor fue socio- mantenían adeudos tributarios (fs. 110 de los A.A.). Se confirió vista de las actuaciones a la parte interesada (fs. 172 de los A.A.), a efectos de informarle que “no le es posible acceder a la pasividad que ha solicitado, por contar con deuda en su Informe de Situación Contributiva de aportes personales la cual debe ser saldada al contado en ATYR”. “Mantiene deuda patronal por los registros 324407 y 3244990 según lo informado por Gestión de Cobro a fs. 47” . (Fs. 126 vto. y 148 vto. de los A.A.) Con fecha 20 de abril de 2018 se envió intimación a fin de que se presentara a regularizar la situación contributiva, para entrar en el goce de la pasividad (fs. 148 vto. de los A.A.). Cumplido el plazo de la intimación y permaneciendo la situación incambiada, se dispuso a dictar el acto que se enjuicia en estos obrados mediante el cual se denegó la jubilación solicitada (fs. 150 vto. - 151 de los A.A.). IV) El Tribunal ya ha tenido oportunidad de expedirse en cuestiones análogas a la debatida en estos obrados (Sentencia No. 730/2016, entre otras) y no habiendo razones para modificar su temperamento, lo mantendrá. En consecuencia, tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, apartándose en esta oportunidad de lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por la admisión de la pretensión anulatoria por entender que le asiste razón al actor en su cuestionamiento, puesto que éste, en estricto rigor jurídico, no registra ningún adeudo con el B.P.S. Tal extremo determina que el acto procesado esté viciado en sus motivos. V) En efecto, como se detalló en el considerando precedente, el B.P.S. ha denegado al actor el acceso a los beneficios jubilatorios por entender que éste registra un adeudo tributario pendiente con el Ente Previsional. Sin embargo, no es así. Basta repasar los antecedentes para detectar que los adeudos tributarios que la Administración ha postulado que corresponden al actor, en puridad, son mantenidos por dos sociedades comerciales en las que aquél participó. No surge de los recaudos allegados a la causa, que el accionante haya sido responsabilizado al amparo de lo dispuesto en el art. 21 del CT por dichas obligaciones. Las obligaciones tributarias pendientes de pago por las que el B.P.S. le denegó el otorgamiento de la jubilación al accionante fueron determinadas a cargo de dos sociedades comerciales: “GOLENU S.R.L” y “SERVISUR S.R.L.”. En efecto, ello surge con total claridad de los actos de determinación tributaria que el B.P.S. ha dictado -y ejecutado judicialmente ante distintas sedes judiciales- determinando obligaciones en cabeza de las dos sociedades contribuyentes en las que el actor participó como socio. Así, puede apreciarse que luce agregado expediente judicial caratulado: “B.P.S c/ GOLENU SRL - Juicio Ejecutivo” IUE 182-189/2207 sustanciado ante el Juzgado de Paz de las Piedras de 1° Turno en la que la parte demandada fue exclusivamente GOLENU S.R.L. Asimismo, lucen agregados los autos caratulados: “Banco de Previsión Social c/ SERVISUR S.R.L. - Proceso Ejecutivo” IUE 183-147/2008, sustanciado ante el Juzgado de Paz Departamental de Las Piedras de 2° Turno siendo el demandado la empresa SERVISUR S.R.L. Ahora bien, las deudas son de las sociedades contribuyentes, no del socio, a quien no se ha responsabilizado tributariamente por las mismas. En otras palabras, quienes registran deudas con el B.P.S., son otros sujetos de derecho: dos personas jurídicas -sociedades comerciales- que son centros de imputación de derechos y obligaciones distintos de los socios que las integraron en su oportunidad. Esto no es otra cosa que el lógico corolario de que a las sociedades comerciales se les reconozca personería jurídica (art. 2 de la Ley No. 16.060; en jurisprudencia la sentencia No. 410/2014 publicada en Revista Tributaria T. XLIII, No. 252, págs. 398/408). Que el actor, potencialmente, pueda ser responsabilizado al amparo del art. 21 del CT por dichas obligaciones, no implica que fuera deudor del B.P.S. en el momento que recayó la resolución resistida. En ese momento nada adeudaba al demandado, por lo que el acto - que presupone la existencia de una deuda a cargo del actor- es contrario a la regla de Derecho. VI) En resumidos términos, el acto impugnado es ilegítimo: presupone que el actor tiene una deuda por aportes que en realidad no es tal, por tal razón, está viciado en sus motivos. Quienes registran deudas por aportes son dos sociedades en las que el actor participó, pero nunca fue responsabilizado por dichas obligaciones, por lo que su esfera jurídica no se vio alterada por dicha situación en ningún momento. Tan es así, que emerge de los antecedentes administrativos que se tramitó incidente de nulidad en autos “GOMEZ CATALINO con BPS” IUE 182-830/2017 ante el Juzgado de Paz Departamental de Las Piedras de 1° Turno, en el que la sentencia de la Sede se pronunció respecto de la falta legitimación activa, en la medida que se presentó el titular como persona física y no representación de la persona jurídica demandada (fs. 200 y 201 de los A.A. expediente 182-830/2017). Asistimos, por lo tanto, a un supuesto de motivación errónea e inexacta, que no puede sustentar válidamente la volición residenciada. Como enseña Alberto Ramón Real, la fundamentación del acto debe ser exacta, las razones de Derecho deben corresponder a los textos invocados y los hechos deben ser verdaderos. No basta que existan los hechos, sino que se les aprecie correctamente. La Administración debe ser veraz no solo en cuanto a la existencia de los motivos sino también en cuanto a la calificación jurídica y a la subsunción de las situaciones de hecho en el tipo de los conceptos jurídicos indeterminados (Cf. REAL, Alberto Ramón: “La fundamentación del acto administrativo”, en L.J.U., T. LXXX, págs. 10/11; en jurisprudencia sentencias Nos. 346/2011 y 586/2013). Como indica Durán Martínez: “La motivación, además de ser suficiente y congruente, para ser legítima debe, además, ser exacta. La motivación es exacta cuando son ciertas las circunstancias de hecho enunciadas, cuando las reglas de derecho invocadas son aplicables al caso y su interpretación es correcta y cuando la finalidad enunciada puede ser satisfecha con lo decidido.” (DURÁN MARTÍNEZ, Augusto: “Motivación del acto administrativo y buena administración” en AA.VV. “Ética; Estado de Derecho; Buena Administración”, Universidad Católica del Uruguay, 2013, págs. 137-138). Desde la perspectiva de Cajarville, asistimos a un supuesto de inexistencia de motivos. Como establece este autor: “En todo caso, el acontecer de los hechos es una circunstancia exterior, cuya existencia se impone a la Administración objetivamente, desde fuera, de la cual el ejercicio del poder de dictar el acto aparecerá como una consecuencia jurídica. Por lo tanto, en cuanto a la apreciación de la existencia o inexistencia en si misma de los hechos y su valoración jurídica (legitimidad o ilegitimidad), la Administración no goza de ninguna discrecionalidad. Si los hechos operantes como supuesto normativo, o motivo del acto administrativo, no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia de los motivos. Si los hechos son como la Administración pretende, pero no caben en el supuesto (determinado o indeterminado) de la norma atributiva del poder de dictar el acto, éste estará viciado por ilegitimidad de los motivos.” (CAJARVILLE PELUFFO: “Sobre actos administrativos” en “Sobre Derecho Administrativo”, FCU, Montevideo, 2008, págs. 31/32). En el caso que nos ocupa, uno de los supuestos tomados en consideración por la Administración para el dictado del acto encausado (la presunta deuda del actor con el B.P.S.), no puede erigirse en un motivo legítimo. En la emergencia, los hechos no son como la Administración pretende y, en la especie, ese error en su apreciación vicia el acto atacado, dejándolo huérfano de motivos válidos. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).