Sentencia Sentencia N° 51/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de febrero de 2022 No. 51 VISTOS : Para resolución la solicitud de clausura planteada por la Intendencia Departamental de Montevideo, en los autos caratulados: “ESCUELA DE ARTES DEL ESPECTÁCULO S.R.L. con INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO. Acción de Nulidad” (Ficha No. 516/2019). RESULTANDO : I) Con fecha 21 de agosto de 2019 la actora dedujo acción de nulidad contra la Resolución Nº 131/18/0116, dictada el 27 de junio de 2018 por el Municipio E, que le impuso una multa de 15 UR por falta de habilitación comercial (fs. 3-10). II) Por Decreto No. 6307/2019, de 4 de setiembre de 2019, se dio traslado a la demandada (fs. 12). III) El 10 de octubre de 2019 ambas partes litigantes solicitaron la suspensión de plazos judiciales por un término de 60 días, conforme lo dispuesto por el art. 47 del D.L. N°15.524 (fs. 19), a lo que se hizo lugar por Decreto Nº 8095/2019 (fs. 24). IV) A fs. 30, con fecha 25 de mayo de 2020, compareció la parte actora, manifestando que las negociaciones tentadas con la contraria habían fracasado, por lo que peticionó prosiguieran las actuaciones según los trámites de estilo. V) El 21 de octubre de 2020 volvió a comparecer la accionante, expresando que habían transcurrido los plazos legales para contestar la demanda y, en su mérito, acusando la rebeldía de la contraparte. (fs. 33). VI) Por Decreto Nº 7134/2020 se tuvo por bien acusada la rebeldía y se abrió el juicio a prueba por 60 días (fs. 35). VII) Con fecha 20 de noviembre de 2020, compareció la demandada, manifestando que, con fecha 24 de octubre de 2019, por Resolución N° 217/19/0116 se había dejado sin efecto la Resolución procesada en estas actuaciones, por lo que solicitó la clausura y archivo de las mismas por cesación de la materia de contienda (fs. 37). VIII) Por Decreto N° 7663/2020, de fecha 12 de noviembre de 2020, se dio traslado a la parte actora, el que le fue debidamente notificado el 18 de los mismos mes y año (fs. 40). IX) El 10 de setiembre de 2021 (fs. 41) la demandada acusó de rebeldía a la accionante y solicitó se decretara la perención de la instancia y se archivaran estas actuaciones. X) Pasados los autos en vista al Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen Nº 576/2021 aconsejó rechazar la solicitud de clausura (fs. 45). XI) Por auto Nº 6653/2021, de 4 de noviembre de 2021 (fs. 47), se citó a las partes para Resolución, la que fue acordada en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) El Tribunal, apartándose de lo dictaminado por el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, declarará la perención de la instancia, por los fundamentos que se pasan a exponer. II) La perención de la instancia está definida como el “Modo extraordinario de concluir el proceso, producido por la inactividad de las partes durante un período de un año en primera o única instancia y seis meses en los demás casos no exceptuados” (Couture, Eduardo, Vocabulario Jurídico, 3a edición actualizada y ampliada por Ángel Landoni, p. 555). III) En doctrina se ha señalado que “…los presupuestos para que opere la perención de la instancia son: a) existencia de una instancia; b) el transcurso del plazo legal, c) una actividad procesal calificada de las partes; d) declaración judicial… En cuanto a los efectos la perención declarada judicialmente provoca la extinción del proceso haciendo que las cosas vuelvan al estado anterior a la demanda. En el proceso contencioso anulatorio la instancia se abre con la presentación de la demanda y a estos efectos finaliza con la conclusión de la causa, que pone fin a la actividad procesal de las partes…La ley (artículo 96) exige que en un plazo de seis meses no se haya realizado “ningún acto del procedimiento” que importe reanudación. La referencia a “acto del procedimiento” debe interpretarse como sinónimo de acto procesal. El interesado debió utilizar los medios disponibles a su alcance para procurar el impulso procesal… Si bien la perención opera ipso iure por el mero transcurso del plazo legalmente establecido, igualmente requiere que sea relevada y declarada por el Tribunal.” (Jorge Veiras, Revista Uruguaya de Derecho Procesal. Procesos Constitucionales, F.C.U. 1ª edición, junio de 2018, páginas 827/828). IV) Conforme surge del expediente, la última actuación realizada antes de la solicitud de declaración de perención de la instancia introducida por la demandada, fue el 18 de noviembre de 2020, fecha en la que se notificó a la parte actora el traslado dispuesto por Decreto Nº 7663/2020 (fs. 40). Más de nueve meses más tarde, el 10 de setiembre de 2021, se presentó la demandada a acusar de rebeldía a la actora, y a pedir la declaración de perención de la instancia y el archivo de las actuaciones. V) El Tribunal decretó: “Téngase por bien acusada la rebeldía que se expresa y siendo un acto útil que interrumpe la perención de los procedimientos, pasen los autos en vista al Sr. Procurador del Estado a fin de dictaminar sobre la solicitud de clausura” (Decreto Nº 5143/2021, de fecha 16 de setiembre de 2021, fs. 43). Sin embargo, a la fecha de la comparecencia de la demandada, como se adelantara, ya habían transcurrido más de seis meses desde la realización del último acto procesal, en los términos del art. 96 del Decreto Ley Nº 15.524. Dicho artículo establece: “La perención de la instancia se verificará cuando transcurran seis meses sin que se haya hecho ningún acto del procedimiento, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 47. La perención podrá declararse de oficio o a petición de parte”. Por efecto de la suspensión de plazos procesales (Acordadas N° 8 y siguientes de 2021, dictadas por este Cuerpo) que tuvo lugar entre el 24 de marzo y el 11 de junio de 2021, el cómputo del plazo de la perención se vio interrumpido durante el referido lapso. Sin embargo, dicha circunstancia no enerva el hecho de que la perención de la instancia ya había operado antes de que su declaración fuese solicitada por la demandada: nótese que, aun sin computar el período aludido (24/3/2021-11/6/2021), entre la fecha del último acto procesal (18 de noviembre de 2020) y la solicitud de la demandada (10 de setiembre de 2021), de todas formas transcurrieron más de seis meses. Debe tenerse presente, a su vez, que por efecto del art. 46, inc. 5 del Decreto Ley N°15.524 (“Para el cómputo de los plazos procesales fijados en meses o en años se contarán los días hábiles y los inhábiles”), las ferias judiciales ordinarias que tuvieron lugar en el período referido no suspendieron el cómputo del plazo en cuestión. De lo expuesto, se deriva que al 10 de setiembre de 2021 ya había transcurrido el plazo de seis meses previsto por el art. 96 antes citado, por lo que se debía haber declarado la perención de la instancia, lo que se hará en la presente etapa procesal. VI) En efecto, este Tribunal ha sostenido que es posible la revisión de fallos anteriores en ocasión del dictado de la sentencia definitiva, en tanto no implique retrogradación del proceso y se trate de sentencias interlocutorias simples. Así, en Sentencia N° 279/2021, por ejemplo, se afirmó que: “Por aplicación de la previsión del artículo 216 del Código General del Proceso (artículo 104 del Decreto - Ley Nº 15.524) (…) lo resuelto es pasible de revisión al momento de dictarse la sentencia definitiva. Ello por cuanto constituye una sentencia interlocutoria que no pone fin al proceso y adquiere exclusivamente eficacia de cosa juzgada formal, por lo que puede ser ulteriormente revisada, en solución que no importa retrotraer el proceso alterando el principio de preclusión (sentencias Nos. 891/2017 y Nº 216/2020, entre otras)”. En el caso, si bien la presente no ostenta la naturaleza de definitiva, se trata de interlocutoria con esa fuerza, lo que torna admisible la aplicación del mencionado art. 216 del CGP. VII) En consecuencia, por los fundamentos expuestos y de conformidad con lo previsto por el art. 96 del Decreto Ley Nº 15.524, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo RESUELVE: Revócase por contrario imperio el Decreto Nº 5143/2021, en cuanto entendió que el acuse de rebeldía interrumpía el plazo de perención y, en su lugar, se declara la perención de la instancia, sin especial condena. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado, de la parte actora, en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo (r.) Dr. Marquisio (Sec. Letrado)