Tribunal de lo Contencioso Administrativo · Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Sentencia Definitiva N° 48/2022
17 de febrero de 2022
- Ficha (IUE)
- 141/2019
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Confirma en parte
- Fallo: confirma
Texto de la sentencia
DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 17 de febrero de 2022.
No. 48
VISTOS :
Para sentencia definitiva estos autos caratulados “GARCÍA PÉREZ, JOSÉ RAMÓN con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de nulidad” (Ficha No. 141/2019).
RESULTAND Os:
I) Que el 28 de marzo de 2019 (fs. 7 a 9) compareció José Ramón García Pérez y dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución N° DP89/2018 de fecha 10 de julio de 2018 dictada por el Gerente de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social.
Mediante la impugnada se denegó a la accionante la jubilación solicitada por edad avanzada por no cumplir con los extremos exigidos por la norma para configurar la causal (fs. 33 de los A.A.).
El actor manifestó que inició su actividad laboral el día 1° de enero de 1970 en la Estancia “San Pedro” desempeñándose como trabajador rural hasta el 31 de diciembre de 1985. Relató los diversos lugares en los que desarrolló diversas tareas desde el año 1986 el año 2000.
Se agravió en el no reconocimiento de los servicios prestados entre los años 1970 a 1985 en la referida estancia manifestando que el acto es ilegítimo. Sostuvo que resulta de aplicación el art. 6 de la Ley No. 18.395 entendiendo que se cumplen los requisitos de reconocerse los 15 años de trabajo efectuados en “San Pedro”.
En definitiva, solicitó que se haga lugar a la anulación de la Resolución N° DP89/2018 de la Gerencia de Prestaciones Económicas del BPS y confirmada por resolución del Directorio del BPS (fs. 9 a 12).
II) Conferido traslado de la demanda, lo evacuó el Dr.
Juan Andrés Noya en representación del Banco de Previsión Social, defendiendo la legitimidad del acto encausado (fs. 16 a 20).
Relató los antecedentes que precedieron al acto y destacó que el accionante no ha probado fehacientemente los servicios denunciados en calidad de dependiente por los períodos declarados.
Manifestó que el art. 42 del Decreto 125/996 de fecha 1° de abril de 1996, reglamentado por la R.D. N° 23-37/2004, habilitó la presentación de prueba testimonial a fin de acreditar años de servicio.
Indicó que no existe prueba documental que acredite el periodo comprendido entre los años 1970 a 1985 invocados por el accionante y que la testimonial diligenciada tampoco es válida, habiendo sido desconocido por los empleadores el vínculo laboral.
Aún, considerando que realizó alguna tarea, ésta no cumple con la nota de regular y permanente que implique aportes a la Seguridad Social y puedan ser computables a los efectos de la prestación.
Destacó que se otorgó al promotor todas las garantías del proceso pudiendo presentar prueba para acreditar un período tan extenso.
Citó doctrina y jurisprudencia y recalcó que la sana crítica debe emplearse en forma objetiva y no subjetiva tal como pretende el accionante, no pudiendo sostenerse que la prueba diligenciada tenga carácter de irrefragable e indubitable.
En definitiva, solicitó se desestime la acción instaurada, confirmándose el acto administrativo impugnado (fs. 16 a 20).
III) Se abrió el juicio a prueba por auto Nº 3466/2019 de fecha 20 de mayo de 2019 (fs. 22).
IV) Alegaron las partes por su orden, haciéndolo la parte actora a fs. 53 y 54 y la demandada a fs. 57 a 59.
V) Fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien aconsejó en Dictamen N° 492/2020 de fecha 9 de noviembre de 2020, rechazar la demanda instaurada y la consiguiente confirmación del acto resistido (fs. 62).
VI) Se citó a las partes para sentencia, por Decreto Nº 7801/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020 (fs. 64), la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros.
CONSIDERANDO :
I) Conforme con los términos de la demanda anulatoria incoada, el objeto del proceso se circunscribe a la anulación de la volición resistida que denegó a la actora la solicitud de jubilación por edad avanzada (fs. 33 de los A.A.).
II) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4 y 9).
La volición resistida fue notificada a la parte actora el 10 de julio de 2018 (fs. 34 de los A.A.) quien interpuso recursos de revocación y jerárquico, en subsidio, en tiempo útil, el 20 de julio de 2018 (fs. 35 y 37 a 39 de los A.A.).
La demanda anulatoria fue promovida útilmente el 28 de marzo de 2019, según nota de cargo de fs. 10.
III) El Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Sr.
Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, rechazará la demanda y confirmará el acto impugnado por los fundamentos que se expondrán.
IV) Antecedentes relevantes.
A los efectos de un adecuado examen de la cuestión sometida a decisión, el Tribunal estima necesario relevar los antecedentes del acto enjuiciado.
Conforme surge de los recaudos adjuntos, el acto impugnado es el corolario de una solicitud ante el Banco de Previsión Social con fecha 27 de noviembre de 2017, señalando que trabajó para la Estancia “San Pedro” en el período comprendido entre el 1° de enero de 1970 y el 31 de diciembre de 1985.
Asimismo, sostuvo que, desde el 4 de octubre de 1985 hasta el 27 de noviembre de 1998, desempeñó tareas como patrón unipersonal. Por último, indicó que, en el período comprendido entre el 30 de diciembre de 1998 hasta el 13 de agosto de 1999, cumplió tareas como empleado para la empresa MIMATEC S.A, y desde el 3 de enero de 2000 hasta el 30 de junio de 2000 para la empresa CAR GEL Ltda. (fs. 2 a 12 de los A.A.).
Se tomaron declaraciones a Carmelo Rodríguez y a Martín y Luis Alberto Berasain (fs. 15 a 18 de los A.A.).
Se emitió pronunciamiento respecto de la prueba diligenciada entendiendo el Organismo que el promotor nunca trabajó en la empresa de la familia Berasain declarándose inválido el período comprendido entre 1970 a 1985 (fs. 18 vto. de los A.A.).
Se le confirió vista (fs. 22 vto. de los A.A.) la que fue evacuada a fs.
23 vto. y 24 de los A.A. proponiendo nueva prueba testimonial.
Emergen las deposiciones de José Gaitán e Hirio Umpiérrez (fs. 26 vto. a 29 de los A.A.).
Finalmente se dictó la recurrida (fs. 33 vto. de los A.A.).
V) El acto procesado es la Resolución N° 89/2018 dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas que no hizo lugar a la solicitud de jubilación por edad avanzada.
El agravio esgrimido por el promotor circunscribe el pronunciamiento a considerar si efectivamente resultaron acreditados los años de trabajo invocados por el Sr. García en la Estancia “San Pedro” desde el 1° de enero de 1970 al 31 de diciembre de 1985. Asimismo, a verificar los criterios de valoración realizados por el organismo previsional.
Analizada la prueba documental allegada al proceso, tanto en los antecedentes como en el principal, se concluye que no resultaron acreditados los años invocados por el promotor, no existiendo aportes por el período comprendido entre los años 1970 a 1985 ni prueba documental acreditante de la labor invocada.
Respecto de la prueba testimonial diligenciada el Sr. Carmelo Rodríguez indicó que lo conoce desde muchachito adolescente y que ambos residían en el Pueblo “Los García”. Manifestó: “Él siempre anduvo en la vuelta de los Berasain, pero nunca lo vi efectivo, o sea no era un empelado fijo… no tengo conocimiento real de que él fuera un empelado de la empresa… Yo no tenía contacto personal con la empresa… por lo que tampoco sé quiénes eran los empleados de la empresa…”. (fs. 15 vto.
de los A.A.).
Martín Berasain declaró: “El Sr. Ramón García nunca trabajó conmigo” (fs. 17 de los A.A.).
Luis Alberto Berasain relató: “Lo conozco de toda la vida de Zanja Honda”… “Sé que era esquilador, pero nunca fue nuestro empleado” (fs.
17 vto. y 18 de los A.A.).
José Gaitán depuso: “Él trabajó con Martín Berasain, dedicado a la tarea de campo en el año 1970 a 1985” indicó que recuerda las fechas precisas porque él también laboraba en la zona (fs. 27 de los A.A.).
Hirio Umpiérre declaró: “Yo lo veía trabajar en el campo, en los caballos, con Berasain, en la Estancia principal que se ubicaba en la salida de Vichadero en la Ruta 6… Lo veía en el campo, a caballo. (el patrón) Era Martín Berasain padre, pero falleció por ahí por el 1979, en el 1980 ya era Berasain hijo, quien es el actual patrón” (fs. 28 de los A.A.).
En autos se tomó declaración a Andrés Silva quien manifestó:
“Desde hace unos 30 años que lo conozco”… “Yo lo vi en esa Estancia, pero no sé si trabajó en ella”… “Desde el setenta al ochenta y cinco” … “Lo vi un par de veces” (fs. 37).
Cecilia Pereira depuso: “Éramos vecinos del pueblito”… “Siempre ahí que estaba ahí, pero nunca lo vi allí” (fs. 38).
José Gaitán declaró: “Siempre oí que sí, se por los vecinos”… “más o menos del setenta al ochenta y cinco”… “Peón de campo, jornalero”.
(fs. 39).
Ahora bien, la prueba obrante en autos no permite concluir que el accionante haya desempeñado tareas para la Estancia “San Pedro” durante todo el período denunciado de forma continua y permanente.
En efecto, no emerge que el accionante haya trabajado desde el 1 de enero de 1970 hasta el 31 de diciembre de 1985. Las declaraciones testimoniales son imprecisas al momento de declarar sobre el desempeño de tareas del actor para la citada empresa. Si bien se puede concluir que pudo haber realizado tareas puntuales, no resulta acreditado que haya trabajado durante todo o, al menos, la mayor parte del período denunciado.
En consecuencia, conforme lo prevé el art. 20 literal E) de la Ley No.
16.713 en la redacción dada por la Ley No. 18.395, el actor no llegó a cumplir con los requisitos mínimos para acceder a la prestación de jubilación por edad avanzada, de acuerdo con su edad, al momento de la solicitud, esto es, sesenta y seis años de edad y los años de servicio computados.
En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal,
FALLA :
Rechazar la pretensión anulatoria y, en su mérito, confirmar el acto administrativo impugnado.
Sin sanción procesal específica.
Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.
Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Salvo.
Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).