Sentencia Definitiva N° 46/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de febrero de 2022. No. 46 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “CENTRO INTEGRAL DEL PERSONAL DE ANTEL (CIPA) con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL). Acción de nulidad” (Ficha No. 165/2019). RESULTANDO : I) La acción de nulidad, deducida a fojas 4 y siguientes, se dirige contra las Resoluciones dictadas por el Directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones -en adelante ANTEL- números 1462/17, 1466/17, 1468/17, 1469/17, 1470/17, 1471/17, 1474/17, 1476/17, 1480/17, 458/18, 569/18 y 506/18, así como la Resolución de la Gerencia de la División Recursos Humanos No. 6/2018, por las que se establecieron llamados para concurso de ingreso, ascenso de funcionarios, manifestaciones de interés para ocupar cargos y modificaciones de perfiles de cargos profesionales. De forma introductoria, CIPA explicó que es la agrupación sindical que representa al Personal Superior y Profesional de ANTEL (funcionarios y/o contratos de función pública) que actualmente detentan los Grupos Ocupacionales “D” (Dirección) y “P” (Profesionales). La actora señaló que el 13 de setiembre de 2013, promovió acción de nulidad contra la Resolución del Directorio de ANTEL No. 449/2012, de fecha 10 de abril de 2012, con las modificaciones introducidas por la Resolución No. 235/2013, emitidas por el mismo órgano, las cuales aprobaron la reestructura de los sectores profesionales de ANTEL (grupos ocupacionales “D” Dirección y “P” Profesionales). Con fecha 23 de mayo de 2017, al cabo de dicho proceso, mediante Sentencia No. 359/2017, se dispuso amparar la demanda entablada. Basó su pedimento, oportunamente, en la imposibilidad de participar en los correspondientes ámbitos de negociación colectiva. Sostuvo que las condiciones en las que se está tratando a los funcionarios que integran los grupos D y P, no brindan las debidas garantías. Concretamente, las Resoluciones No. 506/2018 y 6/2018 se limitaron a conferir vista a SUTEL, excluyendo y discriminando al CIPA. Así, expresó, se estaría desconociendo su personería y representatividad sindical. De lo antes expuesto, manifestó que los motivos de agravio constituyen a su vez vicios de ilegitimidad, que se aprecia en forma manifiesta a través de los siguientes apartamientos de la regla de Derecho. En primer lugar, señaló que las diversas Resoluciones que se impugnan contradicen la anulación que se efectuare de la reestructura, mediante la Sentencia No. 359/2017. El fallo refirió que el acto era ilegítimo, por denegarle al CIPA el derecho de participar en los correspondientes ámbitos de negociación colectiva. En segundo lugar, se apartan de las órdenes de cumplimiento de la Sentencia anulatoria, realizadas mediante las dos intimaciones practicadas por este Tribunal. Sin perjuicio de ello, indicó que ANTEL continuó dictando Resoluciones contrarias al fallo. En tercer lugar, la pretensora arguyó que las mismas vulneran el Principio de Tutela Jurisdiccional Efectiva, cuando las Resoluciones incumplen y contradicen lo dispuesto por la Sentencia No. 359/2017, en la medida que el Organismo desconoce el alcance subjetivo de la norma, puesto que no solo comprendió a los accionantes sino también a todo el grupo ocupacional de profesionales. En cuarto lugar, indicó que contravienen el Principio de Buena Fe que debe regir en toda Negociación Colectiva. Según informó la accionante, ANTEL retaceó información al CIPA. Asimismo, dichas Resoluciones son gravemente contradictorias con las negociaciones a que está obligada ANTEL, a efectos de aprobar la reestructura del sector de Profesionales, ante la anulación dispuesta por el TCA. En quinto lugar, CIPA consideró que las Resoluciones violan el artículo 8 de nuestra Constitución. Se apartan del Principio de Igualdad, al limitarse a conferir vista a SUTEL, excluyendo y discriminando, sin fundamentos a CIPA, sobre cuestiones que informan a la tutela sindical de sus afiliados. En sexto lugar, postuló que las Resoluciones que se procesan en autos, violan normas nacionales e internacionales en materia de Negociación Colectiva, tales como: artículo 57 de la Constitución, artículo 4 de la Ley No. 18.508, Convenios Nos. 87, 135, 151, 154 de la OIT. Por último, indicó que vulneran el Principio de Buena Administración. ANTEL ha procedido a dictar Resoluciones que incumplen y contradicen una Sentencia anulatoria de este Tribunal, se mantiene omisa ante dos intimaciones al cumplimiento de dicha Sentencia, y desconoce la representatividad y legitimidad del CIPA. En suma, sobre estas premisas, solicitó la nulidad de las Resoluciones procesadas en estos autos. II) Conferido el traslado correspondiente, el Dr. Andrés Gitman -en representación de ANTEL- compareció a fojas 24 y siguientes, rechazando los agravios esgrimidos por la parte actora. La demandada expresó que las Resoluciones atacadas no causaron ningún perjuicio a la accionante. Realizó un detalle de cada una de las impugnadas indicando el llamado al que corresponden. Respecto a la Resolución No. 6/2018 manifestó que la misma fue revocada por el Directorio de ANTEL por Resolución No.1349/2018, por lo que carece de objeto en cuanto a ese acto. Remarcó que la pretensora carece de legitimación en la causa, dado que no tiene un interés directo, personal y legítimo. Los actos impugnados ningún agravio le causan, en tanto es una entidad colectiva que no está alcanzada en la dimensión subjetiva de los actos resistidos. Añadió que la organización sindical CIPA, no formuló durante todo el proceso de diálogo propuesta alguna u oferta de concesión que dieren lugar a atender intereses contrapuestos. En cuanto a los efectos de la Sentencia No. 359/2017, la Administración demandada enfatizó que esta no produjo efectos generales y absolutos, por lo que la cosa juzgada únicamente desplegó su eficacia en el proceso que se dictó, del que no fueron parte la enorme mayoría de los más de 1000 funcionarios alcanzados por la norma impugnada, que la consintieran oportunamente y en su marco adquirieran situaciones jurídicas protegidas por el Derecho. ANTEL afirmó que dio cabal cumplimiento a la Sentencia referenciada supra; creó un grupo de trabajo específico para ello e invitó a las organizaciones de trabajadores vinculados a la compañía, a participar, consultar, colaborar y negociar, respetando las leyes vigentes sobre relaciones laborales en el sector público. Como corolario de ello, se llegó a la nueva reestructura mediante las Resoluciones Nos. 830/2018 y 831/2018. Se estableció una nueva normativa que fijó una única estructura para los grupos ocupacionales de dirección y profesionales, ambos afectados por la anulación parcial de la Resolución No. 449/2012. Aclaró que solo una vez dictadas estas dos Resoluciones fue que la Administración puso en funcionamiento los procesos tendientes a completar los llamados dispuestos por las Resoluciones atacadas en autos, por lo que afirmó, no es cierto que la anulación referida no haya sido respetada. Finalmente, la demandada expresó que no existió contravención alguna a los Principios de Buena Fe, Igualdad y Buena Administración; sí, por el contrario, mala fe en el accionar del demandante. En síntesis, peticionó por la confirmación de los actos encausados. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 39) se produjo la que luce certificada a fs. 94, correspondiendo a la parte actora la de fs. 51 a 89 y a la parte demandada la de fs. 90 a 93. IV) Las partes alegaron de bien probado por su orden, a fs. 97 a 112 y de fs. 115 a 127, respectivamente. V) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 596/2020, fs. 133 a 134 vto.) aconsejó hacer lugar a la demanda interpuesta y en su mérito, anular los actos administrativos procesados, excepto respecto de la Resolución 6/2018, en tanto operó el cese de la contienda por haber sido revocada por razones de legalidad. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4º y 9º). II) Las Resoluciones no fueron notificadas ni publicadas en el Diario Oficial, según manifestó la parte actora, lo que no fue controvertido por la demandada. Habiendo tomado conocimiento oficioso de dichos actos, se tendrán por resistidos en tiempo y forma el 4 de julio de 2018. Interpuso recursos de revocación contra las mismas (fs. 428 y ss. y 467 y ss. A.A.). Respecto a la Resolución 6/2018, acaeció acto confirmatorio el día 11 de marzo de 2019. En relación a las demás Resoluciones, recayó acto confirmatorio ficto el 21 de enero de 2019. La demanda anulatoria fue presentada en tiempo útil, el 1 de abril de 2019 (fs. 4 y ss.). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, en concordancia con la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por la anulación de las Resoluciones No. 1462/17, 1466/17, 1470/17, 1474/17, 1476/17, 1480/17 y 506/18; declarará la inexistencia de objeto respecto a la Resolución No. 6/2018; y declarará la falta de legitimación activa, en relación a las Resoluciones No. 1468/17, 1469/17, 1471/17, 458/18 y 569/18. En primer término, corresponde pronunciarse sobre la Resolución No. 6/2018, que agraviaba a la impetrante por haberse dictado sin dar participación al gremio accionante. Tal como han manifestado las partes, fue revocada por razones de legitimidad por Resolución No. 1349/2018. Así, en lo que respecta a la impugnada, corresponde declarar la inexistencia del acto procesado, por lo que, en cuanto a ella, carece de objeto la litis. Por otra parte, como ya es sabido por este Tribunal, el CIPA es una organización gremial que agrupa al personal de dirección y/o profesional de ANTEL, englobados básicamente en los Grupos Ocupacionales D (Dirección) y P (Profesionales) de la nueva estructura orgánico-funcional de la empresa. Tal como fuere manifestado por la demandada, las Resoluciones No. 1468/17, 1469/17, 1471/17, 458/18 y 569/18, no guardan relación alguna con los referidos Grupos Ocupacionales que oportunamente fueron objeto de la reestructura anulada por este Tribunal, mediante Sentencia No. 359/2017. Por tanto, sobre tales grupos, al no ser representados por CIPA, esta Corporación entiende, que asiste razón a ANTEL, al sostener que carece de legitimación en la causa para accionar. Ahora bien, no ocurre lo mismo con las Resoluciones No. 1462/17, 1466/17, 1470/17, 1474/17, 1476/17, 1480/17 y 506/18, que sí involucran y afectan directamente a los Grupos Ocupacionales referidos. En esta línea, corresponde considerar lo manifestado por este Tribunal en Sentencia Definitiva No. 359/2017: “ III) En la emergencia, el Tribunal, por mayoría de sus integrantes apartándose de lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, estima que corresponde reconocer legitimación causal activa al sindicato (“Centro Integral del Personal de ANTEL” en adelante “CIPA”) que co-acciona en estos obrados como a los funcionarios comparecientes y, en consecuencia, anular el acto administrativo encausado”. Asimismo, se sostuvo: “IV) Particularmente, porque justamente el accionamiento instalado refiere a la ausencia de participación de esa organización profesional en el marco de la reestructura organizativa de ANTEL en referencia a los grupos ocupacionales de Dirección y Profesionales (véase objeto social de “CIPA” a fs. 2 vta./3 de Carpeta Rosada en 167 fs.). En tal sentido, se entiende, no resulta adecuado postular que el sindicato como organización profesional carezca de un interés directo, personal y legítimo ya que, en el marco de las relaciones colectivas del trabajo, la negociación colectiva tiene lugar, como dice el art. 4 de la Ley 18.508, por una parte entre uno o varios organismos públicos, o una o varias organizaciones que los representen y, por otra parte, una o varias organizaciones representativas de funcionarios públicos, con el objetivo de propender a alcanzar acuerdos. Máxime, si se tiene presente que por negociación colectiva, en sentido amplio, se entiende el proceso por el cual dos o más sujetos que administran intereses colectivos se comunican sus respectivas aspiraciones y, mediante concesiones, -normalmente mutuas o interrelacionadas establecen de común acuerdo regulaciones que serán aplicables con un alcance general (GARI, Pedro y PÉREZ DEL CASTILLO, Matías: “Manual de Derecho Colectivo del Trabajo”, FCU, 1ª Edición, Montevideo, 2012, pág. 95)”. La Sentencia No. 359/2017 y la intimación al cumplimiento de la misma dispuesta por la Sentencia No. 681/2018, reconocieron representatividad sindical a la organización accionante, y por ende, legitimidad para la participación como tal en la Negociación Colectiva, tendiente a la implementación de la reestructura organizativa funcional de ANTEL, en lo relativo a los grupos ocupacionales atinentes a sus integrantes. La demandada sostuvo que se había dado cumplimiento proactivamente a la Sentencia aludida, que su conducta se encontraba plenamente ajustada al pronunciamiento de este Tribunal y negó enfáticamente la realización de actos que se opusieran a ella. Manifestó haber citado a las organizaciones de trabajadores a compartir actividades de participación, consulta, colaboración y negociación. Esta Corporación no comparte dicho temperamento. Como bien señala el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, la Sentencia anulatoria alcanza a ANTEL en su calidad de demandado y para quien existe cosa juzgada al respecto. La Administración debió realizar actos tendientes a cumplir con el fallo anulatorio, entre los que se encontraba la abstención del dictado de actos contradictorios con la Sentencia multicitada. El fallo refirió: “En particular, porque la decisión que adopta el Tribunal en esta ocasión, repristina las cosas al estadio anterior y, para cumplir con el fallo, deberán sentarse las bases para una negociación cuyo contenido a priori no puede conocerse sino que será fruto del resultado de aquélla”. Pues bien, desde diciembre del año 2017, la demandada convocó a concursos y realizó llamados a fin de determinar la nueva reestructura de ANTEL lo que culminó, tal como sostuvo, con las Resoluciones No. 830/2018 y 831/2018. Por lo tanto, las atacadas no contaron con la Negociación Colectiva impuesta normativamente. Así, atendiendo a la solicitud de intimación de cumplimiento de la referenciada Sentencia anulatoria, se promovió acción de nulidad en la que recayó el fallo No. 681/2018, intimándose al cumplimiento de la Sentencia 359/2017. En la misma se sostuvo: “ III) En efecto, surge de la carpeta rosada en 166 fs. agregada por la actora a raíz de la medida para mejor proveer, que la Administración ha realizado llamados, contrataciones y designaciones, luego del dictado de la sentencia anulatoria, que no constituyen actos congruentes con lo establecido en el dispositivo”. En aquella oportunidad, como en ésta, se atacaron actos contrarios a la conducta que debió asumir ANTEL para cumplir la Sentencia, por lo cual, resultan trasladables las conclusiones a las que arribara este Cuerpo oportunamente: “Ello nos permite concluir, sin hesitaciones, que el pronunciamiento anulatorio no fue cumplido por la demandada, en su cabalidad, a la luz del contenido de las resoluciones expresadas. IV) Las voliciones señaladas constituyen un claro apartamiento de la sentencia dictada por esta Corporación. En efecto, habiendo recaído sentencia anulatoria, correspondía que la Administración dirigiera su conducta citando a negociar colectivamente a todas las organizaciones representativas de los funcionarios públicos que se verían involucrados en la intencionada reestructura y no emitir pronunciamientos que, en los hechos, eran articulaciones de la reforma organizacional”. ANTEL sigue desconociendo la participación de la parte actora en la implementación de dicha reestructura, por lo que, no cabe otra solución que anular dichos actos por contrariar los fundamentos de los fallos referidos, en aras de preservar debidamente los efectos de la cosa juzgada y los poderes jurisdiccionales de este Tribunal. IV) Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República; demás normas citadas y complementarias, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Ampárase parcialmente la demanda incoada y, en su mérito, anúlanse las Resoluciones No. 1462/17, 1466/17, 1470/17, 1474/17, 1476/17, 1480/17 y 506/18. Desestímase la acción anulatoria y, en su mérito, declárase que la actora carece de legitimación en la causa, con respecto a las Resoluciones No. 1468/17, 1469/17, 1471/17, 458/18 y 569/18. Declárase la inexistencia de objeto de la acción de nulidad, en relación con la Resolución No. 6/2018; todo sin especial condena en costas ni costos; exclusivamente en virtud del resultado parcialmente ganancioso y perdidoso de ambos sectores contendientes. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y demandada, en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil), cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).