Sentencia Definitiva N° 44/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de febrero de 2022. No. 44 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “TORRES AQUINO, TERESA RAYMUNDA con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 591/2019). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo su pretensión anulatoria contra la Resolución AP Nº 136/2018, de 31 de mayo de 2018, emitida por la Gerencia de Prestaciones Económicas, Gestión de Prestaciones del Banco de Previsión Social, mediante la cual se le denegó su solicitud de reconocimiento de los servicios Nº 16498168 (fs. 27 vto., en carpeta verde de 61 fojas, A.A.). En su demanda, la accionante relató los antecedentes del acto que impugna y se agravió de que no le reconocieron los servicios domésticos denunciados en la empresa Luis Piaggio, en el período del 28 de mayo de 1975 al 15 de diciembre de 1990, extremo que también determinó que se le denegara la jubilación común que solicitó. En necesaria síntesis, esgrimió como único agravio la ilegitimidad del acto por incorrecta valoración de la prueba, señalando que la prueba diligenciada en vía administrativa resultaba más que suficiente ya que los testimonios vertidos aportaron datos que pueden estimarse como creíbles y certeros en cuanto a que la actora efectivamente prestó los servicios denunciados. En el caso de la testigo Felicia Fernández, cuando declaró que no fue compañera de trabajo de la solicitante, ello no debería invalidar su declaración. Tampoco puede descartarse su testimonio por no haber declarado otra actividad que no era la que se estaba pretendiendo probar. Esta testigo declaró que la veía tomando el ómnibus en la Ciudad Vieja rumbo a 18 de Julio, conocía días y horarios de trabajo y que el mismo era con retiro, lo que coincide con lo declarado por la titular. La testigo Ana Ponte declaró que trabajaba de mañana en el mismo edificio, en el apartamento 4 y la actora en el 3. También recuerda los nombres de los empleadores, refiriéndose a ellos como “Ana” y “Luis”, aportando información sobre el período trabajado (hasta 1991) y la actividad realizada, indicando que hacían mandados y limpiaban las escaleras. La testigo la vio a diario trabajar. La testigo Susana Manancero declaró que la conoció en la pensión de la calle 25 de Mayo, donde ambas vivían, habiendo residido allí desde 1975 a 1990. Asimismo, expresó que viajaban juntas al trabajo que ella tenía de servicio doméstico, que quedaba en Julio Herrera y Obes. Declaró además sobre horarios y tareas que realizaba. El testigo Miguel Valerio asoció perfectamente los períodos de actividad con acontecimientos de su vida personal. También declaró sobre los horarios y tareas realizadas. Al fundamentar los recursos, se propusieron dos testigos más. La testigo Laura Acuña, declaró que trabajó en el mismo edificio que la titular, conociendo el nombre de los empleadores y los períodos de actividad, los cuales relaciona con sus circunstancias laborales personales. Su testimonio se descartó por no haber entrado al apartamento, lo cual es falto de razonabilidad. Y el testigo Luis Amarante declaró que concurrió al domicilio donde se desempeñaba la actora a entregar pedidos del Bar Rex y esta era quien los recibía, habiéndola visto desde el año 1974 hasta el año 1989 o 1990, lo que relacionó con los acontecimientos que relató. En suma, concluyó que los servicios no reconocidos por el Ente demandado fueron probados en forma razonablemente fehaciente durante el curso de la vía administrativa y que por lo tanto el acto administrativo impugnado es contrario a derecho (fs. 2 a 8 vto.). II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación del Banco de Previsión Social- la Dra. Valeria Vidart, quien tras relacionar los antecedentes del acto se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. El acto ha sido dictado en un todo conforme a los hechos y al derecho aplicable. En este sentido, la Administración, para valorar la prueba, tuvo en consideración las reglas de la sana crítica y fundamentó abundantemente esta valoración, y esto constituye motivación suficiente para el acto impugnado. La insuficiencia probatoria queda de manifiesto al examinar las declaraciones de los testigos propuestos, análisis que se realizó en forma por demás exhaustiva y es recogido en el informe emergente de las actuaciones administrativas. En este se detalla que Felicia Fernández no logra dar el nombre del empleador, no brindando mayores datos de la actividad, señalando que lo que sabe es por comentarios. En cuanto a Ana Ponte, se encontraron incongruencias en los integrantes de la familia que declaró y que mostró desconocimiento de familiares de la titular. Luego de evacuada la vista, la testigo Susana Manancero no resultó ser testigo presencial y no logró dar detalles que permitan tomar su testimonio como válido. En el caso de Miguel Valerio, dijo saber que la titular trabajaba como doméstica por comentarios de esta. Posteriormente, en vía recursiva, Laura Acuña dijo no conocer el departamento donde trabajaba la titular pese a ser el lugar donde recogía sus materiales. No pudo aportar elementos suficientes para la actividad declarada. A su vez, el testigo Luis Amarante dijo conocer la actividad de la actora por haber sido mozo del Bar Rex y llevar con asiduidad pedidos para el piso 3, pero no pudo establecer cuál era la actividad que realizaba la titular, ni días, ni horarios, ni supo cuántos pisos tenía el edificio, ni cuántos apartamentos por piso. De los testimonios recabados, pues, surgen insalvables inconsistencias y contradicciones flagrantes con la propia declaración de la accionante, que llevan a que las mismas carezcan de fuerza probatoria. En definitiva, abogó por la confirmación del acto impugnado (fs. 15 a 21). III) Por decreto No. 8699/2019 (fs. 23) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 47. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 50 a 53 y 56 a 57 vto., respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció sobre el fondo del asunto mediante dictamen No. 493/2020 y aconsejó la confirmación del acto resistido (fs. 60 a 60 vto.). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 62). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución AP Nº 136/2018, se emitió el 31 de mayo de 2018 y se notificó el 20 de junio de 2018 (fs. 27 vto., A.A.). El 16 de julio de 2018, se interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico (fs. 28 vto., A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria expresa , a través del dictado de la Resolución R.D. Nº 22- 13/2019, de 3 de julio de 2019 (fs. 53 a 54, A.A.), que se notificó el 11 de julio de 2019 (fs. 56 vto., A.A.). La demanda se interpuso el 13 de setiembre de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 9). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. El 24 de octubre de 2017, la actora presentó su solicitud de jubilación (fs. 1 a 4 vto., A.A.) y se la notificó que era de su carga la prueba de los servicios domésticos que denunció, debiendo continuar su trámite en el Sector de Testigos (fs. 5, A.A.). En su declaración jurada, indicó que trabajó de 1975 a 1990, como cocinera y limpiadora para Luis Piaggio (arquitecto) y Ana Rodríguez (contadora), en la calle Julio Herrera y Obes Nº 1387, habiendo perdido contacto con sus patrones (fs. 5 vto. a 6, A.A.). En una primera etapa, declararon las testigos Felicia Fernández (fs.7 a 8 vto., A.A.) y Ana Ponte (fs. 10 vto. a 11 vto., A.A.). Felicia Fernández dijo conocer a la actora desde 1975, por ser vecinas en Ciudad Vieja, habiendo conocido a su esposo y a sus dos hijas. Indicó que cuando la conoció esta trabajaba en un apartamento en Julio Herrera y Obes, entre San José y 18 de Julio y cuando se encontraban en Ciudad Vieja ella le contaba. Señaló además que no sabía más datos sobre nombres de la familia para la cual trabajaba y que la dirección del trabajo la sabe porque la actora se lo dijo y que a veces la veía tomando el ómnibus de la Ciudad Vieja con rumbo a 18 de Julio (fs. 7 a 8 vto., A.A.). Dicha declaración fue valorada en los siguientes términos: “La declarante dice conocer a la titular por razones de vecindad, lo que es dudoso. Tampoco se percibe un relacionamiento a nivel familiar. No tiene conocimiento directo, era por comentarios de la titular. Dice no conocer otras empresas y sin embargo trabajaron en la misma empresa Font Ricardo, durante años, se agrega H. Laboral. Se presume inválido para los servicios a probar.” (fs. 9 vto., A.A.) (la negrilla no pertenece al texto original). Por su parte, Ana Ponte precisó que la actora vivía en Ciudadela, en una pensión hasta que se casó y que ahora vive en Estanislao Vega, cerca de su casa y que se encuentran en los trabajos. De la familia conoce al esposo de la actora y a las hijas por foto. Manifestó que la actora trabajaba en un apartamento del edificio ubicado en Julio Herrera y Obes, entre San José y 18 de Julio y que ella trabajaba de mañana en el mismo edificio de 1975 a 1985. La deponente trabajaba en el apartamento 4 y la actora en el 3, no recordando bien si el piso era el 6 o el 7. La señora con la cual esta trabajaba era Ana y el Sr. Luis. Se conocieron cuando limpiaban las escaleras y hacían mandados. En cuanto a la familia para la cual ésta trabajaba, indicó que era el matrimonio y dos hijos, un muchacho y una muchacha. (fs. 10 a 11 vto., A.A.). Este testimonio fue valorado así: “Declara que su conocimiento es porque trabajó en apto cercano al que trabajaba la titular. No se prueba su actividad por no encontrarse en H.L. Declara que el empleador de la titular era un matrimonio con dos hijos, mientras que a fs. 10 la titular no declara lo mismo. No demuestra conocimiento de la titular en cuanto a domicilios o familia. Se presume que el trato de ambas es actual, por trabajar en empresas que acompañan enfermos (…) Se presume inválido” (fs. 12, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 24 de noviembre de 2017, emitió informe la Sección Testigos, considerando que del análisis de la prueba testimonial no surgía probada la actividad declarada por la titular para el Sr. Luis Piaggio, por el período del 28 de mayo de 1975 al 15 de diciembre de 1990 (fs. 13, A.A.). Conferida vista a la titular (fs. 15, A.A.), ofreció la declaración de los testigos Susana Manancero y Miguel Valerio (fs. 16, A.A.). Interrogada Susana Manancero, expresó que vivía en una pensión en 25 de Mayo Nº 112, lugar en donde conoció a la actora, viviendo ésta en el apartamento 1 y la deponente en el 2. Señaló que viajaban juntas en la línea de ómnibus Nº 116. La actora trabajaba con una familia que no sabe cuál era y que quedaba en Julio Herrera y Obes. Nunca conoció la casa y lo que supo fue por charlas con la titular (fs. 19 a 20 vto., A.A.). En tanto el testigo Miguel Valerio dijo que conoció a la actora de las misas en la Catedral y que pertenecían a los mismos grupos juveniles de la Iglesia. Sobre los hechos para los cuales fue propuesto manifestó que la actora siempre le dijo que trabajaba en una casa por Julio Herrera y Obes hacia la Rambla, de un arquitecto. Se acuerda porque se lo comentó un montón de veces (fs. 21 a 23 vto., A.A.). En esta oportunidad, la Sección Inspecciones y Certificaciones concluyó que “No surgen elementos de prueba suficientes como para considerarse probada la actividad para esta familia. Ninguno conoce a la familia, desconocen bien cuál era el edificio, no demuestra conocimiento directo y sólo saben por sus dichos. Tienen datos justamente y exactamente de los 15 años que hay que probar y no de antes ni después, se presume que, si bien ha trabajado de doméstica, no es creíble el período a que se hace referencia ” (fs. 24, A.A.) (la negrilla no está en el original). Finalmente, el 31 de mayo de 2018, se dictó el acto encausado (fs. 27 vto., A.A.). III) El Tribunal, por unanimidad, habrá de compartir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 60 a 60 vto.) y dispondrá la confirmación del acto, por los fundamentos que se habrán de explicitar. La fundamentación de los planteos que formuló la accionante se circunscribe a que el Banco de Previsión Social valoró incorrectamente la prueba testimonial producida a los efectos de acreditar los servicios domésticos que prestó para la familia Piaggio, por el período comprendido entre el 28 de mayo de 1975 y el 15 de diciembre de 1990. El cerno del pleito, pues, estriba en determinar si existió un proceder ilegítimo del BPS, en materia de valoración de la prueba. Como es sabido, e n nuestro ordenamiento jurídico rige con carácter general un sistema de valoración racional de la prueba o de la sana crítica, que, al decir de Couture, “configura una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción . Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula, elogiada alguna vez por la doctrina, de regular la actividad intelectual del juez frente a la prueba. Las reglas de la sana crítica son , ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano . En ellas interfieren las reglas de la lógica , con las reglas de la experiencia del juez . Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. (…) La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia , sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento” (Cf. Eduardo J. Couture, “Fundamentos de Derecho Procesal Civil”, 4ª edición, editorial B de F, Montevideo - Buenos Aires, 2002, p. 221 a 222) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por otra parte, como observa Devis Echandía, “(...) Para una correcta apreciación no basta tener en cuenta cada medio aisladamente , ni siquiera darle el sentido y alcance que realmente le corresponda, porque la prueba es el resultado de los múltiples elementos probatorios, reunidos en el proceso , tomados en su conjunto , como una “masa de pruebas”, según la expresión de los juristas ingleses y norteamericanos. Es indispensable analizar las varias pruebas referentes a cada hecho y luego estudiar globalmente los diversos hechos , es decir, “el tejido probatorio que surge de la investigación” (...)” (Cf. Hernando Devis Echandía, “Teoría General de la Prueba Judicial” , Buenos Aires, 1976, Editorial Zavalía, tomo I, p. 306) ( sentencia No. 20/2020 ) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En similar sentido, siguiendo a Gorphe, la doctrina procesalista vernácula ha destacado: “(...) los diversos medios de prueba no constituyen compartimentos estancos y por lo tanto , no puede analizarse ninguno de ellos sin efectuar incursiones en el terreno de los otros , y cada uno se apoya en mayor o menor grado sobre los restantes . Uno y otros aparecen, finalmente, como los elementos de un todo, y será ese conjunto el que dará la prueba sintética y definitiva, aquella sobre la cual se podrá levantar o no la reconstrucción de los hechos. Las diversas pruebas presentadas en un momento dado deben ser examinadas al mismo tiempo, pues el resultado global es el que cuenta; y tales exámenes resultarían incompletos si no se refirieran asimismo a las relaciones entre las pruebas: con frecuencia, de esos vínculos nace la conclusión” (Conf. Enrique Vescovi, Margarita de Hegedus, Selva Klett, Fernando Cardinal, Luis Simón y Santiago Pereira Campos, en “Código General del Proceso”, comentado, anotado y concordado, tomo 4, editorial Ábaco, Buenos Aires, 1998, p. 191, citando la opinión de François Gorphe, “De la apreciación de la prueba”, Buenos Aires, 1955, p. 370 y siguientes) (la negrilla no está en el original). En el casus, es menester tener presente las dificultades probatorias que existen en el servicio doméstico y su incidencia en las reglas de la sana crítica. Sobre el punto, la sentencia No. 443/2018, advirtió: “En la especie, las reglas de la lógica y de la experiencia recobran especial importancia . Las particularidades sociológicas de la labor que desempeñan las empleadas del servicio doméstico inciden directamente en la actividad de valoración de la prueba . En efecto, a 12 años de la promulgación de la Ley No. 18.065, las estadísticas sobre la informalidad del rubro alcanzan al 50% de los trabajadores del servicio doméstico. En este aspecto , no puede soslayarse por el juzgador la dificultad de probar el trabajo prestado en la esfera íntima de una familia , en una actividad calificada como “ayuda” más que como un trabajo propiamente dicho.” (la negrilla y el subrayado no están en el original). A su vez, cuando se trata de declaraciones sobre hechos que ocurrieron hace muchos años como ocurre en el sub - examine, “no cabe exigir una puntillosa pulcritud en la deposición de quienes atestiguan sobre servicios denunciados por el interesado en obtener el amparo jubilatorio, sobre datos de la vida ocurridos tiempo atrás ” (sentencias No. 457/2011, 434/2009, 193/2008 , 809/2012, 20/2020 y 302/2021 ) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Sin embargo, ello no puede significar “una suerte de franquicia probatoria en favor del interesado, que determine el auxilio anulatorio en base a una excesiva benignidad en la valoración del informativo testimonial aportado” (sentencias No. 809/2012 , 181/2013, 143/2017, 1053/2017, 459/2018, 629/2018, 20/2020 y 302/2021, entre otras). Ahora bien, teniendo en cuenta las pautas y reglas de valoración de la prueba, doctrinales y jurisprudenciales que se vienen de mencionar, los integrantes de la Corporación no advierten que se haya producido una errónea valoración de la prueba o un ilegítimo proceder de parte del BPS, por lo que se dirá. IV) En sede administrativa la actora ofreció inicialmente la deposición de las testigos Felicia Fernández (fs.7 a 8 vto., A.A.) y Ana Ponte (fs. 10 vto. a 11 vto., A.A.). Como surge de la reseña de antecedentes del Considerando II) ut supra de la presente, la Sra. Fernández dijo tener una relación de vecindad que por los datos que aportó resultaron dudosos para la Sección Testigos, pero lo fundamental es que no tiene un conocimiento directo de los hechos y sólo los conoce por comentarios de la titular. Por su parte, la Sra. Ponte, quien manifestó conocer a la titular en el mismo edificio donde trabajaban, cuando limpiaban las escaleras y hacían mandados, se limitó a brindar sólo el nombre de pila de los patrones. Además, declaró que el empleador de la titular era un matrimonio con dos hijos, datos que no concuerdan con la información que brindó la titular. En una segunda etapa , y tras conferírsele vista, la accionante ofreció las declaraciones de Susana Manancero y Miguel Valerio. En el caso de la Sra. Manancero, que afirmó ser vecina de la actora en una pensión, declaró que viajaban juntas a sus trabajos en la línea de ómnibus Nº 116 y que la actora trabajaba para una familia que no sabe cuál era y que quedaba en Julio Herrera y Obes. Además, nunca conoció la casa y lo que sabe es a través de conversaciones con al titular. Por último, el testigo Miguel Valerio indicó que la actora le contó que trabajaba en una casa, por Julio Herrera y Obes hacia la Rambla, de un arquitecto y que se acuerda de ello porque se lo comentó la actora. En este contexto, con sendos testigos que no tenían un conocimiento directo, ni preciso de los hechos, la Sección Inspecciones y Certificaciones concluyó rectamente que no surgían elementos de prueba suficientes para considerar probada la actividad para la familia Piaggio. La situación no se vio significativamente alterada a partir de las declaraciones que se produjeron en vía recursiva con los testimonios de Laura Acuña (fs. 35 vto. a 37, A.A.) y de Luis Amarante (fs. 38 a 38 vto., A.A.). En efecto, si bien la Sra. Acuña dijo haber realizado tareas de limpieza para el Sr. Piaggio y describió las características del edificio, no conoció el departamento en el que trabajaba la titular a pesar de que este era lugar donde “recogía sus materiales” y cobraba su sueldo quincenalmente. En tanto, en el caso del Sr. Amarante, mozo del Bar Rex que llevaba frecuentemente pedidos al tercer piso y se los recibía la titular, no pudo establecer cuál era la actividad que realizaba la titular, ni días, ni horarios y tampoco supo decir cuántos pisos tenía el edificio, ni apartamentos por piso. En último análisis, resta por señalar que la testimonial de autos tampoco permite tener por suficientemente acreditada la relación de dependencia denunciada por la reclamante. Veamos. La testigo Felicia Fernández, quien volvió a declarar, incurrió en varias contradicciones. Así, indicó que la actora trabajó para el Sr. Piaggio “un par de años” , cuando en sede administrativa dijo que lo había hecho por quince años. Asimismo, incurrió en otro tipo de inexactitudes respecto a la fecha en que conoció a la titular, señalando en esta oportunidad que la conoció en 1976/1977 cuando antes había expresado que la conocía desde 1975 (véase lo declarado a fs. 36, infolios y compárese con lo declarado a fs. 7 a 8, A.A.). En similar sentido, la testigo Laura Acuña también cayó en contradicciones, incluso respecto a sus propios horarios de trabajo. Así, en sede administrativa dijo que trabajaba de 15 a 17 y en vía jurisdiccional manifestó que entraba a las 5 de la tarde y se iba a las 7. Asimismo, en su última declaración dijo que la contrató la Sra. Ana Rodríguez, a quien identificó como abogada o escribana, mientras que en su primera declaración expresó que su patrón era el Sr. Piaggio, quien la llevó a trabajar al lugar (véase lo declarado a fs. 38 vto., infolios y compárese con lo declarado a fs. 36, A.A.). Aunado a ello, debe de verse que la deponente tampoco aportó datos sobre la actividad de la actora, núcleo familiar del empleador, detalles del domicilio laboral, pese a que, según manifiesta, ingresaba para recoger y dejar materiales y cobrar su salario. Por último, el testigo Luis Ronzoni, que tenía un laboratorio fotográfico al que la titular llevaría rollos fotográficos para revelar, no conoció la actividad desarrollada por la pretensora, ni el período de trabajo, limitándose a ejemplificar que cuando él iba a llevarlos a la casa normalmente se los entregaba a la Sra. Torres “y me daba el dinero y me iba. Sería doméstica por eso” (fs. 42, infolios). Así las cosas, el Tribunal considera que el proceder del Banco de Previsión Social estuvo ajustado a derecho , al no surgir suficientemente probado el período de actividad denunciado por la actora para la familia Piaggio, entre el 28 de mayo de 1975 y el 15 de diciembre de 1990. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad FALLA : Desestímase la demanda, y en su mérito confírmase la resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).