Sentencia Definitiva N° 43/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de febrero de 2022. No. 43 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SENA TECHERA, LUIS ALBERTO con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 834/2019). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria en contra de la resolución Nº 03-936-2019-554, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, el 6 de marzo de 2019, por la que se denegó la solicitud de jubilación por incapacidad total formulada por el actor (fs. 100 vto. a 101 de los antecedentes). Como fundamento de su pretensión indicó que el 16 de octubre de 2017 fue operado de su columna vertebral para aliviar una enfermedad que venía padeciendo hace tiempo y que le impedía su actividad laboral en forma normal. El Banco de Previsión Social, con anterioridad a la operación, le había otorgado un Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial (STIP) en el período comprendido entre el 11 de setiembre de 2013 al 10 de septiembre de 2016, en donde se le diagnosticó un baremo de incapacidad de 50,1%. Con posterioridad a la operación, debido a las dificultades físicas para realizar trabajos de su profesión, solicitó un nuevo examen o revisión ante el Banco de Previsión Social, que se realizó el 18 de octubre de 2018, ante la Comisión Médica del Ente. Dicha revisión arrojó como resultado una incapacidad para su profesión habitual (tornero de metalúrgica), con un baremo de 58,01%. A partir de las dificultades físicas del actor para trabajar solicitó la jubilación anticipada por la causal incapacidad total, la que le fue denegada por la resolución que se impugna. La resolución es ilegítima por cuanto le niega ingresos a los que el promotor entiende que tiene derecho. La incapacidad que le significó el derecho a acceder al STIP persiste y se ha agravado. Si bien es cierto que el baremo para incapacidad total es de 66%, no es menos cierto que el Decreto Nº 306/2013 de 25 de setiembre de 2013 establece que: “si la aplicación de los criterios generales previstos en el baremo arrojare como resultado una disminución funcional igual o superior al 50%, se presumirá la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual” . En el caso de marras, el baremo es de 58,01%. Por otra parte, el art. 7 del Decreto Nº 382/998 de 24 de diciembre de 1998 prevé que la resolución de la División Médica del Banco de Previsión Social debe tener un “informe fundado”, extremo este que no ha sido cumplido por la Administración. El informe y la resolución no están suficiente, ni debidamente motivados, lo que atenta contra el derecho de defensa del accionante. En su mérito, fue requerida la anulación del acto impugnado. II) Emplazada en forma la Administración (fs. 9), contestó de modo contradictorio, bregando por la solución confirmatoria. Así, en resumen, sostuvo que el acto resistido se ajusta en todo a la normativa que regula la situación del accionante, esto es: los arts. 19 y 22 de la Ley No. 16.713 de 3 de setiembre de 1995, modificados por los arts. 4 y 5 de la Ley No. 18.395 de 24 de octubre de 2008, y Decretos Nº 382/1998 de 24 de diciembre de 1998 y Nº 306/2013 de 25 de setiembre de 2013. El actor percibió STIP por el período 11 de setiembre de 2013 a 10 de setiembre de 2016. El 18 de octubre de 2018 se emitió un nuevo dictamen médico que le diagnosticó, nuevamente, discapacidad para su tarea habitual. En razón de ello, el Ente informó que al actor que no le correspondía volver a otorgársele STIP, dado lo dispuesto por el art. 22 de la citada Ley No. 16.713. Dicha norma prevé un plazo máximo de tres años para el otorgamiento del subsidio. Al evacuar la vista que le fue conferida, el accionante aportó nuevas certificaciones médicas que motivaron la reconsideración de su situación por parte del organismo. El 11 de febrero de 2019 se emitió el dictamen final de la Comisión Técnica que mantuvo la incapacidad para el empleo o profesión habitual ya dictaminada desde setiembre de 2013. En dicha oportunidad el porcentaje de baremo otorgado fue de 58,05%. En consecuencia, la Gerencia de Prestaciones Económicas aprobó la resolución objeto de impugnación por la que declaró que el titular no tiene derecho a jubilación por la causal incapacidad total. Al recurrir el acto, el titular aportó prueba médica que el Banco de Previsión Social remitió a estudio de Prestaciones de Salud para volver a considerar la situación. El 23 de mayo de 2019 se emitió un nuevo dictamen de la Comisión Técnica que ratificó los dictámenes anteriores que calificaron la incapacidad del promotor con un baremo de 58,05%. Surge de los antecedentes administrativos que, por lo tanto, el Sr. Sena no cumple con los requisitos para acceder a la jubilación por incapacidad total en virtud del porcentaje de baremo otorgado, que es inferior al de 66%. No es de recibo la falta de motivación del acto administrativo alegada, en tanto dicho acto se fundamentó en el análisis detallado, pormenorizado, y efectuado en numerosas oportunidades, de la situación médica del accionante. Citó jurisprudencia en su apoyo y solicitó que se desestime la demanda incoada y, en su mérito, se confirme la resolución impugnada. III) Abierta la causa a prueba (decreto Nº 1.230 de 4 de marzo de 2020, fs. 21), fue diligenciada la prueba propuesta por las partes, que fue debidamente agregada y certificada (fs. 45) IV) Las partes alegaron de bien probado por su orden (fs. 48 a 50, alegatos de la actora y fs. 53 a 55 vto., alegatos de la demandada). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante dictamen Nº 197/2021 de 20 de abril de 2021 (fs. 58 a 58 vto.) se pronunció por la solución confirmatoria. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) El Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) El primer agravio de la accionante refiere a que la resolución no tomó en cuenta que el inc. 2 del art. 3, del citado Decreto Nº 306/2013, prevé: “si la aplicación de los criterios generales previstos en el baremo, arrojare como resultado una disminución funcional igual o superior al 50%, se presumirá la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o la profesión habitual”. No le asiste razón en su planteo. En efecto, no se advierte cómo se relaciona la disposición transcripta con el contenido de la resolución hostilizada, por cuanto esta última refiere a incapacidad absoluta y total (para todo tipo de trabajo); mientras que la norma que viene de individualizarse alude a incapacidad absoluta y permanente para el empleo o la profesión habitual. La referida incapacidad (para la profesión habitual) fue reconocida por los dictámenes médicos emitidos; sin embargo, la prestación correspondiente a esta situación (STIP) ya no puede serle otorgada al actor. Ello, por cuanto es un hecho admitido que fue beneficiario del STIP durante tres años, plazo máximo para percibir el subsidio conforme a lo dispuesto por el citado art. 22 de la Ley 16.713. Por lo tanto, el argumento no puede prosperar. Así, la denegatoria se ajustó en un todo a Derecho, por cuanto se basó en numerosos dictámenes médicos emitidos por el órgano competente (el Área de Medicina Laboral, conforme al art. 7 del citado Decreto Nº 382/1998), que indicaron que el accionante no alcanzó el baremo de 66%, requerido por el art. 2 del también referido Decreto Nº 306/2013, para acceder a la pasividad por incapacidad total para toda tarea. IV) El segundo de los agravios esgrimidos consiste en la deficiente motivación del acto impugnado. No se comparte tal postura. Así, los informes médicos emitidos por la dependencia competente, que obran en los antecedentes administrativos agregados (fs. 10, 12, 15, 17, 21, etc.), detallaron la patología sufrida por el promotor y evaluaron distintos factores para culminar en la adjudicación del porcentaje de baremo de 58,05%. La declaración testimonial de la Dra. Alicia Berrueta, integrante de las comisiones técnicas que analizan los trámites de jubilación por incapacidad (fs. 44) ratificó el porcentaje adjudicado y abundó sobre los criterios utilizados para ello. El medio probatorio idóneo y conducente para controvertir lo expresado por los dictámenes médicos era la prueba pericial; la cual no fue ofrecida por el promotor en franco incumplimiento de la carga que le gravaba. La Corporación se ha expedido en este sentido en reiteradas oportunidades referidas a casos análogos al de obrados. Así, por ejemplo, la reciente sentencia No. 527/2020, en términos enteramente trasladables al sub judice , expresó: “La determinación de la incapacidad de la actora consiste en una cuestión eminentemente técnica, cuya resolución obedece a órganos con competencia predeterminada. Y en el casus, deberá estarse a las disposiciones del citado Decreto Nº 306/013 que establece que serán las Comisiones Técnicas las cuales determinen el grado de incapacidad. Dicha norma prevé, asimismo, la existencia de un Tribunal de Alzada en el supuesto de discordancia entre los miembros integrantes de la Junta Médica, mas no en los supuestos en que la discordancia la plantea el sujeto sometido a pericia (véase regulación de “situaciones especiales” del Decreto reglamentario). Como se relevó ut supra, la Comisión Técnica, dictaminó que la titular configura una incapacidad para su tarea habitual, con un porcentaje de Baremo del 35,31% (vide informes de fechas 27 de julio de 2017 y 28 de agosto de 2017 (fs. 187-188 AA)), insuficiente para acceder a la jubilación por incapacidad absoluta y permanente para toda tarea. De manera que se realizó evaluación a la actora en diversas oportunidades, tomando en cuenta los diagnósticos o valoraciones realizadas por parte de sus médicos tratantes (fs. 33-34 infolios) para concluir en el porcentaje de baremo establecido. En definitiva, no se advierte en autos la pretendida falta de motivación invocada como agravio, resultando de las actuaciones administrativas agregadas en los antecedentes administrativos la motivación del acto, por lo que el actuar de la Administración resulta ajustado a Derecho. Por lo demás, corresponde precisar que la actora no aportó ni en sede administrativa ni en este proceso (fs. 36 infolios), la prueba técnica necesaria a efectos de acreditar que efectivamente padecía la incapacidad que la hacía merecedora de la jubilación, lo cual sella de modo negativo la suerte del reclamo. Sobre dicha cuestión, en términos que resultan reeditables al caso de autos, la Corporación, invocando anteriores pronunciamientos, ha señalado, por unanimidad y con su actual integración, que: “La ausencia de una prueba pericial que permita controvertir las conclusiones técnicas vinculadas al rechazo de la solicitud es, sin dudas, lo que sella la suerte del planteo de la actora (…) Se trata de aspectos técnicos, cuya controversia efectiva en juicio reclama de la prueba pericial. Únicamente la prueba pericial podría haber hecho al Tribunal arribar a una conclusión distinta. Y ello porque el asunto en discusión se trata de un asunto eminentemente técnico (…) y no jurídico. Como lo señala el Dr. Ignacio SOBA BRACESCO, desde un excelente aporte doctrinario, de acuerdo al CPC, el examen pericial se impone -como lo establece su art. 412-: “…por la naturaleza de los hechos controvertidos...”. Señala este autor: “La singularidad con la que está dotada la prueba pericial refiere, pues, a un campo muy sensible para el derecho: el de la incorporación de otros “saberes” y conocimientos al proceso. En el plano del conocimiento, la ciencia del perito es su ciencia y no la del juez o magistrado. (…) Hay hechos que interesan al proceso, hechos controvertidos, que para ser probados requieren -necesariamente- conocimientos especiales. De esa forma se supera el plano de la conveniencia para pasar al de la necesidad de los conocimientos que el juez o magistrado no posee. Es imprescindible contar con los conocimientos especializados para comprender a los hechos en su verdadera significación.” (SOBA BRACESCO, Ignacio M: “La prueba pericial y el informe del asesor de parte en el proceso contencioso administrativo de anulación”, XVI Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, Paysandú, 2013, ps. 105-106). Como lo ha señalado reiteradamente el Tribunal, si es necesario rebatir apreciaciones técnicas fundadas de los funcionarios de la Administración, en materias técnicas o científicas, es indispensable producir prueba pericial que ilustre en esos aspectos, como única forma de informar o demostrar a la Corporación los errores de la decisión administrativa (Cf. Sentencias 764/2013; 476/2013; 408/2013; 379/2012; 940/2011; 742/2002 y 958/1998)” (Cf. Sentencias No. 636/2018 y 353/2019)”. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).