Sentencia Sentencia N° 42/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de febrero de 2022. No. 42 VISTOS : Para resolución, este incidente de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, planteada en los autos caratulados: “URIBE DASTES, ADRIANA LUCÍA con INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGÍA. Suspensión de Ejecución” (Ficha No. 281/21), pieza separada del expediente Ficha No. 114/2021. RESULTANDO : I) Con fecha 24 de mayo de 2021, la actora promueve acción de nulidad contra el acto administrativo implícito contenido en la liquidación de haberes correspondientes al mes de diciembre de 2018, al entender que existe una rebaja salarial en su perjuicio. Conjuntamente con la demanda, impetra la suspensión de la ejecución del acto impugnado como medida de garantía dirigida a prevenir un perjuicio grave en su contra. II) Del pedido de suspensión se formó pieza separada y se dio traslado a la contraparte, el que fue evacuado por su representante Dr. Matías ALVAREZ PIRIZ (fs. 35-36 infolios). Afirmó que atendiendo al principio de “ejecutividad” del acto administrativo, no puede contemplarse el efecto suspensivo del mismo solicitado por la actora. El acto ya ha sido plenamente ejecutado y la suspensión de la liquidación de haberes a la actora y a otros funcionarios en similares condiciones, traería aparejado a la Administración un perjuicio de entidad considerable. III) Se pasaron los autos en vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, expidiéndose por Dictamen Nº 579/2021 (fs. 44), aconsejando no acceder a la medida incidental impetrada por haber caducado el derecho a accionar de la parte actora. IV) Puestos los autos para resolución (Decreto Nº 6637/2021 de fs. 46), la misma se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) A diferencia de lo sostenido por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal considera que se han verificado correctamente los presupuestos formales para la válida interposición de la demanda anulatoria impetrada y de la medida incidental de suspensión de la ejecución del acto impugnado, pero no hará lugar a esta última al entender que no se configuran los requerimientos habilitantes previstos en el artículo 2º de la Ley No. 15.869. II) Desde el punto de vista formal, la demanda anulatoria se ha interpuesto válidamente sin haberse verificado el plazo de caducidad bienal de la acción de nulidad a raíz del efecto suspensivo del mismo dispuesto por la Ley No. 19.879 artículo 4, literal b y las Acordadas del TCA Nº 8, 9 y 10/2020 y Nº 8, 9, 11 y 12/2021 ( Ferias Judiciales Extraordinarias por la Situación de Emergencia Sanitaria). Así, tenemos que la accionante interpuso los correspondientes recursos administrativos en tiempo y forma el día 11 de febrero de 2019 (A.A fs. 1v-4), recayendo denegatoria expresa de los mismos por Resolución de la Prosecretaría de la Presidencia de la República de fecha 1º de febrero de 2021. La demanda de nulidad se entabló en tiempo hábil el día 24 de mayo de 2021, sin que se verificase el plazo de caducidad bienal para el ejercicio de la acción anulatoria que vencía el 11 de febrero de 2021 pues el mismo se vio suspendido entre el 14 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2020 (79 días), y el 24 de marzo de 2021 y el 23 de mayo de 2021, como consecuencia de las Ferias Judiciales Extraordinarias dispuestas ante la situación de emergencia sanitaria que vivió nuestro país (Leyes 19.879 y 19.960. Acordadas del TCA Nº 8, 9 y 10/2020 y Nº 8, 9, 11 y 12/2021). III) Sobre el fondo del incidente de suspensión planteado, el Tribunal ha sostenido en consolidada jurisprudencia que la suspensión de la ejecución de un acto administrativo es un instituto de amparo, de carácter preventivo, contra la actuación arbitraria o antijurídica de la Administración, y una medida de excepción al principio según el cual los recursos y acciones no suspenden la eficacia de tales actos. IV) Sin perjuicio de que la actora en el pedido de suspensión no invocó la causal de ilegitimidad manifiesta; en la especie, no se advierte prima facie que el acto en causa sea manifiestamente ilegítimo; apreciación que -por expresa disposición legal- no importa prejuzgamiento alguno sobre la cuestión de fondo planteada, la cual será materia de la decisión definitiva. Tal como expresa BIASCO, la condición de manifiestamente ilegal “alude a lo indudable, a lo que todos pueden advertir; un resultado de conocimiento al que se llega espontáneamente, sin requerir cargos y específicos razonamientos; que aparece sin tropiezos, sin alternativas, para todo el que conoce el orden jurídico, evidencia que cuando la ilegalidad invocada no aflora a la superficie del conflicto, ni se exterioriza con claridad y contundencia, no corresponde escudriñarla de la forma que debe hacerse regularmente, sino por el contrario, concluir que no se configura sin duda esta nota de “manifiesta”” (Cf. BIASCO MARINO, Emilio: “La suspensión jurisdiccional de la ejecución del acto administrativo y otras medidas cautelares” , Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, Montevideo, 1997, págs. 112-113). V) En cuanto a que la ejecución del acto sea susceptible de causar a quien instaura la acción anulatoria, daños graves y de entidad superior a los que la suspensión pudiere ocasionar a la Administración (“teoría del balance ”), la Corporación advierte que se trata de un acto desde un punto de vista material ya plenamente ejecutado o cumplido, esto es, que ya ha desplegado todos sus efectos jurídicos y en consecuencia, su suspensión carece de sentido y se torna inviable (Cf. Sentencias Nº 127/2014, 527/2019, 337/2021, entre otras). En estos casos, corresponde pasar a juzgar derechamente la legalidad del acto en cuestión con el dictado de la sentencia definitiva en los términos del artículo 310 de la Constitución de la República. Por tales fundamentos, el Tribunal RESUELVE: No hacer lugar a la solicitud de suspensión de ejecución del acto administrativo implícito impugnado. Agréguense a los principales. Dr. Simón, Dr. Corujo (r.), Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).