Sentencia Definitiva N° 40/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de febrero de 2022. No. 40 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “MÉNDEZ CARRERAS, ERLINDA BEATRIZ con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de nulidad” (Ficha No. 889/2019). RESULTANDO : I) Surge de fs. 2 que el 24 de diciembre 2019 la actora dedujo demanda anulatoria contra la Resolución Nº AP 68/2018 de fecha 13 de marzo de 2019, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, que le denegó el reconocimiento de los servicios prestados a la Sra. Rebeca Krysztal por el período 15/01/1989 a 30/03/1996, a la Sra. Alicia González por el período 25/07/1989 a 30/03/1996, y a la Sra. Dora Yosep por el período 26/09/1989 a 10/05/1995 (fs. 31 vta. y 32 de los A.A.). Señaló que la enjuiciada se basó en el informe de fecha 22 de febrero de 2019 de la inspectora Luciana Almada sobre la declaración de los testigos propuestos, sin valorarlas en su justo término conforme al artículo 70 del Decreto 500/991 y del artículo 140 del CGP. Agregó que se vulneraron los principios de buena fe y de legalidad objetiva, y que la resolución no fue suficientemente motivada al no valorar la prueba a la luz de las reglas de la sana crítica. Concluyó que no se consideraron las circunstancias acreditadas en la instancia administrativa sobre la regulación de las empleadas domésticas en el país, por lo que se desvirtuó el debido procedimiento administrativo y se incurrió en abuso de poder. En definitiva, solicitó la nulidad del acto administrativo impugnado. II) A fs. 14, el 28 de febrero de 2020 el representante de la demandada contestó la demanda incoada. Manifestó que el artículo 77 de la Ley No. 16.713 disponía en su inciso 1º que los servicios anteriores a la vigencia de la historia laboral debían probarse -en principio- por vía documental y, en su inciso 2º, que la reglamentación podía admitir otros medios de prueba a los efectos de acreditar dichos servicios. Afirmó que la prueba testimonial propuesta y recogida había sido correctamente valorada, y que había resultado estéril a fin de acreditar el período pretendido por la actora. En ese enfoque, analizó la prueba recabada, concluyendo que de ella surgía falta de conocimiento directo de los hechos e impedían admitir como válida la actividad laboral para tres empleadores diferentes de 7 años de duración cada una. Indicó que, en el caso, no se cumplieron con los requisitos indispensables para el acceso a las prestaciones, ni prueba fehaciente que acreditara que la accionante había prestado los servicios denunciados y denegados por el organismo. Concluyó que la resolución dictada se ajustaba a derecho, y solicitó que se desestimara la acción de nulidad incoada. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 48. IV) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 51 y ss. y la demandada a fs. 57 y ss. V) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen Nº 117/2021 por el que aconsejó confirmar el acto administrativo en cuestión (fs. 61). VI) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) Se han acreditado los extremos legales habituales requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley N°15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, se procesa la nulidad de la Resolución Nº AP 68/2018 de fecha 13 de marzo de 2019, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, que le denegó a la actora el reconocimiento de los servicios prestados a la Sra. Rebeca Krysztal por el período 15/01/1989 a 30/03/1996, a la Sra. Alicia González por el período 25/07/1989 a 30/03/1996, y a la Sra. Dora Yosep por el período 26/09/1989 a 10/05/1995 (fs. 31 vta. y 32 de los A.A.). Contra dicho acto, notificado a la solicitante con fecha 2 de abril de 2019 (fs. 33 vta. A.A.), se interpusieron recursos de revocación y jerárquico (el 10 de los mismos mes y año - fs. 35 vta. a 36 de los A.A.), a cuyo respecto operó la denegatoria ficta el 27 de octubre de 2019. Finalmente, la demanda de nulidad se dedujo en tiempo útil (el 24 de diciembre de 2019 - nota de cargo a fs. 8). II) El Tribunal, en decisión adoptada por unanimidad y coincidiendo con lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, acordó desestimar el planteo anulatorio impetrado en mérito a los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales. II.1) Emerge de los antecedentes administrativos allegados al proceso que el 16 de agosto de 2018 la accionante se presentó ante el BPS a efectos de iniciar trámite de reconocimiento de servicios (fs. 1 vta. y ss. A.A.), declaró haber trabajado para las Sras. Rebeca Krysztal, Alicia González, Dora Yosep y Angela Brando en distintos períodos (fs. 3 A.A.), ofreciendo la declaración de 3 testigos (fs. 4 A.A.) y prestó declaración jurada de servicio doméstico para la Sra. Alicia González, la Sra. Dora Yosep y la Sra. Rebeca Krysztal (fs. 5 vta. a 8 A.A.). Con fecha 28 de setiembre de 2018 la Oficina Liquidaciones de GEPRE informó que: “Se procede a dejar en estado DENEGADO los periodos declarado por la titular del 89-96, atento al cumplimiento de los plazos y la no comparecencia de los testigos y de la titular.” (fs. 14 vta. A.A.). Y, con fecha 17 de octubre del mismo año, la Oficina Notificaciones GEPRE concluyó que: “ Atento a la no comparecencia de los testigos se deniegan los siguientes servicios: REBECA RUBINSZTEJN de 15/01/1989 a 30/03/1996 ALICIA GONZALEZ de 25/07/1989 a 30/03/1996 DORA YOSEP de 26/03/1989 a 10/05/1995 Se deja constancia que se encuentra en suspenso el período de ANGELA BRANDO de 01/01/1981 a 31/2/1983 atento a lo solicitado por la titular a fs. 1” (fs. 15 A.A.) Se otorgó vista de las actuaciones a la titular (fs. 17 A.A.) que solicitó se le tomara declaración a los testigos ya propuestos (fs.17 vta. A.A.) Realizaron declaración jurada con fecha 20 de febrero de 2019 la Sra. María Esther Da Luz, la Sra. María Cristina Bolonini y la Sra. Gloria Barreto (fs. 18 vta. a 25 A.A.). El 22 de febrero de 2019 la Inspectora Luciana Almada produjo informe a fs. 25 vta. A.A. en el que consignó: “De la valoración en conjunto de las declaraciones de los testigos propuestos no surgen elementos de convicción suficientes que permitan acreditar las actividades declaradas por la titular para: Rebeca Krysztal (15.01.1989 a 30.03.1996); Alicia González (25.07.1989 a 30.03.1996) y Dora Yosep (26.09.1989 a 10.05.1995) (…) Surge no probada la actividad declarada por el titular como empleada de servicio doméstico para: REBECA KRYSZTAL RUBINSZTEJN: período 15.01.1989 a 30.03.1996 ALICIA GONZALEZ: período 25.07.1989 a 30.03.1996 DORA YOSEP: período 26.03.1989 a 10.05.1995” Se reconocieron diversos servicios por 15 años (fs. 29 y 30 A.A.) y se citó a la solicitante a efectos de notificarle éstos y los no reconocidos (fs. 30 vta. y 31 A.A.) Finalmente, la Gerencia de Prestaciones Económicas dictó la Resolución N° AP 68/2019, reconociendo diversos servicios para varios empleadores, y denegando su prestación para REBECA KRYSZTAL RUBINSZTEJN, ALICIA GONZÁLEZ y DORA YOSEP (fs. 31 vta. y 32 A.A.). II.2) Enseña el Maestro COUTURE que el cúmulo probatorio incorporado debe valorarse de acuerdo a las reglas de la “sana crítica” que son ante todo “las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez” (cf. COUTURE, Eduardo J. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, 3ª Edición (14ª reimpresión), Ed. Depalma, Buenos Aires, 1987, pág.270). La Corporación, ante casos similares, expresó que: “Examinados todos los elementos de prueba en su conjunto, de acuerdo con los estándares de la sana crítica, a juicio del Tribunal, no corresponde tener por probados los servicios denunciados por la actora. La prueba rendida es sumamente débil para respaldar la hipótesis sustentada por la accionante. (…) El momento de valoración de la prueba es, como señala FERRER BELTRAN, el momento de la racionalidad en el proceso. Se trata de la oportunidad en la que corresponde evaluar el apoyo empírico que un conjunto de elementos de juicio aportan en apoyo de una determinada hipótesis o de su contraria, y el juicio está sujeto a las reglas de la lógica y la racionalidad. La racionalidad a que está sujeta la valoración de la prueba en el proceso jurisdiccional, cuando no existen reglas específicas que impongan otorgar a determinada prueba un valor particular (v. gr. pruebas tasadas), no es distinta de la que impera en otros ámbitos de la experiencia. Los criterios empleados para valorar la prueba deben ser pasibles de ser controlados intersubjetivamente mediante juicios racionales y es así como se legitima la actividad valorativa del juzgador (FERRER BELTRAN, Jordi: “El contexto de la decisión sobre los hechos probados en el Derecho”, en AA. VV. “Proceso, prueba y estándar”, ARA Editores, Lima, 2009, pág. 75). Como enseña VIERA, recordando las enseñanzas de DEVIS ECHANDÍA, la apreciación de la prueba debe hacerse en conjunto, tomando en cuenta todos los elementos probatorios como una unidad y no aisladamente. Este es un principio general aplicable a la valoración de la prueba llamado “Unidad de la prueba”, que significa que el conjunto probatorio del juicio forma una unidad, y que, como tal debe ser examinado y apreciado por el juez, para confrontar las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme (VIERA, Luis Alberto: “Valoración de la prueba”, Anales del Foro, 1992/1993 A 109-110, pág. 34)” (cf. Sentencia No. 370/2013). En el mismo sentido, en Sentencia No. 181/2013 se señaló que: “Si bien no resulta posible adoptar un criterio absolutamente riguroso en la valoración de la prueba por el obstáculo que, para el conocimiento de los hechos a probar, supone el transcurso del tiempo y la avanzada edad de los testigos, la prueba rendida subespecie revela inconsistencias que hacen que, valorada en su globalidad, no constituya un soporte utilitario para viabilizar la solicitud de la reclamante. En tal sentido, como recientemente ha expresado la Sede: “Cierto es que, la circunstancia de que los testimonios refieran a hechos acontecidos hace muchísimos años, posiblemente provoque que los deponentes incurran en inexactitudes, pero aun cuando corresponde admitir que no cabe exigir una puntillosa pulcritud en la deposición de quienes atestiguan sobre servicios denunciados por el interesado en obtener el amparo jubilatorio, sobre datos de la vida ocurridos tiempo atrás (Cfe. Sentencias 457/2011, 434/2009, 193/2008, entre muchas otras), ello no significa una suerte de franquicia probatoria en favor del interesado, que determine el auxilio anulatorio en base a una excesiva benignidad en la valoración del informativo testimonial aportado” (Sentencia 809/2012)”. II.3) En este enfoque, estima la Sala que procede el rechazo de la demanda y la confirmación del acto impugnado, desde que el mismo deriva de una correcta valoración de la prueba por parte del Organismo previsional demandado. Es de verse que la Sra. María Esther DA LUZ declaró conocer a la actora “desde hace 50 años ” y, al ser preguntada por la actividad por ella desempeñada, respondió: “ sé que siempre trabajó pero no puedo nombrar exactamente ningún lugar en el que ella haya trabajado ”, agregando que: “Sé que trabajó en Pocitos por conversar con ella y por encontrarnos en algún ómnibus”. Interrogada sobre los días y horarios de trabajo, contestó: “No te sé decir, lo que te puedo decir es que de mañana siempre porque yo la veía salir de mañana” (fs. 18 vta. a 20 A.A.). A su turno, la Sra. María Cristina BOLONINI manifestó conocerla desde “hace 55 años”, que “yo trabajé con ella en la calle Benito Blanco entre Guayaquí y Massini, era una casa de familia. Ella cuidaba a la señora Cristal, es esta judía que le dije que no recuerdo el apellido y limpiaba. Fue en el 89 que ella entró en esa casa hasta el año 95 capaz”, y que “yo trabajé con esa señora,… Ella empezó antes porque ella me llevó a mí. Yo empecé… pero en el 96 o 97 cerca del 96 ”, para luego afirmar que trabajaron juntas en ese domicilio con fechas que no concuerdan con los años declarados (fs. 21 y vta. A.A.). Y la testigo Sra. Gloria BARRETO declaró: “ Yo conocer no conocí a ningún patrón,… Yo empecé a verla en los ómnibus,… en el año 1991 o 1992, … Ella me nombraba una Rebecca que no se si era la madre o la hija. También trabajó con una señora Alicia, tengo la idea que era una profesional, esto eran cosas que ella (Erlinda) me contaba en la época. ” (fs. 23 vta. y 24 A.A.) La Administración, en informe de la Inspectora Luciana Almada de fecha 22 de febrero de 2019 relativo a la valoración de las declaraciones recibidas, entendió que: “De la valoración en conjunto de las declaraciones de los testigos propuestos no surgen elementos de convicción suficientes que permitan acreditar las actividades declaradas” (fs. 25 vta. A.A.) A su vez, en la etapa probatoria de este proceso, la Sra. María Cristina BOLONINI reiteró su declaración en vía administrativa e indicó que trabajó junto a la actora en la casa de la Sra. Rebeca Krysztal habiendo ingresado la testigo en el año 1983 por intermedio de aquélla que ya trabajaba allí (fs. 33 y vta. infolios). La Sra. Gloria BARRETO declaró en similares términos que en la etapa administrativa y manifestó que sabía a qué se dedicaba la actora “ … porque siempre me contaba ella lo mismo, que trabajaba con la patrona, o que iba a tal lado ” y, repreguntada por el letrado de la parte demandada si conocía los períodos en los que trabajó para sus empleadores, respondió: “No. Ella me nombraba las patronas o a sus hijos, pero no lo puedo recordar ahora” (fs. 36 vta. infolios). La Sra. María Esther DA LUZ afirmó que la actora siempre trabajó de doméstica, pero no pudo precisar los nombres ni los períodos trabajados (fs. 39 infolios) Finalmente, el Sr. Aldo GHERSCFELD, hijo de la Sra. Rebeca Krysztal, interrogado si la actora trabajó para su madre, declaró que: “ Si, pero no estuvo todo el tiempo. Ella trabajó un tiempo, se fue y después volvió. Es decir no trabajó toda la vida ahí .”, dijo desconocer el período o los años que trabajó allí la accionante, y agregó: “ Creo hasta que falleció mi mamá. Pero no estoy seguro” (fs. 42 y 43 infolios) Sin perjuicio que el período referido en esta última declaración tampoco coincide con el declarado por la accionante, cabe señalar que respecto del testimonio de la Sra. María Cristina BOLONINI cobra particular relevancia lo dispuesto por al artículo 403 inciso 2 del Código de Procedimiento Civil que establece que “La declaración de un solo testigo, por más imparcial y verídico que sea, no producirá por sí sola plena prueba”. En el caso, más allá de que los testigos precedentes son “ únicos” respecto de los períodos denunciados en relación a servicios prestados para la Sra. Krysztal, sus declaraciones no fueron contundentes ni categóricas para acreditar tales servicios. Francamente, como con acierto afirma el Sr. Ministro Dr. Luis María SIMON en su voto: “la lectura de los testimonios recabados en el curso de las actuaciones administrativas y la instancia jurisdiccional, va lorados a la luz de las reglas y principios de la sana crítica, permite arribar a la convicción de que los servicios denunciados por la gestionante correspondientes al período en análisis no han sido probados con grado suficiente de convicción”. En tal sentido, la prueba testimonial antes referenciada resultó estéril para acreditar los períodos de actividad denunciados como trabajados en el período 1989 - 1996. A la vaguedad de los testimonios y sin perjuicio de su veracidad, se suma que la prueba documental agregada consistió en tres recibos comerciales. Del primero de ellos, suscrito por la actora con fecha 20 de noviembre de 1981, se infiere la actividad para la Sra. Ángela V de Brando, lo que no constituye objeto de análisis en el presente accionamiento (fs. 23 infolios). De los dos recibos restantes surge que con fecha 30 de junio de 1993 la promotora percibió de la Sra. Rene Kristel aguinaldo y declaró no tener nada que reclamar por los meses de noviembre 1992 a mayo de 1993, siendo el otro recibo de diciembre de 2006 y con firma ilegible, sin perjuicio de no coincidir con el período declarado como trabajado para la Sra. Rebeca Krysztal (fs. 24 infolios). En suma, resulta evidente la insuficiencia de información aportada para justificar un período de trabajo de más de siete años para tres empleadores, ya que como se viene de analizar no se está ante diferencias de detalle que se puedan justificar en razón del tiempo transcurrido y que sean producto de la espontaneidad, sino que lisa y llanamente, a juicio del Tribunal, asiste razón a la demandada en relación a la existencia de orfandad probatoria. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria, y en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo (r.). Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).