Sentencia Definitiva N° 38/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de febrero de 2022 No. 38 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “KAIBIL SECURITY SRL con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha Nº 368/2019). RESULTANDO : I) Surge de fs. 21 que el 17 de junio de 2019 la actora dedujo demanda de nulidad contra la Resolución N° 01-936-2018-1496 de fecha 12 de julio de 2018, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, que le determinó y aplicó las sanciones por incumplimiento a GAFI por un monto total de 247 UR, (numeral 1), le notificó e intimó el pago en un plazo de 10 días hábiles bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes (numeral 2) y ordenó que, vencido el plazo, se pasara a la Gerencia General a efectos de dar cumplimiento al inicio de las acciones referidas (numeral 4) (fs. 784 vto. y 785 A.A.). Como fundamento de su pretensión, alegó la falta de debida motivación del acto, señalando que no había tenido forma de saber lo que había tomado en consideración el BPS en relación al hecho sancionable y al concepto de “Multas GAFI” y, además, que en la consulta de Multas de Actividad se habían utilizado códigos o mecanismos internos del BPS que eran ininteligibles Sostuvo que ello configuraba una violación de las garantías del debido proceso e imposibilitaba el ejercicio de una defensa adecuada. Indicó que el BPS pretendió recomponer las multas GAFI que habían sido anuladas por el Tribunal por Sentencia Nº 188/2019 y subsanar el vicio de falta de vista previa, pero que nada de ello se había hecho, vulnerando nuevamente el derecho de defensa. Agregó que existía una presunción de ilegitimidad del acto por no haberse resuelto los recursos dentro del plazo de la denegatoria ficta, conforme a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley N°15.869. Por otra parte, haciendo caudal de lo fallado en las Sentencias Nº 188/2019 y N° 242/2019, invocó cosa juzgada y prejudicialidad, ya que las multas GAFI habían sido determinadas en función de la inspección del BPS que había derivado en el dictado de la Resolución Nº 279799, anulada por el Cuerpo al igual que lo había sido el acto que había modificado el numeral primero de la referida resolución. De ahí extrajo que el TCA se había pronunciado respecto de la causa o base fáctica que justificaba su existencia, que era la misma que obraba como motivación de las multas GAFI. Concluyó que no había habido una recomposición del expediente administrativo en el que se habían determinado adeudos por la inspección, por lo que las multas impuestas carecían de sustento legal. En definitiva, solicitó la nulidad del acto administrativo impugnado. II) A fs. 34, con fecha 28 de agosto de 2019 el representante de la demandada contestó la demanda incoada. Indicó que la accionante no objetaba la pertinencia de la aplicación de la multa, que la motivación del acto estaba acreditada, y que la acción de nulidad se fundamentaba en omisiones formales y no sustanciales. Recordó que la empresa había sido objeto de determinaciones tributarias por omisiones en múltiples oportunidades. Afirmó que, dando cumplimiento a las Sentencias dictadas por el Tribunal, el organismo había reencauzado las actuaciones administrativas, realizando las inspecciones del caso y otorgándole a la actora todas las garantías de defensa. Sostuvo que la omisión de la actora de declarar ingresos y egresos dentro de los plazos establecidos por el Decreto 40/998 había generado las multas aplicadas, y que ese había sido el motivo y fundamento de la sanción por el ocultamiento detectado en las inspecciones realizadas. En definitiva, solicitó el rechazo de la demanda. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 48. IV) Alegaron las partes por su orden: l a actora a fs. 51 y ss. y la demandada a fs. 59 y ss. V) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen Nº 50/2021 por el que aconsejó anular el acto administrativo en cuestión (fs. 64). CONSIDERANDO: I) Se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley N° 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, se procesa la nulidad de la Resolución N° 01-936-2018- 1496 de fecha 12 de julio de 2018, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, que determinó y aplicó a la empresa actora las sanciones por incumplimiento a GAFI por un monto total de 247 UR, (numeral 1), le notificó e intimó el pago en un plazo de 10 días hábiles bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes (numeral 2) y ordenó que, vencido el plazo, se pasara a la Gerencia General a efectos de dar cumplimiento al inicio de las acciones referidas (numeral 4) (fs. 784 vto. y 785 A.A.). Contra dicho acto, notificado personalmente a la impugnante con fecha 23 de julio de 2018 (fs. 786 vta. y 787 de los A.A.), se interpusieron en tiempo y forma los correspondientes recursos de revocación y jerárquico (el 2 de agosto del mismo año - fs. 791 a 794 A.A.). Por Resolución Nº 10-19/2019 de fecha 3 de abril de 2019, dictada por el Directorio del Banco de Previsión Social, se confirmó la impugnada (fs. 806 vta. y 807 de los A.A.), lo que fue notificado el 10 del mismo mes y año (fs. 810 vta. A.A.). Finalmente, la demanda de nulidad se interpuso en tiempo y forma el día 17 de junio de 2019 (nota de cargo a fs. 28). II) En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal, por mayoría y en coincidencia con el pronunciamiento de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, amparará el planteo anulatorio impetrado en mérito a los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales. III) E merge de los antecedentes administrativos allegados al proceso que por Resolución Nº 279799 de fecha 11 de abril de 2016, dictada por la Gerencia de Fiscalización del Banco de Previsión Social en ejercicio de atribuciones delegadas, se determinaron obligaciones tributarias a cargo de la actora por el período 1º de mayo de 2013 a 31 de mayo de 2015 por un total de $ 11.600.028 (fs. 630 vta. de los A.A.). Dicho acto administrativo fue anulado por este Tribunal por Sentencia Nº 242/2019 de fecha 9 de mayo de 2019, que acogió exclusivamente el agravio relativo a la aplicación del criterio de la nominalización. Con fecha 16 de agosto de 2016 , el BPS emitió las facturas Serie C 125235, referencia de cobro 677921931 con período de cargo 4/2016, y Serie C 125275, referencia de cobro 677922025 con período de cargo 2/2016, referentes al código “otros conceptos - 137 - multas GAFI”. Estas facturas fueron anuladas por el Tribunal por Sentencia Nº 188/2019 de fecha 9 de abril de 2019, por falta de vista previa y de motivación del acto. La Asesoría Letrada de Activos y Prestaciones de Salud envió las actuaciones a “CÁLCULO DE DEUDA a efectos de que informe u adjunte Resolución por la cual se dictaminó la imposición de multas, fecha en que se notificó a la empresa, motivos de las mismas y vista previa a la resolución” (fs. 733 A.A.), y se adjuntaron planillas correspondientes a las multas aplicadas (fs. 734 vto. a 737 A.A.). Con fecha 21 de abril de 2017 la Oficina Grandes Contribuyentes y Especiales de ATYR consignó que: “…se realizó actuación inspectiva Nº 757.486 por el período 05/2013 a 10/2015 en la cual se verificó ocultación de personal. Dicha infracción genera una rectificación a la nómina de la empresa que implica un alta del trabajador en el registro de actividades. Luego en forma automática dicho sistema genera las multas GAFI lo que cae fuera del ámbito de actuación de nuestra Área de Fiscalización. De lo expuesto surge que no se da vista de las multas GAFI en el Acta final de inspección porque no son generadas por nuestra área operativa,...” (fs. 742 vta. A.A.). A continuación la Asesoría Letrada de Activos y Prestaciones de Salud consideró que correspondía suspender las actuaciones y otorgar vista a la empresa de las multas a aplicar (fs. 743 A.A.), y se dictó la Resolución N° 1171/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017 de la Dirección Técnica de Prestaciones que resolvió: “ Déjese sin efecto las resoluciones en las cuales se aplica multa mediante repartido GAFI N° G-315-20160201 y N° G-319-20160401 ... debiendo cumplir con el requisito de otorgar vista previa la empresa sobre las multas a aplicar.” (fs. 747 vto. y 748 A.A.), la que fue notificada el día 18 de diciembre de 2017 (fs. 751 vto. y 752 A.A.). Con fecha 21 de diciembre de 2017 la Oficina Cálculo de Deuda informó que l as multas GAFI calculadas por el sistema (...) surgían como consecuencia de actos inspectivos efectuados por el Organismo, y que del informe inspectivo surgía ocultación de personal, por lo que se habían violado los artículos 1 y 2 del Decreto 40/998, generando -por aplicación del artículo 5 de dicho Decreto- las sanciones correspondientes ( 247 UR) (fs. 753 A.A.). Posteriormente se notificó la Resolución N° 1171/2017 y el detalle de las multas correspondientes, de acuerdo a lo informado por la Oficina mencionada (fs. 756 A.A.). Se otorgó vista de las actuaciones el día 5 de enero de 2018 (fs. 760 A.A.), la que fue evacuada en los términos de fs. 766 vto. a 772 vto. A.A. Por nuevo informe de la Asesoría Letrada de Activos y Prestaciones de Salud del 12 de marzo de 2018 se concluyó que: “ De acuerdo a lo informado por Cálculo de Deuda y por Oficina Grandes Contribuyentes y Especiales – ATYR las multas surgen a raíz de las actuaciones inspectivas y del ocultamiento del personal.(...)Del mencionado informe surge claramente expuesto el motivo de la aplicación de las mismas, así como del informe de folio 61 realizado por la Oficina Grandes Contribuyentes y Especiales – ATYR en el cual se detalla el período de la actuación inspectiva en el que se verificó la ocultación de personal realizando mención a que dicha inspección y actuaciones que constan en el expediente N° 2015-28-1-151623, el cual la empresa obtuvo acceso. ” y sugirió proyecto de Resolución a fin de aplicar la multa de 247 UR (fs. 775 vto. a 777 A.A.). Acto seguido, se procedió al dictado de la resolución impugnada (fs. 784 vta. y 785 de los A.A.). IV) En primer término, corresponde efectuar algunas precisiones sobre la presunción de ilegitimidad del acto que fue invocada por la actora. Se coincide en la aplicación de la presunción simple prevista en el inciso 2º del artículo 6° de la Ley Nº 15.869, en la redacción dada por el artículo 41 de la Ley Nº 17.292, ya que el recurso administrativo movilizado se resolvió en forma expresa cuando habían transcurrido los treinta días siguientes al vencimiento de los plazos previstos en el inciso primero de la referida norma. Por tanto, resulta trasladable al subjudice lo expuesto en numerosas sentencias del Tribunal en relación a los requisitos necesarios para que opere dicha presunción (sentencias Nos 391/2014, 26/2014, 297/2013, 542/2012, 415/2012, 315/2012, 813/2011, 175/2011, 323/2009, 18/2008, 214/2005 y 702/2004, entre otras). Además y sobre el tema, en la citada Sentencia Nº 391/2014 se sostuvo que: “(…) la presunción de ilegitimidad libera a su beneficiario ab initio de la carga probatoria de sus dichos, invirtiéndose ésta, debiendo la Administración procurar desplegar los medios probatorios hábiles y conducentes como única vía idónea para desvanecer el beneficio legal al que accedieron los demandantes”. De todos modos y como se trata de presunción simple, puede ser enervada. V) Ahora bien, l a actora reclamó la anulación del acto impugnado alegando, por un lado, su falta de motivación por no haber tenido forma de saber qué había tomado en consideración el BPS en relación al hecho sancionable y al concepto de “Multas GAFI”, lo que le causó indefensión y, por otro, la existencia de cosa juzgada y la prejudicialidad de lo fallado en las Sentencias Nº 188/2019 y N°242/2019. Le asiste parcialmente razón en su planteo. Es de verse que la Sentencia Nº 242/2019 amparó parcialmente la demanda y, en su mérito, anuló la Resolución Nº 279799 de fecha 11 de abril de 2016 por h aber aplicado el criterio de la nominalización por el organismo previsional, y desestimó el agravio relativo a la falta de motivación del acto. Por su parte, tal como fuera relevado supra, las facturas Serie C 125235, y Serie C 125275 fueron anuladas por la Sentencia Nº 188/2019 por falta de vista previa y de motivación de los actos encausados. Al respecto, en el Considerando IV) de la Sentencia Nº 188/2019 se sostuvo: “Así lo consigna en su informe de 21 de abril de 2017 el Gerente de la Oficina de Grandes Contribuyentes y Especiales de la ATYR en cuanto menciona que “(…) se realizó actuación inspectiva Nº 757.486 por el período 05/2013 a 10/2015 en el cual se verificó ocultación de personal. Dicha infracción genera una rectificación a la nómina de la empresa que implica un alta del trabajador en el registro de actividades. Luego en forma automática dicho sistema genera las multas GAFI lo que cae fuera del ámbito de actuación de nuestra Área de Fiscalización. Las mencionadas actuaciones constan en el expediente Nº 2015-28-1-151623. De lo expuesto surge que no se da vista de las multas GAFI en el Acta final de inspección porque no son generadas por nuestra área operativa, por lo cual sólo se advierte en el acta que: A esta suma debe adicionarse los recargos que se generen (si correspondiere) hasta la fecha de pago y multas por GAFI según Dto. 40/98” (fs. 31, A.A.). El Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la ilegitimidad en la imposición de las denominadas “multas GAFI” por falta del previo otorgamiento de vista previa (sentencias Nº 943/2010, 457/2012, 313/2015, 461/2015, 503/2016, 237/2017 y 485/2017, entre otras) y en el caso no se advierten razones que conduzcan a modificar dicho parecer. A juicio de la Sede, corresponde que se confiera vista en forma previa a la imposición de sanciones, no resultando de recibo el argumento del BPS en cuanto a que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Nº 40/1998 la aplicación de las mismas es automática”. Así, las multas que se vienen de referir en la citada sentencia emergieron de la misma inspección efectuada y que diera cima a la Resolución Nº 279799 que determinó adeudos por el mismo período 05/2013 a 10/2015 (fs. 784 vta. A.A.) y que fue anulada por Sentencia N° 242/2019. Ahora bien, asiste razón a la actora en tanto en la recomposición efectuada la Administración se limitó a cumplir con el requisito formal de la vista previa a fin de conferir oportunidad de defensa (el 5 de enero de 2018, fs. 760 A.A.) pero se cercenó su derecho de defensa por desconocimiento de los cálculos efectuados por el Organismo y por no saber a qué correspondían los montos impuestos por concepto de multa, razón por la cual adujo la falta de motivación del acto atacado. En consecuencia, habrá de acogerse el agravio esgrimido respecto a la falta de motivación del acto. No está demás insistir en que l a exigencia de motivación del acto administrativo se funda en la defensa del debido proceso y en la necesidad del real conocimiento por parte de los administrados de los motivos que tuvo la Administración para dictar la volición que los afecta. En el caso, la accionante no tuvo oportunidad de conocer la lógica de los cálculos llevados a cabo por la Administración para aplicar el monto de la multa. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene como competencia controlar la legalidad de los actos administrativos, y dentro de esa legalidad se encuentra la motivación que se presenta como defensa de todos los administrados, a cuyos efectos la Administración debe fundar suficiente y adecuadamente sus actos a fin de otorgar las mayores garantías. Enseña DURÁN MARTÍNEZ que la motivación es la justificación del acto administrativo efectuada con la expresión de los motivos determinantes y la finalidad perseguida, de manera que se pueda entender la decisión como correcta o aceptable (cf. DURÁN MARTÍNEZ, Augusto: “Motivación del acto administrativo y buena administración” en AA.VV., Ética; Estado de Derecho; Buena Administración, Universidad Católica del Uruguay, 2013, pág. 136). Según FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, la motivación no constituye un recaudo de legitimidad, sino que es la legalidad del acto administrativo, pues justifica el cumplimiento de los elementos normativos y de los valores de apreciación sobre el mérito y la razonabilidad. Agrega que “(…) la motivación no sólo tiene por finalidad conocer con mayor certeza y exactitud la voluntad que se manifiesta en el acto administrativo, sino hacer posible su control o fiscalización, estableciendo la necesaria relación de causalidad entre los antecedentes de hecho, el derecho aplicable y la decisión adoptada ” (cf. FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Emilio, Diccionario de Derecho Público, págs. 506/507). Expresa DURAN MARTINEZ que el motivo es el fundamento de hecho o de derecho del acto administrativo; y que por motivación debe entenderse la expresión del motivo que fundamenta el acto; siendo así, un vicio en el motivo es un vicio de fondo, mientras que un vicio en la motivación es un vicio de forma. Agrega el autor que resulta incuestionable que la obligación de motivar los actos administrativos está íntimamente vinculada a derechos inherentes a la personalidad humana (en la terminología del art. 72 de la Constitución de la República) no escritos: el que tiene un individuo de conocer el motivo de las disposiciones que se le aplican y el poder de impugnarlas en caso de que le causen agravio, que derivan respectivamente del derecho a conocer la verdad y del derecho a defenderse de las agresiones ilegítimas. De la naturaleza específica de ser racional del hombre, nace el derecho a averiguar la verdad. Y el hombre siempre, en todos los órdenes ha tratado y trata de averiguar la verdad. Con mucha más razón tiene el derecho a hacerlo respecto de la actividad de la Administración, por lo menos en lo que le es atinente, pues aquélla sólo puede actuar legítimamente en vistas a la obtención del bien común. Por lo demás, sin conocer los motivos del acto administrativo, mal se puede ejercer el legítimo derecho de defensa frente a la Administración agraviante, derecho incluso constitucionalmente protegido (art. 66 y 72 de la Constitución de la República) (cf. DURÁN MARTINÉZ, Augusto: “La obligación de motivar: un principio general de Derecho Administrativo”, en Rev. Uruguaya de Estudios Administrativos, Año II, Nº 2, pág. 100). GARCÍA de ENTERRÍA y FERNANDEZ expresan también que la motivación no se cumple con cualquier fórmula convencional, sino que, por el contrario, la motivación ha de ser suficiente, esto es, ha de dar razón plena del proceso lógico y jurídico que ha determinado la decisión (cf. Eduardo GARCÍA de ENTERRÍA – Tomás – Ramón FERNÁNDEZ: “Curso de Derecho Administrativo” T. I, pág. 555). Por su parte, en relación al ejercicio de facultades discrecionales por parte de la Administración, enseña Tomás Ramón FERNÁNDEZ que elegir una u otra opción legítima “(…) es su derecho, pero razonar el porqué de su elección es su deber, su inexcusable deber. El mero “porque sí” está constitucionalmente excluido, como lo está la nada infrecuente apelación al carácter discrecional de la elección y, con mayor motivo todavía, el simple silencio al respecto ” (cf. FERNÁNDEZ, Tomás Ramón: “Discrecionalidad, arbitrariedad y control jurisdiccional”, Palestra, Lima, 2006, pág. 143). Como ilustra el autor en otro pasaje de su obra: “ El mero porque sí, puro poder de mando que se agota en la sola voluntad de quien lo ejerce porque prescinde de razones objetivas exhibibles que puedan justificar sus decisiones, quedó desde entonces erradicado, porque un poder tal introduce el azar donde debiera brillar la previsibilidad (…) La Administración tiene, pues libertad de elegir dentro de los márgenes previamente definidos una solución u otra dentro de las varias, pocas o muchas que en cada caso concreto de que se trate se le presenten como posibles. En eso consiste, ya lo he dicho, su poder discrecional, en cuyo ejercicio no puede el juez sustituirla. Pero se debe justificar su elección, porque el suyo no es ni puede ser un liberum arbitruum, aportando razones capaces de sustentarla ” (cf. FERNÁNDEZ, Tomás Ramón: “Discrecionalidad…”, cit., págs. 307 y 391). Específicamente, en nuestro ordenamiento jurídico, existe la obligación de motivación del acto administrativo. Así, el art. 21 del Decreto Nº 30/003 establece: “El funcionario debe motivar los actos administrativos que dicte, explicitando las razones de hecho y de derecho que lo fundamenten. No son admisibles fórmulas generales de fundamentación, sino que deberá hacerse una relación directa y concreta de los hechos del caso específico en la resolución, exponiéndose además las razones que con referencia a él en particular justifican la decisión adoptada. Tratándose de actos discrecionales se requerirá la identificación clara de los motivos en que se funda la opción, en consideración al interés público”. VI) Finalmente, y respecto a los restantes agravios, el Tribunal comparte el análisis realizado por el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo que argumentó sobre el punto: “En cuanto a la alegada existencia de cosa juzgada y prejudicialidad, deben desestimarse estos agravios ya que el acto administrativo impugnado, responde a la reconstrucción de las actuaciones en forma posterior a los actos administrativos anulados en las Sentencias Nº 188/2019 (facturas de fecha 16/8/16) y en la Sentencia Nº 242/2019 (Resolución Nº 279799 de 11/4/16) a fs. 700 de los A.A.” (fs. 65). En definitiva, por los fundamentos expuestos, y atento a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional, el Tribunal en mayoría, FALLA : Ampárase la demanda incoada contra la Resolución N° 01-936-2018-1496 de fecha 12 de julio de 2018 dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, y, en su mérito, anúlase dicho acto administrativo. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (d.), Dra. Klett, Dra. Salvo (r.) Dr. Marquisio (Sec. Letrado) Dr. William Corujo Guardia. Discorde, en cuanto estimo que la motivación del encausado en autos, no solo surge de las planillas a que alude la actora –reputándolas incomprensibles- y que están glosadas a fs. 734 vto. y ss. AA, sino también de sendos informes de inspección y asesoría que dan cuenta de la razón de las multas impuestas, el incumplimiento cometido (infracción a los arts. 1 y 2 del decreto 40/998), respecto a cuáles trabajadores (indicados en las nóminas señaladas) se omitió la inscripción (alta/baja), el período en que se cometió la infracción (fs. 739 vto., 742 vto., 743-744, 753, 775 vto.-777 AA). Luego de evacuada la vista por la empresa, vuelve a explicar el BPS que la empresa había incumplido en declarar el ingreso y egreso de cada uno de los trabajadores señalados (recuérdese que se había constatado ocultación de personal y tal fundamento del acto de determinación que concluyó el procedimiento fue legítimo a juicio del Tribunal en su sentencia, siendo además que la actora manifiesta que los fundamentos de aquel son los mismos que el acto que aquí se procesa). También explica el BPS que tras la rectificación de ATYR en la nómina de la empresa, se generaron multas GAFI en forma automática, lo que fue dejado sin efecto a fin de conceder la vista previa. En definitiva, señala BPS que, tras la detección de la omisión de efectuar el ingreso, egreso y/o modificación correspondiente, en los sistemas de BPS (según lo exigido en el decreto 40/998), se imponen las multas de acuerdo al art. 5 del decreto (informe asesoría letrada del 12/3/18, fs. 774 vto. y ss. AA). En suma, le fue conferida la vista solicitada, adjuntando informe de cálculo de deuda y detalle de multas (fs. 760 AA). Todas estas explicaciones realizadas por la Administración, a requerimiento de la parte en su vista y a consecuencia también de la sentencia del Tribunal, efectuadas en las actuaciones previas al dictado de la resolución que se resiste, se erigen –a mi criterio- en motivación válida y suficiente de las sanciones impuestas. Dan cuenta de la falta cometida, origen de los incumplimientos, respecto a qué trabajadores, en qué periodo, fundamento de derecho, y cuantía de cada multa en UR. En las planillas en cuestión consta el monto de cada una de las multas impuestas, graduadas en los parámetros previstos en el art. 87 ley 16.713, que totalizan la suma reclamada por la Administración (247 UR). Por el contrario, la actora no manifiesta ni prueba que no haya cometido los incumplimientos que se le imputan, ni que la normativa aplicada no sea la correspondiente, o que la cuantificación de las multas sea errónea. En suma, voto por la confirmación del acto impugnado de nulidad.