Sentencia Definitiva N° 36/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de febrero de 2022. No. 36 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “FLYMAY S.A. con PODER EJECUTIVO. Acción de Nulidad” (Ficha No. 407/2018) RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 1042/2017 , de 6 de noviembre de 2017, mediante la cual se dispuso: “1º.- Declárase inexistente jurídicamente la resolución de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones Nº 520/008, de fecha 23 de octubre de 2008. 2º.- Revócase por razones de legitimidad la resolución del Poder Ejecutivo Nº 269/013, de fecha 16 de mayo de 2013. 3º.- Declárase que el procedimiento administrativo tendiente al cumplimiento de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 773/012 de fecha 22 de noviembre de 2012, se retrotrae a la consideración del petitorio de FLIMAY S.A. consistente en el otorgamiento de la licencia Clase D para el suministro del servicio de televisión para abonados por el sistema satelital de televisión directa al hogar (TDH) con carácter nacional según surge del expediente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones Nº 2007/1/1408. 4º.- No hacer lugar a lo solicitado por la empresa FLIMAY S.A. por no ajustarse a lo dispuesto en los artículos 56 y 104 a 106 de la Ley Nº19307 de 29 de diciembre de 2014 y a los artículos 9 y 11 del Decreto Nº 115/003 de 25 de marzo de 2003, y, 8 y 9 del Decreto Nº 349/990 de 7 de agosto de 1990” (fs. 16 a 17 vto., infolios y fs. 836 a 847, pieza 4, en carpeta verde de 985 fojas, A.A.). En su demanda, reseñó el marco fáctico y jurídico en el que se dictó el impugnado y se refirió a sendos actos jurídicos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (sentencias Nº 773/2012, 587/2014 y 428/2016 e intimaciones de cumplimiento, particularmente la Resolución Nº 945/2017), de la Administración ( Resolución del Poder Ejecutivo de 10 de julio de 2016) y del Poder Judicial (especialmente el fallo de primera instancia del Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de 1º Turno, que ante el dictado del acto administrativo de 10 de julio de 2016, clausuró un proceso de amparo por falta de objeto), de los que surge como verdad jurídica incuestionable la vigencia de la licencia clase D oportunamente concedida a FLIMAY S.A. Por tanto, es falso lo afirmado por el Poder Ejecutivo en la Resolución Nº 1042/2017, en punto a que dicha licencia no estaba vigente, que era “inexistente”, más allá que esto último no resulta una categoría jurídica admitida en nuestro ordenamiento jurídico, y menos aún que pueda ser declarada sin efecto jurídico alguno. Resulta aberrante a esta altura de los procedimientos, después de sentencias emitidas por el Tribunal, de las sentencias de amparo y de las tres intimaciones dispuestas, que el Poder Ejecutivo venga a afirmar que por efecto de la sentencia Nº 587/2014, ratificado por la similar Nº 428/2016, y seguidas de tres intimaciones, no se haya reestablecido la licencia de FLIMAY S.A. En la Resolución Nº 1042/2017, se parte de un hecho falso: que la licencia de FLIMAY S.A. no estaría vigente por efecto de las sentencias, y como no estaría vigente, se procede a considerar el otorgamiento de una innecesaria nueva licencia, obviamente, con resultado negativo, esto es, la crónica de una muerte anunciada. La declaración de inexistencia no tiene efecto alguno sobre la licencia de FLYMAY S.A., en primer lugar, por referirse a un hecho falso: la licencia sí está vigente. Y, en segundo lugar, porque la inexistencia no es una categoría que pueda ser declarada. Al respecto, se remitió al dictamen consultivo emitido por el Profesor Carlos Delpiazzo, en el cual se explica que la inexistencia del acto administrativo no es recibida en nuestro Derecho. Más allá de la “contradictio in terminis” que encierra la expresión, bien ha dicho el Tribunal que estos actos al no tener existencia no entran en el llamado plano existencial. Más adelante, apuntó a la improcedencia de la solicitud de clausura del proceso principal (Ficha Nº 895/2013) y del proceso incidental de suspensión de la ejecución del acto (Ficha Nº 98/2014), promovido en dichas actuaciones por la Administración demandada en función de que la Resolución Nº 269/2013, fue revocada por la Resolución Nº 1042/2017, argumentando que el referido acto no suprimía ninguno de los agravios formulados en la demanda, sino que, por el contrario, los confirmaba y mantenía. Seguidamente, indicó que queda probado que el Poder Ejecutivo empecinadamente dicta un acto “cuando se precisa” , y que desconoce la competencia de la justicia administrativa y de la jurisdicción, vulnerando el principio de separación de poderes y de tutela jurisdiccional efectiva, porque, en definitiva, no se sujeta a lo que resulta de las normas contenidas en las sentencias emitidas por otro poder del Estado. Así, resulta claro que la licencia otorgada por la Resolución de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones Nº 520/2008, estuvo vigente desde octubre de 2008 hasta enero de 2009, en que el Poder Ejecutivo dispuso ilegítimamente su revocación por razones de mérito. Es evidente que la sentencia anulatoria Nº 773/2012, reestableció la vigencia de la licencia originalmente otorgada en el año 2008, al anular su revocación ilegítima. Anulada la revocación por sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 773/2012, la licencia adquirió nueva vigencia desde noviembre de 2012 (retroactivamente a octubre de 2008) hasta mayo de 2013, en que el Poder Ejecutivo procedió a reiterar la revocación. Deducida nueva pretensión de nulidad, la licencia readquirió vigencia a partir de octubre de 2014, en virtud de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 587/2014, que dispuso la suspensión de la ejecución del segundo acto revocatorio, ratificándola por posterior sentencia Nº 428/2016. Es claro que la sentencia Nº 587/2014, ratificada por la similar Nº 428/2016, seguida de tres intimaciones con plazo para su cumplimiento, restableció la vigencia de la licencia originalmente otorgada en el año 2008. No fue sino el desconocimiento de tal vigencia por la Administración que determinó las sucesivas intimaciones por parte del Tribunal, así como sendas acciones de amparo, culminando la última con una sentencia condenatoria al Poder Ejecutivo, confirmada por la unanimidad de los Magistrados integrantes del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, por sentencia del 6 de diciembre de 2017. En necesaria síntesis, articuló la formulación de sus agravios señalando que resulta evidente la ilegitimidad de la Resolución Nº 1042/2017, porque: a) confunde los conceptos y alcance de las nociones de vigencia, inexistencia, revocación y anulación; b) viola la cosa juzgada de la sentencia anulatoria y resiste su recta ejecución; c) desconoce los efectos de la suspensión dispuesta por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; d) avasalla la separación de poderes al apartarse de la cosa juzgada y desconocer la suspensión dispuesta de la ejecución del acto; e) contraría los propios actos de la Administración; f) violenta la estabilidad del acto originario creador de derechos; g) fuerza la aplicación retroactiva de la superviniente Ley Nº 19.307; h) es arbitrario, en la medida que sustenta ahora una pretendida ilegitimidad de la licencia otorgada y vulnera el principio de igualdad, sustentándose en motivos falsos; i) contradice el principio de seguridad jurídica; j) es arbitrario, en la medida que sustenta ahora una pretendida ilegitimidad de la licencia otorgada cinco años atrás - a la fecha de la demanda de nulidad originaria-, en motivos que no son exactos, contrarían los actos propios de la Administración y, en su mérito, defraudan la confianza que legítimamente se depositó en ella, y se dicta con abuso, desviación y exceso de poder; y k) vulnera la Ley No. 18.159. A continuación, se focalizó en desarrollar los agravios que por resultar en motivos falsos afectan la regularidad jurídica del acto impugnado y destacó que no es razonable que se repute inexistente su licencia cuando la Administración fue intimada por el Tribunal en un sentido diverso de lo considerado. Además, resulta incongruente y falso que los motivos sean distintos a los tenidos en cuenta en oportunidad de revocar la licencia por Resolución Nº 269/2013. Por otro lado, en la medida que el acto en causa incluye la aplicación retroactiva de la Ley No. 19.307, también vulneró la regla de derecho. En cada acto, omisión o resolución que el Poder Ejecutivo dictó con el fin de obstaculizar la vigencia de la licencia de la actora, invocó ciertas normas contenidas en la Ley No.19.307, que no era derecho vigente a la fecha de su otorgamiento. La causa de autos se delimita al acto dictado en el año 2008, y no desde el año 2014, en adelante. Por lo tanto, la Resolución y el procedimiento administrativo que la misma refleja en su contenido expositivo resultan ideológicamente falsos, que equivale a falta de motivación. En otro orden, profundizó en el desarrollo de los agravios reseñados con las letras a) a la k), recalcando que la Administración demandada se fundó en las mismas razones que antes había invocado en la Resolución Nº 269/2013 (Ficha Nº 895/2013), que ahora los reitera en la Resolución Nº 1042/2017, con el aditamento de la invocación de las disposiciones de la superveniente Ley No. 19.307, reiterando la actora los argumentos vertidos en aquella oportunidad. Asimismo, se detuvo en el análisis del derecho vigente en octubre de 2008, como también del procedimiento por el cual se produjo el legítimo nacimiento a la vida jurídica de la licencia de FLIMAY S.A, recordando la fundamentación tenida en cuenta en su momento por el Directorio de la URSEC, la que llevó a que el Poder Ejecutivo primeramente revocara la concesión de la licencia por razones de mérito. Y estos fundamentos luego fueron ratificados por la unanimidad de los Directores de la URSEC en el año 2013, al rechazar los recursos que se interpusieron contra el acto de otorgamiento de la licencia del año 2008, el que estuvo precedido de un dictamen técnico de la Asesoría Jurídica. Allí se estableció, entre otras cuestiones, que: i) el procedimiento de otorgamiento de estas licencias era “a demanda” , conforme el artículo 8 del Reglamento de Licencias establecido por Decreto Nº 115/2003; ii) la licencia clase D fue otorgada al amparo de lo dispuesto por el Decreto Nº 115/003, modificativo del Decreto Nº 349/1990, que resulta aplicable en lo que no estuviera previsto o expresamente derogado por el primero. En cuanto a la eventual vigencia del artículo 9 del Decreto Nº 349/1990, se remitió in totum a la consulta del Profesor Martín Risso Ferrand, destacando que: i) el artículo 9 del Decreto Nº 349/1990, fue derogado por el artículo 2 del Decreto Nº 115/2003, que aprobó el nuevo Reglamento de Telecomunicaciones; ii) no puede entenderse que los requisitos vigentes en el 2008, eran los del artículo 11 del Reglamento más los de los artículos 7, 8 y 9 del Decreto Nº 449/1990; y iii) es muy claro que el referido artículo 11 sustituyó totalmente los artículos 8 y 9 del Decreto Nº 449/1990. En forma subsidiaria, si pese a lo anterior se considerara que el artículo 9 del Decreto Nº 449/1990, le era aplicable a FLIMAY S.A.: a) no se puede extraer de su texto que quienes no pudieran presentar socios o accionistas personas físicas quedaran excluidos de la posibilidad de ser titulares de licencia; b) sostener, como lo hace el Poder Ejecutivo, algo en contra de lo anterior, implica realizar una interpretación “a contrario sensu”, lo que definitivamente está vedado cuando se interpreta. Luego de ello, precisó que la URSEC optó por una interpretación parcialmente distinta de la anterior. Así, entendió que al no haber accionistas ni socios no se les podía exigir que estos cumplieran con dichos criterios, pero integró el vacío extendiendo dichas obligaciones a los representantes de la licenciataria, presidente y vicepresidente. Esta variante, aunque no era necesaria, puede ser una interpretación aceptable. Con respecto al procedimiento de otorgamiento de licencia, señaló que esta se otorga “a demanda”, para un servicio que no supone ninguna concesión de ningún bien escaso y en situación de competencia. En este sentido, va de suyo que no se requería de vista previa a ninguna de las empresas que concurren a competir en el mercado, las cuales, por otra parte, ostentan licencias no exclusivas, tal como fuera resuelto en la Resolución del año 2013, por unanimidad de los miembros de la URSEC. En definitiva, luego de un extenso desarrollo argumental que se nutrió de los razonamientos planteados en las consultas de los Profesores Carlos Delpiazzo (fs. 33 a 46) y Martín Risso Ferrand (fs. 47 a 63), solicitó que se declarara la nulidad del acto enjuiciado y se condenara a la demandada con costas y costos por la malicia temeraria con que se adoptan las Resoluciones y se litiga (fs. 64 a 113). II) Conferido el correspondiente traslado compareció el Poder Ejecutivo, representado por el Dr. Carlos Roselló, quien tras relacionar los antecedentes del caso se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. En informes previos al dictado de la Resolución cuya anulación se promueve, fue sentado de modo categórico su sustento, tomando como punto de partida la primera sentencia del TCA. Como se expresa en los referidos dictámenes, el fallo declaró la nulidad de la Resolución del Poder Ejecutivo de 9 de enero de 2009, que revocó la Resolución dictada por la URSEC Nº 520/2008, de 23 de octubre de 2008, por la cual se otorgó licencia de comunicaciones clase D a la actora (FLIMAY S.A.), para la presentación del servicio de televisión para abonados por el sistema satelital de televisión directa al hogar con carácter nacional. Como se sostiene en informe de la Dirección General de Secretaría del MIEM, ratificado en dictamen Nº 377/2017, de Fiscalía de Gobierno de 2º Turno, en virtud del efecto anulatorio de la sentencia en análisis, operó la desaparición del mundo jurídico de la Resolución de 9 de enero de 2009, por el modo de extinción del acto administrativo que la doctrina denomina “anulación”. Se agrega que, tratándose de una revocación basada en razones de juridicidad, se entiende que la Resolución Nº 520/2008, también había desaparecido del mundo jurídico, por el modo de extinción del acto administrativo que la doctrina denomina “revocación”. Concretamente, el dictamen de Fiscalía expresa lo siguiente: “Es así que, como se afirma en obrados, el efecto anulatorio de la sentencia determina que operó la desaparición del mundo jurídico de la Resolución de fecha 9 de enero de 2009, en igual sentido, se entiende que la Resolución 520/2008 también se ha extinguido por revocación (…) (…) Por ello decimos que, la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo determina necesariamente la anulación de la resolución de fecha 9 de enero de 2009, pero no con ello que una resolución revocada vuelva a la vida (…)” En cuanto al análisis del fallo particular, el informe concluye: “(…) a fin de desembocar en la conducta debida por la Administración en esta instancia, corresponde cotejar los argumentos esgrimidos por la sentencia anulatoria con el Derecho Positivo aplicable a la situación actual de la misma, partiendo de la premisa básica de que la competencia del TCA está acotada, por imperio directo del inciso primero (del) artículo 310 de la Constitución a “apreciar el acto en sí mismo, confirmándolo o anulándolo, sin reformarlo”. Otra conclusión nos colocaría en situación ajena al principio de separación de poderes y al Poder Ejecutivo renunciando a las potestades que le han sido conferidas constitucional y legalmente, es decir, incurriendo en un desajuste al Derecho vulneratorio del principio de juridicidad por omisión.” Seguidamente, se transcribió un extenso pasaje de uno de los informes que precedió el dictado del impugnado, en el cual se realizaron una serie de críticas a la sentencia Nº 773/2012. En lo medular, dichos contenidos pueden sintetizarse así: i) no aplicación del plazo de diez años del artículo 21 del Decreto Nº 349/1990; ii) razones de legitimidad contenidas en la mención que se hizo a la elaboración de la política nacional de telecomunicaciones en la Resolución de 9 de enero de 2009; iii) la única razón para la anulación del acto radicó en la omisión de dar vista al interesado; iv) se incursionó en un argumento de si se trató de una sanción o no, tema que resulta irrelevante ya que en ambos casos debió darse vista; y v) la revocación de la autorización se dictó por razones de interés público como lo es el caso de la instrumentación de una política púbica. Luego, se extractaron sendos parágrafos del informe en los cuales se hizo referencia a la naturaleza de “derecho debilitado” de los actos de autorización. A continuación, se reprodujeron las consideraciones vertidas en el multicitado informe sobre de las acciones necesarias para el cumplimiento del fallo, entendiéndose que: “(…) en el caso que nos ocupa, la anulación extingue el segundo acto, el revocatorio, más el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no puede revivir el acto de otorgamiento de la licencia per se u ordenar el otorgamiento de la misma sin vulnerar el principio de separación de poderes (…) (…) Fenecidos, como vimos, ambos actos (el de otorgamiento de la licencia y su revocatorio), la situación se retrotrae al momento del dictado de la primera resolución de la URSEC (…) (…) En otras palabras, pendiente de resolución la petición de licencia articulada por FLIMAY S.A., se debe analizar la misma y resolver el otorgamiento o rechazo en función del marco jurídico aplicable (…)”. Asimismo, se realizaron transcripciones acerca de los comentarios acerca de la sentencia Nº 587/2014, por la cual se decretó la suspensión de la Resolución Nº 269/2013, en los que básicamente se apuntó a sostener que: i) FLIMAY S.A. no posee autorización para importar los equipos necesarios para prestar el servicio: ii) si comenzó a prestar el servicio, lo hizo sin los presupuestos normativos habilitantes; iii) en cuanto al balance de los perjuicios, no surgían elementos probatorios en cuanto a la entidad y naturaleza de los mismos, circunstancia que le impedía al Tribunal poder hacerlo; y iv) sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo dictó la Resolución de 10 de octubre de 2016, suspendiendo transitoria y totalmente la Resolución Nº 269/2013. Más adelante, la demandada se refirió al “deber de la Administración” y volvió a citar el contenido del informe de marras, en el cual se consigna: “Sin perjuicio de encontrarse la resolución de referencia suspendida en virtud del cumplimiento de la sentencia Nº 587 del TCA, corresponde en esta oportunidad retomar el análisis de dicha resolución en virtud del poder-deber que tiene la Administración de revocar de oficio aquellos actos administrativos que entienda que están viciados de nulidad absoluta. (…) En el caso a estudio, la resolución Nº 269/013 revocó una resolución que ya no existía, por lo que, estando el Estado en esta instancia en oportunidad de advertir la nulidad de dicha resolución por haberse configurado un error en la consideración de los motivos que lo llevaron a dictarla (…), es que corresponde que el Estado revoque de oficio por razones de legalidad dicha resolución (…)”. En estas complejas actuaciones, se viene realizando un estudio minucioso y recabando los pronunciamientos debidos (URSEC, DINATEL, Asesoría Jurídica y Dirección General del MIEM y Fiscalía de Gobierno) a fin de que, en ejercicio del poder deber referenciado, el Estado ajuste su actuación a Derecho. En cuanto a la teoría de los actos propios, se remitió a la refutación del informe de la Dirección General de Secretaría del MIEM de 16 de diciembre de 2016. Mal hace la actora en agraviarse, cuando no ha cumplido, ni cumple con los requisitos exigidos para la obtención de la licencia. En tal sentido, no constituye un obrar arbitrario, ni un acto dictado con abuso, desviación o exceso de poder, aquel que ajusta a Derecho la actuación del Estado. Así fue analizado en los antecedentes de la Resolución del Poder Ejecutivo de 6 de noviembre de 2017. En el año 2008, FLIMAY S.A. no cumplía con las condiciones exigidas para el otorgamiento de la licencia de telecomunicaciones clase D para abonados satelital TDH con alcance nacional. El artículo 9 del Decreto Nº 349/1990, exigía que cada socio o accionista de una sociedad que pretenda prestar el servicio de televisión para abonados debía cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 8 de ese mismo cuerpo normativo. Para ello, es básico conocer el nombre de cada socio o accionista. Y eso no sucedió en el procedimiento administrativo que derivó en el ilegítimo otorgamiento de la licencia. Así como la revocación de la Resolución Nº 520/2008, de la URSEC operada por la Resolución del Poder Ejecutivo de 9 de enero de 2009, desapareció del orden jurídico, también desapareció esta, por lo que corresponde al Poder Ejecutivo expedirse sobre la validez y pertinencia de la solicitud de licencia oportunamente articulada por FLIMAY S.A. Al presente, y como se detalla especialmente en el informe de la DINATEL del MIEM, de 14 de junio de 2017, FLIMAY S.A. tampoco cumple con la normativa de precepto dado que la petición del actor colide con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley Nº 19.307, en cuanto regula las incompatibilidades para la prestación de servicios de comunicación audiovisual. La empresa FLIMAY S.A. integra el grupo América Móviles, que comercializa los servicios de telefonía móvil y acceso a Internet inalámbrico móvil en Uruguay bajo la marca comercial “CLARO”. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico, no puede ser titular de una licencia o autorización de servicios de comunicación audiovisual como es el servicio de televisión directa al hogar (TDH) satelital. Además, la solicitud de FLIMAY SA. del año 2007, tampoco cumple con las exigencias que establecen los artículos 104 a 106 de la Ley Nº 19.307, que establecen los requisitos para personas físicas aspirantes a titular de un servicio de comunicación audiovisual (artículo 104), las limitaciones e incompatibilidades (artículo 105) y los requisitos para las personas jurídicas aspirantes a dicha titularidad (artículo 106). A la fecha, siguen sin poder determinarse los titulares personas físicas integrantes de las personas jurídicas involucradas, por lo que es imposible realizar el contralor de los requisitos que establece la Ley Nº 19.307. En suma, solicitó la confirmación del acto impugnado (fs. 125 a 155). III) Por decreto No. 8079/2018 (fs. 157) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 359. IV) En el decurso de la tramitación del proceso, se presentaron a deducir tercerías coadyuvantes PAFINOL S.A. (fs. 164 a 191), PIRIÁPOLIS CABLE TV LTDA. (fs. 198 a 225) y MULTICANAL S.A. (fs. 235 a 268), en su calidad de titulares de licencias para la prestación de servicios de televisión para abonados en distintas localidades del país, al amparo de lo dispuesto en el Decreto-Ley 15.671, en su Decreto Reglamentario N° 349/990 y en sus modificativas y concordantes. En resumidos términos, afirmaron que si bien la parte demandada no solicitó su emplazamiento, poseen un interés directo, personal y legítimo en que la Resolución objeto de impugnación se mantenga y expresaron como principales argumentos los siguientes: a) obligación de la Administración recomponer los actos y procedimientos declarados ilegítimos: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no puede revivir el acto de otorgamiento de la licencia u ordenar el otorgamiento de la misma ya que no se encuentra dentro de sus competencias; de lo contrario, se estaría vulnerando el principio de separación de poderes; b) no existe violación de la cosa juzgada y verdadero alcance de la sentencia Nº 773/2012: el Tribunal se limitó a juzgar la legitimidad de las razones expuestas por la Administración para fundamentar la Resolución de fecha 9 de enero de 2009, declarada posteriormente nula. Los efectos de la sentencia sólo deben circunscribirse a las partes en el juicio; c) revocación del acto administrativo por razones de ilegalidad: no pueden existir derechos adquiridos, ni estabilidad contra leggem; d) FLIMAY S.A. no cumplió, ni cumple con los requisitos legales para el otorgamiento de la licencia. En la situación anterior a 2008, la adjudicación de la licencia violó los requisitos subjetivos establecidos en el artículo 9 del Decreto Nº 349/1990. En la situación actual, se incumple con lo establecido por los artículos 56 y 104 a 106 de la Ley Nº 19.307. Además, se incurrió en omisión en notificar y/o conferir vista a los afectados, en violación de los principios de publicidad, contradicción y debido procedimiento; e) no resulta de aplicación la pretendida teoría de los actos propios: f) inexistencia de arbitrariedad y motivación errónea; g) no existe violación al principio de igualdad: FLIMAY S.A. pretende igualar situaciones que claramente no son iguales; h) el acto impugnado no contradice el principio de seguridad jurídica, ni viola la Ley Nº 18.159 (Ley de Promoción y Defensa de la Competencia). Ante el dictado de las respectivas providencias que tuvieron por deducidas las tercerías, se presentó el actor a interponer recurso de reposición. En concreto, sostuvo que PIRIÁPOLIS CABLE TV LTDA. y MULTICANAL S.A. procedieron a contestar la demanda con planteos que exorbitan la oportunidad procesal, porque el plazo a tales efectos ya había expirado (fs. 246 a 246 vto.). Conferido traslado a los terceristas, argumentaron que la petición de la actora atentaría contra lo dispuesto en los artículos 55 y 56 del Decreto - Ley Nº 15.524, impidiéndoles su oportunidad de ejercer el derecho al contradictorio (fs. 305 a 307 vto. y 300 a 302 vto., respectivamente). La impugnación deducida fue desestimada por sentencia interlocutoria No. 657, de 17 de octubre de 2019, que en esencia consideró que “(…) los terceros coadyuvantes, rectamente no han contestado la demanda, sino que han complementado, al deducir su tercería, la argumentación de la Administración en lo que refiere a la defensa de la legitimidad del acto. El referido modo de proceder es conteste con la oportunidad de deducir tercería hasta la citación de los autos para sentencia. Asimismo, informa a la promoción de la tercería coadyuvante, y justificación de la legitimación del tercerista, la defensa de la legitimidad del acto objeto de impugnación. A modo de colofón, debe considerarse que las objetadas comparecencias de los terceristas no supusieron la retrogradación del proceso a etapas perimidas, en tanto se limitaron a la justificación de la legitimación de los terceristas, lo cual supone, a su vez, la defensa de la legitimidad del acto.” (fs. 311 a 314 vto.). V) Las partes y las terceristas alegaron por su orden (fs. 362 a 375; fs. 378; y fs. 381 a 400 y 403 a 442, respectivamente). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen N° 23/2021 y aconsejó hacer lugar a la demanda (fs. 448 a 451). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 457). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución del Poder Ejecutivo Nº 1042/2017, se emitió el 6 de noviembre de 2017 (fs. 16 a 17 vto., infolios y fs. 836 a 847, pieza 4, A.A.) y se notificó el 9 de noviembre de 2017 (fs. 856, pieza 4, A.A.). El 17 de noviembre de 2017, se interpuso en tiempo y forma el recurso de revocación (fs. 18 a 19, infolios). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , a los ciento cincuenta días sin que la Administración resolviera el recurso de revocación, el 23 de abril de 2018. La demanda se interpuso el 20 de junio de 2018, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 114). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. Por Resolución de la URSEC Nº 520 (Acta Nº 035), de 23 de octubre de 2008, y al cabo de un procedimiento iniciado el 20 de agosto de 2007, se otorgó a FLIMAY S.A. una licencia de comunicaciones clase D para la prestación del servicio de televisión para abonados para el sistema satelital de televisión directa al hogar con carácter nacional (fs. 47 a 48, pieza 1, A.A.). Por Resolución del Poder Ejecutivo de 9 de enero de 2009 , se revocó de oficio la Resolución de la URSEC Nº 520/2008, sobre la base de la siguiente fundamentación: “en la actualidad no ha culminado el proceso de elaboración de la política nacional de telecomunicaciones, en el cual cumple un rol preponderante el Plan CARDALES” (Considerando I) y “ello determinada que no se esté en condiciones de otorgar dicha licencia” (Considerando II), por lo que “haciendo uso de su facultad de avocación, el Poder Ejecutivo entiende que corresponde revocar la licencia otorgada” (Considerando III) (fs. 62, pieza 1, A.A.) (la negrilla no está en el original). Dicha Resolución fue recurrida por FLIMAY S.A., la que posteriormente dedujo acción de nulidad (Ficha Nº 562/2009 ), recayendo la sentencia Nº 773, de 22 de noviembre de 2012 , que consideró que la revocación fue por razones de mérito, oportunidad o conveniencia y dispuso la anulación del acto revocatorio (fs. 49 a 61, pieza 1, A.A.). Con posterioridad al dictado de la sentencia Nº 773/2012, se presentaron una serie de cableoperadores e interpusieron recursos de revocación y jerárquico en subsidio contra la Resolución de la URSEC Nº 520/2008, por considerar que esta les agraviaba y que al no haber sido jamás notificados se encontraban en plazo para recurrirla. Por Resolución de la URSEC Nº 064 (Acta Nº 010), de 11 de abril de 2013, se desestimó el recurso de revocación -básicamente- porque: a) el interés general de promoción de competencia, consagrado por las Leyes Nº 17.296 y Nº 18.159 primaba sobre los intereses particulares de otras empresas (Considerando I); b) el otorgamiento de las licencias era “a demanda”, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8 del Decreto Nº 115/2003, salvo aquellos casos en que el Poder Ejecutivo o la Unidad Reguladora dispongan que las referidas a ciertos servicios se otorguen mediante procedimientos competitivos (Considerando III); c) no era de aplicación al caso otorgarles vista en forma previa al dictado de la Resolución Nº 520/2008 (Considerando IV); d) la licencia clase D fue otorgada al amparo de lo dispuesto por el Decreto Nº 115/2003, de 23 de marzo de 2003, modificativo del Decreto Nº 349/1990, que resulta aplicable en lo que no estuviere previsto o expresamente derogado por el primero (Considerando V); y e) “la licenciataria constituye una persona jurídica cuyo único accionista cuenta con esa misma naturaleza, por lo que el criterio aplicado fue el de exigir la nominatividad de las acciones y el cumplimiento de los requisitos personales a través de sus representantes legales” (Considerando V) (fs. 63 a 65, pieza 1, A.A.). Por Resolución del Poder Ejecutivo Nº 269, de 10 de mayo de 2013, se revocó , por segunda vez , ahora por razones de ilegitimidad , la Resolución de la URSEC Nº 520/2008 (fs. 39 a 46, pieza 1, A.A.). En dicha Resolución, siguiendo la postura de los recurrentes y de la consulta formulada al Profesor Augusto Durán Martínez, se consignó que: “la anulación extingue el acto administrativo con efectos retroactivos, como si nunca hubiese existido lo que en la especie implica que recobra plena vigencia el acto revocado y FLIMAY S.A. recupera la licencia oportunamente otorgada ” (Considerando VI) (fs. 41, pieza 1, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original) Esta revocación se fundó -sintéticamente- en que: a) las empresas eventualmente lesionadas por la licencia otorgada no fueron puestas en conocimiento de lo actuado (Considerando XIII); b) tampoco se confirió vista previa al otorgamiento de la nueva licencia y existe unanimidad en la doctrina y la jurisprudencia en relación a las consecuencias que derivan de su omisión (Considerandos XIV, XVI, XVII, XVIII); c) la nueva licencia altera la ecuación económica de la explotación de los recurrentes (Considerando XV); y d) en cuanto a lo sustancial, se violó el artículo 9 literales A) y B) del Decreto Nº 349/1990 (Considerandos XIX a XXXII) (fs. 43 a 46, pieza 1, A.A.). FLIMAY S.A. promovió entonces la correspondiente acción de nulidad contra la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 269/2013 (Ficha Nº 895/2014) y solicitó concomitantemente la suspensión de su ejecución (Ficha Nº 98/2014). Por sentencia interlocutoria Nº 587, de 23 de octubre de 2014 , el Tribunal decretó la suspensión transitoria y total de la referida Resolución impugnada. En lo medular de este pronunciamiento, se expresó que: a) no se podía pasar por alto la existencia de la sentencia Nº 773/2012, que anuló el acto administrativo que por primera vez revocó la licencia clase D otorgada a FLIMAY S.A. en 2008; b) los fundamentos del Poder Ejecutivo eran prácticamente los mismos que utilizó al contestar la demanda en el proceso que culminó en la sentencia Nº 773/2012; y c) “le asiste razón al incidentista en cuanto al recobrar vigencia la licencia de Flimay S.A. en virtud de la Sentencia No. 773/12, haya realizado contrataciones e inversiones en los equipos necesarios para llevar adelante el servicio, siendo los posibles daños que podría acarrear su incumplimiento, de una entidad considerable de lo expresado en los considerandos anteriores” (fs. 311 a 316, pieza 2, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). A posteriori, el Poder Ejecutivo compareció a solicitar que se dejara sin efecto la suspensión transitoria y total y fundó su pedimento en una serie de hechos nuevos que pueden resumirse así: a) FLIMAY S.A. no posee autorización para importar los equipos necesarios para prestar el servicio de transmisión por TV satelital; b) FLIMAY S.A. no ha podido acreditar la obtención de la autorización en cuestión; c) la promulgación de la Ley Nº 19.307, de 29 diciembre de 2014, prohíbe a los prestadores de servicios de telecomunicaciones prestar servicios de comunicación audiovisual (artículo 56) y FLIMAY S.A. es una empresa que forma parte del grupo o conjunto económico CLARO. Por sentencia interlocutoria Nº 428, de 21 de julio de 2016 , el Tribunal desestimó la solicitud de dejar sin efecto la suspensión transitoria y total de la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 269/2013 , en el entendido que: a) “(…) al recobrar vigencia nuevamente la licencia concedida oportunamente a FLIMAY S.A. en virtud de la Sentencia Nº 773/2012, para la Corporación los daños derivados de las inversiones y contrataciones ya realizadas por la actora y que pueden verse frustradas por el acto revocatorio impugnado, siguen siendo de una entidad considerablemente mayor a los que acarrearía la suspensión de dicho acto para la organización y funcionamiento de la Administración demandada.” b) “La aprobación de la Ley No. 19.307 de 29 diciembre de 2014 en nada incide en la suspensión de la ejecución de un acto administrativo anterior por tanto, creador de una situación jurídica preexistente a la generada por la norma legal invocada.” (véase el Considerando II de la sentencia Nº 428/2016 ) (la negrilla no está en el original). Seguidamente, FLIMAY S.A. promovió una primera solicitud de intimación de cumplimiento de la sentencia interlocutoria Nº 587/2014, al Poder Ejecutivo, medida a la que el Tribunal hizo lugar por auto Nº 7640, de 20 de setiembre de 2016, concediendo a tales efectos un plazo de diez días (véase la notificación de la diligencia de intimación de 28 de setiembre de 2016, a fs. 310, pieza 2, A.A.). El 11 de octubre de 2016, se presentó escrito de cumplimiento de intimación adjuntando copia de la Resolución del Poder Ejecutivo de 10 de octubre de 2016, por la cual se dispuso: “1º.- Suspéndase transitoria y totalmente la Resolución Nro. 269/13 dictada por el Poder Ejecutivo con fecha 16 de mayo de 2013” (fs. 323, pieza 2, A.A.) (la negrilla no está en el original). Sin embargo, a partir del 14 de diciembre de 2016, la Administración tomó otro rumbo y se dio inicio al procedimiento de formación de voluntad que culminó con en el dictado de la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 1042, de 6 de noviembre de 2017, que se procesa en autos (véanse en este sentido, el informe de 14 de diciembre de 2016, de la asesora de la Dirección General de Secretaría del MIEM, de fs. 325 a 378, pieza 3; el informe de 27 de abril de 2017, de la Dirección de Asesoría Jurídica del MIEM, de fs. 739 a 741, pieza 3; el informe de 14 de junio de 2017, de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, de fs. 743 a 749, pieza 4, A.A.; el informe de 16 de junio de 2017, de la Dirección General de Secretaría del MIEM, de fs. 751 a 760, pieza 4, A.A.; el dictamen Nº 377/2017, de la Fiscalía de Gobierno de 2º Turno, de fs. 768 a 773, pieza 4, A.A.; y la consulta jurídica formulada por la Directora General de Secretaría del MIEM a los Profesores Juan Andrés Ramírez y Gabriel Valentín, de fs. 779 a 820, pieza 4, A.A.). Este procedimiento, tuvo su génesis en un extenso informe de 14 de diciembre de 2016 , elaborado por la Asesoría Letrada de la Dirección General de Secretaría del MIEM (fs. 325 a 378, pieza 2, A.A.), emitido luego del dictado de la Resolución del Poder Ejecutivo de 10 de octubre de 2016 ( fs. 323, pieza 2, A.A.), de suspensión transitoria y total de la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 269/2013. Dicho informe se elaboró “en función del dictado de la resolución del Poder Ejecutivo número 771/016 de 10 de octubre de 2016, de las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) número 773 de 22 de noviembre de 2012, número 587 de 23 de octubre de 2014 y 428 de 21 de julio de 2016 , y de la sentencia emitida por el Juez Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de 1er. Turno, que hiciera lugar a la oposición articulada por la Presidencia de la República, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (en adelante MIEM) y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación Audiovisual (en adelante URSEC), al juicio de amparo promovido por la empresa Flimay S.A., integrante del Grupo América (Claro), actora, a su vez, en los contenciosos anulatorios y petitorios de suspensión de ejecución del acto administrativo preseñalados (sic)” (fs. 325, pieza 2, A.A.) (la negrilla no está en el original). En el mismo, tras hacerse mención del deber de respetar la normativa vigente y el principio de separación de podres, se hizo referencia al deber de acatar y aplicar los fallos judiciales. En este sentido, el informe precisó: “Con referencia a este problema, abierto aún el juicio contencioso anulatorio principal y rechazado el amparo que intenta hacer valer la empresa, los fallos a los que debe ajustar su conducta el Poder Ejecutivo son dos : la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 773 de 22 de noviembre de 2012 (…), que anulara la resolución del Poder Ejecutivo de 9 de enero de 2009 y la sentencia del TCA número 587 de 23 de octubre de 2014, dictada en la pieza de suspensión de ejecución del acto administrativo (cuya revisión fuera descartada por sentencia 428, de 21 de julio de 2016). Como consecuencia de la primera , el Poder Ejecutivo dictó la Resolución 269, de 10 de mayo de 2013, objeto de la acción de nulidad en curso. En cumplimiento de la segunda, dictó la resolución número 771/016, de 10 de octubre de 2016. En otras palabras , la resolución 269/2013, ya no tiene efectos (Por imperio de la Sentencia del TCA Nº 587, de 23 de octubre de 2014 y la Resolución del Poder Ejecutivo de 10 de octubre de 2016 ), por lo que corresponde ponderar cuál es el status de las otras resoluciones dictadas por el Poder Ejecutivo y por la URSEC referidas al caso. En particular, no teniendo efectos lo actuado con posterioridad, corresponde volver al momento de dictado de la sentencia 773/2012 y analizar cuál era la situación jurídica en ese entones , para después analizar si lo actuado con posterioridad fue jurídicamente válido o no y, finalmente, establecer la situación actual” (fs. 326 a 327, pieza 2, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Más adelante, y luego de realizar una reseña de antecedentes y un análisis de las nociones de revocación y anulación, se adentra en el “Análisis particular del Fallo” de la siguiente manera: “En consecuencia, y a fin de desembocar en la conducta debida por la Administración en esta instancia, corresponde cotejar los argumentos esgrimidos en la sentencia anulatoria con el Derecho aplicable a la situación actual de la misma, partiendo de la premisa básica de que la competencia del TCA está acotada, por imperio directo del inciso primero artículo 310 de la Constitución a “apreciar el acto en sí mismo, confirmándolo o anulándolo, sin reformarlo”. Otra conclusión nos colocaría en situación ajena al principio de separación de poderes y al Poder Ejecutivo renunciando a las potestades que le han sido conferidas constitucional y legalmente, es decir, incurriendo en un desajuste al Derecho vulneratorio del principio de juridicidad por omisión.” (fs. 335 a 336, pieza 2, A.A.) (la negrilla no está en el original). Y luego, se formularon una serie de críticas a la sentencia Nº 773/2012, que pueden resumirse así: i) no aplicación del plazo de diez años del artículo 21 del Decreto Nº 349/1990; ii) razones de legitimidad contenidas en la mención que se hizo a la elaboración de la política nacional de telecomunicaciones en la Resolución de 9 de enero de 2009; iii) la única razón para la anulación del acto radicó en la omisión de dar vista al interesado; iv) si se trató de una sanción o no es un tema que resulta irrelevante ya que en ambos casos debió darse vista; y v) la revocación de la autorización se dictó por razones de interés público como lo es el caso de la instrumentación de una política púbica. Después, se dedicó un capítulo al examen de la naturaleza de “derecho debilitado” de los actos de autorización, para después ingresar de lleno en las “Acciones necesarias para el cumplimiento del fallo”. En lo medular de este apartado, se concluyó: “(…) en el caso que nos ocupa, la anulación extingue el segundo acto , el revocatorio, mas el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no puede revivir el acto de otorgamiento de la licencia per se u ordenar el otorgamiento de la misma sin vulnerar el principio de separación de poderes (…) (…) Fenecidos, como vimos, ambos actos (el de otorgamiento de la licencia y su revocatorio), la situación se retrotrae al momento del dictado de la primera resolución de la URSEC (…) (…) En otras palabras, pendiente de resolución la petición de licencia articulada por FLIMAY S.A., se debe analizar la misma y resolver el otorgamiento o rechazo en función del marco jurídico aplicable (…)” (fs. 351 a 355, pieza 2, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Seguidamente, en capítulo referido a la “Segunda sentencia del TCA: Nº 584/2014, de 23 de octubre de 2014: suspensión del acto administrativo Nº 269/013” , el informe realizó una serie de comentarios acerca de la sentencia Nº 587/2014 (por la cual se decretó la suspensión transitoria y total de la Resolución Nº 269/2013), que básicamente apuntaron a sostener que: i) FLIMAY S.A. no posee autorización para importar los equipos necesarios para prestar el servicio; ii) Si comenzó a prestar el servicio, lo hizo sin los presupuestos normativos habilitantes ; iii) En cuanto al balance de los perjuicios, no surgían elementos probatorios en cuanto a la entidad y naturaleza de estos, circunstancia que le impedía al Tribunal poder hacerlo ; iv) Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo dictó la Resolución de 10 de octubre de 2016, suspendiendo transitoria y totalmente la Resolución Nº 269/2013. Posteriormente, en apartado intitulado “El poder - deber de revocar la Resolución Nº 269/013 y dar cumplimiento a la sentencia del TCA Nº 773/012”, el informe destacó: “Sin perjuicio de encontrarse la resolución de referencia suspendida en virtud del cumplimiento de la sentencia Nº 587, del TCA , corresponde en esta oportunidad retomar el análisis de dicha resolución en virtud del poder-deber que tiene la Administración de revocar de oficio aquellos actos administrativos que entienda que están viciados de nulidad absoluta. (…) En el caso a estudio, la resolución Nº 269/013, revocó una resolución que ya no existía, por lo que, estando el Estado en esta instancia en oportunidad de advertir la nulidad de dicha resolución por haberse configurado un error en la consideración de los motivos que lo llevaron a dictarla (…), es que corresponde que el Estado revoque de oficio por razones de legalidad dicha resolución (…)” (fs. 358 a 359, pieza 2, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Los componentes del informe continúan con sendos apartados destinados a refutar la aplicación de la teoría de los actos propios (fs. 362 a 364, pieza 2, A.A.) y a argumentar el incumplimiento por parte de FLIMAY S.A. de los requisitos necesarios para el otorgamiento de la licencia, distinguiendo la situación en el año 2008, de la actual. Sobre la situación en el año 2008, se sustentó básicamente la aplicabilidad del artículo 9º del Decreto Nº 349/1990 y el incumplimiento de dichas exigencias por parte de FLIMAY S.A (fs. 364 a 371, pieza 2, A.A.). En tanto, respecto de la situación actual, se afirmó que “un otorgamiento actual de la licencia padecería los mismos vicios” por violación a lo dispuesto por los artículos 56 y 104 a 106 de la ley Nº 19.307 (fs. 371 a 375, pieza 2, A.A.). Finalmente, se agregó otro capítulo que se tituló “la prestación de servicios de TDH realizada por FLIMAY S.A. fue sin autorización o licencia” (fs. 375 a 377, pieza 2, A.A.), en el cual se aseveró: “Tal como viene de analizarse, y con independencia de cualquier interpretación jurídica respecto del fondo del asunto, surge con toda claridad que desde el dictado de la Resolución del Poder Ejecutivo de 9 de enero de 2009, a la fecha, nunca se ha expedido autorización o licencia a FLIMAY S.A. (o a empresa alguna del Grupo América Móviles) para prestar servicios de televisión para abonados en modalidad alguna ” (fs. 375, pieza 2, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Así, sobre la base de estas premisas argumentales, el informe concluyó: “De compartirse el presente informe en el que se detalla exhaustivamente la globalidad del ordenamiento jurídico vigente en relación a la solicitud original de FLIMAY S.A., así como la normativa vigente al día de la fecha, corresponde a la Administración lo siguiente: 1. Declarar que la Resolución de URSEC Mº 520/008, es inexistente jurídicamente en virtud de haber desaparecido del mundo jurídico por el modo de extinción del acto administrativo “revocación” por razones de juridicidad. 2. Revocar la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 269/013, al haberse constatado una falsa apreciación de los hechos y derechos que vició de nulidad dicho acto , lo que deriva en el poder-deber del Estado de revocar por razones de legalidad. 3. Declarar que el procedimiento se retrotrae a la consideración de validez y pertinencia de la solicitud original de licencia oportunamente articulada por FLIMAY S.A., de la que surge que la misma no se ajusta a los dispuesto en los artículos 56, 104 a 106 de la ley Nº 19.307, por lo que correspondería no hacer lugar a lo solicitado. 4. Conferir vista del presente informe y del proyecto de resolución que se adjunta a FLIMAY S.A. y a las empresas impugnantes cuyo recurso jerárquico fuera acogido por la Resolución Nº 269/013, a fin de que viertan sus descargos” (fs. 377 a 378, pieza 2, A.A.) (la negrilla no está en el original). Previa sustanciación de los descargos , se emitieron los siguientes pronunciamientos: i) informe de 27 de abril de 2017, de la Dirección de Asesoría Jurídica del MIEM (fs. 739 a 741, pieza 3); ii) informe de 14 de junio de 2017, de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (fs. 743 a 749, pieza 4, A.A.); iii) informe de 16 de junio de 2017, de la Dirección General de Secretaría del MIEM (fs. 751 a 760, pieza 4, A.A.); iv) dictamen Nº 377/2017, de la Fiscalía de Gobierno de 2º Turno (fs. 768 a 773, pieza 4, A.A.); y v) consulta jurídica formulada por la Directora General de Secretaría del MIEM a los Profesores Juan Andrés Ramírez y Gabriel Valentín (fs. 779 a 820, pieza 4, A.A.). A continuación, se destacarán los contenidos medulares de los referidos pronunciamientos. En primer lugar, la Dirección de Asesoría Jurídica del MIEM entendió que el informe de 14 de diciembre de 2016, “fue elaborado con la finalidad de clarificar la situación actual de la empresa en atención a la multiplicidad de pronunciamientos en vía judicial y administrativa, y en atención a la circunstancia de que se mantiene pendiente de resolución el aspecto principal de la misma ante el Tribunal de lo Contencioso (TCA), siendo de fundamental importancia determinar cuál va a ser el accionar de la Administración, hasta tanto dicho Tribunal se expida. En tal sentido, se desprende el mismo la voluntad de la Administración de, hasta tanto no exista el debido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, se salvaguarden los intereses en pugna. (…) (…) se considera de suprema relevancia la referencia al trámite de acción de nulidad, ficha Nº 895/2013, en virtud de que la dilucidación del mismo es la que estipulará en definitiva , cuál será la situación en la que se encuentra la empresa FLIMAY (…)” (fs. 739, pieza 3, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Asimismo, entendió que no se había violado el debido proceso como alegaba FLIMAY S.A. (fs. 740, pieza 3, A.A.). En segundo lugar, el informe de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (fs. 743 a 749, pieza 4, A.A.) concluyó que: “(…) ya sea por razones formales como por razones de oportunidad y conveniencia, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Minería comparte los informes jurídicos de la Dirección General de Secretaría que figuran a fojas 9 a 35 vuelto y 501 a 503 APIA y recomienda no hacer lugar a lo solicitado por FLIMAY S.A.” (fs. 749, pieza 4, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En tercer lugar , la Dirección General de Secretaría (fs. 751 a 760, pieza 4, A.A.) controvirtió los descargos de FLIMAY S.A. y ratificó las conclusiones del informe de 14 de diciembre de 2016. En esencia, se sostuvo que: “(…) tal como se detalló en el informe en vista, la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 269/013, que acogió el recurso jerárquico interpuesto por dichos operadores contra la resolución de la URSEC Nº 520/008, revocó una resolución que ya no existía en el mundo jurídico (por haber sido revocada por la Resolución del Poder Ejecutivo de 9 de enero de 2009), por lo que, habiendo el Estado advertido la nulidad de su Resolución por haberse configurado un error en la consideración de los motivos que lo llevaron a dictarla, es que corresponde que el Estado revoque de oficio por razones de legalidad dicha resolución ” (fs. 757, pieza 4, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En cuarto lugar , en el dictamen Nº 377/2017, de la Fiscalía de Gobierno de 2º Turno (fs. 768 a 773, pieza 4, A.A.) se indicó que “(…) como se afirma en obrados, el efecto anulatorio de la sentencia determina que operó la desaparición del mundo jurídico de la Resolución de fecha 9 de enero de 2009 , en igual sentido , se entiende que la Resolución 520/2008 también se ha extinguido por revocación (…) (…) la Sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo determina necesariamente la anulación de la resolución de fecha 9 de enero de 2009, pero no con ello que una resolución revocada vuelva a la vida (…) De esta forma, vemos que la sentencia no puede modificar el pasado, el acto anulado desplegó sus efectos y estos pueden resultar irreversibles, lo cual escapa a la jurisdicción . Por ello es que como bien señalan los letrados preopinantes, la Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló el acto del Poder Ejecutivo de fecha 9 de enero de 2009, lo que (…) determina la necesidad de que la Administración recomponga la situación, y ello no es que vuelva a la vida jurídica la resolución 520/2008 -revocada- , sino que deberá, conforme lo peticionado por FLIMAY S.A., dictar la resolución que correspondiere, y de resultar imposible la situación, en este caso con motivo de lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley 19.307, la vía que se tendrá a disposición será la reparatoria -en caso de corresponder (…)” (fs. 771 a 772, pieza 4, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En quinto lugar, la consulta jurídica de los Profesores Juan Andrés Ramírez y Gabriel Valentín (fs. 779 a 820, pieza 4, A.A.) se enfocó en emitir “una opinión externa acerca de la situación jurídica planteada , a fin de que el Estado pueda evaluar las decisiones a tomar en vía administrativa y el desarrollo de su posición como demandado en el proceso contencioso anulatorio actualmente en trámite ” (fs. 779, pieza 4, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En ese contexto, efectuaron una pormenorizada recensión de los antecedentes del caso a partir de la Resolución de la URSEC Nº 520/2008, que dispuso el otorgamiento de la licencia a FLIMAY S.A. En apretada síntesis, los consultores examinaron: i) el proceso contencioso anulatorio promovido contra la Resolución del Poder Ejecutivo de 9 de enero de 2009, que revocó la Resolución Nº 520/2008 (Ficha Nº 562/2009 ), los fundamentos de la sentencia Nº 773/2012 y los alcances de la cosa juzgada; y ii) el proceso contencioso anulatorio promovido contra la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 269/2013, de 10 de mayo de 2013 (Ficha Nº 895/2013) y la suspensión de la ejecución de ese acto (Ficha Nº 98/2014). Sobre el primer proceso, reseñaron los fundamentos principales de la sentencia Nº 773/2012 (fs. 781 a 782, pieza 4, A.A.) y, tras advertir que “la anulación del acto revocatorio por razones de mérito determinó (…), la extinción de sus efectos , y que el acto original volviera a desplegar sus efectos propios , y esos efectos son inalterables para las partes (…)” (fs. 796, pieza 4, A.A.), consideraron que la anulación del acto del Poder Ejecutivo de 9 de enero de 2009, no impedía la revocación por razones de ilegitimidad de la Resolución Nº 520/2008 (mediante la Resolución Nº 269/2013) y que ésta era un acto debido. A su juicio, la revocada era ilegítima por dos razones: a) antes de resolver, debió darse noticia a los licenciatarios de servicios de televisión para abonados; b) la adjudicación de la licencia violó los requisitos subjetivos establecidos en el artículo 9 del Decreto Nº 349/1990 (fs. 795 a 812, pieza 4, A.A.). Pero toda esta fundamentación, se reitera, estuvo centrada bajo la premisa que “la resolución del Poder Ejecutivo 269, de 10 de mayo de 2013, que hizo lugar al recurso jerárquico y revocó la resolución de la URSEC 520/008 “por razones de legitimidad” no hizo más que ejecutar un deber que le era impuesto por el ordenamiento jurídico” (fs. 799, pieza 4, A.A.) (la negrilla no está en el original). Luego de esto, los consultores volvieron a aclarar: “Como ya señalamos, la anulación del acto revocado determinó que el acto original, la resolución de la URSEC de 2008 , volviera a desplegar sus efectos. De modo que, para revocar esa resolución por razones de legitimidad, la administración debía analizar la situación de acuerdo al marco jurídico aplicable en 2008 (salvo, como dijimos, que hubiera normas retroactivas). Este punto fue el objeto del capítulo anterior de este informe. Ahora bien: si se entiende que el acto original no volvió a desplegar sus efectos , y que se debe sustanciar la petición de FLIMAY SA para adoptar una nueva resolución , el marco normativo aplicable sería el actual.” (fs. 813, pieza 4, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Y, tras recalcar que “desde esa perspectiva, en un análisis que por lo que ya señalamos lo formulamos solo a título de hipótesis ”, destacan que “ coincidimos con los informes de varios asesores y jerarcas del MIEM, en cuanto a que la empresa no habría acreditado las actuales exigencias imprescindibles para otorgar la licencia ” (fs. 813, pieza 4, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Es así como analizaron (fs. 813 a 818, pieza 4, A.A.) y concluyeron que “En el marco normativo vigente, esa sociedad tampoco cumple con las exigencias de la ley 19.307, ya que existe una incompatibilidad y no se verifican las condiciones subjetivas” (fs. 820, pieza 4, A.A.), básicamente por entender que en esa hipótesis se infringen las disposiciones de los artículos 56 y 104 a 106 de la Ley Nº 19.307 (la negrilla y el subrayado no están en el original). En lo que respecta al segundo proceso (promovido contra la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 269/2013 ( Ficha Nº 895/2013 ) y la suspensión de la ejecución de ese acto (Ficha Nº 98/2014 ), los juristas efectuaron una detallada reseña de las distintas etapas y destacaron que: i) el proceso contencioso anulatorio se encontraba -al tiempo de emisión de la consulta- en etapa de certificación de la prueba (fs. 784 a 785, pieza 4, A.A.); ii) por sentencia interlocutoria Nº 587/2014, se decretó la suspensión transitoria y total del acto impugnado (Resolución Nº 269/2013), la cual pasó en autoridad de cosa juzgada (fs. 786, pieza 4, A.A.); iii) por sentencia interlocutoria Nº 428/2016, se dispuso mantener la suspensión de la ejecución del acto impugnado; iv) por providencia Nº 7640/2016, se dispuso intimar el cumplimento de la sentencia Nº 587/2014, la que se hizo efectiva el 28 de setiembre de 2016 (fs. 789, pieza 4, A.A.); v) el 11 de octubre de 2016, el Poder Ejecutivo presentó escrito de cumplimiento de la intimación, agregando copia de la Resolución del Poder Ejecutivo de 10 de octubre de 2016 , que suspendió transitoria y totalmente la Resolución Nº 269/2013, a lo que se proveyó por decreto Nº 8451/2016 “Téngase presente y cúmplase con lo pendiente” (fs. 789, pieza 4, A.A.); vi) el 5 de mayo de 2017, FLIMAY S.A. denunció que promovió un proceso de amparo sobre el que recayó la sentencia Nº 55/2016 , que declaró que la acción carecía de objeto al haberse dictado la Resolución del Poder Ejecutivo de 10 de octubre de 2016 , que suspendió transitoria y totalmente la Resolución Nº 269/2013. Dicha sentencia no fue apelada y quedó firme (fs. 789 a 792, pieza 4, A.A.); vii) por decreto Nº 3358/2017, se intimó el cumplimento de la sentencia Nº 587/2014 , la que se hizo efectiva el 12 de junio de 2017 (fs. 789, pieza 4, A.A.); viii) el 27 de junio de 2017, el Poder Ejecutivo contestó la intimación (fs. 792, pieza 4, A.A.). Seguidamente, se detalló el íter procedimental del expediente administrativo 2016-8-1-0000669 , en el que se dilucidaron actuaciones administrativas ante la intimación del TCA de 28 de setiembre de 2016, a cumplir la sentencia Nº 587/2014, de suspensión de ejecución del acto impugnado, reseñando las distintas etapas desde su cumplimiento, pasando por el informe de la asesoría de la Dirección General de Secretaría del MIEM de 14 de diciembre de 2016, hasta el dictamen de la Fiscalía de Gobierno y la consulta que finalmente se les formuló (fs. 792 a 795, pieza 4, A.A.). Una vez incorporada la consulta jurídica de mención, la Administración procedió al dictado de la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 1042/2017, de 6 de noviembre de 2017, que se procesa en autos (fs. 16 a 17 vto., infolios y fs. 836 a 847, pieza 4, A.A.). Paralelamente, y en virtud de la contestación que formuló la Administración a la segunda intimación (dispuesta por decreto Nº 3358/2017, de 12 de mayo de 2017), alegando que el marco normativo le impedía dar cabal cumplimiento a lo solicitado por FLIMAY S.A., el Tribunal entendió que la cuestión merecía mayor estudio, pasando al análisis de la totalidad de los Ministros, recayendo luego la sentencia interlocutoria Nº 945, de 30 de noviembre de 2017 , por la cual se intimó por tercera vez el cumplimiento de la sentencia Nº 587/2014, agregándose en el fallo que debía considerase que la licencia se encontraba vigente , estableciendo un plazo de diez días para que el Poder Ejecutivo instruyera a sus dependencias para que actuaran de acuerdo a lo prevenido. Con posterioridad, a esta última intimación, comparecieron los terceros coadyuvantes con la Administración a solicitar la clausura de las actuaciones por falta de objeto , en virtud del dictado de la Resolución Nº 1042/2017, que dispuso la revocación por razones de ilegitimidad de la Resolución Nº 269/2013. Finalmente, se dictó la sentencia Nº 387, de 20 de setiembre de 2018, mediante la cual, siguiendo la posición tradicional del Tribunal (sentencias Nº 1031/2011, 645/2017, 891/2017 ), las opiniones doctrinales de José Korzeniak ( “Cesación de la materia de la contienda” , Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, tomo 67, p. 232 y 233), Constancio Levrero Bocage (“Cesación de los efectos del acto administrativo y objeto de la acción de nulidad” , Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, tomo 67, p. 254 a 258 y “Rectificación plausible de la jurisprudencia sobre cesación de la materia de la contienda”, Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, tomo 69, p. 255), y la consulta jurídica del Profesor Santiago Pereira Campos (agregada al expediente Ficha Nº 895/2013), se decretó la clausura de las actuaciones (en el expediente principal, Ficha Nº 895/2013 y en la pieza de suspensión del acto Ficha Nº 98/2014), al haberse extinguido con efectos ex - tunc la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 269/2013 (a través del dictado de la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 1042/2017). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir de la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 448 a 455) y en su mérito, amparará la demanda y dispondrá la anulación del acto encausado, por los fundamentos que se habrán de explicitar. La litis planteada en los presentes autos no es desconocida por el Tribunal y lleva años ventilándose sin solución de continuidad que ya parece una larga retahíla sin fin, tal como se desprende de los antecedentes reseñados en el Considerando II) ut supra de la presente. El “nudo gordiano” de la cuestión radica en los alcances del primigenio fallo de la sentencia Nº 773/2012, mediante la cual se anuló la resolución revocatoria ( Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 9 de enero de 2009) de la licencia otorgada a la accionante oportunamente para el suministro del servicio de televisión para abonados por el sistema satelital de televisión directa al hogar (TDH), con carácter nacional, dispuesta por la Resolución de la URSEC Nº 520/008, de fecha 23 de octubre de 2008. En la tesis de la Administración, se pretende sostener la inexistencia de la Resolución de la URSEC Nº 520/2008 y del consecuente error en los motivos de la Resolución Nº 269/2013, que la revocó, sobre la base que: 1º) “(…) la anulación extingue el segundo acto , el revocatorio , mas el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no puede revivir el acto de otorgamiento de la licencia per se u ordenar el otorgamiento de la misma sin vulnerar el principio de separación de poderes (…)” (Cf. informe de 14 de diciembre de 2016, de la asesoría letrada de la Dirección General de Secretaría del MIEM, fs. 351 a 352, pieza 2, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). 2º) “En el caso a estudio , la resolución Nº 269/013, revocó una resolución que ya no existía, por lo que, estando el Estado en esta instancia en oportunidad de advertir la nulidad de dicha resolución por haberse configurado un error en la consideración de los motivos que lo llevaron a dictarla (…), es que corresponde que el Estado revoque de oficio por razones de legalidad dicha resolución (…)” (Cf. informe de 14 de diciembre de 2016, de la asesoría letrada de la Dirección General de Secretaría del MIEM, fs. 359, pieza 2, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). 3º) “(…) la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 269/013, que acogió el recurso jerárquico interpuesto por dichos operadores contra la resolución de la URSEC Nº 520/008 , revocó una resolución que ya no existía en el mundo jurídico (por haber sido revocada por la Resolución del Poder Ejecutivo de 9 de enero de 2009 ), por lo que , habiendo el Estado advertido la nulidad de su Resolución por haberse configurado un error en la consideración de los motivos que lo llevaron a dictarla, es que corresponde que el Estado revoque de oficio por razones de legalidad dicha resolución” (Cf. informe de la Dirección General de Secretaría del MIEM de 16 de junio de 2017, fs. 757, pieza 4, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). 4º) “(…) como se afirma en obrados , el efecto anulatorio de la sentencia determina que operó la desaparición del mundo jurídico de la Resolución de fecha 9 de enero de 2009, en igual sentido, se entiende que la Resolución 520/200,8 también se ha extinguido por revocación (…) (…) la Sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo determina necesariamente la anulación de la resolución de fecha 9 de enero de 2009, pero no con ello que una resolución revocada vuelva a la vida (…) De esta forma, vemos que la sentencia no puede modificar el pasado, el acto anulado desplegó sus efectos y estos pueden resultar irreversibles, lo cual escapa a la jurisdicción. Por ello, es que como bien señalan los letrados preopinantes, la Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló el acto del Poder Ejecutivo de fecha 9 de enero de 2009, lo que (…) determina la necesidad de que la Administración recomponga la situación, y ello no es que vuelva a la vida jurídica la resolución 520/2008 -revocada-, sino que deberá, conforme lo peticionado por FLIMAY S.A., dictar la resolución que correspondiere (…)” (Cf. dictamen Nº 377/2017, de la Fiscalía de Gobierno de 2º Turno (fs. 771 y Considerando III) del acto impugnado, fs. 824, pieza 4, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Semejante teoría, se da de bruces con la calificada opinión del Profesor Augusto Durán Martínez, que hasta por entonces la Administración había seguido y citado, en el sentido que “la anulación extingue el acto administrativo con efectos retroactivos , como si nunca hubiese existido lo que en la especie implica que recobra plena vigencia el acto revocado y FLIMAY S.A. recupera la licencia oportunamente otorgada” (véase el Considerando VI) de la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 269, de 10 de mayo de 2013 , a fs. 41, pieza 1, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Y también contraviene la opinión consultiva externa que la Administración requirió a los Profesores Juan Andrés Ramírez y Gabriel Valentín, quienes, en todo momento precisaron que: “la anulación del acto revocatorio por razones de mérito determinó (…), la extinción de sus efectos, y que el acto original volviera a desplegar sus efectos propios , y esos efectos son inalterables para las partes (…)”y que “Como ya señalamos, la anulación del acto revocado determinó que el acto original , la resolución de la URSEC de 2008 , volviera a desplegar sus efectos .” (véase en este sentido la referida consulta jurídica, de 23 de octubre de 2017, a fs. 796 y 813, respectivamente, pieza 4, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Como lo sostiene la doctrina especializada, al anularse el acto revocatorio por el fallo citado, dicho acto se extingue, desaparece del mundo jurídico como si nunca se hubiese dictado, con efectos retroactivos al momento de su perfeccionamiento (“ex tunc”) (Cf. Héctor Giorgi, “El Contencioso Administrativo de Anulación”, Montevideo, 1958, p. 292, Enrique Sayagués Laso, “Tratado de Derecho Administrativo” , tomo II, FCU, 1988, p. 596, Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Sobre Derecho Administrativo”, tomo II, FCU, 2012, p. 775; y Augusto Durán Martínez, “Contencioso Administrativo”, FCU, 2015, p. 348). Con tal entendimiento, debe concluirse desde un punto de vista de estricta lógica jurídica que la anulación de la revocatoria ilegítima de la licencia de comunicación otorgada originariamente al actor en el año 2008, hace recobrar plenamente el valor y vigencia de esta, y por consecuencia, el derecho de FLIMAY S.A al uso de esta. Así también lo sostuvo el Tribunal en las sentencias Nº 587/2014, 428/2016, sobre el incidente de suspensión de ejecución de la nueva revocatoria de la Resolución de la URSEC Nº 520/2008, dispuesta por razones de legitimidad, por la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 269/13, y el rechazo del pedido de levantamiento de la suspensión transitoria y total dispuesta sobre esta última. En dichos fallos, la Corporación claramente expresó: “Sin perjuicio de lo dicho, cabe agregar que le asiste razón al incidentista en cuanto a recobrar vigencia la licencia de Flimay S.A. en virtud de la Sentencia No. 773/12 , haya realizado contrataciones e inversiones en los equipos necesarios para llevar adelante el servicio, siendo los posibles daños que podría acarrear su incumplimiento, de una entidad considerable de lo expresado en los considerandos anteriores.” (sentencia Nº 587/2014); “II) En efecto, al recobrar vigencia nuevamente la licencia concedida oportunamente a FLIMAY S.A. en virtud de la Sentencia Nº 773/2012 , para la Corporación los daños derivados de las inversiones y contrataciones ya realizadas por la actora y que pueden verse frustradas por el acto revocatorio impugnado, siguen siendo de una entidad considerablemente mayor a los que acarrearía la suspensión de dicho acto para la organización y funcionamiento de la Administración demandada.” (sentencia Nº 428/2016) (la negrilla no está en los originales). En esta misma línea de razonamiento se pronunciaron además los Profesores Carlos Delpiazzo y Martín Risso Ferrand, en las consultas glosadas a las presentes actuaciones. Así, el Profesor Delpiazzo destacó: “Desde el punto de vista aplicativo al caso, es evidente que la sentencia anulatoria Nº 773/012 reestableció la vigencia de la licencia originalmente otorgada en el año 2008 al anular su revocación ilegítima” (fs. 38 vto., infolios) y que también “es claro que la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 587/014, ratificada por la similar Nº 428/016 y seguida de dos intimaciones con plazo para su cumplimiento, reestableció la vigencia de la licencia originalmente otorgada en el año 2008 ” (véase la consulta de 17 de noviembre de 2017, a fs. 39, infolios) (la negrilla no está en el original). En tanto, el Profesor Risso Ferrand, consignó: “En definitiva , la anulación de un acto que revocó otro anterior, no tiene otra consecuencia que el reconocimiento de la vigencia del acto revocado . De nada sirve hablar de revocación de un acto administrativo, ni de los efectos respecto de terceros. El juicio se trabó entre el actor y el emisor del acto anulado y la única opción válida es reconocer la plena vigencia del acto revocado por el luego anulado. He visto en el material que se me entregó que existe: a) alguna opinión que dice que la sentencia del TCA anula el acto revocatorio y también el revocado y b) alguna otra que postula que el acto revocado no recobra su vigor como consecuencia de la sentencia del TCA . Entiendo que ninguna de estas posiciones puede aceptarse . La primera, pues si se logró la nulidad de un acto por haber revocado otro , es claro que para el Tribunal el primero en el tiempo era válido y no debió ser revocado (no puede cambiarse ni extenderse el efecto de la sentencia ). La segunda, en la medida que el efecto ex tunc de la sentencia conduce a que , como ha señalado la doctrina, debe considerarse que el acto anulado nunca existió, por lo que sus efectos revocatorios no pueden ser invocados por el Estado luego de la sentencia ” (véase la consulta de 30 de noviembre de 2017, a fs. 48, infolios) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Y más adelante, concluyó: “Sobre el alcance de la sentencia del TCA que anuló la Resolución revocatoria de 2009, ya he dado mi opinión al comenzar este informe. No cabe duda alguna en cuanto que la sentencia del TCA hizo desaparecer la Resolución revocatoria de 2009 y debe hacerse como si nunca hubiera existido. Al desaparecer la resolución revocatoria con efecto retroactivo, los efectos revocatorios de la resolución de 2009 desaparecen y la licencia otorgada por la Resolución 520 de 2008, recobra su vigor y vigencia. Esto es una consecuencia incuestionable de la sentencia de anulación ” véase la consulta de 30 de noviembre de 2017, a fs. 51 vto., infolios) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El Tribunal no “revivió” la Resolución de la URSEC Nº 520/2008 y tampoco puede argumentarse que la misma hubiera “desplegado todos sus efectos”. De lo que se trata aquí, es de la consecuencia natural y obvia de los efectos de la sentencia anulatoria sobre el acto revocatorio de la referida Resolución Nº 520/2008, que al desaparecer del mundo jurídico con efecto ex tunc hizo que esta recobrara su vigencia y existencia , desplegando sus efectos propios. Y no hay en ello ninguna violación al principio de separación de poderes de parte de este Colegiado. Por el contrario, lo que sí hubo es una afectación a dicho principio y a la inalterabilidad de la cosa juzgada de la sentencia Nº 773/2012 , de parte de la Administración, que desconoció que al anularse el acto revocatorio de la Resolución de la URSEC Nº 520/2008, la licencia clase D otorgada por esta recobró su vigencia y volvió a desplegar sus efectos. Del mismo modo, se observa que la demandada desoyó los pronunciamientos de las sentencias interlocutorias Nº 587/2014 (que decretó la suspensión provisoria y total de la Resolución Nº 269/2013) y 428/2016 (que desestimó el pedido de levantamiento de la suspensión de dicho acto), como de las providencias de intimación de cumplimiento de la sentencia Nº 587/2014 , en las que en forma prístina y palmaria se le hacía saber que la licencia clase D concedida a FLIMAY S.A. (por Resolución de la URSEC Nº 520/2008 ) había recobrado su vigencia , en virtud de la sentencia Nº 773/2012. Por otro lado, se configuró también un vicio en la motivación ya que los fundamentos de Derecho no se corresponden con las normas y los hechos considerados no son todos como se plantean. Así, siguiendo la posición de Cajarville, se presenta un supuesto de inexistencia e ilegitimidad en los motivos . Como explica el autor, “(…) en cuanto a la apreciación de la existencia o inexistencia en sí misma de los hechos y su valoración jurídica (legitimidad o ilegitimidad), la Administración no goza de ninguna discrecionalidad. Si los hechos operantes como supuesto normativo , o motivos del acto administrativo, no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia de los motivos. Si los hechos son como la Administración pretende , pero no caben en el supuesto (determinado o indeterminado) de la norma atributiva del poder de dictar el acto, éste estará viciado por ilegitimidad de los motivos.” (Cf. Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Sobre Derecho Administrativo”, 3ª Edición, FCU, 2012, p. 32 a 33) (la negrilla y el subrayado no están en el original). O bien, desde la postura sustentada por autores como Alberto Ramón Real y Augusto Durán Martínez, se está ante una motivación inexacta. Al respecto, señalaba el primero de los autores: “(…) la fundamentación del acto debe ser exacta , las razones de Derecho deben corresponder a los textos invocados y los hechos deben ser verdaderos. No basta que existan los hechos , sino que se les aprecie correctamente . La Administración debe ser veraz no solo en cuanto a la existencia de los motivos sino también en cuanto a la calificación jurídica y a la subsunción de las situaciones de hecho en el tipo de los conceptos jurídicos indeterminados (Cf. Alberto Ramón Real, “La fundamentación del acto administrativo”, en LJU, T. LXXX, p. 10 a 11 (la negrilla y el subrayado no están en el original). En tanto, Durán Martínez expresa: “ La motivación , además de ser suficiente y congruente , para ser legítima debe , además, ser exacta . La motivación es exacta cuando son ciertas las circunstancias de hecho enunciadas, cuando las reglas de derecho invocadas son aplicables al caso y su interpretación es correcta y cuando la finalidad enunciada puede ser satisfecha con lo decidido.” (Cf. Augusto Durán Martínez, “Motivación del acto administrativo y buena administración” en AA.VV. “Ética; Estado de Derecho; Buena Administración” , Universidad Católica del Uruguay, 2013, p 137 a 138) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En suma, por estos fundamentos, se concluye que resulta ilegítima la declaración de inexistencia jurídica de la Resolución de la URSEC N° 520/2008, de fecha 23 de octubre de 2008 que hace la impugnada en su numeral 1º). IV) Continuando con el examen de los componentes de la Resolución Nº 1042/2017, en el numeral 2º) se dispuso la revocación por razones de legitimidad de la Resolución Nº 269/2013 , que a su vez revocaba -también por razones de legitimidad- la Resolución de la URSEC Nº 520/2008, ahora declarada como “inexistente jurídicamente”. La plataforma argumental que dio cima a esta decisión se encuentra estrechamente vinculada con las razones que llevaron a la declaración de inexistencia jurídica que se viene de analizar. En efecto, los motivos por los cuales se dispuso la revocación por razones de legitimidad de la Resolución Nº 269/2013, se relacionan con la declaración de inexistencia jurídica de la Resolución Nº 520/2008. Así, conviene recordar que en el informe del 14 de diciembre de 2016, de la asesoría de la Dirección General de Secretaría del MIEM se expresaba: “ En el caso a estudio , la resolución Nº 269/013 revocó una resolución que ya no existía, por lo que, estando el Estado en esta instancia en oportunidad de advertir la nulidad de dicha resolución por haberse configurado un error en la consideración de los motivos que lo llevaron a dictarla (…), es que corresponde que el Estado revoque de oficio por razones de legalidad dicha resolución (…)” (Cf. informe de 14 de diciembre de 2016, de la Asesoría letrada de la Dirección General de Secretaría del MIEM, fs. 359, pieza 2, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Y lo mismo se reafirmó en el informe de la Dirección General de Secretaría del MIEM, de 16 de junio de 2017, al consignar que “(…) la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 269/013 que acogió el recurso jerárquico interpuesto por dichos operadores contra la resolución de la URSEC Nº 520/008, revocó una resolución que ya no existía en el mundo jurídico (por haber sido revocada por la Resolución del Poder Ejecutivo de 9 de enero de 2009), por lo que, habiendo el Estado advertido la nulidad de su Resolución por haberse configurado un error en la consideración de los motivos que lo llevaron a dictarla, es que corresponde que el Estado revoque de oficio por razones de legalidad dicha resolución” (Cf. informe de la Dirección General de Secretaría del MIEM de 16 de junio de 2017, fs. 757, pieza 4, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por otro lado, la Fiscalía de Gobierno de 2º Turno hizo caudal de la idea que “(…) como se afirma en obrados , el efecto anulatorio de la sentencia determina que operó la desaparición del mundo jurídico de la Resolución de fecha 9 de enero de 2009, en igual sentido, se entiende que la Resolución 520/2008 también se ha extinguido por revocación (…) (…) la Sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo determina necesariamente la anulación de la resolución de fecha 9 de enero de 2009, pero no con ello que una resolución revocada vuelva a la vida (…) De esta forma, vemos que la sentencia no puede modificar el pasado, el acto anulado desplegó sus efectos y estos pueden resultar irreversibles, lo cual escapa a la jurisdicción. Por ello es que como bien señalan los letrados preopinantes, la Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló el acto del Poder Ejecutivo de fecha 9 de enero de 2009, lo que (…) determina la necesidad de que la Administración recomponga la situación, y ello no es que vuelva a la vida jurídica la resolución 520/2008 -revocada-, sino que deberá, conforme lo peticionado por FLIMAY S.A., dictar la resolución que correspondiere (…)” (Cf. dictamen Nº 377/2017, de la Fiscalía de Gobierno de 2º Turno (fs. 771 y Considerando III) del acto impugnado, fs. 824, pieza 4, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Como ya se vio, la sentencia Nº 773/2012, determinó exactamente lo contrario a lo que se sostuvo en estos informes y dictámenes que dieron sustento al acto impugnado. En efecto, como consecuencia de la anulación de la Resolución del Poder Ejecutivo de 9 de enero de 2009, revocatoria de la Resolución de la URSEC Nº 520/2008, lo que ocurrió fue que esta última recobró su vigencia y existencia, desplegando sus efectos propios. La tesis que propugna la Administración, según la cual la sentencia Nº 773/2012, anuló la Resolución del Poder Ejecutivo de 9 de enero de 2009, pero no implicó que la Resolución de la URSEC Nº 520/2008, volviera “a la vida jurídica” , carece de sustento lógico y contraviene las enseñanzas de la prestigiosa doctrina de distintas especialidades a la que se hizo referencia en el Considerando III ) ut supra de la presente, la que por otra parte había sido seguida por la Administración, al menos hasta el dictado de la Resolución Nº 269/2013. Y contraviene además las sentencias Nº 587/2014 (que decretó la suspensión provisoria y total de la Resolución Nº 269/2013) y 428/2016 (que desestimó el pedido de levantamiento de la suspensión de dicho acto), como también las providencias de intimación de cumplimiento de la sentencia Nº 587/2014, en las que de manera clara y precisa se había hecho saber que la licencia clase D concedida a FLIMAY S.A. (por Resolución de la URSEC Nº 520/2008) había recobrado su vigencia, en virtud de la sentencia Nº 773/2012. Así, en vez de aprestarse a cumplir con las sentencias Nº 773/2012 y 587/2014, como se alegó (véase lo expresado especialmente el informe de 14 de diciembre de 2016, de la asesoría jurídica de la Dirección General de Secretaría del MIEM, de fs. 326 a 327, pieza 2, infolios), la Administración adoptó la tesitura de formularles encendidas críticas, y luego de ello, elaboró equivocados razonamientos, en franca contravención a los alcances y efectos de dichos fallos. Por otro lado, al igual que en el caso del numeral 1º) de la impugnada, se configuró un vicio en la motivación , que siguiendo una corriente doctrinal (Cajarville) configura un supuesto de inexistencia e ilegitimidad en los motivos y desde otro enfoque, encartó en una hipótesis de motivación inexacta. A su vez, estos errores en los que incurrió la Administración en el punto de partida de los razonamientos del impugnado determinan la nulidad de los numerales 3º) y 4º). En efecto, en virtud que la “inexistencia jurídica” de la Resolución de la URSEC Nº 520/2008, no fue tal, y que la revocación por razones de ilegitimidad de la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 269/2013 (numeral 2º) se basó en un presupuesto erróneo (revocar un “acto inexistente” ), es claro que la repristinación que se planteó en el numeral 3º) tampoco resulta legítima en cuanto declara “ que el procedimiento administrativo tendiente al cumplimiento de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 773/012, de fecha 22 de noviembre de 2012, se retrotrae a la consideración del petitorio de FLIMAY S.A. consistente en el otorgamiento de la licencia Clase D (…)” (fs. 17 vto., infolios y fs. 847, pieza 4, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Asimismo, por vía consecuencial no resulta ajustada a Derecho la desestimatoria de dicho pedimiento contenida en el numeral 4º) , que, situada en ese momento, dispone “No hacer lugar a lo solicitado por la empresa FLIMAY S.A. por no ajustarse a lo dispuesto en los artículos 56 y 104 a 106 de la Ley Nº 19307, de 29 de diciembre de 2014 y a los artículos 9 y 11 del Decreto Nº 115/003, de 25 de marzo de 2003, y, 8 y 9 del Decreto Nº 349/990 de 7 de agosto de 1990” (fs. 16 a 17 vto., infolios y fs. 836 a 847, pieza 4, en carpeta verde de 985 fojas, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Para cumplir con la sentencia Nº 773/2012, era imprescindible tener en cuenta el efecto natural del pronunciamiento anulatorio de la Resolución del Poder Ejecutivo de 9 de enero de 2009, que había revocado la Resolución de la URSEC Nº 520/2008. Y como ya se explicitó anteriormente, la anulación de dicho acto determinó que la Resolución de la URSEC Nº 520/2008, recobró plenamente su vigencia y volvió a surtir efectos. Así las cosas, la recomposición del procedimiento tendente al cumplimiento de las sentencias del Tribunal no podía retrotraerse al momento de la presentación de la petición de FLIMAY S.A. , lo cual exime de mayores comentarios acerca de los desajustes normativos que se le señalan. Sin perjuicio de ello, importa destacar que en lo que tiene que ver con la aplicación de las disposiciones de la Ley Nº 19.307 -a las que se hace mención en el numeral 4º) del impugnado- el Tribunal ya había advertido (en el incidente de la suspensión provisoria y total de la Resolución Nº 269/2013 , Ficha Nº 98/2014 ) que “La aprobación de la Ley No. 19.307, de 29 diciembre de 2014 en nada incide en la suspensión de la ejecución de un acto administrativo anterior y por tanto, creador de una situación jurídica preexistente a la generada por la norma legal invocada.” (sentencia Nº 428/2016) (la negrilla no está en el original). V) En otro orden, el Tribunal observa un proceder de la Administración que, en apartamiento de sus fallos , no se ajustó al “fin debido”, procurando por todos los mecanismos posibles la desaparición de la licencia clase D otorgada a FLIMAY S.A. Así, se apeló a una rebuscada teoría de la “inexistencia jurídica” de la Resolución de la URSEC Nº 520/2008 , basada en una interpretación contraria a los sendos pronunciamientos de este Colegiado , que en todo momento le hicieron saber que como consecuencia del dictado de la sentencia Nº 773/2012 , la licencia clase D otorgada a FLIMAY S.A. había recobrado plenamente su vigencia. En este sentido, cabe recordar que en el incidente de suspensión provisoria y total de la Resolución Nº 269/2013 ( Ficha Nº 98/2014 ) se indicó: “Sin perjuicio de lo dicho, cabe agregar que le asiste razón al incidentista en cuanto a recobrar vigencia la licencia de Flimay S.A. en virtud de la Sentencia No. 773/12, haya realizado contrataciones e inversiones en los equipos necesarios para llevar adelante el servicio, siendo los posibles daños que podría acarrear su incumplimiento, de una entidad considerable de lo expresado en los considerandos anteriores.” (sentencia Nº 587/2014) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Y más adelante en el tiempo, cuando el Poder Ejecutivo promovió el levantamiento de la suspensión de la Resolución Nº 269/2013 (Ficha Nº 98/2014), se reiteró : “II) En efecto , al recobrar vigencia nuevamente la licencia concedida oportunamente a FLIMAY S.A. en virtud de la Sentencia Nº 773/2012 , para la Corporación los daños derivados de las inversiones y contrataciones ya realizadas por la actora y que pueden verse frustradas por el acto revocatorio impugnado, siguen siendo de una entidad considerablemente mayor a los que acarrearía la suspensión de dicho acto para la organización y funcionamiento de la Administración demandada.” ( sentencia Nº 428/2016) (la negrilla no está en los originales). Otro tanto cabe señalar acerca de las sendas intimaciones de cumplimiento de la sentencia Nº 587/2014, que se practicaron para que la Administración ajustara su proceder a dichos lineamientos, que implicaban la vigencia y existencia de la licencia clase D concedida a FLIMAY S.A. Sin embargo, a pesar de haber dictado una Resolución de 10 de octubre de 2016, que decretó la suspensión transitoria y total de la Resolución Nº 269/2013 (fs. 323, pieza 2, A.A.), en cumplimiento de lo que se le intimó, la Administración sustanció luego un procedimiento tendente a hacer todo lo contrario, el cual desembocó en el dictado del encausado. En efecto, aun cuando se diga que dicho procedimiento estuvo encaminado a cumplir con las sentencias Nº 773/2012 y 587/2014 (véase especialmente lo consignado en el informe de 14 de diciembre de 2016, de la asesoría jurídica de la Dirección General de Secretaría del MIEM, de fs. 326 a 327, pieza 2, A.A.), lo que realmente sucedió fue que la Administración formuló una andanada de críticas contra la fundamentación de sentencias que habían pasado en autoridad de cosa juzgada , y, no conforme con ello, terminó por revocar -por razones de legitimidad- la Resolución Nº 269/2013, vaciando así de contenido a los procesos que hasta entonces se venían dirimiendo, que tenían por objeto la anulación de dicho acto ( Ficha Nº 895/2013 ) y su suspensión provisoria y total ( Ficha Nº 98/2014). Esta cuestión fue específicamente tratada por el Profesor Martín Risso Ferrand, en términos que -en general- resultan compartibles. En concreto, el prestigioso jurista se focalizó en el análisis del fin perseguido con el dictado de la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 1042/2017, aquí procesada en los siguientes términos: “(¿Cuál es el fin de la Resolución de 2017?) Todo acto administrativo tiene que tener motivación y perseguir un fin . Teniendo presente que los efectos de la inexistencia (luego demostraré que esa noción no existe en nuestro derecho y que jamás podrá considerarse inexistente una resolución de 2008 que el Ejecutivo trata de revocar sin éxito desde hace años) son similares a los que tendría la Resolución de 2013 que revocó la licencia por razones de legalidad: ¿cuál es el motivo y cuál es el fin de esta nueva resolución? Dos motivos son posibles (por separados o en forma conjunta) para revocar un acto y simultáneamente dictar otro con efectos y fundamentos iguales, al que llama declaración de inexistencia : a) temen que el TCA declare la nulidad de la segunda resolución revocatoria de 2013 y se adelantan a eso revocando el acto, pero con el artilugio de la declaración de inexistencia mantienen los efectos del acto de 2013, revocado (revocan pero mantienen los efectos); o b) como el TCA mantiene el efecto suspensivo sobre la resolución revocatoria de 2013, eluden el pronunciamiento del TCA con la revocación del acto. Pero, insisto, luego de la revocación de la resolución de 2013, declaran una inexistencia de dicha resolución por los mismos fundamentos y con los mismos efectos que la resolución de 2013. O sea, el motivo real no fue ajustar la actuación del Estado a derecho, sino mantener los efectos de la segunda resolución revocatoria, burlándose del TCA al que le vacían de contenido un expediente judicial y , además, procurando que el titular de la licencia deba iniciar nuevas acciones judiciales. Es una chicana inaceptable; quieren demorar el trámite y obligar al inicio de nuevos juicios. Podría haberse pensado, al leer la Resolución de 2017, que el Ejecutivo persigue corregir un error de la Resolución de 2013, pero no es así. Revoca la Resolución de 2013 y por los mismos argumentos declara inexistente la licencia de 2008. Los efectos que pretendía con la Resolución de 2013 son exactamente los mismos que tiene ahora la Resolución de 2017. El fin perseguido con la resolución de 2017 es claramente ilícito , pues por esta vía el Ejecutivo busca : a) dejar sin objeto un proceso de nulidad ante el TCA que sabe que va a perder; b) terminar con la suspensión del acto dictada por el TCA ; y c) obligar al licenciatario a tener que promover otro juicio ante el TCA. Esto no es válido, primero, pues ningún perjuicio sufre el Ejecutivo y, segundo, pues no se puede burlar al TCA en forma tan tosca. Es todo un camuflaje de la situación anterior que formalmente revoca el acto de 2013, pero sus efectos se mantienen. No cabe duda respecto a que el motivo y el fin son contrarios a derecho.” (véase la consulta de 30 de noviembre de 2017, de fs. 50 a 50 vto., infolios) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Pues bien, buena parte de los elementos que se vienen de reseñar se verifican en el caso y conducen a considerar que los razonamientos formulados resultan plausibles. Ello por cuanto: i) existían sendos pronunciamientos jurisdiccionales que le habían hecho saber a la Administración que la licencia clase D concedida a FLIMAY S.A. estaba plenamente vigente ; ii) estaba decretada la suspensión provisoria y total de la Resolución Nº 269/2013 ( sentencia Nº 587/2014 ) y ya se había desestimado un pedido de levantamiento de suspensión del acto a partir de fundamentaciones que se volvieron a traer a colación a través del impugnado (sentencia Nº 428/2016); iii) el trámite del proceso contencioso anulatorio promovido contra la Resolución Nº 269/2013, ya se encontraba en etapa de certificación de la prueba (véase en este sentido la consulta de 23 de octubre de 2017, de los Profesores Juan Andrés Ramírez y Gabriel Valentín, a fs. 785, pieza 4, A.A.); iv) por la vía de la declaración de la “inexistencia jurídica” de la Resolución de la URSEC Nº 520/2008, se lograba el mismo efecto que con la Resolución Nº 269/2013, que en definitiva la hacía desaparecer del mundo jurídico, con efecto retroactivo; y v) al revocar la Resolución Nº 269/2013 , se dejó sin objeto el proceso contencioso anulatorio (Ficha Nº 895/2013) y el incidente de suspensión de ejecución (Ficha Nº 98/2014 ), obligando a la accionante a promover otro proceso. En el casus, el Tribunal considera que se configuró un supuesto de desviación de poder. Siguiendo a Cajarville, “desviación de poder” existirá siempre que el “fin querido” por la voluntad de la Administración, apreciado subjetivamente, no coincida con el “fin debido ”, impuesto por las reglas de derecho ” (Cf. Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Invalidez de los actos administrativos”, en “Sobre Derecho Administrativo”, tomo II, FCU, Montevideo, 2012, p. 80) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Sobre el punto, explica el autor: “ En tanto en la base de la voluntad jurídica del órgano hay generalmente una expresión de voluntad psicológica del o los titulares del órgano , esta voluntad conlleva siempre un fin, como intención, propósito, objetivo o designio, porque es propio de la voluntad humana querer para una finalidad. El acto aparece así como el medio utilizado por el agente para lograr el fin que se propone . Este fin efectivamente contenido en el acto como representación psicológica o subjetiva por el titular del órgano de un efecto o resultado final efectivamente procurado –que puede denominarse fin querido - debe coincidir con el fin debido impuesto por la regla de derecho atributiva de la competencia (…); la no coincidencia del fin querido con el debido configura la desviación de poder , vicio del acto que produce su invalidez (Constitución, art. 309; Decreto-ley Nº 15.524, arts. 23 ap. a).” (Cf. Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Invalidez de los actos administrativos” , en “Sobre Derecho Administrativo” , op. cit, p. 41) (la negrilla y el subrayado no están en el original). De las actuaciones sustanciadas se desprende que la demandada desconoció la autoridad de cosa juzgada de las sentencias del Tribunal y los efectos de la suspensión del acto administrativo impugnado, en aras de eliminar la licencia otorgada a la actora, avasallando con ello al principio de separación de poderes característico de un Estado de Derecho. En definitiva, en la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 1042/2017 , que declaró la “inexistencia jurídica” de la Resolución de la URSEC Nº 520/2008 y revocó por razones de ilegitimidad la Resolución Nº 269/2013, existió desviación de poder en la medida que el fin perseguido no coincidió con el “fin debido”. VI) Por último, el Tribunal hará lugar asimismo a la condena en costas y costos de la demandada , que fuera solicitada por la accionante en el apartado 4.10. de su demanda (fs. 111 a 112, infolios). Ello por cuanto el dictado de la Resolución impugnada supuso un total desconocimiento por parte de la Administración demandada a lo oportunamente resuelto por la Corporación en las sentencias Nº 773/2012, 587/2014 y 428/2016 , lo que revela que obró con manifiesta sinrazón y supone un actuar temerario, merecedor de la referida condena (artículo 688 del Código Civil). Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Ampárase la acción anulatoria y, en su mérito, anúlase la Resolución impugnada. Costas y costos de cargo de la parte demandada. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y terceristas, en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil), cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).