Sentencia Definitiva N° 33/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de febrero de 2022. No. 33 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SILVA SABATEL, LILIAN ROSA con BANCO DE PREVISION SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 708/2019). RESULTANDO : I) La actora dedujo demanda anulatoria contra la Resolución DP 10/2019, de 16 de enero de 2019, por la cual se denegó su solicitud de jubilación por no cumplir con los extremos exigidos por la causal (fs. 45, en carpeta verde de 102 fojas, A.A.). En lo medular de su planteo, la actora se agravió por considerar que existió una errónea valoración de la prueba y del baremo aplicable, incumpliendo la Administración con la búsqueda de la verdad material. En este sentido, sostuvo que no se analiza ron correctamente los antecedentes ocupacionales, ni los factores de riesgo que le provoca desempeñar cualquier actividad laboral, así como tampoco su situación de salud, historia laboral y nivel educativo. La Administración actuó de forma ilegítima, me noscabando los principios administrativos de solidaridad, universalidad y verdad material. Además, son inexistentes los motivos que condujeron al dictado de la resolución y quedó demostrado a partir del informe médico agregado por la actora, que padece i ncapacidad física absoluta y permanente para todo empleo y profesión habitual con porcentaje de baremo del sesenta y seis por ciento. Por lo tanto, entendió que cumplía con los requisitos exigidos por el artículo 19 de la Ley Nº 16,718, en la redacción d e la Ley Nº 18395, configurando incapacidad para empleo o profesión habitual. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 2 a 8). II) Conferido el correspondiente traslado compareció la Dra. Valeria Vidart -en representación del Banco de Pr evisión Social -, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. Con sus afirmaciones, la actora omite el marco jurídico que regula su situación, esto es, los artículos 19 y 22 de la Ley Nº 16.713, modificados por los artículos 4 y 5 de la Ley Nº 18.395, y los Decretos Nº 381/1998 y 306/2013. El Organismo ha actuado conforme a la normativa vigente y su conducta en todo momento se ajustó a derecho. Tal como surge de los antecedentes, el porcentaje de baremo adjudicado por la Comis ión Técnica es de cincuenta con cero ocho por ciento, con lo cual se determinó que la Sra. Silva padecía una incapacidad para la tarea habitual, por lo que, al no encontrarse en actividad, no le era posible acceder al subsidio transitorio por incapacidad p arcial y tampoco le correspondía el otorgamiento de una jubilación por imposibilidad física. A esta conclusión se arribó teniendo en cuenta nuevas valoraciones respecto de su patología aportada en la vía recursiva con las que no se contaba al emitirse el primer dictamen, brindándose así las mayores garantías para la solicitante. No es de recibo, la falta de motivación alegada en tanto el acto se fundamentó en el análisis de la situación médica de la actora, que se encuentra incorporada al trámite de sol icitud de jubilación, formando parte de los antecedentes administrativos de la Resolución. De estos surge que se le realizaron a la accionante , numerosas y pormenorizadas evaluaciones y una valoración detallada en forma previa al dictamen final de la Comisión Técnica. El BPS agotó los recursos para llegar a la verdad material y evaluó concienzudamente la situación médica de la demandante, con criterios técnicos protocolizados, observando todos los principios rectores de la Seguridad Social. En suma, abogó por la confirmación de la Resolución impugnada (fs. 16 a 23). III) Por decreto No. 9863/2019 (fs. 25) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 61. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 67 - 70 y fs. 73 - 75, respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 178/2021 (fs. 78 a 78 vto.) en el que aconsejó la confirmación del acto. VI) Puestos los autos para sentenc ia, previo pase a estudio de los Señores Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 80). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa v igente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución DP 10/2019, se emitió el 16 de enero de 2019 (fs. 45, A.A.) y se notificó el 5 de febrero de 2019 (fs. 45 vto., A.A.). El 14 de febrero de 2019, se interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico (fs. 46 vto. a 47 vto., A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración haya resuelto el último de los recursos, el 9 de setiembre de 2019. La demanda se interpuso el 1º de noviembre de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 9). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. Conforme surge del expediente administrativo, el 9 de julio de 2018, se presentó la actora a solicitar una jubilación por incapacidad física (fs. 9 vto., A.A.) y denunció servicios de afiliación de servicio doméstico e industria y comercio (fs. 11 a 12, A.A.). Una vez diligenciada la prueba testimonial ofrecida por la actora, se le confirió vista de lo informado po r la sección Testigos acerca del período denunciado respecto de Ana María Alori (fs. 29, A.A.), como también del dictamen médico por el cual se concluyó que el grado de incapacidad que padecía la actora era de un porcentaje de baremo de treinta y tres con noventa y uno por ciento (33,91%) (fs. 31, A.A.), motivo por el cual se le denegaba la jubilación por incapacidad solicitada (fs. 32, A.A.). La interesada presentó escrito de descargos en los que ofreció nueva prueba testimonial (fs. 34, A.A.), logrando así acreditar también servicios para la Sra. Ana María Alori, por el período consignado en las actuaciones administrativas (fs. 41, A.A.). Sin embargo, no logró configurar causal jubilatoria por no alcanzar baremo suficiente (fs. 44, A.A.). El 16 de en ero de 2019, la Administración emitió el acto encausado por el cual se le reconocieron servicios por un total de diez años y tres meses y se le denegó la jubilación por incapacidad física y el subsidio transitorio por incapacidad parcial, por no cumplir lo s requisitos exigidos por la causal (fs. 45, A.A.). Notificada de la denegatoria la interesada (fs. 45 vto., A.A.), presentó los correspondientes recursos de revocación y jerárquico (fs. 47 a 48, A.A.) y aportó un informe de su médico tratante en el área de reumatología (fs. 51 vto., A.A.), el cual dio mérito a que se accediera a realizarle una nueva evaluación médica (fs. 54 a 56, A.A.). Finalmente, la nueva evaluación de incapacidad determinó que la actora configurara una incapacidad para el empleo o profesión habitual, a partir del 23 de setiembre de 2019, con un porcentaje de baremo de cincuenta con cero ocho (50,08%), debiendo someterse a una nueva revisión médica antes del 23 de setiembre de 2022 (fs. 58 vto. a 59, A.A.). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 78 a 78 vto.) y dispondrá la confirmación del acto, por los fundamentos que se explicitarán. De acuerdo con la información emergente de los antecedentes administrativos allegados a la causa, la actora solicitó jubilación por imposibilidad física (fs. 9 vto., A.A.), reconociéndole en el acto impugnado diez años y tres meses de servicios (fs. 45, A.A.). El primer dictamen médico emitido por la Comisión Técnica le adjudicó un baremo de treinta y tres con noventa y uno por ciento (33,91%), no reconociendo incapacidad permanente para toda tarea (fs. 31, A.A.). En ocasión del trámite seguido por los recursos interpu estos, la Comisión Técnica volvió a evaluar la situación de incapacidad de la actora, dictaminando un porcentaje de baremo del cincuenta con cero ocho por ciento (50,08%), y la configuración de una incapacidad para el empleo o profesión habitual a partir del 23 de setiembre de 2019, debiéndose someter a nueva revisión médica antes del 23 de setiembre de 2022 (fs. 58 vto. a 59, A.A.). Los fundamentos del citado dictamen obran agregados a las actuaciones (69 a 76, A.A.), así como también la documentación a portada por la actora (ficha médica, fs. 80 a 96, A.A.). Valorada la incapacidad denunciada por parte del servicio competente, Área Medicina laboral del BPS, de acuerdo al artículo 7 del Decreto Nº 382/1998, no fue dictaminada la configuración de incapac idad absoluta y permanente para todo trabajo, sino para la actividad habitual; lo que obsta a la concesión del beneficio de jubilación por incapacidad total, conforme establece el artículo 19 de la Ley Nº 16.713 (en la redacción dada por el artículo 4 de l a Ley Nº 18.395); norma a la cual se remite el artículo 69 de la Ley Nº 16.713 (Régimen de Transición) invocado como fundamento de derecho en el acto en proceso. De acuerdo a la norma citada, la causal de jubilación por incapacidad total se configura por la ocurrencia de distintos presupuestos, requiriéndose siempre la incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo. Este requisito, no fue cumplido por el accionante, a quien se le dictaminó un porcentaje de baremo de invalidez menor al sesenta y seis por ciento (66%) o más, como requiere el artículo 2 del Decreto Nº 381/1998, para configurar la incapacidad absoluta. Cabe decir que, en cuanto a dichos requisitos técnicos de valoración, la actora no probó que los servicios competentes del Ente no lo s hubiera cumplido en el dictamen de referencia. Por el contrario, consta en la historia de evaluación que fundamenta el dictamen, la anamnesis y examen físico de la solicitante, las patologías padecidas, su grado de instrucción, ocupación, edad y posibi lidades de reinserción laboral (fs. 69 a 76, A.A.). Asimismo, llamado a declarar como testigo uno de los médicos que dictaminaron en la causa, señaló que toda la documentación aportada por la solicitante fue evaluada por la Comisión Técnica. Además, se solicitó la consulta con especialista, tomándose en cuenta el porcentaje asignado por la especialidad, así como también el estado evolutivo de la enfermedad, factor educativo, factor edad, factor tareas (fs. 59 a 60 vto., infolios). De manera que es in fundado el agravio esgrimido, en cuanto señala que obró informe médico que prueba una incapacidad física absoluta y permanente para todo empleo con porcentaje de baremo del sesenta y seis por ciento (66%); así como tampoco resulta acreditada una actuación desviada de los técnicos llamados a actuar, con errónea valoración probatoria o apartada de los principios de verdad material o motivación. El artículo 7º del Decreto 382/1998, es muy claro en establecer que el Área de Medicina Laboral del BPS o de la qu e haga sus veces o de los servicios que aquel indique, “dictaminará en forma primaria respecto de la existencia o no de la incapacidad, en informe fundado . El dictamen primario que reconozca la existencia de incapacidad deberá establecer: a) La afección física o mental que padece; b) Si la incapacidad se reputa absoluta y permanente para todo trabajo o para el empleo o profesión habitual, estableciendo en este último caso el período máximo por el cual debe servirse la prestación correspondiente; c) La norma del BAREMO aplicada; La fecha desde la que se considera que se configuró la incapacidad; d) Cuando se trate de un afiliado extranjero con menos de 10 (diez) años de residencia en el país, si la incapacidad se ha adquirido por accidente de trabajo o enfermedad profesional; e) Los tratamientos de rehabilitación psicofísica y de recapacitación laboral a que se entienda deba someterse el afiliado; g) Si el afiliado debe someterse a nuevos exámenes, así como la oportunidad y periodicidad de los mismos.” (la negrilla y el subrayado no están en el original). Y bien, en el casus, no se ha acreditado en el caso apartamiento alguno a tales consignas. Resulta trasladable al sub- lite lo expresado por la Corporación en sentencia Nº 581/2013, en la cual se consignó: “En cuanto al fondo de la questio, cabe destacar en primer lugar que la circunstancia de que el Área de Medicina Laboral del B.P.S. sea el único órgano que, de acuerdo con el precepto normativo, debe expedirse respecto de la incapacidad, no implica que la C orporación no pueda juzgar otros elementos y recabar otras opiniones a efectos de resolver si el acto administrativo objeto del accionamiento ha sido dictado de acuerdo a Derecho. (…) XI) Ahora bien; para que sea posible la obtención de una sentencia anulatoria, es imperiosa la producción de prueba por parte del accionante, mediante la cual se logre acreditar que el rechazo de la jubilación por incapacidad no se ajustó a Derecho, en función de haberse apartado de la realidad de la situación física y/o psíquica de la persona. En efecto, aún sin ingresar en cuestiones técnicas que no le competen, el Tribunal está facultado para controlar si se verificó el acatamiento de las normas que regulan la actuación de la comisión de medicina laboral; en alguna ocasió n el Cuerpo ha procedido a anular una resolución de similar tenor a la encausada, fundándose en que “no se aprecia que la revaluación haya sido efectuada atendiendo a las resultancias de los diversos informes médicos, o por lo menos si lo fue, no consta cuál o cuáles fueron los motivos que permitieron apartarse de los mismos, o bien no considerarlos por las razones que fuere, pero que se debieron consignar, por lo que la presunción de idoneidad del dictamen del área de Medicina Laboral cae, deslegitimando e l acto en que se basa, por incumplir lo previsto en los arts. 7 y 21 del decreto Nº 382/998, lo que determina la existencia de un vicio insubsanable en el acto administrativo que lo invoca” (Cfme. Sentencia Nº 657/2010). XII) Pues bien; llegados a este pu nto, corresponde indagar si el demandante ha logrado acreditar, en el caso, la existencia de un apartamiento de la normativa vigente aplicable a la materia. Al respecto, emerge de autos que el impugnante no produjo prueba alguna en el presente proceso , a lo que debe añadirse que la invocada ilegalidad tampoco se vislumbra a partir de un análisis de los antecedentes administrativos agregados a la causa , desde que no se advierte desviación alguna en el obrar administrativo. Recuérdese que, conforme lo dispuesto en el art. 4º de la Ley 18.395, para configurar la causal jubilatoria en estudio debe acreditarse la existencia de una incapacidad que reúna los caracteres de absoluta y permanente para todo trabajo, notas que indudablemente no surgen de ninguna de las pruebas aportadas por el titular en sede administrativa (fs. 22 a 25 A.A.), ni tampoco de los documentos incorporados por el actor con su demanda de nulidad (fs. 7 a 16), en la cual éste se limita a acompañar tales documentos, sin referirse a ellos en su líbelo inicial, y haciendo apenas una referencia somera en su alegato, en el que tampoco se funda porqué tales documentos determinarían la existencia de una incapacidad permanente y absoluta para toda tarea. Por todo lo cual , no puede sino concluirse que no se han incorporado al proceso elementos probatorios pasibles de hacer sucumbir el dictamen técnico médico que sirve de sustento al acto atacado , razón que determina que el presente intento anulatorio no pueda prosperar .” (la negrilla y el subrayado no están en el original). En último análisis, tampoco correspondía el subsidio transitorio por incapacidad parcial, establecido en el artículo 22 de la Ley Nº 16.713, en la redacción del artículo 5 de la Ley Nº 18.395, norma a la que se remite el artículo 70 de la Ley Nº 16.713 (Régimen de Transición), fundamento de la accionada, puesto que la incapacidad sobrevenida no lo fue en actividad o en período de inactividad compensada, siendo que el cese laboral de la actora, según sus servicios reconocidos, operó casi treinta años antes de que se considerara configurada la incapacidad para la tarea o profesión habitual (véase fs. 45, A.A.). Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA : Desestímase la demanda incoada y confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado)