Tribunal de lo Contencioso Administrativo · Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Sentencia Sentencia N° 29/2022
10 de febrero de 2022
- Ficha (IUE)
- 350/2021
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Revoca o anula
- Fallo: otro
Texto de la sentencia
DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 10 de febrero de 2022.
No. 29
VISTOS:
Para resolución estos autos caratulados: “ VAL S.R.L .
con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA Acción de Nulidad” (Ficha N° 350/2021).
RESULTANDO:
I) El 10 de noviembre de 2021 la parte actora interpuso recursos de reposición y revisión en subsidio (fs. 50 -55) contra el Decreto Nº 6491/2021 de 29 de octubre de 2021, que declaró que en el caso no se había agotado correctamente la vía administrativa.
Fundamentó su recurso en que, a diferencia de lo considerado por el Tribunal en la providencia impugnada, la denegatoria ficta era atribuible al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) en ejercicio de atribuciones delegadas por el Poder Ejecutivo, y no a la URSEC que, en su informe, entendió que lo solicitado por la parte excedía a sus competencias y que el órgano competente para resolver lo peticionado era en exclusividad el Poder Ejecutivo.
Adujo que, por tal razón, la URSEC había decidido en viar el expediente al MIEM, específicamente a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL), a efectos que resolviera la petición realizada, y que ésta en concordancia con lo antedicho, había asumido competencia y conferido tratamiento a la petición.
Sostuvo que carecía de objeto interponer recursos administrativos contra un organismo que era y es incompetente para resolver la petición formulada, por lo que había interpuesto solamente recurso de revocación ante el MIEM, que actuaba en régimen de at ribuciones delegadas por el Poder Ejecutivo.
Destacó que la Administración tuvo por bien interpuesto el recurso, dando trámite al mismo.
Agregó que la única cuestión que podría generar un problema interpretativo era si el recurso administrativo presentad o ante el MIEM el día 6 de noviembre de 2020 podía ser considerado prematuro. Y ello porque el MIEM había recibido las actuaciones el 13 de agosto de 2020 y, cuando se interpuso el recurso, no habían vencido aún los 150 días para expedirse sobre la petición.
A tal respecto, arguyó que tanto si se considerara que los 150 días para la denegatoria ficta de la petición habían comenzado a correr desde la fecha de presentación de la petición ante la URSEC, como si se interpretara que dicho plazo se debía computar desde que la petición fue recibida por el MIEM, la Corporación debía de entender que la vía administrativa había sido correctamente agotada.
II) Por Decreto Nº 6959/2021 (fs. 57) se ordenó el pase de los autos para resolución.
CONSIDERANDO:
I) El Tribunal, de conformidad con la jurisprudencia existente al respecto (vide Sentencias Nos 355/2015 y 188/2015) hará lugar al recurso de reposición interpuesto por los fundamentos que se dirán.
II) La recurrente arguyó que, de conformidad c on la normativa vigente, el organismo competente para pronunciarse respecto de la petición formulada era el MIEM y no la URSEC, lo que se comparte.
En efecto, en la petición que formuló el 8 de junio de 2020 ante la URSEC (fs. 23 de la carpeta de document ación agregada por la parte actora), VAL SRL solicitó se declarara la prescripción de las infracciones y la caducidad de los procedimientos sancionatorios que pudieren corresponder en su contra a raíz de la Sentencia Nº 656/2019, en la que este Tribunal en tendió que “la Administración incurrió en violación a lo dispuesto en la normativa reglamentaria que le imponía un comportamiento debido: la revocación de la licencia concedida ante el grave incumplimiento del licenciatario a los plazos de puesta en funcionamiento exigidos”.
Con fecha 26 de junio de 2020 (fs. 66), la Asesoría Jurídica de la URSEC informó sobre el fondo de la petición presentada, y señaló que “de acuerdo a lo dispuesto en el literal C) del artículo 63 de la Ley 19.307 del 28 de diciembre de 2014, es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo:
renovar, revocar y declarar la caducidad de las concesiones, licencias y autorizaciones para prestar los servicios de comunicación audiovisual. En virtud de ello, correspondería remitir las presentes act uaciones a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Minería”. En razón de ello, en sesión del 9 de julio de 2020 el Directorio de la URSEC dispuso el pase de las actuaciones al MIEM (fs.
73).
El MIEM, por su parte , dio trámite a la petición y su Asesoría Letrada informó (fs. 95) recomendando no hacer lugar a lo solicitado por VAL SRL, aclarando lo siguiente: “ Si bien el acto anulado es de URSEC [se refiere aquí al que fuera impugnado por Sentencia Nº 656/2019], órgano que debería corregir su actuación, en la actualidad es competencia del Poder Ejecutivo revocar las autorizaciones otorgadas para prestar servicios de comunicación audiovisual, previo informe del Consejo de Comunicación Audiovisual y de la Dirección Nac ional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, conforme lo dispuesto en el literal C) del art. 63 de la Ley 19.307 de 29 de diciembre de 2014. El art. 198 de la ley 19.307 de 29 de diciembre de 2014, en la redacción dada por la ley 19 .834 de 23 de setiembre de 2019, establece que hasta tanto no se constituya el Consejo de Comunicación Audiovisual, las competencias serán ejercidas por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, que ya informó en los presentes obrados”.
Asiste razón a la Administración en la reseña normativa que efectúa, de la que resulta que la actora debió haber dirigido su petición directamente ante el MIEM, por ser la autoridad competente para resolver sobre lo solicitado. Habiéndola formulado ante la URSEC, esta última la redirigió correctamente al MIEM, que asumió competencia. Por lo tanto, fue acertada la interposición de la recurrencia administrativa ante el MIEM.
A su vez, en el entendido de que la competencia del MIEM en el asunto en cuestión surge de atribuciones delegadas por el Poder Ejecutivo, no correspondía deducir recurso jerárquico ni de anulación contra la denegatoria ficta encausada, sino únicamente de revocación, como lo hizo la actora.
III) En cuanto a la observación que realiza la accionante, relativa a la posibilidad que la impugnación administrativa hubiese sido presentada en forma prematura, se estima que el plazo de 150 días ha de computarse desde que el expediente administrativo ingresó en el MIEM, esto es, según surge de la documen tación que agrega, el 13 de agosto de 2020 (fs. 78). Por lo tanto, el recurso de revocación presentado el 6 de noviembre de 2020 (fs. 1) efectivamente lo fue en forma prematura.
Sin embargo, en virtud de que a la fecha sí ha transcurrido ampliamente el pl azo previsto para considerar producida la denegatoria ficta, y en tanto no surge de la documentación aportada que la Administración se haya pronunciado en otro sentido, se tendrá por convalidado lo actuado y por correctamente agotada la vía administrativa.
IV) El acogimiento del recurso de reposición torna innecesario el pronunciamiento acerca de la procedencia del recurso de revisión, que fue interpuesto en subsidio.
En definitiva, por los fundamentos expuestos y las disposiciones legales relacionadas, el Tribunal,
RESUELVE:
Hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por la parte actora y, en su mérito, declarar correctamente agotada la vía administrativa.
Dar traslado de la demanda interpuesta, emplazándose al Poder Ejecutivo - Ministerio de Industria, Energía y Minería a contestar la demanda, con carga de remitir los antecedentes administrativos debidamente foliados referidos en los arts. 63 y 64 del DL N°15.524, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 65 del mismo.
Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dra. Salvo (r.).
Dr. Marquisio (Sec. Letrado).
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).