Sentencia Sentencia N° 25/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de febrero de 2022. No. 25 VISTOS : Para resolución, estos autos caratulados: “BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. con INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO. Acción de Nulidad” (Ficha No. 137/2021). RESULTANDO : I) A fs. 12, con fecha 24 de mayo de 2021, comparece el representante del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. (en adelante BBVA), pretendiendo la anulación de los documentos “Detalles de Medio Nº 144367 y Nº 145019” que determinaron adeudos por anuncios publicitarios detectados correspondientes al año 2019 ($308.705) y 2020 ($308.715) al BBVA. Manifestó que las actuaciones se iniciaron como consecuencia del relevamiento que realizó la empresa privada Tributos del Uruguay SRL sobre la cartelería del BBVA en el departamento de Maldonado. Quien además intimó el pago de los adeudos por cartelería. Señaló que la competencia para la creación de impuestos, tasas y contribuciones, así como la fijación de ciertos precios y homologación de tarifas es una competencia constitucional, conferida al Intendente y a la Junta Departamental. Asimismo, indicó que dichos documentos son informes de relevamientos realizados por un particular, pero en ningún caso se trata o podrían contener un acto administrativo de determinación y/o liquidación de tributos departamentales; no hay intervención de la Intendencia en ninguno de los documentos, y tampoco la notificación fue realizada por la Intendencia. Sin perjuicio de lo cual, y ante la confusión que le generó dicha forma de proceder, presentó descargos e interpuso los recursos administrativos correspondientes contra la liquidación mencionada. No dictando la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM) resolución alguna. II) Por Decreto Nº 2456/2021 de fecha 16 de junio de 2021 (fs.21), se dispuso el traslado a la IDM. A fs. 23, con fecha 27 de julio de 2021, compareció el representante de la IDM a contestar demanda. En síntesis, señaló que la parte actora reclama la nulidad de un detalle de la liquidación de tributos por su cartelería (“Detalle de Medios Nº 144367 y Nº 145019) notificada por la empresa Tributos del Uruguay SRL en base a la Resolución del Sr. Intendente Nº 831/2019 y Nº 1021/2019. Sostuvo, al igual que el actor, que no se trata de un acto administrativo recurrible y procesable ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, además no fue dictado por la IDM. Indicó que el actor acciona contra una liquidación en vista, comunicada por una empresa contratada a efectos del contralor de la cartelería, que no es más que un acto de trámite, preparatorio, previo al dictado de un eventual acto administrativo que no existe. Agregó que de la misma notificación surge la frase “por cualquier consulta contactarse a Intendencia de Maldonado-Dirección de Hacienda”. Manifestó que el actor debió esperar el dictado de un eventual acto de determinación tributaria, el cual nunca se emitió, por lo que debe rechazarse la demanda. Aclaró que la Intendencia nunca renunció ni delegó su poder/deber del dictado de un acto administrativo en un particular, sino que los hechos se encuentran todavía a estudio, y que tampoco puede agotarse la vía administrativa cuando no hay un acto administrativo. III) Por Decreto Nº 3929/2021 de fecha 11 de agosto de 2021 (fs.26), se otorgó traslado de la cuestión formal planteada. A fs. 35, con fecha 26 de agosto de 2021, compareció el representante del BBVA a evacuar el traslado conferido. Expresó que lo relevado por la parte demandada, respecto a la ausencia de acto administrativo, ya había sido advertido en la demanda. Manifestó que la IDM actuó en forma confusa. Que el procedimiento administrativo fiscal induce en confusión ya que es llevado adelante por una empresa privada y no por el órgano recaudador competente, lo que en ningún caso se expresó con transparencia. Actuaciones en las que además surge el logo y la simbología oficial de la IDM, lo que hace pensar que dictó el acto o que la empresa privada lo utiliza de forma no permitida. Por último, solicitó se clausure el proceso en función de que la IDM afirmó que no dictó ningún acto administrativo y la condena en costas y costos de la demandada. IV) Por Decreto Nº 4756/2021 de fecha 7 de setiembre de 2021 (fs.38), se tuvo por evacuado el traslado conferido y se dispuso el pase de los autos en vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, a efectos de dictaminar sobre la cuestión formal planteada. Quien, a través de Dictamen Nº 525/2021 (fs.39), aconsejó amparar la excepción interpuesta. V) Por Decreto Nº 6064/2021 de fecha 19 de octubre de 2021 (fs. 41), se dispusieron los autos para Resolución. CONSIDERANDO : I) El Tribunal, acogerá la excepción formal opuesta por la parte demandada. II) En autos se acciona contra los documentos “Detalles de Medio Nº144367 y Nº145019” que liquidan adeudos por anuncios publicitarios detectados correspondientes al año 2019 ($308.705) y 2020 ($308.715) al BBVA. Documentos dictados por la empresa “Tributos de Uruguay SRL” (fs.6-9 expediente). III) Analizados los actos de proposición de las partes, surge que ambas manifiestan que dichos documentos no se tratan de actos administrativos. La parte demandada reconoce que fue dictado por una empresa contratada a efectos del control de la cartelería publicitaria. Mientras que, la parte actora, aclaró que los impugnó a través de los recursos administrativos correspondientes y luego pretendió su anulación, con el fin de tutelar sus derechos ante la confusión que el proceder de la IDM le generó. IV) El Tribunal, compartiendo lo indicado por las partes en el proceso, entiende que los documentos impugnados no se tratan de actos administrativos, no fueron dictados por la IDM, no contienen una manifestación de voluntad de la Administración tendiente a producir efectos jurídicos. Como indica ROTONDO respecto a la definición del acto administrativo: “Existe una noción amplia según la cual es la declaración de voluntad de la Administración, uni o plurilateral, con efectos jurídicos generales o particulares y otra restringida que solo incluye la que tiene efectos subjetivos” (ROTONDO, Felipe. “Manual de Derecho Administrativo”. 11ª Edición. FCU, Montevideo, 2021, pág.265). Elementos que no reúnen los documentos objeto del siguiente proceso, claramente emanan de un sujeto de derecho privado como lo es “Tributos de Uruguay SRL”, tampoco se advierte participación alguna de la Administración departamental en su dictado. Por lo que en el caso no estamos frente a un acto administrativo definitivo procesable ante la jurisdicción anulatoria de este Tribunal (arts. 309 de la Constitución de la República, arts. 23 y 24 del Decreto Ley No. 15.524) Resulta aplicable lo que ha sostenido este Colegiado en más de una oportunidad: “A los efectos de determinar la procesabilidad de los actos administrativos, debe tenerse presente lo dispuesto por el artículo 309 de la Constitución de la República, en tanto establece en su inciso primero que “El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo conocerá de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos, cumplidos por la Administración, en el ejercicio de sus funciones, contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder.” Asimismo, es menester acudir a lo dispuesto por el artículo 24 del Decreto - Ley Nº 15.524 , que dispone: “Los actos administrativos, a los efectos de la acción anulatoria, adquieren carácter de definitivos cuando a su respecto se ha agotado la vía administrativa con la resolución expresa o ficta recaída sobre el o los recursos que correspondan, conforme a lo regulado en el capítulo sobre el cumplimiento de aquel presupuesto. Dichos actos constituyen la última expresión de voluntad del órgano del Estado, Ente Autónomo, Servicio Descentralizado o Administración Municipal, manifestada en función administrativa y deben producir efectos jurídicos, esto es, ser creadores de la situación jurídica lesiva que se resiste con la acción de nulidad. A los mismos efectos se consideran comprendidos entre los actos administrativos definitivos procesables, aquellos que hacen imposible o suspenden en forma indefinida la tramitación, decidiendo así, directa o indirectamente, el fondo del asunto” (Cfme. Sentencia No. 367/2020). Por los fundamentos expuestos, lo dispuesto por los artículos 309 de la Constitución de la República y arts. 23 y 24 del Decreto Ley No. 15.524, el Tribunal, RESUELVE : Declárase que los actos impugnados no son procesables ante esta jurisdicción Contencioso Anulatoria. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dra. Klett (r.). Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).