Sentencia Sentencia N° 24/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de febrero de 2022. No. 24 VISTOS : Para resolución estos autos caratulados: “SUNFER S.A. con MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS. Suspensión de ejecución” (Ficha Nº 591/2020), pieza separada del expediente de Acción de Nulidad, Ficha Nº 294/2020. RESULTANDO: I) La parte actora promovió demanda anulatoria contra la resolución dictada por el Director Nacional de Aduanas con fecha 24 de enero de 2019 en cuanto dispuso: “1) Descalificar el carácter originario de los productos declarados en los Certificados de Origen números 11191500152514, 11191500170714, 11191500257914, 11191600134914, 11191600137414, 11191600156114 y 11191600163014, del exportador CROCS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V, emitidos por la Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de los Estados Unidos Mexicanos al amparo del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay. 2) Suspender el trato preferencial a los referidos productos, hasta que se pruebe que cumple con lo establecido en el Capítulo IV (Régimen de Origen) del Tratado de Libre Comercio entre nuestra República y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. (…)”.(fs. 39-41 AA). En el numeral 34) de su libelo (fs. 20 vto.-21 vto.), solicitó la suspensión transitoria total de la ejecución de la resolución impugnada. En tal sentido, precisó que el perjuicio económico que caería sobre la firma compareciente, en caso de continuar con la supuesta “ descalificación de origen”, ascendería en total a la suma de U$S 1.800.000 (U$S 600.000 de tributos más U$S 1.200.000 por multas), más actualizaciones; suma absolutamente impagable y que implicaría en el cierre definitivo de la empresa. II) Conferido traslado del incidente de suspensión (fs. 34), compareció la representante del Estado - Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección Nacional de Aduanas, bregando por su rechazo por cuanto entiende no se cumplen en autos los requisitos exigidos por el artículo 2° de la Ley No. 15.869 (fs. 37-38). Sostuvo que l a gravedad de los daños que la suspensión del acto podría irrogar al Comercio Exterior del Estado Uruguayo, superan ampliamente cualquier daño hipotético que pudiera soportar la accionante; sin perjuicio de que el acto resistido no tiene virtualidad jurídica para producir daño alguno porque se limitó, sin más, a denegar un trato arancelario preferencial. Añadió que el acto administrativo en causa no adolece de ilegitimidad alguna y, mucho menos aún, de ilegitimidad manifiesta. III) Se abrió el incidente a prueba (fs. 44) y se diligenció la que luce certificada a fs. 74; alegaron las partes por su orden, haciéndolo la parte actora a fs. 77-78 y la demandada a fs. 81-82. IV) Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 613/2021, fs. 85-86), el que aconsejó acceder a la medida impetrada. V) Se llamó para resolución (fs. 88), la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que el Tribunal, apartándose de lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, no hará lugar al pedido de suspensión, por los argumentos que se desarrollarán. II) De acuerdo a lo preceptuado por artículo 2º de la Ley No. 15.869, el Tribunal tiene la facultad de decretar la suspensión transitoria, total o parcial, de la ejecución del acto impugnado, si éste fuera susceptible de causar o irrogar a la parte actora daños graves, cuyo alcance y entidad superen los que la suspensión pudiere ocasionar a la organización y funcionamiento del órgano involucrado . También podrá ser decretada cuando, a juicio del Tribunal, el acto impugnado aparezca, inicialmente, como manifiestamente ilegal. III) La parte actora finca el pedido de suspensión en “el enorme e ilegítimo perjuicio económico” que la decisión impugnada le irroga, el que entiende imposible de afrontar por parte de la empresa. Con el fin de acreditarlo, en la etapa probatoria, la reclamante solicitó se intime a la demandada a que presente la liquidación detallada de los tributos y multas que pretende aplicar a la compareciente por la “ descalificación del origen”, lo que fue cumplido por la accionada a fs. 60-61 infolios. A los efectos del análisis comparativo de daños, la Ley refiere: a los que la ejecución podría irrogar a la parte actora, con relación a los que la suspensión provocaría a “la organización y funcionamiento del órgano involucrado”. Sobre el punto, CAJARVILLE expresa que “Cuando -la Ley- alude al “funcionamiento del órgano involucrado”, debe entenderse que se está refiriendo a la actividad de la Administración, y por ende que el daño que ese “funcionamiento” sufriría con la “suspensión de la ejecución” del acto consistiría en la imposibilidad en que por esa suspensión se encontraría de tutelar los intereses en atención a los cuales le fue conferida la concreta potestad ejercida al dictar el acto de que se trate. Lo que el Tribunal debe “balancear” con los daños que sufriría el actor por los efectos del acto, son los daños que los intereses que la Administración debió tener en cuenta al dictarlo sufrirían con su suspensión, y por ende el daño que se causaría a la actividad -“funcionamiento”- administrativa al impedirle tutelar esos intereses en atención a los cuales se confirió el poder ejercido”. (Cf. CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo. “Sobre la suspensión jurisdiccional de los efectos del acto administrativo ” en “Sobre Derecho Administrativo” , FCU, 3ª Ed. 2012, Tomo II, p. 750) Con los entendimientos precedentes y no obstante la estimación pecuniaria que emerge a fs. 60-61 infolios, a juicio de la Sede, comparando los valores en juego, se estima que los daños que se derivarían a la actividad de la Administración –Comercio Exterior del Estado Uruguayo-, de suspenderse el acto, serían superiores a los que devendrían de su ejecución. IV) Por lo demás, y sin que ello signifique prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo, objeto de debate, no se aprecia en esta instancia incidental, ilegitimidad manifiesta. Puede entenderse, sin perjuicio de ulterioridades, que el acto impugnado encuentra sustento jurídico en las competencias atribuidas a la Dirección Nacional de Aduanas por el artículo 6º del Código Aduanero (aprobado por Ley N o. 19.276, de 19 de setiembre de 2014), así como en lo establecido en el Tratado de Libre Comercio Uruguay- México (aprobado por Ley N o. 17.766, de 17 de mayo de 2004), especialmente en lo estatuido en el artículo 5-08 que regula los procedimientos para verificar el origen de los bienes. Por lo expuesto y lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley No. 15.869, el Tribunal RESUELVE : No hacer lugar a la solicitud de suspensión de ejecución del acto administrativo impugnado. Agréguense a los principales. Dr. Vázquez Cruz, Dra. Klett (r.), Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).