Sentencia Definitiva N° 23/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de febrero de 2022. No. 23 VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “CARPLUS S.A. con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de nulidad” (Ficha No. 322/2019). RESULTANDO : I) En este proceso, el Dr. Juan Pablo DÍAZ CLAIRALLE en representación de CARPLUS S.A., dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución No. 358107 dictada el 30 de julio de 2018 por la Gerencia de Fiscalización de la Asesoría Tributaria y Recaudación del Banco de Previsión Social (en adelante: B.P.S.), en ejercicio de atribuciones delegadas, mediante la cual se realizó una determinación tributaria respecto a la empresa accionante, por concepto de aporte patronal, aporte mínimo, multas por mora, recargos y multa establecida en el artículo 10 de la Ley No. 16.244, correspondientes al período comprendido entre el 01/08/2013 y el 30/11/2015 (fs. 106 de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria señal ó que CARPLUS S.A. gira en el rubro de reparaciones mecánicas y eléctricas automotrices desde el año 2009. Relató que, a raíz de una demanda laboral efectuada por un ex- empleado -el Sr. PONTE-, se arribó a la conclusión de que la empresa había incurrido en subdeclaración de remuneraciones, abonándole “en negro” a dicho trabajador, una parte de sus ingresos. Se agravió por considerar que se valoraron erróneamente las deposiciones vertidas en sede laboral, las que fueron reproducidas parcialmente en el expediente administrativo. Tras analizar las diversas declaraciones vertidas en dicha sede, manifestó que en todos los casos se trató de testigos de oídas, no habiéndose podido probar cabalmente la subdeclaración alegada. A su entender, dicha situación se ve agravada por la independencia que existe entre la Sede Laboral y la Administrativa puesto que aquella no tiene efecto vinculante para ésta. Concluyó que la errónea valoración de la prueba deviene, necesariamente, en el dictado de un acto ilegítimo, por existir falsedad en la motivación o inexistencia de los motivos en los que se funda. Finalmente, indicó que se violentaron las reglas del debido procedimiento. Ello, determinado por el no diligenciamiento de la prueba ofertada en la instancia de evacuación de vista. Se ofrecieron testigos que no fueron considerados y no se les tomó declaración erigiéndose una clara inobservancia del derecho al debido procedimiento. Asimismo, no emerge de las actuaciones administrativas resolución alguna que dispusiere el rechazo de los medios de prueba ofrecidos, limitándose, el BPS a expresar que fueron testimonios tomados en sede judicial. Este hecho, no puede servir de base para no tomar las declaraciones considerándolas impertinentes o inconducentes. Por último, indicó que existe, a su favor, presunción simple debido al acaecimiento de la denegatoria ficta, solicitando, a la postre, que se declare la nulidad del acto administrativo atacado III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Tras realizar un racconto de lo acontecido en sede administrativa, controvirtió que exista vicio en la motivación del dictado del acto. Al respecto, adujo que de los antecedentes administrativos agregados surge con claridad que se logró probar en forma fehaciente el acaecimiento del hecho generador y su cuantía: la subdeclaración del salario del dependiente y la suma denunciada. Destacó que ninguno de los testimonios fue impugnado por el accionante, así como tampoco lo fue el análisis del salario que se probó que era el que cobraba el trabajador Esteban SOUZA, quien ingresó a laborar como encargado de taller en su lugar. Respecto a la violación del debido proceso, afirmó que el Organismo procedió a citar a los testigos propuestos por el promotor, habiendo concurrido únicamente el Sr. SOUZA, siendo carga de la empresa su comparecencia. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Resolución No. 6090/2019 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 126, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 169 fojas). V) Las partes alegaron por su orden (fs. 129 - 136 vto. y fs. 158 - 161 vto., respectivamente) VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 87/2021, aconsejando la anulación del acto impugnado (fs. 167 - 168). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 170). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado a la accionante el 30 de agosto de 2018 (fs. 110 de los A.A.) quien lo resistió el 7 de setiembre de 2018 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 115 de los A.A.). Habiendo transcurrido 200 días desde la interposición de los recursos, al 29 de marzo de 2019 operó la denegatoria ficta, siendo deducida la demanda anulatoria el 3 de junio de 2019 (nota de cargo fs. 96 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución No. 358107 dictada el 30 de julio de 2018 por la Gerencia de Fiscalización de la Asesoría Tributaria y Recaudación del B.P.S., en ejercicio de atribuciones delegadas, mediante la cual se realizó una determinación tributaria respecto a la empresa accionante, por concepto de aporte patronal, aporte mínimo, multas por mora, recargos y multa establecida en el artículo 10 de la Ley No. 16.244, correspondientes al período comprendido entre el 01/08/2013 y el 30/11/2015 (fs. 106 de los A.A.). III) Reseña de los antecedentes. A fin de situar las decisiones en el contexto en que fueron dictadas e ingresar al análisis de los agravios formulados contra ellas, corresponde hacer una breve reseña de los antecedentes administrativos relevantes. Las presentes actuaciones son el corolario de una denuncia realizada ante las dependencias del B.P.S. por parte del Sr. Diego PONTE, ex trabajador de la empresa accionante. Éste declaró haberse desempeñado como mecánico-encargado general, percibiendo un complemento de sueldo fuera del recibo mensual. Como consecuencia de ello, se ordenó la inspección correspondiente en CARPLUS S.A. (fs. 4 y ss. de los A.A.). Se adjuntó la historia laboral nominada del trabajador denunciante (fs. 19 y 20 de los A.A.). Seguidamente, se tomó declaración jurada al Director, Sr. Pablo GARCÍA, quien indicó que agregaría el expediente judicial (fs. 23 de los A.A.). Se realizaron los cálculos correspondientes en función de la diferencia de salario que los inspectores actuantes concluyeron que se había abonado “en negro” (fs. 26 a 28 de los A.A.). Posteriormente, se efectuó la determinación tributaria (fs. 34 a 48 de los A.A.) y se labró acta de inspección y vista que fue notificada a la empresa accionante (fs. 54 a 56 de los A.A.). La promotora evacuó la vista conferida solicitando la declaración testimonial de los Sres. SOUZA y MURAGLIA (fs. 58 a 63 de los A.A.). Asimismo, se agregaron las actuaciones tramitadas en sede laboral, concretamente la deposición de los testigos propuestos y otros testimonios, los alegatos de la demandada y de la actora, acta de audiencia y la Sentencia Definitiva (fs. 65 a 92 de los A.A.). Se pasaron las actuaciones a la Asesoría Letrada quien efectuó un relevamiento de los documentos aportados y manifestó que los testigos propuestos no fueron citados debido a que constan las declaraciones en sede laboral (fs. 93 a 95 de los A.A.). Finalmente, compartidas las conclusiones a las que se arribara se dictó el acto enjuiciado (fs. 106 de los A.A.). IV) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, apartándose en esta oportunidad de lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) En lo inicial, corresponde relevar el incumplimiento de la demandada con su deber de instruir y resolver en plazo los recursos administrativos movilizados, extremo cuya ocurrencia el legislador sanciona con la presunción de ilegitimidad en favor de las impugnantes (artículo 6° de la Ley No. 15.869, en la redacción dada por el artículo 41 de la Ley No. 17.292). En tal sentido, es menester señalar que la accionante interpuso los recursos de revocación y jerárquico en subsidio el 7 de setiembre de 2018 (fs. 115 y ss. de los A.A.). De los antecedentes y de las alegaciones vertidas por la demandada en su contestación de demanda no surge que la Administración haya resuelto en plazo la recurrencia interpuesta. Por lo tanto, se entiende que operó la presunción de ilegitimidad del acto, al cumplirse las condicionantes prevenidas en la norma. Ahora bien, es menester recordar que, dado su carácter de relativa o “iuris tantum” , admite prueba en contrario y puede resultar enervada o controvertida a partir de las actuaciones administrativas, las pruebas, o los elementos de juicio incorporados a la causa (sentencias Nos. 353/2012, 762/2012, 299/2013, 461/2014, 317/2015, 654/2018, 707/2018, 793/2019 y 339/2020 y 660/2020, entre otras), circunstancias que se verifican en el caso de autos, como se verá. VI) Despejado lo anterior y dando inicio al análisis de los agravios esgrimidos por la parte actora, cabe considerar en primer término, el de carácter formal, concerniente en la omisión de diligenciar los medios probatorios propuestos. En concreto, la empresa accionante se agravia por cuanto en vía administrativa ofreció las declaraciones de los Sres. Esteban SOUZA y Jorge MURAGLIA, las que no fueron diligenciadas por el Ente Previsional, por tratarse de testimonios ya vertidos en sede laboral e incorporados en vía administrativa (véase la fundamentación explicitada a fs. 95 de los A.A.). A juicio del Tribunal, el agravio no es de recibo. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha expresado que se debe ser cauteloso a la hora de rechazar los medios probatorios propuestos (tanto en vía administrativa como en la contencioso administrativa), habida cuenta que en la materia rige el principio de libertad de la prueba , que se manifiesta, por ejemplo, mediante el derecho de las partes a desplegar todos sus esfuerzos probatorios con el fin de aportar elementos a la causa que permitan acreditar sus dichos (Sentencias No. 626/2019, 178/2015, 592/2014, 685/2013, 612/2013, 775/2016, entre otras). Dicho lo anterior, si bien es cierto que el hecho de que los testigos propuestos por la actora ya hubieran depuesto en sede judicial no es óbice para que éstos volvieran hacerlo en vía administrativa; ello no implica de por sí que, ante el rechazo de su diligenciamiento, estemos necesariamente frente a un vicio capaz de inficionar de nulidad el acto administrativo que se haya dictado en dicho procedimiento. Es preciso analizar caso a caso para verificar si, en los hechos, la negativa a diligenciar la prueba ofrecida, verdaderamente significó una limitante a las garantías de la administrada. En la especie, tras el análisis de los antecedentes administrativos se advierte que el agravio esgrimido por la accionante es meramente formal , no habiéndose cercenado de modo alguno su derecho de defensa. Ello porque lo que manifestaron los mentados testigos en vía judicial (fs. 143 – 151 del expediente judicial IUE 2-5730/2016) demuestra cabalmente la configuración del hecho generador de la CESS, no dejando margen a duda alguna de que parte de los ingresos que percibía el Sr. PONTE como parte de su salario era “en negro” , configurándose así la subdeclaración de remuneración que es, en definitiva, lo que quedó plasmado en el acto de determinación que se procesa en los presentes obrados. De manera que, aun admitiéndose que se configuró una irregularidad en el procedimiento administrativo al no admitirse el diligenciamiento del o los dos testimonios ofrecidos por la empresa (y haciéndolo recién en la vía recursiva, esto es, luego de dictado el acto administrativo), la misma no tiene la trascendencia suficiente capaz de afectar la validez del acto que se impugna. VII) Otro de los agravios formulados por CARPLUS S.A. refiere a que existió una errónea valoración de la prueba agregada en autos. A juicio del Tribunal, el agravio tampoco es de recibo. Como ha sostenido el Tribunal en anteriores pronunciamientos, "La teoría actual sobre la prueba de los hechos observa que, con frecuencia, la veracidad del enunciado que afirma que ocurrió un hecho relevante para resolver el caso (hecho principal), se obtiene en forma indirecta, a través de un cúmulo de indicios (hechos secundarios) que están probados y permiten inferir que aquél hecho, que debía ser probado, ocurrió realmente. Existe amplia coincidencia en ciertos criterios que exigen pluralidad de indicios, univocidad, concordancia, no existencia de indicios en contrario, etc. y también respecto de que lo que permite pasar de ese cúmulo indiciario a la conclusión probatoria es una regla de experiencia, raramente una ley científica y con mayor frecuencia, lo que la legislación procesal conoce como máximas de la experiencia común. Así, DEVIS ECHANDIA explica que el indicio es “un hecho conocido del cual se induce otro hecho desconocido, mediante un argumento probatorio que de aquel se obtiene, en virtud de una operación lógica-crítica basada en las normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos.” y admite que “Es evidente que el indicio, como un hecho material, nada prueba, si no se le vincula a una regla de experiencia, mediante la presunción de hombre que en ella se basa, para deducir de aquel un argumento probatorio lógico-crítico ...” y a renglón seguido expresa “una regla de experiencia constituye la razón de la presunción que el Juez aplica al indicio, para determinar su valor probatorio, es decir, para deducir el hecho desconocido.” (DEVIS ECHANDÍA, Hernando. “Teoría General de la Prueba Judicial”, T.II, Zavalia Editor, 5ª edición, Bs. Aires, 1981, pág.601 y 611). En el mismo sentido, GONZALEZ LAGIER señala que para establecer la verdad de los hechos discutidos en un proceso es extensible lo que sostiene Hempel sobre la inferencia científica: se requiere un "cúmulo de indicios probatorios pertinentes, variados, consistentes y bastantes" (GONZALEZ LAGIER, D. "Hechos y argumentos. Racionalidad epistemológica y prueba de los hechos en el proceso penal" en El Derecho en acción. Ensayo sobre interpretación y aplicación del derecho" Lima, ARA, 2010, p.312-321). (Sentencia No. 333/2017). Los teóricos más finos en esta materia, como Marina GASCON, Michele TARUFFO, Daniel GONZALEZ LAGIER, Perfecto ANDRES IBAÑEZ coinciden en que, si bien la certeza nunca es absoluta, para establecer conclusiones sólidas es necesario contar con un conjunto plural, convergente, consistente y relevante de hechos secundarios (indicios) debidamente probados, de los que racionalmente y con alto grado de probabilidad, pueden inferirse aquellas y, como señala el último, "el núcleo de este razonamiento son las reglas en función de las cuales el juzgador puede realizar las inferencias que vinculan esos dos hechos. Las reglas más habituales son generalizaciones proveídas por -y justificadas en- el sentido común, la experiencia o la cultura media existente en la época y lugar en los cuales se toma la decisión. Esas reglas se conocen como "máximas de experiencia" . Y más adelante, “...con independencia de la calidad de la máxima de que se haga uso en cada caso, lo cierto es que, como escribiera Foschini, percibido el hecho fuente de prueba, éste permanecerá absolutamente carente de significado y mudo, a los fines de la prueba, si no estuviese referido a la experiencia y, más precisamente, subsumido en una máxima de la experiencia, porque solo de ese modo resulta posible obtener el convencimiento acerca de la verdad del hecho diverso que es objeto de prueba.” (GASCON, M. Los hechos en el Derecho. Bases argumentales de la prueba, Madrid-Barcelona, 2002; TARUFFO, M. La prueba, Madrid-Barcelona, 2008 y La prueba de los hechos, Madrid, Trotta, 202, p.456 y ANDRÉS IBAÑEZ, Perfecto. "Acerca de la motivación de los hechos en la sentencia penal" Doxa Nº 12, 1992, ps. 286-288). En ese contexto, la valoración de la prueba indiciaria deviene decisiva y, en el caso, la conclusión a la que arriba el Tribunal es que era una práctica habitual de la empresa accionante, abonarle a sus empleados parte de sus ingresos “en negro”. En efecto, ello emerge de los testimonios vertidos de múltiples trabajadores de CARPLUS S.A que declararon en tal sentido. Así, Mónica FRIDEVAUX, a fs. 141 del expte. en sede laboral declaró: “(…) sé que había personas que recibían plata por fuera… siempre se habló de eso” ; por su parte, el Sr. Sergio PANIZZA expresó: “(…) me pagaban otra parte en negro, como un incentivo…” (fs. 145 ibídem); y, el Sr. Germán PIRRI ante la pregunta: “¿Sabe de qué forma le pagaban el salario al actor?” respondió: “De la misma manera que a la mayoría: plata justificada en un recibo y plata en negro, a mí me pagaban así” (fs. 150 ibídem). En definitiva, luego de analizar detenidamente los recaudos allegados a la causa, emerge que el B.P.S. consideró cada uno de los testimonios que fueron vertidos en el juicio laboral a fin de verificar el pago “en negro” invocado por el trabajador denunciante, no pudiéndose sostener válidamente que haya existido una errónea valoración de la probanza arribada a la causa por parte de la demandada. VIII) La empresa accionante también se agravió por considerar que el acto que resiste se encuentra viciado en sus motivos, por ausencia de motivación o motivación inexacta. A juicio del Tribunal, el agravio resulta ser de franco rechazo. Llegado a este punto de análisis, resulta incuestionable que el Organismo previsional tenía elementos suficientes para fundar el acto impugnado y así lo hizo. En cuanto a la motivación, la Corporación ha sostenido: “En lo que refiere a la motivación del acto, según lo viene sosteniendo el Tribunal desde hace larga data, la motivación puede encontrarse tanto en el acto, como en sus antecedentes. Así, en recientes pronunciamientos, el Tribunal, reseñando la jurisprudencia al respecto, ha indicado que: “…la motivación del acto puede surgir de su texto o de sus antecedentes. Siguiendo a Marienhoff, la motivación del acto administrativo - aunque ella fuere obligatoria- puede resultar acreditada en cualquiera de los dos momentos que integran o pueden integrar la “forma” del acto; en el proceso de “formación” o en el de “expresión” de la voluntad de la Administración Pública. Es decir, la motivación puede ser concomitante o contemporánea con la expresión de dicha voluntad o anterior a tal expresión, apareciendo en este último caso en el proceso de formación de la voluntad administrativa; en dos palabras: motivación idónea y eficaz requiere que ella sea “suficiente” para apreciar con exactitud los motivos determinados del acto (MARIENHOFF, Miguel., “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo II, Editorial Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1966, pág. 330 a 332). (Cfme. Sentencia No. 865/2017 entre muchas otras). Sin duda alguna, la sentencia laboral tiene eficacia entre las partes litigantes, respecto de la cual el B.P.S. es un tercero; empero, no puede negarse que la actuación judicial, los testimonios vertidos y las sentencias dictadas son elementos probatorios de convicción suficientes que pueden y deben ser valorados como tales en cualquier sede. A juicio del Tribunal, el acto atacado demuestra una motivación congrua, exacta e irreprochable siendo desestimable por entero el agravio sobre ese punto debido a que emerge de los antecedentes administrativos una motivación suficiente que fundamenta el acto atacado. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).