Tribunal de lo Contencioso Administrativo · Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Sentencia Definitiva N° 22/2022
10 de febrero de 2022
- Ficha (IUE)
- 272/2019
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Confirma en parte
- Fallo: confirma
Texto de la sentencia
DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 10 de febrero de 2022.
No. 22
VISTA :
Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “DELGADO LARRAMA, CAMILO CON INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO. Acción De Nulidad”. (Ficha No. 272/2019).
RESULTANDO :
I) En este proceso, el actor Camilo DELGADO LARRAMA, dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución No. 1/2018 dictada el 11 de enero de 2018 por el Sr. Gerente de Mantenimiento de la Flota de Limpieza, de la Intendencia Departamental de Montevideo, mediante la cual le fue impuesta al actor una sanción de suspensión de cinco días sin goce de sueldo por falta leve, según lo previsto en el art.
32.2, lit. a) del Vol. III de la Normativa Departamental (fs. 6 vto. de los
A.A.).
II) Como fundamento de su pretensión anulatoria explicó el actor que la resolución impugnada le sancionó con 5 días por la comisión de falta leve de conformidad con lo previsto en el art. R432. lit. a del Vol. III del Digesto Municipal: desempeñar las funciones sin la debida diligencia, falta que así fue calificada por la Jefa del actor Sra. Carmen Bertoni en función de no haber completado una planilla de seguimiento de compras. En la especie, entiende que hubo una extralimitación en los poderes disciplinarios por parte de la citada funcionaria porque en virtud de las circunstancias en que dice acontecieron los hechos, no existió negligencia sino una defectuosa comunicación que impidió recibir la orden en forma y con la prioridad que luego se le adjudicó.
Relató el actor que ingresó por concurso a la Comuna en 2010, desempeñándose como Administrativo en el nivel de ingreso (Nivel V) nivel aplicable a quienes tienen conocimientos técnicos pero que no poseen o poseen poca experiencia en temas similares a los que debe efectuar.
Predominan tareas de aprendizaje con respecto a normas, procedimientos y prácticas de la institución, trabajando los integrantes de ese nivel bajo estrecha supervisión o guía del personal jerárquico o de mayor experiencia.
En virtud de esa etapa de aprendizaje con estrecha supervisión, el Sr.
Delgado realizaba su tarea en compañía del funcionario César Marcelo Salaberri quien poseía mayor experiencia siendo su tarea procesar todas las compras necesarias para el funcionamiento del servicio (realización de pedidos, contacto con las empresas y gestiones necesarias a efectos de realizar las adquisiciones, etc.).
Indicó que el hecho que motiva la sanción ocurrió a fin de año donde se registra un aumento de 30 a 40% de basura a recolectar en Montevideo y el Sr. Salaberri además se encontraba en uso de licencia sin que se hubiera designado a quien habría de sustituirle. Agrega que el trabajo en su momento también se vio incrementado por medidas gremiales, días feriados, así como que el actor había hecho uso de un día de licencia médica y 3 de reglamentaria. Además, explica que División Limpieza había quedado sin disponibilidad de rubros por lo que se debía solicitar a los acreedores que facturaran para el siguiente ejercicio, debiéndose entonces realizar notas de crédito, anular compras, etc. lo que dice complicaba aún más la tarea.
En ese contexto, el Sr. Delgado no abrió en forma inmediata algunos de los múltiples correos que llegaban a su casilla en uno de los cuales estaba la orden de comenzar a llenar la nueva planilla de compras, lo que implicaba además una tarea nueva de la que, si bien se hablaba desde meses atrás, no había sido implementada hasta ese momento. Se trata de colocar en una planilla información respecto a las compras realizadas.
Indica que la orden no le fue impartida en forma directa por su jerarca ni se le informó su carácter prioritario ni se le intimó su cumplimiento.
Afirmó haber tomado conocimiento de la orden cuando fue observado en forma previa a la aplicación de la sanción e inmediatamente confeccionó la planilla lo que le insumió la jornada completa siendo esta tarea realizada en forma correcta por lo que dice no hubo perjuicio para la Administración.
Señaló que, si bien la sanción es leve, le implica perjuicio por descuento en su salario, pérdida de puntos para el cobro de asiduidad y genera un antecedente negativo en su legajo que perjudica su carrera administrativa.
Sostuvo que la ilegalidad de la medida radica en el abuso del poder discrecional en que incurrió la Sra. Bertoni quien no impartió su orden en forma clara e inequívoca sobre una tarea nueva, sin asegurarse de que el actor había recibido por mail la orden impartida y sin comunicar en forma efectiva que desde ese momento la tarea tenía carácter prioritario. Entiende que la Sra. Bertoni al advertir que no se había completado la nueva planilla, endilgó la negligencia al funcionario subordinado para salvaguardar su posición.
Indicó que el art. 432.2 del Vol. III del Digesto prevé en forma expresa que la falta cometida puede ser sancionada con una observación verbal o escrita lo que en la especie resultaba adecuado dado que, requerido en forma directa a que realizara el llenado de las planillas – lo hizo sin cuestionamiento y de forma correcta por lo que a su juicio la sanción de suspensión resulta excesiva e inconducente.
En definitiva, solicitó que se ampare su demanda y se declare la nulidad del acto enjuiciado.
III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Controvirtió los hechos alegados, en especial los referidos a la inexistencia de negligencia en el desempeño de funciones, así como la supuesta ilegalidad de la medida adoptada y el supuesto abuso de poder discrecional de sancionarle.
Afirmó que la infracción en la que incurrió el actor fue el desempeño de funciones sin la debida diligencia, que no concretó en el no cumplimiento de la orden de la Sra. Bertoni de completar datos en la planilla de seguimiento de compras.
Esta orden fue dada mediante correo electrónico de 26/12/17 y reiterada el 27/12/17, no obstante, lo cual el Sr. Delgado no cumplió la orden, transcurriendo más de 10 días entre la orden impartida en dos oportunidades y la lectura de los correos electrónicos por parte del actor quien además debe tener abierto el correo durante toda su jornada laboral ya que las compras que el gestiona se realizan a través de este medio.
Por otra parte, los correos enviados advertían de la importancia de su contenido donde además en el “Asunto” se indicada “Planilla de seguimiento de compras – Implementación” lo que le permitía al actor, sin necesidad de abrirlo, conocer la implementación de la referida planilla. Y el contenido del mail desarrollaba los pasos a seguir especificando “No puede haber compras que no estén registradas claramente en la planilla”.
Asimismo, surge de los mails enviados que la Gerencia atendería consultas o aclaraciones por la orden impartida. Esto demuestra que la orden fue efectuada por el superior y reiterada el 27/12/17 donde se recuerda que “... es imperativo completar los trámites de compras en la planilla única” lo que demuestra además la importancia y relevancia de la orden impartida.
Pese a ello, el actor no cumplió diligentemente su tarea y además reconoce en la demanda que era una tarea que se venía trabajando y considerando desde tiempo atrás lo que no suponía un tema nuevo ni de sorpresiva implementación.
Por ello, considera que no resultan de recibo las explicaciones que, con respecto a la supuesta acumulación de trabajo, ni a la priorización de actividades, que sin consulta con sus superiores habría realizado, máxime cuando la tarea prioritaria era justamente la orden que incumplió.
A su vez, afirmó que tampoco debe resultar de recibo el argumento de que el actor se encuentra en el Nivel V de la carrera, en una etapa de aprendizaje, trabajando bajo estrecha supervisión del personal jerárquico o de mayor experiencia y que por ello no debería ser sancionado. En efecto, el Sr. Delgado tenía más de 6 años de ejercicio en el cargo y desde el 29/6/16 desempeñaba la función de pedido de órdenes de compra en forma constante e ininterrumpida.
Por otra parte, el Nivel V es nivel de ingreso el que puede superarse en caso de haber promociones y el funcionario se pueda presentar a concurso pudiendo suceder que no existan promociones o que habiéndolas el funcionario no se presente o haciéndolo no supere las pruebas. En todos esos casos seguiría en el mismo nivel – quizás durante toda su carrera funcional – lo que no implica que esté en una etapa de “aprendizaje” o que tenga poca experiencia.
El argumento de que aún calificada de leve la falta perjudicaría su carrera funcional tampoco sería de recibo pues ya tenía una anotación negativa anterior.
Finalmente, concluyó que la sanción es legítima, no fue dictada con abuso de poder y atento a la gravedad de los hechos no ameritaba una sanción de observación sino la que en definitiva fue impuesta habiéndose cumplido además con todas las garantías del debido proceso.
En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado.
IV) Por Resolución No. 5115/2019 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs.
80, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 65 fojas).
V) Las partes alegaron por su orden (fs. 83 - 89 vto. y fs.
87 - 89 vto., respectivamente).
VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 471/2020, aconsejando la confirmación del acto impugnado (fs. 92 - 94 vto.).
VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 96).
CONSIDERANDO :
I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts.
4 y 9).
El acto impugnado fue notificado al accionante el 15 de enero de 2018 (fs. 7 vto. de los A.A.) quien lo resistió el de febrero de 2018 (según dichos del actor no controvertidos por la parte demandada) mediante la interposición de los recursos de reposición y apelación, en subsidio (fs. 11 - 12 vto. de los A.A.).
Por Resolución No. 1407/19 dictada el 8 de marzo de 2019 por el Intendente de Montevideo, se mantuvo la recurrida, siendo notificado el actor el 29 de marzo de 2019 (fs. 63 vto. de los A.A.).
La demanda anulatoria fue deducida el 15 de mayo de 2019 (nota de cargo fs. 16infolios).
II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución No.
1/2018 dictada el 11 de enero de 2018 por el Sr. Gerente de Mantenimiento de la Flota de Limpieza, de la Intendencia Departamental de Montevideo, mediante la cual le fue impuesta al actor una sanción de suspensión de cinco días sin goce de sueldo por falta leve, según lo previsto en el art.
32.2, lit. a) del Vol. III de la Normativa Departamental (fs. 6 vto. de los
A.A.).
III) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Sr.
Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación.
IV) Conforme surge de los antecedentes administrativos, así como de los dichos de ambas partes litigantes, la sanción aplicada obedeció a que el actor no cumplió la orden emitida por la jefatura, en dos oportunidades, respecto de completar los datos de la planilla de seguimiento de compras.
Las justificaciones ensayadas por el actor, respecto a que no había recibido instrucción a efectos de completar la planilla, la sobrecarga de trabajo, su falta de experiencia, y que no se encontraba su supervisor directo, carecen de recibo a efectos de enervar la falta.
En tal sentido, la prueba testimonial reunida en sede jurisdiccional (fs. 35 a 44) no es concluyente sobre las supuestas causas exculpatorias. En líneas generales el referido informativo testimonial reconoce sobrecarga de trabajo en el mes de diciembre, pero no resulta determinante a efectos de comprobar una supuesta imposibilidad del actor de completar la planilla que le fuera ordenada.
Por otra parte, la demanda aparece contradictoria, ya que por una parte se refiere a complejidad de la tarea y falta de experiencia, pero por otro lado se señaló que la planilla de compras pudo ser realizada por parte del actor, a satisfacción de sus superiores, en una sola jornada de trabajo (fs. 12 vto. in fine y fs. 13).
En consecuencia, la alegada falta de capacitación y experiencia del funcionario sancionado no era tal, en tanto, cuando tuvo la disposición para realizar la tarea encomendada, pudo realizarlo.
V) En el mismo derrotero, la Administración acreditó debidamente los presupuestos fácticos de la sanción aplicada. Así, el informativo testimonial diligenciado a instancias de la demandada da cuenta de que el funcionario se encontraba apto para la tarea que le fue encomendada, para lo cual fue capacitado, a la vez que se recalcó la importancia de la realización en tiempo del llenado de la planilla en cuestión (interrogatorios de fs. 68 a 79). A modo de ejemplo, el testigo Guillermo Barbosa, jefe administrativo del Servicio de Disposición Final de Residuos de la Comuna demandada, al ser preguntado acerca de la implementación de la mentada planilla, declaró: “Se habló con todos los funcionarios de los talleres que realizaban compras y se tomaron ejemplos y sugerencias. Se habló con los diferentes funcionarios administrativos que estaban en compras; estaban al tanto que se iba a implementar; se venía anunciando; se hizo con la colaboración de todos los funcionarios que realizaban compras”. Ante el cuestionamiento de si estaba al tanto de la comisión de la falta, declaró: “Sí… pasaron unos 10 días y no se ingresó ninguna información a la planilla”. (Fs. 69 y 69 vto. de infolios).
Preguntado acerca de los perjuicios ocasionados a la Administración por la falta cometida, señaló: “(…) en el entendido que no se pudo comenzar con el seguimiento que se buscaba para controlar demoras en las compras de repuesto de la flota de levante lateral que se encarga de más del 80% de la recolección de los residuos domiciliarios de la ciudad, entiendo que sí se generó un perjuicio”. En el mismo sentido, declararon los funcionarios Carmen Bertoni y Máximo Berriel (fs. 72 y ss. de infolios).
VI) A partir de las consideraciones precedentes importa concluir que se han acreditado los presupuestos de procedimiento, de hecho, y de Derecho, a efectos de la aplicación de la sanción impuesta, la cual no merece ningún reproche de ilegitimidad.
Sin perjuicio de lo anterior, huelga recordar la jurisprudencia firme de la Corporación, según la cual “acreditada la falta, la sanción entra en la legítima competencia de la Administración”. En este sentido, es posición del Tribunal que la medida de la sanción integra la esfera de la discrecionalidad privativa de la Administración, a menos que exista una evidente discordancia con la falta probada, lo que no se avizora de modos alguno en el caso de autos.
En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación,
FALLA:
Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado.
Sin especial condena procesal.
A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil).
Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.
Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dra. Salvo.
Dr. Marquisio (Sec. Letrado).
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).