Sentencia Definitiva N° 21/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de febrero de 2022 No. 21 VISTA : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS con PODER EJECUTIVO. URSEA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 274/2019). RESULTANDO : I) En este proceso, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS, dedujo pretensión anulatoria la Resolución No. 243/018, dictada el 7 de agosto de 2018 (Acta No. 31/2018) por el Directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (en adelante: la URSEA), por la cual se dispuso: “1) Revocar lo dispuesto por la Resolución Nº 21/017, de 14 de febrero de 2017; 2) Instruir a UTE que deje de cobrar el monto reliquidado, y en su caso, realice la devolución de lo percibido por ello, en tanto no obtenga resolución judicial que lo habilite, o bien acuerde genuinamente con la empresa su pago (…)”. (Fs. 105 vto.-106 de los A.A., foliatura mecánica). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria expresó que en cumplimiento de controles de rutina realizados por su Departamento Comercial sobre facturación de Grandes Clientes se constató que en la cuenta a nombre de la empresa EVAMEL S.A. de la ciudad de Salto, no coincidía la tarifa a aplicar con la facturación, por diferencia en el nivel de tensión. Explicó que se aplicó una tarifa menor por lo que el cliente abonó menos, realizándose una reliquidación de la energía consumida en el período 30 de junio de 2014 al 29 de febrero de 2016. Señaló que la reliquidación fue notificada a la sociedad a efectos de llegar a un acuerdo para el cobro de forma diferida y por un período a pactar entre las partes, aplicando tarifas a valor histórico, sin intereses y con financiación a acordar. La firma no aceptó la reliquidación (fs. 7 y 8 Documentación parte actora) y ante la respuesta de UTE (fs. 15 vto. AA) se presentó ante URSEA (fs. 13 vto. a 14 AA) quien remitió las actuaciones en consulta previa a UTE. Relató que, en un primer estudio de la situación, la URSEA entendió que la reliquidación efectuada integraba la ejecución de buena fe del contrato; sin embargo, ante la recurrencia interpuesta por EVANEL S.A., la demandada cambió su posición sin fundamento, vulnerando el principio de seguridad jurídica. Afirmó que la resolución impugnada le agravia por el efecto suspensivo y retroactivo (de suspensión de cobro y devolución retroactiva) entendiendo que de acuerdo con Decreto 500/991 los recursos no tienen efecto suspensivo por lo que el proceder de UTE de realizar la liquidación por el período junio/14 a febrero/16 fue acorde a Derecho, habiéndose abonado 10 cuotas del total de 48. Se agravió por cuanto considera que la URSEA carece de potestad para imponerle una obligación de imposible cumplimiento, en tanto, ya se ha efectivizado un cobro parcial. Precisó que, la diferencia entre lo efectivamente facturado y lo que debería haberse cobrado generó un perjuicio significativo al Ente, en tanto, se trata de energía eléctrica que la empresa efectivamente consumió y no abonó. Afirmó que UTE actuó conforme a Derecho porque la liquidación se realizó sobre la energía consumida y no liquidada de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa que rige al contrato de suministro de energía eléctrica. Relató que -a partir de la notificación de la Resolución 21/017- UTE comenzó a cobrarle a EVANEL S.A el monto correspondiente a la reliquidación en 48 cuotas iguales, consecutivas y sin intereses de $ 37.712, 27 más IVA, sobre un total de $2.208.430. Se agravió por cuanto se dispuso la suspensión del cobro y la devolución de lo ya abonado, pretendiendo imponer a UTE una obligación para la cual la URSEA carece de competencia. Invocó en apoyo de su posición el artículo 33 del Reglamento de Distribución No. 277/002, el cual faculta al Ente a proceder a su recupero o reintegro en caso de error en los procesos de facturación; facultad que también se estipula en el respectivo contrato de suministro de energía eléctrica. Indicó que, en el caso de autos, UTE no hizo abuso de su posición prevalente como distribuidor exclusivo del servicio eléctrico, sino que cumplió con la normativa vigente. Concluyó que la URSEA ha excedido el límite de sus atribuciones porque no corresponde que obligue a UTE a no aplicar la normativa vigente para la reliquidación de consumos impagos. Al respecto, adujo que de acuerdo con art. 1º de la Ley No. 17.598 en la redacción dada por el art. 117 de la Ley No. 18.719, la competencia de URSEA se circunscribe a la actividad de energía eléctrica en la que se reclame su intervención sobre aspectos que derivan de la relación de consumo entre UTE y sus clientes y no en lo referente a la aplicación de las tarifas y normativa vigente. En definitiva, bregó por la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Liminarmente, adujo que la acción de nulidad promovida por la accionante lo fue fuera del plazo habiendo operado la caducidad de la acción anulatoria. Sin perjuicio de lo anterior, procedió a contestar los agravios y articular su defensa. En ese sentido, señaló que entre los meses de junio 2014 y febrero de 2016 la UTE le facturó a EVAMEL S.A. conforme al “Acuerdo de Servicio” celebrado con ella, por lo que no es cierto que haya existido un error en los procesos de facturación. Consecuentemente, entiende que no resulta aplicable la previsión contenida en el artículo 33 del Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica. Precisó que, la reliquidación del consumo hacia el pasado hubiese requerido el dictado de un acto administrativo formal. Sin embargo, generada la controversia planteada por el interesado, corresponde acudir a un órgano jurisdiccional, sin que se proceda entre tanto a efectivizar la reliquidación. Destacó que UTE no agregó ningún acuerdo de pago celebrado con EVAMEL S.A. relativo a la cifra cuyo pago pretende, por lo que no puede abusar de su posición prevalente como distribuidor exclusivo del servicio eléctrico. Finalmente, con respecto a la pretendida incompetencia de la URSEA, señaló que se trata de una instrucción particular, contemplada legalmente en los literales B y F del artículo 14 de la Ley No. 17.598. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Resolución No. 745/2019, el Tribunal desestimó la cuestión formal planteada, declarando correctamente agotada la vía administrativa, con costas a cargo del vencido (fs. 53 - 54 de infolios). Se abrió a prueba por 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 56, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 202 fojas). V) Las partes alegaron por su orden (fs. 59 - 62 vto. y fs. 65 - 68, respectivamente). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 468/2020, aconsejando la confirmación del acto impugnado (fs. 71 - 75). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 77). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). Esta cuestión, que fue controvertida, quedó resuelta por sentencia interlocutoria No. 745 de 26 de noviembre de 2019 (fs. 53 a 54 expte. ppal.) que declaró bien agotada la vía administrativa e interpuesta en plazo la demanda que contiene la pretensión anulatoria. II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución No. 243/018, dictada el 7 de agosto de 2018 (Acta No. 31/2018) por el Directorio de la URSEA, por la cual se dispuso: “1) Revocar lo dispuesto por la Resolución No. 21/017, de 14 de febrero de 2017; 2) Instruir a UTE que deje de cobrar el monto reliquidado, y en su caso, realice la devolución de lo percibido por ello, en tanto no obtenga resolución judicial que lo habilite, o bien acuerde genuinamente con la empresa su pago (…)”. (fs. 105 vto.-106 de los A.A., foliatura mecánica). III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene realizar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. Conforme surge de los recaudos agregados al proceso, emerge que en mayo de 2014 EVAMEL S.A. solicitó a UTE nuevas condiciones de suministro eléctrico con aumento de su potencia contratada a 280 Kw. suscribiéndose un “Acuerdo de Servicio” . En dicho acuerdo, se previó el cambio de potencia contratada referido, especificando la conexión del suscriptor en baja tensión (400V) y haciendo mención a la tarifa Gran Consumidor 6,4-15-22KV que obra recogida en el tarifario actual como GC2 conforme a lo cual se pasó a facturarle según condiciones de la recién referida tarifa. Posteriormente, en mayo 2016, UTE le comunicó por nota a EVAMEL S.A. que la tarifa GC2 no era la correcta por lo que procedió a aplicarle la GC1, anunciándole que se iba a corregir la tarifa del contrato suscrito oportunamente y a reliquidarle las facturaciones del período junio/ 14 a febrero/16 las que serían incluidas en cuotas en las futuras facturaciones hasta alcanzar la diferencia generada que ascendía a $ 2.208.430,42. (Fs. 14 vto. - 15 de los A.A.). Demostrando su disconformidad con la posición asumida por el Ente estatal, EVAMEL S.A. formuló un reclamo ante la URSEA en el que manifestó su oposición a que UTE le cobrara hacia atrás diferencias basadas en errores de facturación en el período comprendido entre el 30 de junio de 2014 y el mes de febrero de 2016. (Fs. 1 vto. y ss. y 7 vto. y ss. de los A.A.) Así las cosas, URSEA requirió información a UTE, se elaboraron informes y el 14 de febrero de 2017 se dictó la Resolución No. 21/017 que no hizo lugar al reclamo de la empresa. (Fs. 58 vto. - 59 de los A.A.). Ante esta situación, la sociedad presentó los recursos administrativos correspondientes (fs. 61 - 62 de los A.A.) y en dictamen de marzo de 2018 (fs. 77 vto. a 79 vto. de los A.A.) se revisó la posición jurídica adoptada en la Resolución No. 21/017 confiriéndose vista a la reclamante y a UTE (fs. 81 de los A.A.). Ésta última, la evacuó a continuación (fs. 81 vto. a 86 de los A.A.) y sus argumentos fueron considerados en el informe subsiguiente. El Directorio de URSEA compartió la revisión jurídica de la Resolución No. 231/017 dictándose la Resolución No. 243/18 cuya nulidad se procesa en estos obrados (fs. 105 vto. a 106 de los A.A.). IV) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) Sobre el marco normativo. La URSEA, por mandato legal, tiene cometida la regulación y control del servicio público de distribución de energía eléctrica, debiendo velar por el cumplimiento de las normas sectoriales en materia eléctrica (artículos 1º, 14, 15 literal A) de la Ley No. 17.598). Bajo ese marco legal, el literal F del artículo 14 comete al regulador a recibir, instruir y resolver , en vía administrativa, y sin perjuicio, las denuncias y reclamos de los usuarios y consumidores respecto a los servicios comprendidos dentro de su competencia que no hayan sido atendidos por los prestadores. Así, la URSEA, supervisa con plena habilitación legal, la gestión comercial propia del suministro eléctrico, que claramente forma parte del servicio público de distribución. Ostenta potestad jurídica para emitir instrucciones particulares al distribuidor de energía eléctrica, para asegurar el funcionamiento adecuado del servicio público a su cargo, en el marco de los objetivos planteados legalmente (artículo 14, literal B). Por su parte, en lo que refiere al suministro eléctrico, el Decreto Ley No. 14.694, en su artículo 16 dispone que la energía vendida a terceros, debe ser medida y facturada de acuerdo con la potencia y al consumo aplicando a tal efecto las tarifas dispuestas por el Poder Ejecutivo, en tanto, su artículo 19 prevé que la falta de pago en término de la factura por suministro, dará derecho al suministrador, a suspender el servicio al suscriptor, sin perjuicio de la iniciación de las acciones judiciales pertinentes. VI) Resolución del caso. En la especie, la empresa EVAMEL S.A. formuló un reclamo ante la URSEA, por la vinculación de suministro eléctrico que tiene con UTE, en el que expresó su disconformidad con que el Ente le cobre hacia atrás, diferencias, con base en la consideración de que por “un error de facturación” se le había cobrado incorrectamente desde el 30 de junio de 2014 hasta febrero de 2016 (fs. 9 de los A.A.). En el caso, el suscriptor (EVAMEL S.A.) cumplía las condiciones para acceder a la categoría tarifaria de Gran Consumidor, pero al estar conectado en baja tensión, correspondía se le aplicara la tarifa de GC1; de modo que la empresa no cumplía las condiciones reglamentarias para acceder a la tarifa GC2, recayendo un error en la tarifa. Fue así que UTE le comunicó a la empresa que iba a corregir la tarifa del contrato de suministro firmado oportunamente y a reliquidar las facturaciones ya hechas en el período mencionado, incluyéndole en facturaciones posteriores, cuotas que permitieran cobrar la diferencia de facturación establecida en $ 2.208.430,42 (fs. 5 vto.-6 de los A.A.). VII) A juicio del Tribunal, asiste razón a la accionada en cuanto a que lo sucedido no respondió a un error en los procesos de facturación, como pretende sostener UTE, sino que lo aplicado fue lo previsto en el acuerdo de servicio (tarifa GC2). Es decir, entre junio de 2014 y febrero de 2016, UTE facturó conforme lo que surge del acuerdo de servicio establecido, por lo que no hubo un error en los procesos de facturación y por ende no resulta aplicable lo sostenido por UTE. La Sala entiende que UTE no podía desligarse del acuerdo de servicio y reliquidar para atrás diferencias de más o menos un año y medio de suministro so pena de incurrir en abuso de su posición como distribuidor exclusivo del servicio eléctrico. Pero, como bien resalta URSEA en sus alegatos, aún de entenderse que UTE como Administración Estatal, puede declarar dicho contrato inválido parcialmente por antijuridicidad y fundado claramente en un interés público, -sin embargo- variar la condición tarifaria y resolver cobrar las diferencias hacia atrás según la tarifa reglamentaria pertinente, ello hubiera requerido un acto administrativo formal, que no existió . (Destacado me pertenece). (fs. 67 infolios). Lo correcto jurídicamente era que UTE concurriera ante un órgano jurisdiccional; y no proceder a efectivizar, entre tanto, la reliquidación. En definitiva, la Corporación arriba a la conclusión de que nada cabe objetar a lo actuado por URSEA, quien actuó legítimamente, en el marco de sus competencias. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA: Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).