Sentencia Sentencia N° 19/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de febrero de 2022. No. 19 VISTOS : Para resolución, la falta de jurisdicción planteada por la parte demandada en los autos caratulados: “RETOP S.A con INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MA LDONADO. Acción de Nulidad” (Ficha. No. 99/2021). RESULTANDO : I) A fs. 15 comparece la accionante promoviendo demanda de nulidad contra el Acta de Constancia Nº 144536 del año 2019 labrada por la emp resa TRIBUTOS DE URUGUAY S.R.L, mediante la cual se constatan diferentes avisos publicitarios y de propaganda de la actora en la vía pública o visible desde ella y se realiza la liquidación para el posterior cobro de la tasa de control de cartelería , creada por los arts. 36 y 38 del Decreto Departamental Nº 3595 y la Resolución Nº 831/2019. II) A fs. 39 comparecen los representantes de la Intendencia Departamental de Maldonado a contestar la demanda, manifestando que no existe acto administrativo alguno que exprese la voluntad última de la Administración y, por tanto, recurrible ante el TCA. El Acta atacada emana de una empresa privada que se encarga de controlar la cartelería existente en el Departamento, por lo que no se trata de un acto administrativo de determinación del tributo en cuestión. Sostiene que no existe ningún acto administrativo que pueda ser procesable ante el TCA pues el Acta Nº 144536 no tiene tal naturaleza, simplemente es la liquidación que formula una e mpresa contratada a tales efectos, pero no constituye la voluntad final de la Administración. III) Por Decreto Nº 4608/2021 (fs. 44), se dio traslado a la actora de la cuestión formal planteada, quien comp areció a evacuarlo en escrito que luce a fs. 46-49. IV) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por Dictamen Nº 577/2021 glosado a fs. 52/52 vta., aconsejó amparar el excepcionamien to interpuesto y declarar que la voluntad enjuiciada no es procesable ante esta sede contencioso anulatoria. V) Por Decreto Nº 6650/2021 (fs. 54 ), se pusieron los autos para resolución, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) El Tribunal, compartiendo lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, entiende que la volición enjuiciada en puridad no se trata de un verdadero acto administrativo y menos aún, de un acto administrativo definitivo que exprese la voluntad última de la Administración, por lo que la misma no resulta procesable ante esta Jurisdicción contencioso -anulatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República. II) En efecto, el Acta de Comprobación atacada emana de una persona jurídica regida por el derecho privado y al no tratarse de una autoridad pública estatal, no puede decirse que estemos frente a un verdadero acto administrativo. Al no tratarse de un acto administrativo cumplido por la Administración en el ejercicio de sus funciones estatales, la voluntad enjuiciada no encuadra dentro del ámbito competencial de este Trib unal establecido en el artículo 309 de la Carta y, en consecuencia, no resulta procesable ante esta jurisdicción (Cfme. Sentencias Nos. 830 y 855/2017). III) Aun cuando se sostenga equivocadamente que se trata de un acto administrativo, la voluntad enjuiciada sería igualmente no procesable pues claramente tiene un carácter meramente preparatorio de la voluntad última de la Administración , que deberá plasmarse en el acto de determinación tributaria definitivo del tributo municipal en cuestión, único acto verdaderamente enjuiciable ante este Tribunal. IV) Por consiguiente, si la parte actora entiende que el Acta impugnada es ilegítima o no se ajusta a la realidad de los hech os, deberá ventilar tales cuestiones ante la Justicia Ordinaria enjuiciando a la persona privada que emitió dicha Acta o de lo contrario, e sperar a que la Administración D epartamental demandada dicte el correspondiente acto administrativo de determinación del tributo cuestión, para ahí sí poder contender ante este Tribunal con la correspondiente acción anulatoria previo agotamiento de la vía administrativa. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal, RESUELVE : Declárase que la volición impugnada en los presentes obrados no es procesable ante esta jurisdicción contencioso-anulatoria. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte act ora en la suma de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados y; archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado).