Sentencia Definitiva N° 17/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de febrero de 2022 No. 17 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “GROSSO PENELA, INES MARYÉLE con ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO. Acción de Nulidad” (Ficha No. 204/2019). RESULTANDO : I) La actora dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución Nº 4646/2018, de 22 de agosto de 2018, emitida por el Directorio de ASSE, mediante la cual se dispuso: “Aplícase a la Sra. Inés Grosso Penela (…), perteneciente al Instituto Nacional de Reumatología una sanción consistente en la suspensión con retención total de haberes por el término de 90 (noventa) días y descuento de la preventiva sufrida” (fs. 196 a 196 vto., en carpeta verde de 230 fojas, A.A.). En necesaria síntesis, expresó como agravios que: i) Se dispuso la instrucción de un sumario con suspensión preventiva y retención de la mitad de los haberes , sin manifestar durante cuánto tiempo . Además, nunca se fundamentó en qué se basó “esta sanción preventiva” . Esta decisión, que consideró excesiva y agraviante la impugnó en la Ficha No. 249/2018; ii) No se tiene el honor de compartir, ni la calificación de la falta a la que se arriba por la instructora, ni los hechos que toman en cuenta para su conclusión; iii) Cabe destacar que hubo muchos hechos que denunció al evacuar la vista, de falta de controles por parte de la Administración, que los superiores no tomaron en cuenta ; iv) De ninguno de los testigos surge que haya habido un descuido o una mala gestión de su parte ; v) Nada de esto fue rebatido por la Administración, por lo que se ha incumplido con la previsión de vista previa , dado que el derecho de defensa no sólo implica el poder de recurrir, sino que los argumentos manifestados en el recurso sean rebatidos. Se debieron analizar todos los puntos planteados por la recurrente; vi) Se produjo una violación al principio de verdad material : por un hecho formal, que no responde a la verdad material, se le dispuso una sanción muy gravosa ; vii) La decisión de la Administración es infundada: se poseen pruebas del cumplimiento; viii) La Administración nunca se pronunció sobre el recurso. En definitiva, demandó la nulidad del acto encausado (fs. 8 a 12). II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado- la Dra. Patricia Llagueiro, quien tras relacionar los antecedentes del acto lo contestó oponiéndose al accionamiento. Respecto a la denuncia presentada a la Dirección del INRU, una vez notificada de la misma la actora tuvo oportunidad de evacuar la vista. Ante la gravedad de las presuntas irregularidades denunciadas, sus descargos no pudieron evitar que se le dispusiera un sumario con suspensión y retención de medios sueldos. La contraria, a pesar de haber articulado su defensa, en ningún momento desmintió las denuncias plasmadas, las que dejaron de manifiesto la existencia en cocina de una serie de alimentos vencidos, los que, a su vez fueron utilizados para la elaboración de alimentos para los internados, e incluso congelados para luego ser descongelados y nuevamente ser servidos. Por otro lado, no pudo desmentir que varios alimentos inventariados existían en demasía dada la cantidad de camas existentes en el INRU, que eran tan sólo diez. Se destaca la existencia de veinte kilos de lentejas vencidas desde el año 2015, entre otros productos que por su cantidad se vieron desperdiciados. Todo lo relatado demuestra que la reclamante no realizó su tarea acorde a derecho. La funcionaria era responsable de efectuar los controles pertinentes y la supervisión del área. La misma debió adoptar una actitud diligente y velar por las condiciones sanitarias y de higiene de los productos. La suspensión preventiva y la retención de los medios sueldos es acorde al artículo 176 de la Resolución del Directorio de ASSE Nº 5.500, de 23 de diciembre de 2015. No se exige que se deba indicar un plazo, sino que la misma sólo puede ser por hasta seis meses. Y la suspensión total por tres meses con retención total de haberes dispuesta, menos el descuento de la preventiva coincide con la sanción impuesta. En conclusión, el acto administrativo atacado es legítimo, está debidamente fundado y no contiene vicio alguno (fs. 19 a 22). III) Por decreto No. 4443/2019 (fs. 24) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 36. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 42 a 45 vto. y fs. 48 a 48 vto., respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen N° 439/2020 y aconsejó confirmar el acto resistido (fs. 51 a 53 vto.). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 55). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , procede relevar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución de la República y normas concordantes para entablar la acción de nulidad (artículos 317 y 319 de la Constitución de la República y artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869, de 22 de junio de 1987). La Resolución impugnada se emitió el 22 de agosto de 2018 (fs. 196 a 196 vto., A.A.) y según manifestaciones de la actora (fs. 8, infolios) no controvertidas por la demandada (fs. 19 a 22, infolios), se notificó el 29 de agosto de 2018. El 5 de setiembre de 2018, se interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y anulación (fs. 206 a 209 vto., A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración resolviera el último de los recursos, el 24 de marzo de 2019. La demanda se presentó el 9 de abril de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 13). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. El origen de las actuaciones se remonta a una nota del 1º de marzo de 2017, en la que la Licenciada Fiorella Pucciarelli puso en conocimiento de la Directora Administrativa de presuntas irregularidades en el Sector Alimentación o Cocina del Instituto Nacional de Reumatología, relevando - entre otros hechos- la existencia de sendos alimentos (arroz, avena, lentejas, sémola, semillas de lino, te y vinagre) con fecha de vencimiento que ya había expirado o que estaba próxima a vencer (harina, pan rallado, mermelada y dulces de cortes de zapallo) (fs. 55 a 68, A.A.). Remitidos los obrados a la Asesoría Letrada del Instituto Nacional de Reumatología, se aconsejó que se otorgara vista a la actora por el término de diez días hábiles (fs. 69, A.A.). Una vez notificada, presentó descargos (fs. 74 a 78, A.A.) en los que reconoció medularmente que estaba en conocimiento de la fecha de vencimiento de los alimentos inventariados y atribuyó el hecho a la cantidad excesiva de productos que se recibían, por encima de lo que se solicitaba, refiriéndose particularmente a episodios del año 2013. Asimismo, expresó que del punto de vista sanitario debía tenerse presente que “Los cereales y las leguminosas son alimentos de bajo riesgo desde el punto de vista higiénico-sanitario. No obstante, se realizaban sistemáticamente inspecciones visuales y pruebas para valorar cualidades sensoriales ya que la eventual producción de insectos se identifica macroscópicamente, o cambios en la textura o la aparición de adherencia que también se identifican de la misma forma (…)” (fs. 75, A.A.) (la negrilla no está en el original). En definitiva, concluyó que “De haber significado un riesgo sanitario no habrían sido suministrados a pacientes hospitalizados (…)” fs. 76, A.A.) (la negrilla no está en el original). Por otra parte, adjuntó documentación, la que se incorporó a las actuaciones (fs. 79 a 122, A.A.). El 7 de abril de 2017, se expidió la Asesoría Letrada del Instituto Nacional de Reumatología, la que enfatizó en las constataciones de los alimentos que se encontraron vencidos y el hecho que se hayan cocinado y servido algunos de ellos, como por ejemplo lentejas que habían vencido en octubre del 2015, en una cazuela de verduras, y lo que era peor, que el sobrante había sido frizado para luego ser descongelado y reutilizado. A su vez, consideró que los descargos no resultaban de recibo y que procedía disponer la instrucción de un sumario administrativo con separación del cargo a la actora (fs. 126 a 127, A.A.). Por Orden de Servicio Interna No. 1/2017, de 20 de abril de 2017, la Dirección del Instituto Nacional de Reumatología, en ejercicio de atribuciones delegadas del Directorio de ASSE, dispuso la instrucción de sumario administrativo con suspensión preventiva y retención de los medios sueldos de la accionante (fs. 146 a 147, A.A.), la que luego de haber sido recurrida (fs. 149, A.A.), y previa intervención de la Dirección Jurídico Notarial de ASSE, fue revocada por Orden de Servicio Interna No. 2, de 30 de junio de 2017 (fs. 8, A.A.). Seguidamente, por Orden de Servicio Interna No. 3/2017, de 30 de junio de 2017, la Dirección del Instituto Nacional de Reumatología decretó la instrucción de sumario administrativo con suspensión preventiva y retención de los medios sueldos de la accionante. En el decurso del sumario la instructora sumariante procedió a incorporar los antecedentes que precedieron el dictado del acto (fs. 55 a 128, A.A.) y se interrogaron a las siguientes personas: i) Sra. María Solange Vernassa, funcionaria cocinera que manifestó que no sabía de la existencia de alimentos vencidos y que se enteró cuando la otra nutricionista los vio (fs. 42 a 44, A.A.); ii) Sra. Mirta Teresa Ayres, funcionaria de tisanería que tomó conocimiento de la existencia de alimentos vencidos a partir de un episodio en el cual se encontraron gorgojos en la sémola, luego de lo cual la nutricionista que estaba constató que habían muchos alimentos vencidos (fs. 45 a 47, A.A.); iii) Sra. Martha Cheloni, Directora Administrativa (fs. 48 a 50 y fs. 53 a 54, A.A.); iv) Sra. Noris Menotti, funcionaria adjunta a la Dirección Administrativa que declaró que la nutricionista es quien controla el buen estado de los alimentos y que cuando vino una suplente a cubrir a la actora durante su licencia informó que habían alimentos vencidos en la despensa y que incluso le habían sido suministrados a los pacientes (fs. 129 a 131, A.A.); v) Sr. Víctor Hugo Carbajal, funcionario cocinero que refirió a la existencia de sémola vencida que no se había tirado y negó haber suministrado comida vencida a pacientes (fs. 134 a 136, A.A.); vi) Sra. Inés Grosso, funcionaria sumariada y licenciada en nutrición que afirmó que “Siempre supe” de la existencia de alimentos vencidos y que “por otro lado hablamos de alimentos de bajo riesgo sanitario cuya percepción es por vía húmeda y cocción por ebullición donde se alcanza temperaturas de 100 grados centígrados y por un tiempo prolongado y esta relación tiempo temperatura asegura la eliminación de casi la totalidad de microrganismos patógenos. Además, realizaba inspección ocular a la despensa de alimentos almacenados dos veces por semana y al momento que iban a ser utilizados en el menú.” Asimismo, y con respecto al hecho de haber dado comida vencida a los pacientes, respondió que “ Partiendo de la base de la existencia de cereales vencidos, pero con asistencia sensorial y microbiológica contemplada se utilizaron cereales vencidos por mí (…)” (fs. 138 a 141, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 19 de julio de 2017, la instructora emitió un informe circunstanciado (fs. 150 a 157, A.A.) en el cual concluyó que “Existen múltiples irregularidades en el servicio donde la responsabilidad recae sin lugar a dudas sobre la Lic. Grosso. No se entiende por parte de esta instructora como pueden existir tantos alimentos vencidos y próximos a vencer y no se hubieran tomado medidas al respecto. El error es grueso puesto que los insumos tanto sea como lentejas, vinagre, sémola, arroz, semillas de trigo, dulces, te, pan rallado, son alimentos que para las menúes a realizar son mínimos, en virtud de que hablamos de 10 a 15 menúes diarios , obsérvese, desayuno, almuerzo, merienda y cena. (…) Este extremo se torna totalmente incomprensible para esta dicente, por más que la defensa explique y reitera que por temperatura, tiempo de cocción, textura y visibilidad se pueden observar elementos patógenos en forma macroscópica. Existió negligencia, los alimentos vencidos, vencidos están desde el año 2015 y con más antelación también, para ello no existe defensa alguna. Como tampoco existe defensa para los alimentos a vencer y sus cantidades. Asimismo, las irregularidades en el servicio involucran no sólo a la sumariada sino también a sus jefes inmediatos. (…) La calificación de la falta es de entidad grave (…) Esto es, se trata de una Licenciada en Nutrición, que debe elaborar, programar de 10 a 15 menúes diarios en este instituto (…)” (fs. 155 a 157, A.A.) (la negrilla no está en el original). Notificada la actora de la puesta de los autos de manifiesto por el término legal (fs. 158, A.A.), presentó descargos (fs. 162 a 164, A.A.) en los que básicamente disintió con la calificación de la falta y los hechos que se tomaron en cuenta para atribuirle responsabilidad y concluyó que “la existencia de alimentos vencidos no implica que haya existido riesgo para los pacientes, ni que se hayan utilizado como sucedió en el caso de la sémola. Se controló que el uso de los alimentos no revistiera ningún tipo de riesgo para los pacientes , se informó de la situación de sobre compra a los superiores” (fs. 163, A.A.). Además, ofreció prueba testimonial (fs. 164, A.A.), la que fue diligenciada parcialmente (fs. 165 a 167, A.A.) en virtud de la renuncia de la parte y su profesional a la declaración restante (fs. 168, A.A.). Elaborado un nuevo informe por parte de la instructora (fs. 169, A.A.), se pronunció la División Sumarios e Investigaciones Administrativas, la que aconsejó se diera vista de este a la sumariada (fs. 173, A.A.). El 23 de octubre de 2017, se notificó a la actora de la nueva vista conferida y se le hizo saber que la fecha de su reintegro sería la del 30 de diciembre de 2017 (fs. 175, A.A.). El 1º de noviembre de 2017, la accionante presentó nuevos descargos (fs. 176 a 176 vto., A.A.) en los que básicamente hizo hincapié en que no existió ningún daño para la Administración, ni los pacientes y se disintió con la calificación efectuada por la sumariante “ya que por un hecho formal, que no responde a la verdad material, se le ha dispuesto una sanción muy gravosa para la funcionaria” (fs. 176 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). El 20 de noviembre de 2017, la instructora sumariante elaboró otro informe en el cual ratificó sus conclusiones (fs. 177, A.A.). El 21 de diciembre de 2017, se pronunció la División Investigaciones y Sumarios de ASSE (fs. 178 a 178 vto., A.A.), la que compartió las conclusiones de la instructora y la calificación de la falta como grave “en virtud que la sumariada no sólo reconoció estar en conocimiento de la existencia de los alimentos vencidos, sino también de haber utilizado algunos de ellos para la elaboración de menúes de los pacientes” (fs. 178 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). El 4 de enero de 2018, dictaminó la División Jurídica Notarial de ASSE, la que entendió que los descargos no resultaban de recibo “dado que no la exoneran de responsabilidad, atento a la negligencia comprobada en autos en el desempeño de su función técnica en el servicio, con el agravante de que pudo poner en riesgo la salud de los pacientes al servirles alimentos con productos vencidos a sabiendas de ello; conducta violatoria de los deberes funcionales contenidos en el Decreto Nº 30/003 de 23/01/03, Normas de Conducta en la Función Pública. Artículo 19º. (Eficacia y Eficiencia). En virtud de lo expuesto, atento a la falta administrativa imputada, a su carácter grave, y teniendo en cuenta la circunstancia agravante de conducta señalada, se sugiere de acuerdo a lo establecido en el art 215 del Procedimiento Administrativo General y Procedimiento Disciplinario aprobado por Resolución del Directorio de ASSE número 5500/2015 (…) la aplicación (…) de una sanción consistente en la suspensión en el empleo por el término de ciento setenta y nueve (179) días con retención total de haberes y descuento de la preventiva sufrida (…)” (fs. 180 a 180 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). Elevada la propuesta de sanción, el 9 de abril de 2018, se expidió un profesional de la Secretaría Letrada del Directorio, quien entendió del caso solicitar a la Dirección Jurídico Notarial de ASSE que “ se amplíe los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales considera que se trata de una Falta Administrativa Grave. Asimismo, se amplíe los fundamentos técnicos que llevan a considerar que “pudo poner en riesgo la salud de los pacientes al servirles alimentos con productos vencidos a sabiendas de ello” Por último, se informe respecto a si se consideraron los antecedentes funcionales de la sumariada al formular propuesta sancionatoria” (fs. 185, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 10 de abril de 2018, se compartió lo informado por el Secretario Letrado del Directorio (fs. 186, A.A.). El 10 de mayo de 2018, la Dirección Jurídica Notarial solicitó opinión técnica a la Licenciada en Nutrición Mónica Blanco, de la Dirección de la Región Sur, para que se expidiera “con relación a si la utilización de alimentos vencidos por parte de la Nutricionista Maryele Grosso “pudo poner en riesgo la salud de los pacientes al servirle alimentos con productos vencidos a sabiendas de ello” (fs. 187, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 22 de mayo de 2018, se emitió un pormenorizado dictamen técnico por parte de la Licenciada en Nutrición Mónica Blanco (fs. 188 a 190, A.A.), quien luego de destacar que “Según la Agencia Española de Seguridad “un producto vencido no se debe ingerir”, ya que se corre el riesgo de enfermar, con lo cual es de suma importancia desde el punto de vista de la seguridad alimentaria” , concluyó: “Por lo tanto, según la OMS debemos garantizar la seguridad del paciente la cual define como la ausencia de un daño innecesario real o potencial asociado a la atención sanitaria. En conclusión, desde mi punto de vista técnico y por todo lo expuesto no se realizaron las acciones pertinentes para garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos poniendo en riesgo la salud de los pacientes , sin tener en cuenta, además que los usuarios que se encuentran internados en el INRU en su mayoría son una población vulnerable por ser pacientes inmunodeprimidos debido al tipo de patologías que se presentan” (fs. 190, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 25 de mayo de 2018, se expidió nuevamente la Dirección Jurídico Notarial, la que consignó: “Con relación al primer aspecto referido a los fundamentos de hecho, cabe consignar que la prueba diligenciada en autos por la instrucción, fue conteste en corroborar los hechos objeto del presente procedimiento (…) Asimismo deberá tenerse presente que la sumariada reconoció en acta de interrogatorio de fs. 145 la existencia de alimentos vencidos, con los cuales se procedía a la elaboración de la comida del servicio. Por su parte, el fundamento de derecho se encuentra regulado en los Arts. 9 y 19 del Decreto 30/03 de fecha 23 de enero de 2003 y Arts. 159, 205 y 215 del Reglamento de Procedimiento Administrativo Disciplinario de este Organismo. Con referencia a los fundamentos técnicos que llevaron a considerar que “se pudo poner en riesgo la salud de los pacientes” me remito a la consulta formulada por esta Dirección -a los efetos de mejor proveer sobre el punto- a la Lic. En Nutrición Sra. Mónica Blanco, la cual luce de fs. 190 a 192. (…) Por último, si bien el informe que concluye el proceso no valoró la atenuante genérica, que rige en favor de la sumariada, de ausencia de antecedentes funcionales en su legajo personal, destacó justamente la agravante que implicó su proceder poniendo en riesgo la salud de los pacientes producto de una conducta negligente. Por otra parte, si bien el procedimiento debe ajustar su actuar al principio de gradualidad, el hecho de estar ante una falta administrativa de tal magnitud, cometida por una profesional con especialización en la materia alimentaria-nutricional, la cual mereció la calificación de grave en su máxima medida de sanción (179 días), se estima por quien suscribe que la calificación no contradice el principio antes referido. No obstante, lo antes indicado, la calificación de la falta y la medida de la sanción se inscriben dentro de la potestad discrecional que compete al Directorio de este Organismo, siendo el pronunciamiento de esta Dirección no vinculante para dicho Corporativo ” (fs. 191 a 191 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). El 15 de agosto de 2018, se reunió el Directorio y se entendió pertinente modificar el quantum sancionatorio que se había proyectado, “disponiendo una sanción intermedia de 90 días de suspensión con retención total de haberes” (fs. 194, A.A.) (la negrilla no está en el original). Finalmente, el 22 de agosto de 2018, el Directorio de ASSE emitió el acto encausado (fs. 196 a 196 vto., A.A.). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 51 a 53 vto.) y dispondrá la confirmación del acto, por los fundamentos que se explicitarán. La esencia de los agravios que articuló la actora puede resumirse así: 1º) Se dispuso la instrucción de un sumario con suspensión preventiva y retención de la mitad de los haberes , sin manifestar durante cuánto tiempo . Además, nunca se fundamentó en qué se basó “esta sanción preventiva”. Esta decisión, que consideró excesiva y agraviante la impugnó en la Ficha No. 249/2018. 2º) No se tiene el honor de compartir, ni la calificación de la falta a la que se arriba por la instructora, ni los hechos que toman en cuenta para su conclusión. 3º) Cabe destacar que hubo muchos hechos que denunció al evacuar la vista, de falta de controles por parte de la Administración, que los superiores no tomaron en cuenta. 4º) De ninguno de los testigos surge que haya habido un descuido o una mala gestión de su parte. 5º) Nada de esto fue rebatido por la Administración, por lo que se ha incumplido con la previsión de vista previa , dado que el derecho de defensa no sólo implica el poder de recurrir, sino que los argumentos manifestados en el recurso sean rebatidos. Se debieron analizar todos los puntos planteados por la recurrente. 6º) Se produjo una violación al principio de verdad material : por un hecho formal, que no responde a la verdad material, se le dispuso una sanción muy gravosa. 7º) La decisión de la Administración es infundada: se poseen pruebas del cumplimiento. 8) La Administración nunca se pronunció sobre el recurso. A continuación, se procederá a la consideración de los agravios formulados por la accionante. IV) Comenzando por el primer agravio , es menester precisar que la cuestión ya fue resuelta en los autos caratulados “GROSSO PENELA, INÉS MARYÉLE con ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO. Acción de nulidad”, Ficha No. 249/2018, en donde por sentencia No. 356, de 23 de junio de 2020 , se desestimó el planteo de la actora. En efecto, en autos no se procesa la Resolución por la que se le dispuso el inicio de un sumario con medidas preventivas, sino el acto por el cual se sancionó a la actora con una medida de suspensión y retención total de haberes por el término de noventa días. Sin perjuicio de ello, cabe recordar que, en aquella oportunidad, la Corporación, en mayoría, consignó: “En cuanto al fondo, expresó la accionante que la impugnada no estableció el plazo de la suspensión y retención de haberes, siendo una medida arbitraria, que impide ejercer el derecho de defensa; que se violó el principio de verdad material, siendo la decisión infundada, debido a que la Administración posee las pruebas del cumplimiento; y a que existieron hechos que fueron denunciados por la accionante al evacuar la vista, hechos de falta de controles por parte de la Administración y que los Superiores no los tomaron en cuenta. A juicio de la Sede, el planteo no resulta de recibo, en tanto se evidencia a partir de la lectura de las actuaciones que antecedieron al dictado de la resolución impugnada, que existieron para la Administración motivos valederos, que justificaron la decisión de instruirle un sumario, dado que existían elementos de convicción suficiente que podían indicar, prima facie, la existencia de una falta administrativa en la conducta de la funcionaria accionante. (…) XII) Afirmó la actora, en otro orden, que no se determinó el tiempo de la suspensión preventiva ni de la retención, por lo que la misma es arbitraria, impidiéndole ejercer su derecho de defensa. A juicio del Tribunal, no le asiste razón. La suspensión preventiva no se trata de una sanción disciplinaria en sí misma considerada, sino que se trata de una medida cautelar de carácter provisional, tal como lo sostiene unánime doctrina y jurisprudencia (Cfme. SAYAGUÉS LASO, Enrique; “Tratado de Derecho Administrativo”, pág. 335, y Sentencias N°219/2013, 665/2013, 679/2013, 49/2018, entre otras). La resolución resistida, además de decidir instruir sumario a la actora, dispuso su suspensión preventiva y la retención de medios sueldos. El contenido de dicho acto no configura ni implica una sanción al funcionario, tal como erráticamente postula la accionante. (…) En la especie es de aplicación, similar norma a la que viene de referirse, lo dispuesto por el artículo 176 del Procedimiento Administrativo de ASSE, en cuanto a las medidas preventivas adoptadas. Las medidas cautelares o preventivas fueron dictadas, por ende, en forma ajustada a Derecho.” (la negrilla no está en el original). V) El segundo agravio apuntó a cuestionar que no se tiene el honor de compartir ni la calificación de la falta a la que se arriba por la instructora ni los hechos que toman en cuenta para su conclusión. En lo que respecta a la calificación de la falta que realizó la instructora, y que fue compartida por la División Jurídica Notarial, debe tenerse presente que el Directorio de ASSE la modificó de grave a “intermedia”, tal como se desprende del Considerando II) del acto impugnado. De ahí que, en puridad, la circunstancia que no se comparta la calificación de la falta como de grave por parte de la instructora a esta altura carece de objeto. Ahora bien, en cuanto a los hechos que esta tuvo en cuenta, más allá que la actora no fuera ordenadora de gastos y tampoco fuera la única responsable, lo cierto es que incurrió en una falta de entidad, al no haber procedido con eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los deberes funcionales que tenía como la nutricionista titular del servicio, teniendo en stock un considerable volumen de distintos tipos de alimentos que ya se encontraban vencidos o próximos a vencer. Por otra parte, incurrió también en un obrar negligente al haber suministrado alimentos vencidos a los pacientes, tal como se explicitó categóricamente en el informe de la Licenciada Mónica Blanco, de la Dirección Región Sur de ASSE (fs. 188 a 190, A.A.). Por otro lado, el tema de si el suministro de alimentos vencidos pudo poner en riesgo la salud de los pacientes se presenta como una cuestión eminentemente técnica y revertir sus conclusiones requeriría de una prueba hábil y conducente. Como lo ha destacado sistemáticamente la Corporación, “Si es necesario rebatir apreciaciones técnicas fundadas de los funcionarios de la Administración, en materias técnicas o científicas, es indispensable producir prueba pericial que ilustre en esos aspectos, como única forma de informar o demostrar a la Corporación los errores de la decisión administrativa” (sentencias Nº 348/2014, 544/2015, 70/2016, 555/2016, 628/2017, 636/2018, 619/2019, 725/2020, 80/2021, 144/2021 y 420/2021, entre otras) (la negrilla no está en el original). Sin embargo, la estrategia de la actora pasó por apelar a justificativos tales como inspecciones macroscópicas visuales y sensoriales, o temperatura de hervor de los alimentos, que carecen de eficacia convictiva para revertir los argumentos científicos manejados en el informe técnico en que se basó la Administración para atribuirle responsabilidad profesional. Así las cosas, el Tribunal carece de elementos de juicio para apartarse del informe técnico de la Administración (artículos 104 del Decreto Ley Nº 15.524, 429 del CPC y 184 del CGP), que a partir de sendos aportes argumentales y probatorios concluyó que “no se realizaron las acciones pertinentes para garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos poniendo en riesgo la salud de los pacientes” (fs. 190, A.A.) (la negrilla no está en el original). VI) El tercer agravio se centró en que hubo muchos hechos que denunció al evacuar la vista, de falta de controles por parte de la Administración, que los superiores no tomaron en cuenta. Si bien ello puede ser cierto, no se trata de una circunstancia que opere como causal de exoneración de responsabilidad de la conducta negligente en que incurrió la actora como funcionaria nutricionista, al no haber adoptado medidas para que no existieran alimentos vencidos que databan del año 2015 y de otros que estaban próximos a vencer, como también por el hecho de haber suministrado alimentos vencidos a pacientes. Como bien lo precisó el dictamen de 4 de enero de 2018, de la División Jurídica Notarial de ASSE, los descargos que presentó la actora “no la exoneran de responsabilidad, atento a la negligencia comprobada en autos en el desempeño de su función técnica en el servicio, con el agravante de que pudo poner en riesgo la salud de los pacientes al servirles alimentos con productos vencidos a sabiendas de ello; conducta violatoria de los deberes funcionales contenidos en el Decreto Nº 30/003 de 23/01/03 , Normas de Conducta en la Función Pública. Artículo 19º. (Eficacia y Eficiencia).” (fs. 180, A.A.) (la negrilla no está en el original). Por lo tanto, procede descartar la procedencia de este agravio. VII) Continuando con el estudio de los agravios, la actora sostuvo que de ninguno de los testigos surge que haya habido un descuido o una mala gestión de su parte. Ello no es así. Basta con leer las actuaciones sumariales para concluir que sí la hubo. Así por ejemplo puede verse la declaración de la testigo Noris Menotti, funcionaria adjunta a la Dirección Administrativa que declaró que la nutricionista es quien controla el buen estado de los alimentos y que cuando vino una suplente a cubrir a la actora durante su licencia informó que había alimentos vencidos en la despensa y que incluso le habían sido suministrados a los pacientes (fs. 129 a 131, A.A.). Pero aun cuando ello no surgiera de la prueba testimonial, no pueden perderse de vista las manifestaciones de la propia actora, que reconoció estar al tanto de la existencia de sendos alimentos que se encontraban vencidos de larga data, como también el hecho de habérselo suministrado a pacientes, medidas -a estar al informe técnico producido por la Administración- implicaron un obrar no ajustado a su función y profesión. VIII) Otro de los planteos que esgrimió la pretensora se centró en afirmar que la Administración no rebatió “todos los puntos planteados por la recurrente” , lo que a la postre implicó un incumplimiento de la previsión de vista previa “dado que el derecho de defensa no sólo implica el poder de recurrir” , sino que “los argumentos manifestados en el recurso sean rebatidos”. De la formulación del agravio emerge que el vicio procedimental que se denuncia se produjo en vía recursiva , con lo cual su eventual configuración no resulta susceptible de irrogar de nulidad al acto impugnado. Cabe replicar aquí lo expresado por el Tribunal en sentencia Nº 291/2016, en cuanto consignó: “IX) En esta fase de cuestionamiento, no le asiste razón a la promotora. Particularmente, porque debe de verse que las transgresiones y/o desviaciones rituales (no recabar previamente dictamen jurídico a la resolución del recurso de revocación y la inusual celeridad con la que concluyó el procedimiento recursivo) se reproducen en un estadio procedimental lógicamente posterior al dictado del acto encausado. En efecto, los apartamientos adjetivos que denuncia la actora no tienen su fuente directa de concreción en la volición que se resiste mediante la pretensión anulatoria ejercitada en estos obrados , sino en el mecanismo impugnativo activado en el tránsito hacia la definitividad (ex art. 309 de la Constitución de la República y art. 24 del Decreto-Ley 15.524) de aquél para habilitar la revisión jurisdiccional. En la especie, los vicios denunciados aparecen luego de emitido el acto cuestionado, con lo cual debe concluirse que, actuaciones que no anteceden a su emisión, comprometerían la irregularidad jurídica del mismo, extremo que, en líneas generales, se advierte como inadecuado, pues descansa en la incorrecta delimitación del objeto de la pretensión anulatoria. (…) Bajo la referida línea de análisis técnico-jurídico, la Corporación con anterioridad ha sostenido que: “Es criterio doctrinariamente admitido que la consecuencia jurídica de no instruir debidamente los recursos, puede acarrear responsabilidad patrimonial de la persona estatal en cuestión, conforme lo dispuesto en el art. 24 de la Carta, siempre que se produjere un daño, y podrá haber responsabilidad disciplinaria y/o penal de los funcionarios incumplidores , los que podrán ser responsabilizados frente a la Administración de acuerdo a lo dispuesto en el art. 25 de la Constitución de la República (Conf. Cajarville Peluffo, Juan Pablo: Recursos Administrativos, Montevideo, 2009, pág. 218). En idéntica orientación conceptual, la Corporación ha señalado: "Que en cuanto a las irregularidades procedimentales señaladas en el Dictamen del Sr. Procurador del Estado, cabe señalar que, como surge de los escritos obrantes en autos, los medios de prueba propuestos para demostrar la aptitud de la actora fueron ofrecidos en el mismo escrito en que se dedujeron los recursos administrativos. El rechazo de la prueba se produjo en un momento procesal posterior al dictado del acto, es decir, si bien el obrar de la Administración en esa etapa, puede ser indicativo de la existencia de otros vicios -como la desviación de poder- la obstaculización de las facultades probatorias, en la etapa recursiva, no resultan aptas para viciar el acto ya dictado." (Sentencia No. 829/2012).” (Sentencia No. 377/2013, Conf. Sentencias Nos. 419/2013, 54/2014, 125/2015, 169/2015, entre otras)” (la negrilla no está en el original). Sin perjuicio de ello, aun si se partiera de una interpretación amplia de la demanda y de la expresión del agravio (la actora también recurrió y accionó de nulidad contra el acto que le dispuso el inicio de un sumario administrativo con medidas preventivas ( Ficha No. 249/2018 ), igualmente no se advierte que la Administración no haya considerado razonablemente los planteos defensivos que esta formuló. Lo que sucedió es que, luego de sendos análisis realizados por la instructora sumariante, la División Sumarios e Investigaciones Administrativas, la Dirección Jurídica Notarial y la Secretaría Letrada del Directorio (nos remitimos brevitatis causae a la reseña de antecedentes del Considerando II) ut supra de la presente), se arribó a la conclusión fundada que los descargos que la actora formuló “no la exoneran de responsabilidad atento a que en el desempeño de su función técnica en el servicio pudo poner en riesgo la salud de los pacientes al servirles productos vencidos ” (Considerando I del acto impugnado), lo que ciertamente es así a partir de una lectura integral de las probanzas que se produjeron, particularmente del informe técnico que produjo la Licenciada en Nutrición Mónica Blanco, de la Dirección Región Sur de ASSE. En función de las razones expresadas, el agravio de mención tampoco puede ser amparado. IX) En lo que respecta a la violación al principio de verdad material, señalando que, por un hecho formal, que no responde a la verdad material, se le dispuso una sanción muy gravosa , cabe remitirse a los fundamentos planteados en los Considerandos V) a VII) ut supra de la presente. No se trató de un simple “hecho formal” , sino de una conducta negligente que infringió los deberes de eficacia y eficiencia que tenía la actora como funcionaria y profesional nutricionista, todo lo cual surge suficientemente probado a partir del cúmulo de las probanzas producidas y particularmente del informe técnico que concluyó que “no se realizaron las acciones pertinentes para garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos poniendo en riesgo la salud de los pacientes” (fs. 190, A.A.) (la negrilla no está en el original). En cuanto a la afirmación que se le impuso una “sanción muy gravosa”, el Tribunal no advierte que la medida disciplinaria de suspensión con retención total de haberes por el término de noventa días se revele como ilegal, arbitraria o desproporcionada con relación a los hechos, de manera tal que habilite a examinar y controlar la entidad de la sanción (Cf. Ariel Gianola Mantegani, “Los límites de la potestad disciplinaria: razonable adecuación de la sanción a la falta” , RDJA, T. 72, Montevideo, 1972, p. 155 y siguientes y del mismo autor: “Nuevamente sobre el control de grado de la sanción” en RDJA, T. 73, p. 150 a 152, Rubén Dapkevicius, “Control Jurisdiccional de la cuantificación de la sanción disciplinaria” , Anuario de Derecho Administrativo, Tomo X, p. 97 a 105; Augusto Durán Martínez, “Proporcionalidad entre la falta y la sanción” , en Revista Uruguaya de Estudios Administrativos, Nº 1, Montevideo, 1980, p. 134; Cristina Vázquez, “El contralor jurisdiccional de la dosificación de la sanción” , en Temas de Derecho Administrativo, Editorial Universidad Ltda., Montevideo, 1989, p. 25 y siguientes; Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Sobre actos administrativos” , en Sobre Derecho Administrativo, T. II, FCU, Montevideo, 2008, p. 49 a 78 y Susana Lorenzo de Viega Jaime, “Potestad sancionatoria y los límites de la discrecionalidad estatal” en “Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Juan Pablo Cajarville Peluffo”, obra colectiva coordinada por María Cristina Vázquez Pedrouzo, FCU, Montevideo, 2011, p. 303 y siguientes, entre otros). Como lo ha señalado reiteradamente la Corporación, la elección de la reprimenda resulta, en principio, de resorte de la Administración y es cuestión normalmente ajena a la jurisdicción , en cuanto corresponde al criterio discrecional del jerarca administrativo, salvo cuando se aprecie una evidente discordancia de la falta con la pena o, una desproporción susceptible de configurar desviación o exceso de poder ( sentencias Nº 470/1987, 99/1989, 282/1989, 667/1990, 212/1992, 400/1992, 253/1993, 607/1993, 1039/1993, 224/1994, 474/1994, 1041/1994, 322/2016, 336/2017, 333/2019, 601/2019, 99/2020, 325/2020, 691/2020 y 117/2021, entre otras), lo que ciertamente no se verifica en el sub - judice. X) En lo que refiere al planteo genérico por el cual se afirmó que la decisión de la Administración es infundada y que se poseen pruebas del cumplimiento , el mismo carece de asidero a la luz de las emergencias resultantes del acto y de sus antecedentes. Por lo demás, tampoco basta con afirmar que se poseen pruebas de un supuesto cumplimiento sin indicar concretamente cuáles serían y por qué razón (o razones) ello surgiría demostrado. Todo ello sin perjuicio de recalcar que buena parte de los cuestionamientos que se le formularon a la actora atañen a aspectos eminentemente técnicos respecto de los cuales el Tribunal no cuenta con elementos que le permitan apartarse de las consideraciones vertidas en el informe técnico producido por la licenciada en nutrición Mónica Blanco de la Dirección Región Sur de ASSE. XI) En último análisis, cabe recordar que la circunstancia que la Administración nunca se haya pronunciado “sobre el recurso” solo genera una presunción relativa de ilegitimidad en favor de las impugnantes (artículo 6° de la Ley N° 15.869, en la redacción dada por el artículo 41 de la Ley N° 17.292), que admite prueba en contrario y puede resultar enervada o controvertida a partir de las actuaciones administrativas, las pruebas, o los elementos de juicio incorporados a la causa (sentencias Nº 353/2012, 762/2012, 299/2013, 461/2014, 317/2015, 654/2018, 707/2018, 793/2019, 339/2020, 660/2020 y 500/2021, entre otras), circunstancias que se verifican en el caso de autos , como se viene de examinar. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes FALLA: Desestímase la demanda anulatoria entablada y, en su mérito, confirmase la resolución impugnada Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).