Sentencia Definitiva N° 16/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de febrero de 2022 No. 16 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados “PARACAMPO ROMERO, CRISTIAN DAMIAN con ESTADO. MINISTERIO DEL INTERIOR. Acción de Nulidad” (Ficha 837/2017). RESULTANDO : I) Con fecha 5 de diciembre de 2017, a fs. 2, compareció Cristian Damián Paracampo, pretendiendo la anulación de la Resolución dictada por el Ministerio del Interior con fecha 5.4.2017 que, en ejercicio de atribuciones delegadas, dispuso la clausura del sumario administrativo y la cesantía del compareciente por la causal de ineptitud para el ejercicio del cargo. Expuso que, a raíz de una denuncia puntual respecto de un funcionario vinculado al consumo de estupefacientes, el día 13.8.15, se realizó un control a todo el personal del destacamento de bomberos Casavalle -entre los que se encontraba él- por parte de la Dirección General de Represión y Tráfico Ilícito de Drogas, análisis que arrojó un resultado positivo. Con fecha 14.8.15 se le tomó una nueva muestra para el laboratorio de control de dopaje y el resultado del análisis, de fecha 16.10.15, también resultó positivo a Cannabis. Elevando el día 13.11.15 el Director de la Dirección General de Represión y Tráfico Ilícito de Drogas al Director de Bomberos un informe, consignando que la muestra de Paracampo detectó Cocaína y Cannabis. Señaló que el resultado del análisis fue erróneo al afirmar que también fue positivo a Cocaína. Manifestó que se procedió a iniciarle un sumario administrativo, donde en un principio se calificó su conducta como falta grave cambiando posteriormente la calificación a falta muy grave y proponiendo una sanción de 6 meses de suspensión o cesantía, de lo cual se le confirió nueva vista. Que en dicha oportunidad se presentaron descargos y prueba, sin embargo, señala que antes del correspondiente dictamen jurídico que analizara los nuevos argumentos vertidos y la prueba agregada, ya se había decidido la cesantía por una funcionaria que carecía de competencia para ello. Expidiéndose parcialmente sobre aspectos de la defensa planteada, apartándose del principio de verdad material. Como agravios expuso la afectación del derecho de defensa al haberse desarrollado el sumario en forma escueta, no recabando información sobre la cantidad de marihuana consumida ni tampoco si era un consumidor consuetudinario. Afirmó que tampoco se consideraron los descargos realizados y la prueba ofrecida. Asimismo, sostuvo que la falta imputada no configura una falta a los deberes del cargo, la Ley Orgánica Policial anterior y el Reglamento General de Disciplina Nº 644/71, vigentes en agosto de 2015 y aplicables al caso, en ningún artículo establecen que el consumo de cannabis o marihuana es una falta disciplinaria. Precisó que la falta disciplinaria, de acuerdo al art.27 del Reglamento Nº 4, es todo incumplimiento de normas y deberes funcionales que emanen explícita o implícitamente de las normas y que ninguna norma prohíbe el consumo de sustancias, además, la Ley de Estupefacientes incluso permite la producción de la planta para consumo personal. Indicó también que el art. 10 de la Constitución de la República establece que ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Aclaró que no es consumidor habitual ni de otra sustancia psicotrópica, tampoco adicto ni consumidor problemático. Indicó también que la Resolución que se impugna carece de la debida motivación, al no realizar un razonamiento lógico jurídico que permitiera concluir que es inepto para el ejercicio de la función. Sostuvo que su superior jerárquico ha destacado su labor como funcionario disciplinado y responsable, contando con buenos antecedentes. Alegó que la demandada no cumplió con el protocolo y las normas nacionales e internacionales en materia de consumo de sustancias, no velando por su estado sanitario, siendo la medida adecuada la rehabilitación antes que la sanción. Por último, manifestó que la sanción impuesta es desproporcional y que se lesionó el principio constitucional de igualdad, dada las diferentes decisiones adoptadas ante casos similares. II) Por Decreto Nº 9852/2017 (fs. 13), se confirió traslado de la demanda al Ministerio del Interior. Con fecha 22 de febrero de 2018, compareció el representante del Ministerio del Interior a contestar la demanda (fs.15 y ss.). Aclaró que el objeto de las actuaciones es la constatación de las aptitudes del funcionario para permanecer en el estatuto policial, y no su tratamiento. También que la causal de desvinculación se configuró por cuanto la conducta sancionada fue el consumo de estupefacientes, lo cual supone una carencia de la aptitud requerida para poder desempeñarse como funcionario policial. Manifestó que la selección de la sanción es una potestad discrecional del jerarca y que la sanción que se impuso fue proporcional a la falta cometida en virtud de la prohibición establecida por el art. 123 de la Ley Nº 18.362 y la Orden de Servicio del Ministerio del Interior Nº 12/2011, vigente en el momento en que se cometió la falta, la que prescribía que se considera falta muy grave presentarse al servicio bajo los efectos de sustancias ilegales. Señaló que los cuestionamientos a la prueba diligenciada no son de recibo, que al momento de evaluar si se vulneró la prohibición establecida legalmente no resulta relevante la cantidad consumida ni la frecuencia de su consumo, ya que ello no enerva el hecho plenamente probado. Que también fue considerada la opinión de su jerarca al momento de emitir el instructor sumariante sus conclusiones, respetándose las garantías del debido proceso, lo que fue ratificado por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC). Indicó que el consumo de estupefacientes por el Policía es en nuestro derecho un caso excepcional que se encuentra tipificado como falta administrativa por Ley. Respecto de la falta de motivación de la Resolución impugnada, sostuvo que dicha afirmación carece de todo asidero, de su Resultando y Considerando surgen los fundamentos de derecho y de hecho que motivaron la Resolución, los que también se pueden apreciar de sus antecedentes administrativos. III) Por Decreto Nº 1043/2018, se tuvo por contestada la demanda y se dispuso la apertura a prueba del proceso por 60 días (fs. 21). Produciéndose la prueba que fue agregada de fs. 30 a fs.165. IV) Alegaron las partes por su orden, la actora a fs. 171- 176 y la demandada a fs. 210-214. V) Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se pronunció mediante Dictamen Nº 534/2020 (fs. 217 y ss.), aconsejando confirmar el acto impugnado. VI) Se citó a las partes para sentencia por Decreto Nº 8375/2020 (fs. 220), la que se dictó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) En autos se acciona contra la Resolución de fecha 5.4.2017, dictada por el Ministro del Interior que, en ejercicio de atribuciones delegadas, resolvió clausurar el sumario administrativo instruido al Bombero Cristian Damián Paracampo, declarándolo cesante por la causal de ineptitud en el ejercicio del cargo, prevista por el literal B) del art. 26 del Decreto Nº 744/97 (fs. 123 y ss. A.A. en 225 fs.). II) Resolución que fue notificada al actor con fecha 12.5.2017 (fs. 134 vto. A.A. en 225 fs.). III) Interpuso el recurso administrativo de revocación el día 19.5.2017 (fs. 186-195 A.A. en 225 fs.). IV) Configurándose el agotamiento ficto de la vía administrativa el día 16.10.2017. V) La acción de nulidad se interpuso en tiempo hábil con fecha 5.12.2017 (conforme surge de nota de cargo de fs. 2 del expediente principal). VI) El Tribunal, contando con la voluntad unánime de sus integrantes y, compartiendo lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, procederá a confirmar la Resolución impugnada. VII) En primer lugar, y a efectos de dilucidar el objeto del proceso, se detallarán los antecedentes administrativos relevantes (A.A. en 225 fs.): A fs.7-11 surge el resultado del análisis de orina realizado por el Laboratorio de Control de Dopaje del Ministerio de Turismo y Deporte al Bombero Paracampo, cuya muestra fue tomada el día 14.8.2015, detectándose y confirmándose la presencia de metabolito de Cocaína y de Cannabis. Mientras que a fs.23 surge “Acta de Toma de Muestra” de fecha 13.8.2015, que también fuere realizada al compareciente por la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, con resultado positivo a Marihuana. Indicándose, como observaciones, que se repitió el procedimiento dos veces obteniéndose el mismo resultado, positivo a Marihuana. A fs. 32 luce informe de la Asesoría Letrada, de fecha 2.9.2015, sugiriendo la instrucción de sumario administrativo respecto del Bombero Paracampo. A fs. 36 se encuentra la Resolución Nº 78/2015, por la que el Director Nacional de Bomberos dispuso la instrucción del sumario al Bombero Paracampo. A fs. 57 surge la declaración del funcionario sumariado quien, con patrocinio letrado, declaró que consumió marihuana, que coincidió con la denuncia sobre un compañero que también estaba de servicio y con el momento cuando le toman la muestra que da resultado positivo. A fs. 61 y 62 surge constancia de vista otorgada al funcionario, con fecha 16.2.2016, de las conclusiones arribadas en la instrucción sumarial, la que evacuó extemporáneamente el día 1.3.2016 (fs. 65). A fs. 69 obra informe elaborado por la Asesoría Letrada, de fecha 22.3.2016, por el que se sugiere una sanción de suspensión de 6 meses al funcionario Paracampo, o en su defecto la sanción de destitución. Dejando a criterio del Jerarca la sanción a imponer de forma definitiva, previa vista al interesado. Vista que, a fs. 73, surge que le fue conferida el día 19.4.2016 y evacuada, a fs. 77, en tiempo y forma el día 27.4.2016. A fs.86 luce nuevo informe de la Asesoría Letrada, en el que pormenorizadamente se analizan y descartan los agravios formulados por el actor en sus descargos, de forma fundada y exhaustiva. Por Dictamen Nº 1200/2016 del Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior (fs. 92), se sugiere la desvinculación del Bombero Paracampo, previa opinión de la ONSC, la que luce a fs. 105- 107, acompañando la cesantía por la causal de ineptitud. Finalmente, a fs. 123, surge la Resolución impugnada, disponiendo la cesantía del actor. VIII) Del análisis de las actuaciones administrativas detalladas, este Colegiado entiende que emerge con claridad que el procedimiento sumarial fue llevado a cabo con todas las garantías para el sumariado, habiéndosele otorgado la posibilidad de formular sus descargos en más de una oportunidad. Estos, a su vez, fueron efectivamente considerados por la demandada, que los refutó de forma acabada y precisa, no habiendo aportado prueba el actor que permitiera rebatir la conclusión a la que arribó el Ministerio del Interior. En consecuencia, el Tribunal no advierte que se hayan lesionada las garantías del debido proceso, privándose al funcionario sumariado de su derecho de defensa, tampoco que se desarrollara una labor de instrucción incompleta como se afirma en la demanda. De las actuaciones mencionadas surgen los resultados positivos a psicotrópicos y confesión del sumariado respecto a su consumo, hallándose en servicio, prueba con la que contó el Ministerio del Interior para disponer su destitución. IX) Asimismo, corresponde aclarar que el análisis sustantivo de la cuestión no se centra en debatir si el consumo de cannabis es o no una conducta reprochable en el ordenamiento jurídico en términos abstractos, como intenta la parte promotora plantear invocando la reserva legal del art.10 de la Constitución de la República y la Ley de Estupefaciente (Decreto-Ley Nº 14.294 y modificativas). La cuestión, precisamente radica en analizar si la Administración se encontraba dotada de un marco normativo que la habilitara a considerar el comportamiento del funcionario como una conducta reprochable en el seno del personal del Ministerio del Interior que aparejara su ineptitud para el cargo que desempeña, en conformidad con lo que dispone el Reglamento de Disciplina (Decreto Nº 644/971), que se encontraba vigente a la fecha de la comisión de la falta imputada al actor. A juicio del Tribunal, conforme con lo indicado en considerandos anteriores, es un hecho probado que el actor se encontraba en servicio bajo el efecto de sustancias psicotrópicas que había consumido, lo que se determinó a través del examen de control realizado a los funcionarios por el Ministerio del Interior. Examen de control habilitado por el art. 123 de la Ley Nº 18.362. Disposición normativa que inclusive establece que la comprobación de la existencia de estupefacientes constituye falta grave. Disposición que también se encuentra en armonía con lo indicado por el Decreto Nº 402/02 (Control Antidoping en el Personal Policial), donde además se especifica que en caso de resultado positivo se dispondrá el inicio de sumario administrativo con la adopción de medidas preventivas, sin perjuicio de la elevación de los antecedentes a la Justicia competente. Lo que también fue recogido por la orden de servicio del Ministerio del Interior Nº 6/2014 (fs. 2 Documentación en 105 fs.). Asimismo, se encuentra agregado a las actuaciones el documento “P.P.P. Nº 01/2014. Prevención de consumo de estupefacientes en policías”, elaborado por el Ministerio del Interior, donde se indica que es política de Estado, a través del Ministerio del Interior, reducir los factores de riesgo relacionados al consumo de estupefacientes y que dichas conductas no solo afectan la salud individual del hipotético consumidor sino que se constituyen como un vector preponderante para la instauración de la corrupción en la Policía Nacional, considerando incompatible el binomio Policía-consumidor. Conforme a los elementos de prueba mencionados y al marco normativo expuesto, el Tribunal no advierte que la sanción de destitución adoptada por el Ministerio del Interior respecto del Bombero Paracampo sea arbitraria, sanción que se encuentra debidamente motivada, no apartándose las actuaciones de la verdad material. Conducta reprochada que demuestra la ineptitud del funcionario en el ejercicio del cargo, causal que habilita su cese. Al respecto, este Tribunal entiende que resulta aplicable al caso lo que se sostuvo en la Sentencia Nº 682/2020: “… corresponde concluir que la aptitud para el ejercicio del cargo (y por ende su contracara) es un concepto que la Administración, dentro de los parámetros de la razonabilidad, evalúa discrecionalmente, sin que sea necesario un juicio técnico para su determinación. Asimismo, la causal autónoma analizada en la sentencia transcripta se erige como la consecuencia del obrar del funcionario, sin que a su respecto esté determinado un procedimiento en particular. Así, el funcionario que comete una falta que devela su ineptitud debe ser declarado tal: ello es la consecuencia normativamente prevista de su obrar. En la especie, lo anterior redunda en el reprochable proceder del actor, que evidenció, sin margen de dudas, su ineptitud para seguir formando parte de los cuadros funcionales del Ministerio del Interior”. Por último, tampoco se advierte la alegada violación del principio de igualdad, como se indicara por este Tribunal en Sentencia Nº 529/2020: “Es valor entendido que el precedente administrativo no obliga a la Administración, ni tampoco al órgano jurisdiccional. Al respecto se ha señalado que: “El argumento de lo decidido por la Administración en casos anteriores, no es valedero, ya que la norma constitucional (artículo 310) ordena que el Tribunal aprecie el acto en sí mismo; esto es, limitándose al acto concreto y a la también concreta situación en que se inserta, para examinar si, en la ocasión, se ha transgredido la legalidad aplicable; pero en modo alguno, hacer juicio de conveniencia en relación a las soluciones que la Administración diera, con anterioridad, en casos similares”. (Cf. Sentencias Nos. 18/1987, 177/1989, 809/2000)”. Además, respecto a los casos que el actor menciona como análogos, tampoco resulta válido analizar la voluntad administrativa sin reparar que, como la propia prueba diligenciada lo acredita, en el caso de los funcionarios policiales involucrados en 2013, la decisión la tomó la propia Jefatura Departamental de San José, no el Ministerio del Interior, en virtud del régimen vigente en su momento (conforme surge la Documentación en 106 fs. agregada). Por tales fundamentos, y atento a lo preceptuado en los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República, el Tribunal, FALLA : Desestímase la demanda incoada y, en su mérito confírmase la resolución impugnada. Sin especial condenación procesal. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado)