Sentencia Definitiva N° 9/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 3 de febrero de 2022. No. 9 VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “CAVALHEIRO SALA, GUSTAVO TABARÉ con ESTADO. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Acción de nulidad” (Ficha No. 658/2018). RESULTANDO : I) En este proceso, el actor Gustavo CAVALHEIRO SALA, dedujo pretensión anulatoria contra: i) la resolución sin numerar, dictada el 13 de setiembre de 2017 por el Prefecto del Puerto de Salto, mediante la cual se dispuso: “(…) 3.- DAR DE BAJA al Marinero de Primera (PM) Gustavo Cavalheiro Matrícula 420447 por MAL CONCEPTO (mala conducta) de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 1 del Decreto 511/83, literal D) Numeral 1) (…)”; y, Resolución del recurso jerárquico No. 72.803 dictada el 19 de julio de 2018 por el Poder Ejecutivo (Ministro de Defensa Nacional en ejercicio de atribuciones delegadas) por el que se mantuvo el acto recurrido (fs. 232 y 301 a 303 Pieza 2 de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que el acto impugnado le causa agravio por haber sido dictado contra reglas de Derecho y con desviación de poder, a la vez que es contrario a la buena administración. Así, cuestionó las actuaciones administrativas que recompusieron el procedimiento revocando la baja y convocando a un nuevo Consejo de Disciplina. En concreto, refirió a la parcialidad de los miembros del Consejo de Disciplina que ya habían actuado en el anterior Consejo que propuso la baja. Similar cuestionamiento recayó sobre otros funcionarios intervinientes en el proceso, los cuales habían promovido denuncias ante la justicia penal. En el mismo orden de agravios, indicó que no se le confirió vista completa de las actuaciones. También, se relevó como violación al principio de debido procedimiento que se haya denegado prueba de descargo. Por otra parte, se refirió a la violación del principio de non bis in idem ya que por los mismos hechos por los que se dispuso la “Baja” se habían aplicado días de arresto. Luego de reseñar doctrina y jurisprudencia se postuló que la Administración actuó con desviación de poder, lo cual, a su criterio, resultaría acreditado a partir de los vicios procedimentales denunciados que, a su vez, supusieron la deficiente motivación del acto. Por último, postuló que la resolución impugnada resulta contraria al principio de buena administración. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Preliminarmente reseñó que el actor se encuentra inserto dentro del Estatuto Militar, lo cual determina el “Estado Militar”. En concreto, refirió que la baja del actor fue al amparo de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 511/983 de 30 de diciembre de 1983. En cuanto a los antecedentes de la sanción aplicada refirió que en marzo de 2017 se hallaron personas pescando en la zona de seguridad de la represa de Salto Grande, lo cual se encuentra prohibido de acuerdo al art. 47 del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 149/997 de 7 de mayo de 1997. Ante la indagatoria de las personas que se encontraban pescando, éstas manifestaron que el acceso les era franqueado, a cambio de dinero, por funcionarios de Prefectura, lo cual también fue corroborado por diversos medios probatorios. A partir de la base fáctica precedente, defendió el obrar de la demandada. En relación con las alegadas violaciones al principio de debido procedimiento sostuvo que ante los vicios relevados por el actor se procedió a recomponer las actuaciones administrativas en estricto apego a las exigencias del principio de defensa y sus corolarios. Respecto del rechazo de prueba indicó que lo fue de modo fundado ante la impertinencia de los medios propuestos. En cuanto a las sanciones aplicadas sostuvo que se encuentra previsto en el Reglamento de Disciplina de la Marina Militar que cada superior puede elevar la sanción sin que ello suponga la violación del principio de non bis in idem. También refutó la existencia de una finalidad abyecta en la sanción aplicada, a la vez que controvirtió el alegado vicio de apartamiento del principio de buena administración. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Resolución No. 9994/2018 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 96, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 439 fojas). V) La parte actora fue declarada en rebeldía (fs. 101 de infolios); por su parte, la demandada alegó a fs. 102 - 104 fs. VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 484/2020, aconsejando la confirmación del acto impugnado (fs. 107 - 110). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 112). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). Estrictamente el acto lesivo es la Resolución de baja dispuesta por el Prefecto del Puerto de Salto el 13 de setiembre de 2017, el que fue notificado el 14 de setiembre de 2017 (fs. 240 pieza 2 de los A.A.), interponiendo recurso de revocación y jerárquico, en subsidio el 25 de setiembre de 2017 (fs. 244 – 257 de los A.A.). Por Resolución del Prefecto del Puerto de Salto de fecha 27 de febrero de 2018, se mantuvo la recurrida y se franqueó el jerárquico (fs. 258 a 261 Pieza 2 de los A.A.). Por su parte, el 19 de julio de 2018 por Resolución No. 72803 del Poder Ejecutivo (Ministro de Defensa Nacional en ejercicio de atribuciones delegadas) se mantuvo la recurrida (fs. 301 a 303 Pieza 2 de los A.A.) notificándose al actor el 27 de agosto de 2018 (fs. 308 Pieza 2 de los A.A.). La demanda interpuesta el 26 de octubre de 2018 lo fue en tiempo hábil (nota de cargo, fs. 22 de infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la resolución sin numerar, dictada el 13 de setiembre de 2017 por el Prefecto del Puerto de Salto, mediante la cual se dispuso: “(…) 3.- DAR DE BAJA al Marinero de Primera (PM) Gustavo Cavalheiro Matrícula 420447 por MAL CONCEPTO (mala conducta) de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 1 del Decreto 511/83, literal D) Numeral 1) (…)” III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. El 1° de diciembre de 1994, el actor ingresó a trabajar en la Prefectura Nacional Naval, en mérito al contrato celebrado ese mismo día. El plazo fue prorrogado hasta el momento de su cese que se procesa en estos obrados. Con fecha 17 de marzo de 2017, la División de Personal Subalterno de Recursos Humanos, elaboró un Informe Técnico Pericial identificado con el No. 003/2017 de donde emerge que personal de Prefectura detuvo a dos sujetos (los Sres. Carlos Martín BIASSINI y Juan Marcelo BIASSINI) por realizar actividades de pesca en la Zona de Seguridad de la Represa de Salto Grande. Se les incautaron implementos de pesca y dos celulares. Periciados los móviles telefónicos, se pudo detectar la participación y autorización de funcionarios de dicha Prefectura, quienes facilitaban el ingreso de los detenidos a la Zona de Seguridad donde prestaban servicio a cambio, presuntamente, de dinero (fs. 40 - 43 de los A.A.). Entre los funcionarios involucrados se encontraba el actor. (Fs. 52 de los A.A.). En virtud de lo acontecido, se convocó a un Consejo de Disciplina quien se expidió el 20 de marzo de 2017 aconsejando al Sr. Prefecto del Puerto de Salto: “DAR DE BAJA POR ‘MAL CONCEPTO’ (Mala Conducta) de los Cuadros Activos de la Armada Nacional”, al actor. Tras advertir que no se había otorgado vista de las actuaciones a la parte interesada, el 2 de junio de 2017 el Sr. Prefecto del Puerto de Salto revocó la resolución dictada el 24 de abril de 2017 y, concomitantemente anuló el Consejo de Disciplina realizado el 20 de marzo de 2017, disponiendo convocar un nuevo Consejo. (Lo relatado surge del escrito glosado a fs. 244 - 257 de los A.A.) El 15 de junio de 2017 el nuevo Consejo de Disciplina No. 02/2017 resolvió por unanimidad recomendar al Sr. Prefecto del Puerto de Salto “DAR DE BAJA POR ‘MAL CONCEPTO’ (Mala Conducta) de los Cuadros Activos de la Armada Nacional”, al actor. (Fs. 37 – 38 de los A.A.). De fs. 54 a 87 lucen agregados los mensajes de whatsapp intercambiados entre los Sres. BIASSINI y el actor (entre otros funcionarios), que documentan los acuerdos que se realizaban a efectos de poder llevar a cabo las maniobras de pesca, en zonas no autorizadas, sin ser vistos por el personal de prefectura encargada de controlar el área. Se le otorgó vista al actor (fs. 208 de los A.A.), así como a los demás funcionarios involucrados del Informe Técnico Pericial, la que la evacuó en los términos que lucen a fs. 212 y ss. de los A.A. En lo medular, cabe señalar que lo hechos acaecidos no fueron negados, pero entendió que existió prejuzgamiento por parte del Consejo de Disciplina, por lo que solicitó el archivo de las actuaciones. Seguidamente se expidió el Consejo de Disciplina y la Oficina Letrada de la Prefectura Nacional Naval en informe de fecha 14 de julio de 2017 donde, entre otras consideraciones, se desestimaron los descargos oportunamente invocados por los funcionarios involucrados (fs. 103 -105 de los A.A.). Se le confirió nueva vista al actor (fs. 111 de los A.A.), la que fue evacuada a fs. 115 - 1124 de los antecedentes administrativos. El 13 de setiembre de 2017 se volvió a expedir la Prefectura del Puerto de Salto, resolviendo “DAR DE BAJA al Marinero de Primera (PM) Gustavo Cavalheiro Matrícula 420447 por MAL CONCEPTO (mala conducta) de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 1 del Decreto 511/83, literal D) Numeral 1). (Fs. 224 - 232 de los A.A.). Este es el acto que se procesa en los presentes obrados. IV) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) Sobre la jurisdicción del Tribunal. De modo preliminar importa señalar que al tiempo en que fue promovida la demanda (24 de octubre de 2018) el art. 27, nral. 5º del Decreto Ley No. 15.524 de 9 de enero de 1984 se encontraba vigente. Dicha norma excluía de la jurisdicción del Tribunal a los actos que “…Emanen de los mandos de las Fuerzas Armadas, por medio de las cuales, se aplique cualquier tipo de sanción o pena a sus efectivos, en virtud de la comisión de falta disciplinaria o, en su caso, delitos militares, así como la baja como consecuencia de los mismos” (redacción dada por el art. 92 de la Ley No. 17.556 de 19 de setiembre de 2002). La referida norma fue objeto de múltiples declaraciones de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia, inclusive el Colegiado promovió de oficio la declaración de inconstitucionalidad (así: sentencia Nº 643/2016). Sin embargo, actualmente el nral. 5to. del art. 27 del Decreto Ley No. 15.524 ha sido derogado por el art. 173 de la Ley No. 19.775 de 26 de julio de 2019. En consecuencia, el acto impugnado -baja de la marina- actualmente no se encuentra excluido de la jurisdicción del Tribunal, por lo que resulta plenamente procesable. Asimismo, lo actuado hasta tanto fue legalmente habilitada la jurisdicción del Cuerpo resulta válido y eficaz, conforme a los principios generales expresados en materia de jurisdicción y competencia (así, a simple vía de ejemplo de la concreción de tales principios: son válidas las medidas cautelares dispuestas por Tribunal incompetente -art. 314.1, inc. 2º del CGP-; lo mismo acontece con las actuaciones procedimentales desarrolladas por Tribunal incompetente en el proceso civil ordinario -art. 133.2, inc. 2º del CGP- y la validez para interrumpir la prescripción del emplazamiento dispuesto por Tribunal incompetente -art. 1.235, inc. 2º del CC-). VI) Sobre el fondo del asunto. Delimitada la jurisdicción del Tribunal, importa analizar el fondo de la pretensión deducida que, conforme a lo indicado y a los análisis que pasan a desarrollarse, el Tribunal se abocará a confirmar el acto impugnado. VI. 1 Sobre los vicios de procedimiento. En primer término, el actor se agravió sobre el tracto procedimental que determinó la baja, específicamente, cuestionó la recomposición de las actuaciones administrativas. A juicio del Tribunal, no asiste razón al accionante en su planteo. En tal sentido, consta que el Consejo de Disciplina de la Prefectura del Puerto de Salto de 20 de marzo de 2017, sugirió la baja del actor, lo cual se concretó mediante resolución del Sr. Prefecto del Puerto de Salto de 24 de abril de 2017 (fs. 232 de los A.A.). No obstante, la antedicha resolución fue revocada por Prefecto del Puerto de Salto mediante resolución de 2 de junio de 2017, en tanto la resolución que dispuso la baja del actor no había conferido vista previa a su dictado (ello surge del escrito presentado a fs. 244 - 257 de los A.A.) A partir de lo anterior se recompuso el procedimiento administrativo. Así, se expidió nuevamente el Consejo de Disciplina que, mediante informe de 15 de junio de 2017, reiteró la sugerencia de baja del Sr. CAVALHEIRO (fs. 37 – 38 de los A.A.). De lo informado por el Consejo de Disciplina se confirió vista al actor (fs. 208 de los A.A.) que fue evacuada mediante comparecencia obrante de fs. 2112 y ss. de los antecedentes. Posteriormente, se expidió la Asesoría Letrada de la Prefectura Nacional Naval mediante informe de 13 de setiembre de 2017, que luce agregado (fs. 224 - 233 de los A.A.). Fue conferida nueva vista del citado informe que meritó la comparecencia obrante de fs. 244 y ss. de los recaudos allegados. Según lo adelantado, no merece objeciones el tracto procedimental seguido por la Administración. La circunstancia de que se haya recompuesto el procedimiento administrativo ante la falta de vista previa no es ilegítima. Muy por el contrario, la Administración se encontraba inserta en la situación jurídica de revocar los actos administrativos ilegítimos dictados en violación del principio de defensa. Sobre el punto, en términos replicables en obrados, ha dicho el Tribunal que: “si bien se configuró una irregularidad en el procedimiento, la Administración la subsanó, en tanto adecuó el trámite a las exigencias del principio de debido procedimiento, circunstancia que no merece ningún reproche jurídico y, menos aún, funda la anulación pretendida” (sentencia No. 433/2020). En lo que refiere a las actuaciones posteriores a la recomposición del trámite, el actor refirió que el nuevo Consejo de Disciplina estuvo integrado por los mismos miembros del anterior Consejo, lo cual comprometió su imparcialidad. El Tribunal entiende que tampoco le asiste razón a la parte actora en este aspecto de su planteo. En cuanto a lo que refiere a la integración del Consejo de Disciplina, debe estarse a las disposiciones del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 511/983 de 30 de diciembre de 1983. Por otra parte, no puede dejar de observarse que, pese a que fue realizado un nuevo Consejo de Disciplina, las resultancias y modo de realización del anterior Consejo no fueron ilegítimas, ni requerían ser recompuestas. En efecto, la recomposición de las actuaciones administrativas estuvo dada porque no se confirió vista de las actuaciones del Consejo de Disciplina, extremo que posteriormente fue cumplido, en dos oportunidades, a efectos de realizar las garantías inherentes al debido procedimiento administrativo. En relación con la denegatoria de prueba en sede de procedimiento disciplinario, no se ha configurado un supuesto de indefensión. En tal sentido, tal como surge de los dichos de la demanda, la denegatoria de prueba fue fundada en base a la “inconducencia” de los medios propuestos (fs. 12 del expediente principal), lo que se concretó mediante informe de la Asesoría Letrada de la Prefectura Nacional Naval de 14 de julio de 2017, agregado a fs. 103 y ss. de los antecedentes. Por lo tanto, no se trató de una denegatoria infundada de medios probatorios. Así, se comparte la perspectiva asumida por la Administración en el rechazo de los medios probatorios. En síntesis, fue requerida la remisión de las actuaciones remitidas a Sede Penal, el legajo funcional, y la declaración de los civiles involucrados en la maniobra que determinó la formación de un Consejo de Disciplina (fs. 33 de los A.A.). Sobre el legajo funcional, surge de las actuaciones remitidas al Consejo de Disciplina expresa mención del número de legajo, a la vez que, del informe de la Sección Personal remitido al Consejo de Disciplina surgen, además de las sanciones, las principales características del régimen funcional del actor (fs. 34 de los A.A.). En consecuencia, los antecedentes funcionales del actor fueron debidamente considerados y ponderados a efectos de disponer la baja, por lo que no se aprecia ninguna ilegitimidad en relación a la negativa de dicha prueba, ya obrante e identificada en el decurso del procedimiento disciplinario. Consideraciones de similar tenor merece la prueba relativa a las actuaciones llevadas a cabo a partir de la denuncia ante la justicia penal (fs. 40 y ss. de los A.A.). Del análisis de la documentación remitida a la sede penal, agregada en los antecedentes administrativos, y del expediente allegado en sede jurisdiccional, no se advierte ningún elemento que enerve la responsabilidad del actor, lo que tampoco fue relevado en la presente instancia jurisdiccional, ya en etapa de promoción de demanda, ya en sede de alegaciones finales. Por lo tanto, el rechazo de la prueba, máxime cuando numerosas partes del expediente penal ya se encontraban, o fueron incorporadas a los antecedentes administrativos, no se vislumbra como ilegítimo o con aptitud de causar la alegada indefensión por parte del actor. Por su parte, en lo que refiere a la declaración testimonial propuesta, consistente en las personas a las cuales el actor franqueaba el acceso a la zona restringida del embalse de Salto Grande, a cambio de dinero, se comparte también la solución desestimatoria del medio probatorio. Tal como fuera postulado por la Administración, los celulares de todos los involucrados en la maniobra fueron sometidos a pericias (actuaciones de fs. 54-87 de los A.A.), lo cual acreditó, sin que fuera controvertido, la falta imputada. La destrucción de la eficacia probatoria de una prueba técnica, según enseña la dogmática y es jurisprudencia consolidada del Colegiado (a simple vía enunciativa: sentencias No. 636/2018, 352/2019, 619/2019 y 483/2020), requiere de prueba pericial, la cual no fue diligencia ni en sede administrativa, ni jurisdiccional. Desde las perspectivas delineadas, irrefutablemente, la prueba testimonial propuesta carece de aptitud e idoneidad para revertir las comprobaciones dimanadas de la prueba técnica, por lo que el rechazo del indicado medio probatorio resultó fundado y no merita ninguna ilegitimidad. Por último, el promotor consideró que se violentó el debido procedimiento porque se le habría conferido vista parcial de las actuaciones administrativas. La aludida alegación no resultó demostrada, sino que, al contrario, desmentida por las resultancias de los antecedentes administrativos en donde se confirió vista en dos ocasiones, lo cual determinó las comparecencias del actor obrantes de fs. 3 a 10 y de fs. 212 a 223 de los antecedentes. Así, se comparte lo expresado por el acto impugnado (considerando “XII” y “XIII”, fs. 224 de los antecedentes), en tanto las vistas conferidas abarcaron el cúmulo de actuaciones administrativas, por lo cual no fue retaceado el acceso al expediente garantizándose así, cabalmente, el derecho de defensa. VI.2 Sobre la violación del principio de non bis in idem El actor refirió que por los hechos por los cuáles se dispuso la baja mediante el acto objeto de impugnación ya había sido sancionado previamente con sanciones de arresto, lo cual supone una violación del principio de non bis in idem. La alegada causal de ilegitimidad no resulta fundada. Por una parte, se encuentran las sanciones de arresto de 20 y 10 días por franquear el acceso al área restringida del embalse Salto Grande y dar informes falsos a los superiores (cuadro de sanciones obrante a fs. 21 de los A.A.). Sin embargo, la baja del servicio se encuentra embarcada dentro de la noción más amplia, y diversa, de “mal concepto” o “mala conducta” de acuerdo a lo dispuesto por el art.1º, lit. “D”, Nral. 1º del Decreto Nº 511/983 de 30 de diciembre de 1983. Sobre el punto, se comparte el razonamiento esgrimido por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo en dictamen expedido en autos (fs. 107 del expediente principal), donde se señaló: “No es de recibo el agravio referido a la violación del principio non bis in idem porque con el arresto se sancionó la falta cometida (permitir el acceso a personas extrañas a la zona de seguridad) mientras que con el acto de baja se sancionó la mala conducta que se vio reflejada además en la importante cantidad de sanciones de que fue objeto el actor algunas de similares características a la que a la postre determinó su baja”. El Colegiado ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre agravios de similar tenor al esgrimido por el actor en lo que refiere a la pretendida violación del principio de non bis in idem a partir del arresto dispuesto y la posterior baja. Así, en conclusiones pacíficamente aplicables en autos, se indicó: “…no se trató de dos sanciones por el mismo hecho, pese a ciertos indicios que podrían conducir a sostener la posición de la actora; sino que por el contrario, con el arresto de rigor, se sancionó exclusivamente esa falta (sustracción del conjunto de ropa interior), mientras que con el acto de la baja, se sancionó globalmente la “mala conducta” de la funcionaria, en función de la consideración de los restantes antecedentes funcionales, relacionados con situaciones infraccionales de similar naturaleza. Ello supone establecer que, en razón de la conclusión precedente, no se configura la violación del principio aludido, en tanto la sanción responde a una apreciación comprensiva de la totalidad de la conducta que la actora ha observado, a través de toda su vinculación funcional con la Administración” (sentencia No. 385/2002). VI.3 Sobre la desviación de poder y violación del principio de buena administración. El actor plantea extensas citas jurisprudenciales y doctrinarias en relación con la noción de desviación de poder, así como la pretendida violación del principio de buena administración. Sin embargo, en lo que refiere a los análisis en concreto, y de modo autónomo de tales agravios, se desprende que tales vicios serían, a criterio del actor, consecuenciales de las restantes causales de ilegitimidad que vienen de analizarse. Por lo tanto, la anotada solución desestimatoria de las demás causales de ilegitimidad conlleva a la falta de fundamento de la alegada desviación de poder y violación del principio de buena administración. Asimismo, importa recalcar que del informativo probatorio de obrados no se avizoran móviles aviesos en el proceder de la Administración, la cual, ante la grave inconducta del actor, en ningún momento contradicha, desplegó su potestad disciplinaria disponiendo su baja de los cuadros funcionales de la Armada Nacional. Por lo tanto, se impone concluir, más allá de las genéricas alegaciones de la demanda, la absoluta orfandad probatoria en relación a las causales de ilegitimidad denunciadas. Al respecto, en términos pacíficamente reeditables en obrados, el Tribunal ha indicado que: “…no fueron acreditados, por el promotor, los alegados móviles espurios, ajenos al fin debido, que pudieran demostrar la existencia de desviación de poder en el dictado de la resolución impugnada. Enseña CAJARVILLE que la desviación de poder se presenta “(…) siempre que el fin querido por la “voluntad” de la Administración, apreciada subjetivamente, no coincida con el “fin debido” impuesto por las reglas de derecho” (Cfme. CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo: “Sobre actos administrativos” en “Sobre Derecho Administrativo”, T. II, FCU, Montevideo, 2008, pág. 78). Por su parte, ROTONDO expresa que la desviación de poder se perfila cuando el fin querido por el órgano emisor del acto, se aparta del fin de interés general debido, según las normas atributivas de competencia (Cfme. ROTONDO, Felipe: “Las causales en el Contencioso Administrativo de Anulación” en Temas de Derecho Administrativo, Editorial Universidad Ltda. Montevideo, s/f, pág. 21). En la emergencia, la prueba reunida en el expediente administrativo, así como la producida en sede jurisdiccional, no logran demostrar, en absoluto, la existencia de la desviación de poder denunciada en la demanda (…) La falta administrativa comprobada y sancionada, per se, se encuentra exenta de cualquier fin diverso al interés público, además de que no se logró demostrar ninguna finalidad abyecta por parte del actor” (sentencia No. 603/2019). En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).