Sentencia Sentencia N° 8/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 3 de febrero de 2022. No. 8 VISTOS : Para resolución, este incidente de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, planteada en los autos caratulados: “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL con ESTADO. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Acción de nulidad” (Ficha No. 686/2020). RESULTANDO : I) Con fecha 6 de octubre de 2020, la actora promueve acción de nulidad contra la Resolución sin número de fecha 21 de noviembre de 2019, dictada por la Inspección de General del Trabajo y la Seguridad Social (en adelante, IGTSS), por la que se dispuso “Sancionar al Servicio Médico Integral con una multa de 232 UR (doscientas treinta y dos unidades reajustables) por infracción a normas que tutelan derechos fundamentales de los trabajadores denunciantes” (fs. 144 A.A.). II) Conjuntamente con la demanda, impetra la suspensión de la ejecución del acto impugnado, al amparo de los arts. 2 y 3 de la Ley 15.869, por entender que el mismo es susceptible de irrogar a la parte actora daños graves, cuyo alcance y entidad superan los que la suspensión pudiera ocasionar al MTSS, así como por estimar que el acto en proceso aparece inicialmente como manifiestamente ilegal. III) Del pedido de suspensión se formó pieza separada y se dio traslado a la contraparte por Decreto Nº 7615/2020, de fecha 11 de noviembre de 2020, el que fue evacuado por su representante (fs. 56-57 infolios). Arguyó que, en el caso, no se dan los presupuestos fácticos que justifiquen la suspensión transitoria, total o parcial de la ejecución del acto impugnado. Sostuvo que la parte actora no acredita los daños graves que podría irrogarle el acto atacado, y que el mismo fue dictado en forma ajustada a derecho. IV) Se pasaron los autos en vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, expidiéndose por Dictamen No. 504/2021 (fs. 81), aconsejando rechazar la medida incidental impetrada. V) Puestos los autos para resolución por Decreto No. 5802/2021, de fecha 12 de octubre de 2021 de (fs. 83), la misma se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) El Tribunal, concordando con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, entiende que no procede amparar la suspensión incoada, en tanto no se configuran los requerimientos habilitantes previstos en el artículo 2º de la Ley No. 15.869. II) Este Cuerpo ha sostenido en consolidada jurisprudencia que la suspensión de la ejecución de un acto administrativo es un instituto de amparo, de carácter preventivo, contra la actuación arbitraria o antijurídica de la Administración, y una medida de excepción al principio según el cual los recursos y acciones no suspenden la eficacia de tales actos. III) La actora funda su solicitud de suspensión de la ejecución del acto hostilizado, en primer lugar, en los alegados daños graves que este sería susceptible de irrogarle, in re ipsa , cuyo alcance y entidad superarían los que la suspensión pudiera ocasionar al MTSS. Primeramente, corresponde aclarar que la imposición de una multa pecuniaria evidentemente causa un daño in re ipsa, pero no se desprende – de su sola imposición– que este daño sea grave, como exige el art. 3 del Decreto Ley No. 15.869. La potencial gravedad del daño requiere prueba; máxime cuando, por un lado, los daños patrimoniales, de principio, admiten eventual reparación; por el otro, considerando que ha de contrastarse el daño alegado por la actora con el que podría causarle a la Administración suspender el acto procesado. La accionante no aporta al proceso prueba alguna que permita acreditar y cuantificar los potenciales daños en su gravedad. Se limita a una invocación genérica que impide al Tribunal realizar el examen comparativo exigido por el art. 2 del Decreto Ley 15.869. Así, en términos trasladables al caso de marras, la Sede ha expresado: “…los actores no indicaron concretamente cuáles serían los perjuicios que invocan (…), así como tampoco han movilizado medio probatorio alguno que acreditara sus dichos. Se limitan a señalar la existencia de “perjuicios graves”, pero no indican en forma concreta cuáles serían los daños que el acto les ocasionaría, ni cómo repercutiría ello en su situación. De ese modo, el Tribunal se ve impedido de aplicar en la especie la llamada “teoría del balance”, pues carece de elementos que permitan analizar si los perjuicios que genéricamente invocan las actoras, relativos a la ejecución del acto, son superiores en entidad a los que la suspensión pudiere causarle a la Administración demandada, lo que bloquea inevitablemente la posibilidad de progreso de la suspensión movilizada” (Sentencia No. 694/2018). IV) Por otra parte, nada hace presumir, prima facie, que el acto sea manifiestamente ilegal. Las irregularidades que invoca la actora como fundamento de la ilegalidad manifiesta que alega, no se vislumbran de forma palmaria, ostensible, en esta instancia del proceso. La determinación de si tales vicios efectivamente inficionaron al acto resistido deberá hacerse luego de un estudio pormenorizado de los agravios esgrimidos, análisis que corresponde a la etapa de dictado de la sentencia definitiva. Por tales fundamentos, y atento a lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley No. 15.869, el Tribunal RESUELVE : No hacer lugar a la solicitud de suspensión de ejecución del acto administrativo impugnado. Oportunamente, agréguense a los principales. Dr. Simón, Dr. Corujo, Dra. Salvo (r.). Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).