Sentencia Sentencia N° 7/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 3 de febrero de 2022. No. 7 VISTOS: Estos autos p ara resolución respecto de la suspensión de la ejecución del acto administrativo en los autos: “FERULLO, ÁMBAR DALIA con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Suspensión de ejecución” (Ficha Nº 271/2021), pieza separada del expediente de Acción de Nulidad Nº 210/2021. RESULTANDO: I) La parte actora demandó la nulidad de la denegatoria ficta acaecida en virtud de la petición efectuada ante l a Administración demandada por la que solicitó que se intimara a las autoridades departamentales de Rivera a que se le permitiera realizar las funciones inherentes al cargo por el que fue contratada, esto es, Especialista Contable I, Escalafón “D”, grado 3. (fs. 2 a 9 de los A.A.). En el numeral III) de su escrito solicit ó se disponga la suspensión de la ejecución del acto. En aplicación del art. 2 de la Ley N° 15.869 indicó que la condición normativa se cumple en la especie, desde que el impedimento a ej ercer plenamente las funciones propias de su cargo le causa un perjuicio grave y cierto, en tanto le impide adquirir experiencia, mayores conocimientos, mejor formación, posibilidades de capacitación y a la postre, presentarse a concursos y ascensos. Así, destacó que el trascurso del tiempo que insume la acción es un claro “periculum in mora”. Sostuvo que, su pase a cumplir las tareas que son inherentes al cargo que ostenta, no irroga perjuicios a la Administración, por el contrario, redundaría en un beneficio al tiempo que adecuaría el funcionamiento de la Oficina Departamental a las normas reinantes en la materia consignadas en el Acta. N° 44 , Resolución 48 del Expediente 1208 de fecha 12 de agosto de 2008. En otro orden, consideró que resulta manifie sta la ilegalidad de la situación en tanto la Administración le asigna tareas inferiores y distintas a las de su cargo menoscabando la totalidad de las tareas que le corresponden. Estas graves transgresiones realizadas por la demandada ingresan en lo que se denomina “fumus bonis iuris” II) Conferido traslado del incidente de suspensión por auto N° 2893/2021 de fecha 30 de junio de 2021 (fs. 48), compareció la Administración Nacional de Educación Pública, oponiéndose a la suspensión impetrada por cuanto entienden no se cumplen en autos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ley N° 15.869 (fs. 54 a 56). En esa línea, sostuvo que la ejecución del acto no le irroga perjuicio alguno a la promotora, sin embargo, podría ocasionar perjuicios a la Administración puesto que es preciso que cada funcionario de la Sección Contaduría de la Inspección Departamental de Rivera, continúen cumpliendo sus tareas a fin del buen funcionamiento del servicio. Las tareas asignadas no imposibilitan la capacitación de la accionante como tampoco la posibilidad de ascender ni la adquisición de experiencia. III) Pasados los autos al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció en D ictamen N° 555/2021 de fecha 12 de octubre de 2021 , aconsejando no acceder a la medida incidental impetrada (fs. 64 y 64 vto.). IV) Por Decreto N° 6223/2021, de fecha 21 de octubre de 2021, se citó para resolución, la que se dictó en legal y oportuna forma (fs. 66). CONSIDERANDO: I) Que el Tribunal, por diferentes fundamentos a los esgrimidos por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo en su dictamen, no hará lugar al pedido de suspensión, por los argumentos que se desarrollarán. II) Conforme lo establece el inc . 1º, art. 2º de la Ley Nº 15.869, el Tribunal tiene la facultad de decretar la suspensión transitoria, total o parcial, de la ejecución del acto impugnado, si éste fuera susceptible de causar o irrogar a la parte actora daños graves, cuyo alcance y entida d superen los que la suspensión pudiere ocasionar a la organización y funcionamiento del órgano involucrado. Dicha suspensión también podrá ser decretada por el Tribunal cuando, a su juicio, el acto impugnado aparezca, inicialmente, como manifiestamente ilegal (inc. 3º del art. y Ley cit.). III) Con relación al primer requisito, el accionante aduce que ningún perjuicio acarrearía la suspensión del acto a la organización y funcionamiento de la Administración; y por el contrario, su ejecución le apareja daños severos. El Tribunal no comparte la tesis de la reclamante. Como expresa el Prof. CAJARVILLE: “Cuando -la Ley - alude al “funcionamiento del órgano involucrado”, debe entenderse que se está refiriendo a la actividad de la Administrac ión, y por ende que el daño que ese “funcionamiento” sufriría con la “suspensión de la ejecución” del acto consistiría en la imposibilidad en que por esa suspensión se encontraría de tutelar los intereses en atención a los cuales le fue conferida la concre ta potestad ejercida al dictar el acto de que se trate. Lo que el Tribunal debe “balancear” con los daños que sufriría el actor por los efectos del acto, son los daños que los intereses que la Administración debió tener en cuenta al dictarlo sufrirían con su suspensión, y por ende el daño que se causaría a la actividad -“funcionamiento”- administrativa al impedirle tutelar esos intereses en atención a los cuales se confirió el poder ejercido”. (Cf. CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo. “Sobre la suspensión jurisdiccional de los efectos del acto administrativo” en “Sobre Derecho Administrativo”, FCU, 3ª Ed. 2012, p. 750) Se concuerda con la demandada que, la suspensión del acto no implica perjuicios graves para la promotora, y que, por e l contrario, ésta puede efectuar las capac itaciones que estime pertinente; así como tampoco se ve afectada su carrera administrativa atendiendo al vínculo contractual que reviste. Se comparte con el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo que, de acuerdo a la Teoría del Balance, la actora n o acreditó que, los daños que le ocasiona la no suspensión, superan aquellos que le irroga a la Administración la solución contraria. IV) En referencia a la segunda causal invocada “ilegalidad manifiesta ”, e n el caso, puede liminarmente entenderse , sin perjuicio de ulterioridades, que el acto impugnado no asoma manifiestamente ilegítimo. No emerge de los antecedentes a dministrativos elemento alguno determinante del requisito señalado. Surge de los informes agregados por la accionante (fs. 18 a 22 del ppal.) y los que emergen de los antecedentes (fs. 27 a 30 y 34 de los A.A.) que la promotora cumple tareas en la Inspección Departamental de Rivera, concretamente en la Sección Contaduría. V) Por tanto, no se cumplen con las condiciones previstas por la norma para el otorgamiento del beneficio impetrado, no correspondiendo otra solución que la desestimación de la medida. Por lo expuesto, lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, y lo establecido por el artículo 2° de la Ley N° 15.869, el Tribunal, RESUELVE: No hacer lugar a la solicitud de suspensión de ejecución del acto administrativo impugnado. Agréguense a los principales. Dr. Vázquez Cruz, Dra. Klett (r.), Dra. Salvo. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).