Sentencia Definitiva N° 6/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 3 de febrero de 2022 No. 6 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “MARMISSOLLE, WALTER con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 288/2019). RESULTANDO : I) El actor dedujo su pretensión anulatoria contra el acto tácito o implícito por el que el BPS ordenó el 22 de agosto de 2018, la regularización de adeudos para tramitar la prestación de pasividad, en el expediente administrativo Nº 2018-28-1-059822. En su demanda, manifestó que el acto administrativo tácito o implícito se expresó en el formulario de regularización de adeudos para el trámite de prestación de pasividad e intimación a regularizarlos. Es ejecución de voluntad administrativa no explicitada en el expediente administrativo indicado y no ha sido notificado en forma legal, ni publicado en el Diario Oficial, por lo cual puede ser impugnado en cualquier momento. En necesaria síntesis, expresó como agravio que las deudas de la empresa SERVICE TOTAL SRL, se encuentran prescriptas y no son exigibles. En el desarrollo de su planteo, indicó que: i) Respecto de la deuda mantenida por la empresa con la Administración, esta no puede exigir ningún ejercicio cronológicamente posterior a su desvinculación al ceder su cuota social, de 15 de agosto de 1996; ii) El plazo de prescripción aplicable al crédito Nº 332.668, es de cinco años, por tener pleno conocimiento la Administración de las obligaciones tributarias al haber inspeccionado a la empresa. No es aplicable el plazo de diez años; iii) Se produjeron interrupciones tardías en el crédito Nº 332.668. La Administración comenzó la inspección el 12 de agosto de 1998 y demoró hasta el 24 de noviembre de 2002, para notificar el acta final de inspección exclusivamente a la empresa, confiriéndole vista a esta y sin notificarla de dicho acto; iv) El plazo de prescripción aplicable al crédito Nº 61114, es el de cinco años, pues existía pleno conocimiento por parte del BPS, por las mismas consideraciones efectuadas respecto del crédito Nº 332.668; v) También se produjeron interrupciones tardías en el crédito Nº 611140. El acta final de inspección notificada a la empresa el 20 de marzo de 2013, careció de efecto interruptor, por no hallarse el plazo de prescripción en curso. La notificación del 23 de agosto de 2013, del acto de determinación del 2 de mayo de 2013, tampoco tuvo efecto interruptor porque cuando se verificaron dichas actuaciones administrativas, el plazo de prescripción respecto de las obligaciones y sanciones pecuniarias hasta el 15 de agosto de 1996, ya no estaba en curso; vi) Los créditos fiscales que se reclaman no son exigibles. Que el BPS condicione el acceso a los beneficios jubilatorios por deudas que se hallan prescriptas por su período de actuación en la empresa SERVICE TOTAL SRL hasta que cedió su cuota social viola la regla de derecho; vii) Además, se violó la regla de derecho por aplicación retroactiva “in malam” parte del artículo 4º de la Ley Nº 19.185. En suma, solicitó el amparo de la demanda (fs. 4 a 10). II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación del Banco de Previsión Social- el Dr. Sebastián Rodríguez, quien tras relacionar los antecedentes del acto se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. En primer lugar, sostuvo que sin perjuicio de controvertir cada uno de los agravios formulados por el actor, el acto impugnado no es procesable. Según surge de la consulta de actividades, el actor se desempeñó como socio con actividad en la empresa SERVICIO TOTAL SRL, en el período del 1º de noviembre de 1994 al 15 de agosto de 1996, por lo que los adeudos que se detectaron lo fueron en forma previa a la posibilidad de otorgarle la prestación de subsidio por inactividad compensada y eventualmente su jubilación. Previo al otorgamiento de la prestación contributiva y para el cómputo de los servicios patronales corresponde el estudio de la situación contributiva. En caso de detectarse adeudos en los períodos estudiados, se activa un mecanismo para indicar al contribuyente los pasos a seguir, constituyendo una etapa preparatoria de la decisión final. En la hipótesis de autos, el actor solicitó un subsidio por inactividad compensada, se efectuó el correspondiente estudio por Informaciones Patronales, se detectó la existencia de dos determinaciones tributarias, con adeudos de personal dependiente. En una de ellas, los adeudos no podían ser convenidos (artículo 17 literal B) de la Ley Nº 17.963), razón por la cual se lo intimó a regularizar dichos adeudos, previo a una eventual etapa del procedimiento consistente en la firma del convenio, pero todavía no existía un expediente jubilatorio. La intimación constituyó un acto previo preparatorio de la decisión final consistente en otorgarle o no la prestación de subsidio especial por inactividad compensada. O sea, era un acto preparatorio necesario realizado en el marco de un procedimiento administrativo cuyo resultado final sería el dictado de una resolución que decidiría si otorgaba o no la prestación. Por otro lado, no se puede dejar pasar que el actor solicitó su jubilación recién en noviembre de 2018, cuando configuró su causal jubilatoria por haber cumplido sesenta años. Es otro procedimiento. En agosto de 2018, el expediente jubilatorio no existía y el actor no había configurado la causal jubilatoria. Aún en esta instancia, se le advierte de la eventualidad de los adeudos en su futura jubilación, aunque todavía no la había solicitado, lo que el actor utiliza para extender la intimación al procedimiento jubilatorio. Lo que hace el actor, es introducir la cuestión del acceso a la jubilación en este otro procedimiento, lo que resulta inaceptable ya que no puede existir un acto administrativo impugnable ante el TCA antes de la existencia del procedimiento que en realidad es su antecedente. En este caso, al configurarse la causal jubilatoria a noviembre de 2018, quedó sin sentido el expediente de solicitud del subsidio especial por inactividad compensada. Lo que se impugnó fue la intimación hecha en agosto de 2018, a efectos de la obtención del subsidio por inactividad compensada y no un acto administrativo dictado en el procedimiento jubilatorio. En caso de querer agraviarse, deberá presentar los recursos administrativos en el procedimiento jubilatorio contra la decisión que recaiga. Nótese que dicho procedimiento de solicitud de jubilación se encuentra en trámite y la última actuación es la solicitud de actualización de situación contributiva, que puede dar lugar a nuevas intimaciones y llegar a una decisión sobre si se le otorgará o no la jubilación. Más adelante en su demanda, afirmó que en la intimación se adelantó cuál era la etapa siguiente. Es una información que se le da al contribuyente de que, si abona los aportes de los empleados deberá firmar un convenio para descontarlo de su prestación, si es que quiere jubilarse. No es más que informar sintéticamente lo que dice el artículo 13 de la Ley 17.963. No es una decisión. En realidad, como la intimación se hizo ante la solicitud del subsidio especial por inactividad compensada, debió indicarse que era para el descuento de dicho subsidio porque a la fecha (agosto de 2018) no había solicitud de jubilación (la hubo en noviembre de 2018). Precisamente, el subsidio especial por inactividad compensada se solicitó porque al momento la persona no configuraba causal jubilatoria (en este caso, le faltaba la edad, ya que tenía cincuenta y nueve años) y es que lo ayuda a configurarla y luego a jubilarse. Esto demuestra que el acto preparatorio impugnado no es por la jubilación, sino por el subsidio por inactividad compensada. Pero luego, al pedir la jubilación, y al tener configurada la causal, ha perdido sentido el procedimiento relativo a la solicitud del subsidio especial por inactividad compensada. El titular deberá aguardar a las actuaciones del procedimiento jubilatorio para impugnar. En cuanto a la prescripción de las obligaciones, se refirió primeramente a la determinación tributaria Nº 332668, destacando que de los antecedentes surge que SERVICE TOTAL SRL, no denunció el acaecimiento del hecho generador, procediendo a ocultar personal, con lo cual la extensión del plazo a diez años resulta justificada. El BPS tomó conocimiento de ello con las actuaciones administrativas. Con respecto a la interrupción del plazo de prescripción, no es necesario ser extremadamente meticuloso para darse cuenta de que existieron múltiples causales de interrupción de la prescripción, sin perjuicio que, además, en vía ejecutiva existe una sentencia ejecutoriada favorable al BPS, lo que introdujo un nuevo plazo de prescripción de veinte años. El 24 de noviembre de 2002, se interrumpió la prescripción con la vista del avalúo a SERVICE TOTAL SRL. Luego, se volvió a interrumpir con la notificación de las resoluciones a la empresa, el 10 de febrero de 2003. Las resoluciones notificadas fueron desglosadas a efectos de ser utilizadas en el proceso ejecutivo correspondiente. Después, se interrumpió la prescripción con la notificación de la demanda, en el expediente judicial caratulado “BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL c/ SERVICE TOTAL SRL. Demanda ejecutiva fiscal”, IUE 223- 817/2004, tramitado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de 2º Turno. A su vez, el dictado de la sentencia Nº 1986/2004, determinó el comienzo de un nuevo plazo de prescripción de veinte años con sucesivas interrupciones. La parte demandada no opuso excepciones, por lo que esta quedó firme. En tanto el BPS inscribió el embargo y luego lo reinscribió en diversas oportunidades (años 2004, 2008, 2014 y 2019). Al haber quedado firme la sentencia, se aplican las normas del derecho común y debe estarse a lo dispuesto por el artículo 1216 del Código Civil. En lo que refiere a la falta de notificación personal, es ampliamente admitido en doctrina y jurisprudencia que encontrándose vigente la deuda frente al deudor principal (SERVICE TOTAL SRL) se le extiende al deudor solidario (el actor). Los adeudos detectados se generaron durante el período en el cual el actor fue socio con actividad en la empresa. Dichos años son los que fueron considerados para el cómputo del subsidio especial por inactividad compensada y eventualmente para la jubilación. En lo que respecta a la determinación tributaria Nº 611140, lo que eventualmente afectaría al actor es la diferencia correspondiente a mayo de 1996 (aporte patronal), ya que se desvinculó de la empresa el 15 de agosto de 1996. Además, esta determinación no contiene adeudos por concepto de aportes personales de dependientes, por lo que no puede ser objeto de la acción de nulidad. Acerca de la inexigibilidad de los créditos, no se comparte lo afirmado por el actor. Respecto de la determinación tributaria Nº 332668, quedó demostrado que las obligaciones tributarias no prescribieron. Y con relación a la determinación tributaria 611140, si bien la misma se encuentra en estado “prescripto”, a los efectos de poder acceder a la prestación correspondiente la legislación vigente exige la aportación efectiva. La extinción de la deuda por el modo prescripción no puede considerarse como aportación efectiva o cancelación de adeudos. Con respecto al artículo 4º de la Ley Nº 19.185, existe jurisprudencia del Tribunal que consigna que se debe tener presente para su aplicación la fecha de solicitud de la jubilación y no la de la prescripción del crédito. En el caso de autos, el actor solicitó un subsidio por inactividad compensada el 15 de mayo de 2018 y una jubilación el 20 de noviembre de 2018, por lo que el artículo 4º de la Ley Nº 19.185 es aplicable. El BPS se encuentra legitimado para exigir eventualmente la regularización de los adeudos, previo al otorgamiento de la prestación correspondiente. En definitiva, abogó por el rechazo de la demanda (fs. 17 a 39). III) Por decreto No. 5226/2019 (fs. 41) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 72. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 75 a 90 vto. y 103 a 127 vto., respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 40/2021 y aconsejó declarar no procesable al acto enjuiciado (fs. 133 a 133 vto.). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 135). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , corresponde relevar el cumplimiento de los requisitos especiales que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. El acto encausado se emitió y notificó el 22 de agosto de 2018 (fs. 3, infolios). El 3 de setiembre de 2018, se interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico (fs. 2 a 2 vto., infolios y fs. 451 a 452, pieza 2, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración resolviera el último de los recursos, el 22 de marzo de 2019. La demanda se interpuso el 21 de mayo de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 11). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. Conforme emerge de los antecedentes administrativos agregados al proceso, el 15 de mayo de 2018, se presentó el actor y formuló una solicitud de subsidio por inactividad compensada (fs. 429 a 430, pieza II, A.A.). De esta manera, se originó el expediente administrativo Nº 2018- 28-059822, “Tipo de Expediente: Subsidio de Inactividad Compensada” , aunque consignándose en el extracto de “Oficina de Origen” “Solicitud de jubilación-GPRE” (fs. 427, pieza II, A.A.). En el decurso de dicho trámite, la Oficina de Informaciones Patronales informó el 12 de junio de 2018, que: “Se ingresa ISC provisorio con deuda por los siguientes conceptos: * D.T. Nº 332668 (11/1994 - 15/08/1996) * D.T. Nº 611140 (01/05/1996 - 15/08/1996). Al cese y otorgada la causal vuelva con informe de haberes ” (fs. 438, pieza II, A.A.). Más adelante, el 13 de julio de 2018, la Oficina de Liquidaciones remite el expediente a Informaciones Patronales “atento a que el titular configura causal de SEIC y los haberes mensuales calculados de forma manual, al día de hoy son de $ 59516” (fs. 441, pieza II, A.A.). Luego, el 17 de julio de 2018, la Oficina de Informaciones Patronales solicitó un informe de situación contributiva con el cálculo de la deuda a Gestión de Cobro en Vía Administrativa (fs. 443 a 444, pieza II, A.A.). En el ínterin, el 22 de agosto de 2018, la Gerencia de Gestión de Cobro en Vía Administrativa cursó una comunicación al actor intitulada “REGULARIZACIÓN DE ADEUDOS PARA TRÁMITE DE PRESTACIÓN DE PASIVIDAD. INTIMACIÓN A REGULARIZACIÓN DE ADEUDOS” y tras hacer referencia al trámite iniciado de “SOLICITUD DE PASIVIDAD” , se lo intima a comparecer a dicha Sección, ubicada en Sarandí 570, 2º piso, en un plazo de treinta días corridos bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del trámite iniciado. A su vez, se establece como “Requerimiento” lo siguiente: “Habiendo sido realizado el estudio de la empresa, se verifica deuda por aportes personales de empleados que deberá ser cancelada al contado, previo a la firma del convenio para descuento jubilatorio de los adeudos patronales (…)” (fs. 3, infolios) (la negrilla no está en el original). El 30 de agosto de 2018, se dejó asentada una constancia de la que surge que se presentó el actor en UDAG de Juan Lacaze a manifestar su voluntad de continuar el trámite allí dado su domicilio actual (fs. 445, pieza II, A.A.). El 3 de setiembre de 2018, el actor presenta recursos administrativos contra el acto implícito de la Dirección Técnica de ATYR, Gerencia de Gestión de Cobro en Vía Administrativa (fs. 451 a 452, pieza II, A.A.), “que me ordenó la regularización de adeudos para trámite de prestación de pasividad, intimación a regularización de adeudos, de las cuales no tengo ningún conocimiento (…)” (fs. 451, pieza II, A.A.) (la negrilla no está en el original). Solicitado informe a Asesoramiento Interno de ATYR, se expidió el 17 de octubre de 2018, la que hizo referencia a la noticia dada a la empresa de los adeudos que el contribuyente mantiene con el organismo y consignó que “La mera comunicación de la situación tributaria de un contribuyente no constituye en sí un “acto dictado” por la administración pasible de ser recurrido. Artículo 78 del CT. Dicha información se pone en conocimiento del peticionante y no constituye un acto impugnable en sí mismo, es simplemente una etapa más en el procedimiento reglado que culminará con el dictado de un acto administrativo, el que sí podrá ser recurrido (…)” (fs. 461, pieza II, A.A.) (la negrilla no está en el original). Lo precedentemente señalado fue compartido por la Gerencia del Área de Asesoría Legal de ATYR (fs. 462, pieza II, A.A.) y se remitieron las actuaciones a la UDAG de Juan Lacaze (fs. 464, pieza II, A.A.), a fin de poner en conocimiento de lo informado al actor. El 20 de noviembre de 2018, la funcionaria Hellen Pouy notificó al actor de lo informado y dejó asentado que “(…) se le informa respecto a lo expuesto por Asesoramiento Interno-Atyr con fecha 17/10/2018 y Asesoría Legal-Atyr. Manifiesta que trasladará la información a su abogado a fin de discernir acciones a seguir. Declara que solicitará Jubilación dado que con fecha 18/11/2018 cumplió 60 años de edad.” (fs. 468, pieza II, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Seguidamente, el 20 de noviembre de 2018, se labró al actor acta de inicio de solicitud de jubilación común con cese (fs. 475 a 475 vto., pieza II, A.A.) y se originó el expediente administrativo Nº 2018-28-1-156608 , Tipo de Expediente: Jubilación con cese” (fs. 474, A.A.). En dicho trámite, y de acuerdo con la documentación agregada por el Ente demandado, se citó al titular a fin de comunicarle que debería cancelar sus adeudos antes de poder liquidar una prestación, instancia en la que se dejó asentado que este se negó a firmar (fs. 95 y 99, infolios). Finalmente, los autos pasaron al archivo “hasta nueva comparecencia del titular” (fs. 99 vto. a 100, infolios). III) El Tribunal, habrá de compartir la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 133 a 133 vto.) y desestimará la demanda, por los fundamentos que se habrán de explicitar. En lo inicial, procede examinar la procesabilidad del acto enjuiciado. Como es sabido, la cuestión integra el análisis de los presupuestos de la acción anulatoria , que, como tales, requieren un examen previo y que, de no verificarse, obstan la decisión de mérito (Véase con carácter general, Eduardo J. Couture, “Vocabulario Jurídico”, tercera edición actualizada y ampliada por Ángel Landoni Sosa, editorial B de F, Montevideo - Buenos Aires, 2006, p. 583 a 584; Enrique Tarigo, “Lecciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo Código” , tomo I, FCU, Montevideo, 2ª Edición, julio de 1994, p. 279 a 280, Enrique Vescovi, Margarita de Hegedus, Selva Klett, Bernadette Minvielle, Luis Simón y Santiago Pereira, “Código General del Proceso. Comentado, anotado y concordado” , tomo III, Editorial Ábaco, Montevideo, p. 395 a 396 y Selva Klett, “Proceso ordinario en el Código General del Proceso” , tomo I, FCU, Montevideo, 2014, p. 60. Específicamente, puede consultarse Eduardo J. Couture, “El agotamiento de la vía administrativa como presupuesto procesal”, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, tomo 52, Montevideo, 1954, p. 257 a 260, Enrique Tarigo, “Enfoque procesal del contencioso administrativo de anulación” , FCU, Montevideo, 2ª edición, octubre de 2004, p. 31 a 34, Felipe Rotondo, “Manual de Derecho Administrativo”, talleres gráficos Tradinco S.A., Montevideo, 8ª edición, marzo 2014, p. 432 a 434 y Maximiliano Cal, “La congruencia en las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, Revista de Derecho Público, Año Nº 24, Nº 47, FCU, Montevideo, julio 2015, p. 14 a 17. Otros autores también se han referido al tema como condiciones o requisitos de admisibilidad de la acción de nulidad , en un enfoque que no difiere sustancialmente del anterior. Así por ejemplo, Héctor Giorgi, “El Contencioso administrativo de Anulación”, Biblioteca de publicaciones oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo, 1958, p. 139, Enrique Sayagués Laso, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo II, FCU, Montevideo, 5ª edición, agosto de 1991, p. 580 a 582 y Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Breve presentación de la jurisdicción contencioso - administrativa”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Nº 23, Montevideo, 2004, p. 127 a 129 y Augusto Durán Martínez, “Contencioso Administrativo”, FCU, 2ª edición, marzo de 2015, p. 93 a 95). En la tesis de la parte actora, el acto administrativo de intimación a la regularización de adeudos es procesable -básicamente- porque “es ejecución de una voluntad administrativa no explicitada en el expediente” (fs. 4, infolios), agregando en etapa de alegatos que lo es porque “difiere, suspende o hace imposible las prestaciones de seguridad social solicitadas al BPS (…), condicionándolas al pago de una deuda tributaria (…)” (fs. 75, infolios) (la negrilla no está en el original). En tanto, para el Ente demandado, el referido acto no es procesable - esencialmente- porque: i) Constituyó un acto preparatorio previo de la decisión final, consistente en otorgarle o no la prestación de subsidio especial por inactividad compensada ; ii) El actor solicitó su jubilación recién en noviembre de 2018 , cuando configuró su causal jubilatoria por haber cumplido sesenta años. Es otro procedimiento. En agosto de 2018, el expediente jubilatorio no existía y el actor no había configurado la causal jubilatoria; iii) No puede existir un acto administrativo impugnable ante el TCA antes de la existencia misma del procedimiento necesario (para su formación); iv) En la intimación, se adelanta cuál es la etapa siguiente, es una información que se da al contribuyente . No es una decisión ; v) En realidad, como la intimación se hizo ante la solicitud del subsidio especial por inactividad compensada, debió indicarse que era para su descuento porque a esa fecha no había solicitud de jubilación; vi) Precisamente, el subsidio por inactividad compensada se solicitó porque al momento, la persona no configuraba causal jubilatoria ; vii) Pero al solicitar la jubilación (por haber configurado causal jubilatoria), pierde sentido el procedimiento relativo a la solicitud del subsidio especial por inactividad compensada. Con carácter general, cabe recordar que el Tribunal ha admitido la procesabilidad de determinados actos de intimación , cuando la voluntad de la Administración ya se encuentra definitivamente formada (sentencias Nº 737/2015, 659/2016, 236/2017, 214/2018, 357/2018, 455/2018, 582/2019, 481/2020 y 6/2021, entre otras). Ahora bien, en el presente, se desprende de los antecedentes que el actor inició un trámite de subsidio especial de inactividad compensada y es en el marco de dicho trámite que, erróneamente, la Administración le intimó a regularizar los adeudos por aportes patronales haciendo referencia a una “SOLICITUD DE PASIVIDAD” hasta entonces inexistente. Es en este procedimiento ( de subsidio por inactividad compensada ) que la Administración intimó al actor bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del trámite. De ahí que no pueda entenderse que el contenido de la manifestación vertida por el Banco de Previsión Social en el acto de intimación que se procesa en autos constituya una “voluntad definitivamente formada” respecto de la jubilación del actor , desde que no difirió, suspendió, ni hizo imposible su tramitación. Por el contrario, la lectura atenta de la secuencia de uno y otro procedimiento administrativo revelan que, luego que el trámite del subsidio especial de inactividad compensada careciera de objeto (ante la configuración de la causal jubilatoria) el actor presentó su solicitud de jubilación. Como lo explica la doctrina especializada, el subsidio especial de inactividad compensada “se sirve por el BPS, por un plazo máximo de dos años, o hasta que el beneficiario configura causal jubilatoria .” (Cf. Ariel Nicoliello, “Derecho de la Seguridad Social” , Fundación Electra. Para la promoción del Derecho del Trabajo y FCU, 1ª edición, junio de 2018, p. 135) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En este caso, y tal como se deprende de la constancia del 20 de noviembre de 2018, el propio actor “Declara que solicitará Jubilación dado que con fecha 18/11/2018 cumplió 60 años de edad ” (fs. 468, pieza II, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Y así lo hizo, como surge del expediente Nº 2018-28-1-156608, que a tales efectos se formó a partir de la solicitud de jubilación común con cese que este formuló ese mismo día (fs. 474 a 475 vto., pieza 2, A.A.). Por lo tanto, mal pudo haber habido en el procesado una manifestación de voluntad definitivamente formada respecto de la jubilación del actor dado que por entonces esta, ni siquiera se había comenzado a tramitar, hecho que se produjo a partir de que este alcanzó los sesenta años y presentó la solicitud correspondiente, la que fue objeto de otro procedimiento que se inició a tales efectos (en el expediente Nº 2018- 28-1-156608). Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA : Declárase que el acto impugnado no es procesable en esta Sede. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado).