Sentencia Definitiva N° 5/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 3 de febrero de 2022 No. 5 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “FALOTICO CAPO, MONICA BEATRIZ Y OTRO con PODER EJECUTIVO” Acción de Nulidad (Ficha No. 597/2018). RESULTANDO : I) La parte actora, integrada por los Sres. Mónica Falotico y Mario Machado, dedujo pretensión anulatoria contra el Decreto Nº 45/2018, de 26 de febrero de 2018, por el cual el Poder Ejecutivo reglamentó el ejercicio de la opción prevista en el artículo 52 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley N° 19.535, de 25 de setiembre de 2017. En su demanda, relataron que son funcionarios del Poder Judicial que promovieron un juicio de cobro de pesos contra el Estado, en razón del adeudo salarial por lo que vino a ser conocido como el “enganche” de los salarios de los funcionarios judiciales al del Director General de Servicios Administrativos del Poder Judicial, el cual a su vez está “enganchado” a las dotaciones de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia (artículo 389 de la Ley Nº 17.930), y el aumento de dichas dotaciones por ley presupuestal del año 2011. Dicho proceso se tramita en el expediente judicial IUE Nº 2- 31993/2014, ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 19º Turno, en el que se dictó sentencia de condena en dos instancias, con carácter de cosa juzgada y cuya liquidación por vía incidental ascendió a una suma superior a U.I. 75.000.000. En razón del referido juicio, los actores cuentan con un derecho subjetivo al cubro de una suma dineraria, surgido de sentencias judiciales por monto mayor a UI 75.000.000, que se ve lesionado por el acto administrativo atacado, lo que confiere legitimación activa conforme al artículo 309 de la Constitución. En necesaria síntesis, expresaron los siguientes agravios: 1º) El Decreto Nº 45/2018 es contrario a preceptos constitucionales, lesiona derechos y garantías de las personas por: a) Violación al principio de tutela jurisdiccional efectiva: la misma no será efectiva si el mandato contenido en la sentencia no se cumple o si se difiere su cumplimiento indefinidamente; b) Violación del artículo 8 de la Constitución en dos sentidos: primero, porque el Estado no puede desconocer el igual sometimiento de todas las personas al derecho positivo, lo cual intenta hacer a través del reglamento que ataca; y segundo, porque no existe igualdad de tratamiento respecto de los funcionarios que antes de la entrada en vigencia del Decreto solicitaron la ejecución parcial de la sentencia por montos menores y también con relación a quienes tienen créditos inferiores al monto de UI 75.000.000; c) Ilegitimidad del acto reglamentario al regular aspectos de reserva legal (artículo 18 de la Constitución) : el orden de los juicios es una potestad constitucional otorgada al Poder Legislativo; d) Tratarse de un reglamento “contra leggem” : el artículo 4 del Decreto Nº 45/2018, está ampliando el ámbito de aplicación de la Ley extendiéndolo a casos no previstos. 2º) Se produjo una nulidad por contrariedad a la norma de derecho (artículo 309 de la Constitución), configurando un supuesto de ilegalidad objetiva porque: a) El estricto cumplimiento de las sentencias de condena es una actividad reglada: el Decreto impugnado contraviene expresamente lo dispuesto por el artículo 400.4 del Código General del Proceso; b) El artículo 4 del Decreto impugnado es contrario a lo dispuesto por el artículo 45 del Código General del Proceso: el orden y las formalidades de los juicios no pueden ser establecidos por vía reglamentaria, sino solamente por Ley formal; c) Existen vicios en la motivación y falsedad en los motivos del Decreto: la mera remisión a la propia Ley reglamentada es una falacia de petición de principio, justificando la reglamentación de la Ley en la propia potestad reglamentaria. De ningún pasaje de la disposición se explican los motivos por los cuales se dispone la adopción de resolución dentro del plazo del artículo 400.4 y tampoco se justifica la disposición del artículo 4; d) Desviación de poder: la falta de motivación debida evidencia que los motivos que determinaron el dictado del acto son espurios. El motivo real, no confeso, es el largo conflicto salarial mantenido con los funcionarios judiciales y el intento de burlar los sucesivos mandatos judiciales a su respecto. En definitiva, solicitaron que se declare la nulidad del acto enjuiciado (fs. 3 a 12 vto.). II) Conferido el correspondiente traslado compareció el Poder Ejecutivo, representado por el Dr. Fabián Álvarez, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. La interpretación sesgada y tendenciosa de los actores no puede ser de recibo. La interpretación recta, objetiva y conforme a derecho, es que, en respeto a los principios de legalidad o reserva legal, se reguló la forma de cumplimiento efectivo de los fallos judiciales, que obviamente requieren la existencia de rubros con los cuales atender la erogación. Al contrario de lo que afirman, la norma impugnada vino a significar una garantía de cumplimiento para los litigantes gananciosos, porque el Poder Ejecutivo deberá efectuar la previsión en cada caso y comunicarlo al Parlamento, de manera que el Estado pueda cubrir efectivamente el pago del monto al que fue condenado. El Decreto impugnado no inhibe la ejecución de la sentencia, ni su contenido, sino que determina la forma de cumplimiento de la misma, así como un plazo para hacerlo. No inhibe, ni impide el pago, al contrario, reconoce la obligación de pagar, que sólo puede hacerse si se prevén rubros para ello. De ninguna manera podrá entenderse que existe una violación al principio de tutela jurisdiccional efectiva, ni se arroga el Estado el derecho a determinar a su libre arbitrio el cumplimiento del fallo, sino que, por el contrario, adecua su cumplimiento en función de preceptos constitucionales de igual jerarquía que el que estiman lesionado los accionantes. Continuando con su defensa del acto, defendió el cumplimiento de preceptos y principios constitucionales. El principio de igualdad fue respectado. Como tiene dicho la Corporación, es legítimo que una Ley establezca una regulación diferente para situaciones diferentes, y en este caso, la norma atacada rige para todos los créditos contra el Estado de prácticamente todos los Incisos del Presupuesto Nacional que posean una determinada naturaleza. Regular por medio de la Ley la previsión presupuestal, esto es, la cantidad de dinero con que se hará frente a la misma, y cuándo se hará el pago, estableciendo un máximo de tiempo para ello, como lo hace el artículo 15 de la Ley Nº 19.535, no implica una vulneración a la independencia del Poder Judicial. No hay una efectiva limitación de derechos, no hay postergación indefinida de cobro de créditos, no hay desconocimiento de obligaciones de condena; lo que hay es lisa y llanamente una regulación para la previsión de los fondos con los que el Estado cumplirá y la imposición al Poder Ejecutivo de un plazo máximo para ello. Seguidamente, se refirió a la imposibilidad legal del pago fraccionado, destacando lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº 19.535. En lo que refiere al litisconsorcio facultativo, indicó que conforme el artículo 45 del Código General del Proceso, los litigantes serán considerados como independientes, salvo disposición legal en contrario. Y precisamente la disposición legal en contrario es el artículo 15 de la Ley Nº 15.535, que el Decreto impugnado reglamentó. Los actores pretenden la división, exclusivamente para salvar el impedimento legal, que el Decreto impugnado, posteriormente reglamentó. En otro orden, señaló que no surge acreditado por los actores, ni alegado en su demanda, que hayan obtenido o planteado la declaración de inconstitucionalidad del artículo 15 de la Ley Nº 19.535. En consecuencia, tampoco pueden agraviarse del Decreto No. 45/2018, que no se aparta un ápice de la Ley que reglamenta, ni es contrario a ninguna otra norma de Derecho. En suma, solicitó la confirmación del acto impugnado (fs. 29 a 37). III) Por decreto No. 9306/2018 (fs. 39) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 70. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 73-77 y fs. 80- 84 vto., respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen N° 429/2020 y aconsejó la anulación del acto impugnado (fs. 87 a 92). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 94). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. El Decreto Nº 45/2018, se promulgó el 26 de febrero de 2018 y se publicó el 6 de marzo de 2018. El 15 de marzo de 2018, se interpuso en tiempo y forma el recurso de revocación (fs. 2 a 2 vto. y 23 a 24, infolios). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , a los ciento cincuenta días sin que la Administración resolviera el recurso de revocación, el 19 de agosto de 2018. La demanda se interpuso el 1º de octubre de 2018, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 13). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada, conviene realizar una breve reseña del marco normativo básico de relevancia para la resolución de la causa. En este sentido, cabe destacar que el artículo 52 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley N° 19.535, de 25 de setiembre de 2017, que el Decreto impugnado reglamentó, establece que: “El Poder Ejecutivo podrá comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible, cuando se trate del cumplimiento de sentencias judiciales, laudos arbitrales, o situaciones derivadas de lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República. No obstante, cuando los montos a que refiera la condena sean sentencias laborales, civiles o de cualquier otra naturaleza, transacción homologada o laudo arbitral, excedan de 75.000.000 unidades indexadas (setenta y cinco millones de unidades indexadas), el Poder Ejecutivo podrá hacer uso de la facultad establecida precedentemente o proponer las previsiones correspondientes en la próxima instancia presupuestal, a fin de atender el pago de las erogaciones resultantes . Una vez aprobado el presupuesto o la rendición de cuentas en su caso, con las previsiones referidas, la cancelación del crédito se realizará dentro del ejercicio siguiente. Esta disposición tendrá vigencia a partir de la promulgación de la presente ley” (la negrilla no pertenece al texto original). Por su parte, el Decreto No. 45/2018, impugnado, prevé lo siguiente: “Artículo 1º.- La opción de comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible o proponer las previsiones correspondientes en la próxima instancia presupuestal a que hace referencia el artículo 52 de la Ley No. 17.930 de 19 de diciembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley No. 19.535 de 25 de setiembre de 2017; será dispuesta por resolución del Poder Ejecutivo actuando en acuerdo con el Ministro de Economía y Finanzas. Dicho acto administrativo será comunicado a la Sede judicial en la forma que se establece en el artículo siguiente. Artículo 2º.- Recibido que sea el oficio judicial a que refiere el artículo 400 del Código General del Proceso y dentro del plazo consignado en el 400.4 de dicho cuerpo normativo, la opción de hacer uso de la facultad establecida en el numeral 1º del artículo 52 de la Ley No. 17.930 de 19 de diciembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley No. 19.535 de 25 de setiembre de 2017; el Poder Ejecutivo optará por medio de la resolución a que refiere el artículo 1º. La misma será comunicada a la Sede judicial competente dentro del plazo de 5 días hábiles de adoptada. Artículo 3º.- El referido acto administrativo que comunica a la sede judicial interviniente la opción del Poder Ejecutivo se tendrá por notificado cuando el interesado en el juicio promovido contra el Estado Administración Central tome conocimiento del mismo y podrá ser impugnado de acuerdo con lo establecido en el artículo 317 de la Constitución. Artículo 4º.- A los efectos de la facultad establecida en el inciso 2º del artículo 52 de la Ley No. 17.930 de 19 de diciembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley No. 19.535 de 25 de setiembre de 2017, el Poder Ejecutivo considerará la suma total que corresponde pagar por ejecución de la sentencia, laudo o transacción homologada judicialmente, en función de lo expresado en su parte dispositiva y considerando la totalidad de los actores que promovieron la acción correspondiente, con independencia de las cifras individuales incluidas en el respectivo fallo. Artículo 5º.- Comuníquese, etc.” (la negrilla no pertenece al texto original). III) El Tribunal, habrá de apartarse de la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 87 a 92) y en su mérito desestimará la demanda, por los fundamentos que se habrán de explicitar. En lo inicial, corresponde precisar que la mayoría compuesta por los Sres. Ministros, Dra. Selva Klett, Dr. William Corujo, Dra. Nilza Salvo y el firmante, considera que procede desestimar la demanda y confirmar el acto encausado, por similares fundamentos a los explicitados en la sentencia Nº 741/2020. Por su parte, el Sr. Ministro, Dr. Luis Simón, entiende que corresponde desestimar la demanda, sin ingresar a la consideración del mérito, en virtud de lo dispuesto por los incisos 2º) y 3º) del art. 312 de la Constitución, clausurando los procedimientos. A continuación, se expondrá en primer lugar la posición de la mayoría de los Ministros y finalmente se desarrollará la posición de la minoría, lo que, en cualquier caso, conduce a la solución desestimatoria de la demanda. IV) Comenzando por la posición de la mayoría de los Ministros indicada en el Considerando III) ut supra de la presente, corresponde analizar el primero de los agravios que plantearon los accionantes, quienes sostuvieron que el Decreto Nº 45/2018, es contrario a preceptos constitucionales, lesiona derechos y garantías de las personas por: a) violación al principio de tutela jurisdiccional efectiva; b) violación del artículo 8 de la Constitución; c) ilegitimidad del acto reglamentario al regular aspectos de reserva legal (artículo 18 de la Constitución) ; y d) tratarse de un reglamento “contra leggem”. No le asiste razón en ninguno de sus planteos. Ante una plataforma de agravios muy similar a la que se formula en autos, el Tribunal descartó la procedencia del agravio en términos que resultan plenamente trasladables al sub - examine. En este sentido, la Corporación expresó: “El primero de los agravios esgrimidos por la parte actora, refiere a que el acto impugnado vulneraría la Constitución, la ley, así como principios generales del Derecho. A juicio del Tribunal, no le asiste razón en su planteo, considerando en cambio que, el Decreto cuestionado se apega a la norma que reglamenta. Debe de verse que el artículo 15 de la Ley No. 19.535 establece que el Poder Ejecutivo podrá hacer uso de la facultad otorgada por el Legislador, atendiendo a la cuantía de la condena, siempre y cuando la misma supere los 75 millones de Unidades Indexadas y así previsionar las sumas, abonándolas en la próxima instancia presupuestal. La norma no innova, lo que hace el Decreto hostilizado es reglamentar el procedimiento para el ejercicio de dicha opción , previsto por la norma legal referenciada. Como señala la Administración, el decreto impugnado no inhibe la ejecución de la sentencia ni su contenido, sino que determina la forma de cumplimiento de la misma, así como un plazo máximo determinado para hacerlo en el caso de que se opte por ejercer la facultad legal por medio de un acto administrativo . No impide el pago, por el contrario, reconoce la obligación de pago y éste solo puede hacerse si se prevén rubros para ello, lo que es claramente lógico. No consta que los actores hayan deducido acción de inconstitucionalidad de la norma legal, ante la Suprema Corte de Justicia. Por otra parte, a juicio del Tribunal, no resulta parangonable - como lo considera el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo-, la situación de autos con la que diera mérito al dictado de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declarara la inconstitucionalidad del artículo 400.8 del CGP, en redacción dada por el artículo 733 de la Ley No. 19.355, actualmente derogado por el artículo 16 de la Ley No. 19.535. (Sentencia No. 576/2017, de 8 de mayo de 2017).” (sentencia Nº 741/2020) (la negrilla no está en el original). De lo precedentemente señalado se desprende la improcedencia del agravio que sostiene que el Decreto Nº 45/2018, es contrario a preceptos constitucionales, lesiona derechos y garantías de las personas, en cualquiera de sus manifestaciones. No viola el principio de tutela jurisdiccional efectiva, porque el mandato contenido en la sentencia se cumple y este cumplimiento no se difiere indefinidamente. No se inhibe, ni la ejecución, ni el contenido de la sentencia, sino que se determina la forma de su cumplimiento, así como un plazo máximo para hacerlo en el caso de optar por ejercer la facultad legal por medio de un acto administrativo. Tampoco se impide el pago, sino que se reconoce la obligación de pago, la que, naturalmente, se podrá realizar si existen rubros para ello. En cuanto a la violación al artículo 8 de la Constitución, tampoco se produce porque la distinción que se realizó por parte del legislador no se revela como irrazonable y, en todo caso, si los pretensores consideraban lo contrario, debieron promover la correspondiente acción de inconstitucionalidad de la Ley. Con respecto a la ilegitimidad del acto reglamentario por regular aspectos de reserva legal, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución, tampoco se observa que ello haya sido así. Lo que hizo la Administración fue reglamentar el procedimiento a seguir en el caso de optar por el ejercicio de la opción legal. Del mismo modo, tampoco se observa que en el artículo 4º del Decreto Nº 45/2018, se esté ampliando el ámbito de aplicación de la Ley extendiéndolo a casos no previstos. V) Continuando con el desarrollo de la posición mayoritaria, procede examinar el segundo agravio, según el cual se produjo una nulidad por contrariedad a la norma de derecho (artículo 309 de la Constitución), configurando un supuesto de ilegalidad objetiva porque: a) El estricto cumplimiento de las sentencias de condena es una actividad reglada; b) El artículo 4 del Decreto impugnado es contrario a lo dispuesto por el artículo 45 del Código General del Proceso ; c) Existen vicios en la motivación y falsedad en los motivos del Decreto; d) Desviación de poder. La esencia de este planteo también fue abordada por la sentencia Nº 741/2020, que en términos reeditables al sub - judice , consignó: “VIII) Sobre la ilegalidad del artículo 4º de la norma impugnada, como violatoria de lo previsto en el artículo 45 del CGP (litisconsorcio facultativo), la Corporación considera que tampoco le asiste razón a la parte accionante. La Ley hace referencia a una única condena, que puede estar compuesta de varios montos, con lo cual el Decreto tampoco innova en este aspecto. Tratándose, pues de una única condena, las subdivisiones, de acuerdo con lo que le corresponde a cada actor o grupo de actores, no modifica el monto dispuesto en la misma como suma global. “Artículo 45- Litisconsorcio facultativo. Dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso en forma conjunta, sea activa o pasivamente, cuando sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto o cuando la sentencia a dictarse con respecto a una pudiera afectar a la otra. Los litisconsortes facultativos, salvo disposición legal en contrario, serán considerados como litigantes independientes. Los actos de cada uno de ellos no favorecen ni perjudican la situación procesal de los restantes sin que por ello se afecte la unidad del proceso”. Como correctamente apunta la demandada en su libelo de contestación, cuando la norma (artículo 45 CGP) especifica que serán considerados como litigantes independientes, se refiere al proceso y a la pretensión. Como expresa VESCOVI: “(…) Respecto de otras situaciones, un régimen tan independiente podría provocar un desarrollo caótico del proceso, y por ello la parte final del inc. 3º precisa que la aplicación de la regla apuntada en nada afecta la unidad esencial del proceso. Como es natural al haberse aceptado la actuación litisconsorcial, que no estaba impuesta por la ley ni por la naturaleza de la relación sustancial, con respecto a los actos procesales de orden, aquellos que refieren a la tramitación normal del proceso, la actuación de los litisconsortes se produce de modo unitario, como por ejemplo en punto al momento en que han de ofrecer probanzas o controlar las aportadas en el proceso, oportunidades de alegar hechos, etc. El elemento distintivo radica en no admitir diversificación del trámite del proceso respecto de cada litisconsorte, salvo en aquellos supuestos en que actos procesales concretos tengan para cada uno de ellos repercusión diversa sobre la relación sustancial hecha valer. Por ende, cada vez que el proceso sea contemplado como una unidad formal, la actuación litisconsorcial no puede alterar esa unidad ”. (Cf. Código General del Proceso, tomo 2, p. 110). (fs. 32 vto. infolios). En el razonamiento de VESCOVI, como propugna la accionada, los actores pretenden dividir artificialmente sus pretensiones, exclusivamente para salvar el impedimento legal, que el Decreto impugnado, posteriormente reglamentó. IX) En suma, a juicio del Tribunal, todos los agravios invocados por la parte actora dicen relación con la norma legal que se reglamenta y no puntualmente con el Decreto resistido que, en esencia, se ciñe a aquella, por lo que, en todo caso, correspondería que planteara la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.” (la negrilla no está en el texto original). Con carácter complementario a estos desarrollos, cabe descartar la existencia de vicios en la motivación y falsedad en los motivos del Decreto, como también la invocada desviación de poder. Basta con leer someramente los Resultandos y Considerandos del acto impugnado para advertir que la reglamentación aprobada se encuentra suficientemente fundada y que no se trató de una mera invocación de la norma legal que se reglamentó. Así, por ejemplo, Considerando II) previene que la norma legal que se reglamenta es considerada como “sin contenido procesal sino de ordenamiento financiero del Estado obliga al Poder Ejecutivo a sujetar la opción que la norma legal le confirió”. En tanto, en el Considerando III) se advierte que “frente a la comunicación de cada sentencia de condena se debe dictar el acto administrativo que disponga el uso de la facultad de opción la Administración adopte de modo de dar certeza jurídica al administrado”. En lo que respecta a la falsedad de motivos y la desviación de poder que se alegan bajo la premisa que el motivo real fue el largo conflicto salarial mantenido con los funcionarios judiciales y el intento de burlar los sucesivos mandatos judiciales a su respecto, se trata de apreciaciones subjetivas que no toman en cuenta las dificultades económicas y presupuestales que se generaron a partir de los hechos de público conocimiento a los que se alude. Siguiendo a Cajarville, existirá desviación de poder “(…) siempre que el “fin querido” por la “voluntad” de la Administración, apreciado subjetivamente, no coincida con el “fin debido” impuesto por las reglas de derecho” (Cf. Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Sobre Derecho Administrativo”, tomo II, FCU, 3ª edición, 2012, p. 80). El Tribunal ha señalado reiteradamente que la desviación de poder es un “vicio grave del acto administrativo que, obviamente, grava al accionante con la CARGA de probar su ocurrencia, conforme a las reglas generales (arts. 104, D.L. 15.524, y 283, 284, 313, 329, 330 y 331 del C.P.C.).” (sentencias No. 147/2006, 157/2013, 704/2020 y 466/2021 , entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Pues bien, en el presente caso, no se advierte que la finalidad perseguida por el acto impugnado encierre un intento de burlar las condenas judiciales que sucesivamente recayeron contra el Estado. Por el contrario, lo que se observa es que al dictar el impugnado la Administración reglamentó una facultad otorgada por una norma legal y dentro de los límites establecidos por esta, ajustando su proceder al fin debido impuesto por las reglas de derecho. VI) Desde un ángulo de razonamiento distinto al que se viene de exponer, el Sr. Ministro, Dr. Luis Simón, considera que procede desestimar la demanda, sin ingresar a la consideración del mérito, en virtud de lo dispuesto por los incisos 2º) y 3º) del art. 312 de la Constitución, clausurando los procedimientos. En concreto, sostiene en la fundamentación de su posición lo siguiente: “No se comparte que corresponda ingresar, en la especie, a la consideración del mérito; por el contrario, a nuestro juicio resulta de aplicación la consecuencia de la opción contenida en los incisos 2do. y 3ro. del art. 312 de la Constitución Nacional, que torna inadmisible la actual pretensión anulatoria. En efecto, surge de autos que los promotores Mónica Falotico Capo y Mario Antonio Machado Alves resultan, ya al momento de accionar de nulidad, titulares de un crédito reconocido por sentencia judicial firme en autos IUE 2-31993/2014 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de 19 a Turno, tal y como la propia parte resalta en su demanda, por ejemplo, en los numerales 5, 12 y 13 (fs. 3 vta. y 4). Asimismo, surge de la comparecencia de los actores a fs. 60 y vta. del testimonio parcial agregado, que la referida condena se encuentra en instancia de liquidación (carpeta rosada). Por consiguiente, manteniendo la interpretación que se ha tenido por nuestra parte aún antes de integrar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la actual demanda no resulta admisible al haber mediado, claramente, una primera opción de los interesados por la vía reparatoria civil ordinaria. Es más, según surge del escrito de interposición del recurso de revocación interpuesto, en ocasión de recurrir en sede administrativa el acto administrativo atacado, los hoy actores contaban con un...crédito reconocido por sentencia judicial firme..." (fs. 2). En idéntico sentido, la reserva de la acción reparatoria que peticionan en el numeral 5to. del escrito de demanda, no resulta habilitada por el régimen constitucional vigente por los fundamentos que vienen de exponerse (fs. 12 vta.).” Finalmente, concluye que “la opción reparatoria ya estaba ejercida y obstaba a promover anulación; todo según la última reforma constitucional.” (la negrilla no pertenece al texto original). VII) En definitiva, las distintas posiciones y fundamentos desarrollados en los numerales precedentes determinan que deba desestimarse la presente demanda de nulidad. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Desestímase la demanda anulatoria entablada, sin sanción procesal específica. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio (Sec. Letrado)