Sentencia Definitiva N° 1/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 3 de febrero de 2022 No. 1 VISTOS : Para sentencia definitiva los autos caratulados: “SILVEIRA MARCOS con ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO. Acción de Nulidad” (Ficha 666/2016). RESULTANDO : I) La acción de nulidad, deducida a fojas 11 y siguientes, se dirige contra la Resolución del Directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ASSE, Nro. 5880/2015, de fecha 25 de noviembre de 2016, que resolvió: “Aplicase al Técnico III Médico, Presupuestado Titular, Correlativo 505, Escalafón A, Grado 8, de la U.E. 052 Centro Auxiliar de Río Branco, Dr. Marcos Daniel Silveira Argenzio, una sanción consistente en la suspensión por el término de 30 (treinta) días con retención total de haberes” (fs. 261/262 A/A). Dicho acto pone fin al sumario administrativo que, por Resolución Nro. 997/15 de fecha 19 de febrero de 2015, se iniciara al promotor (fs. 14 y vta. A/A). Dicha resolución es recurrida administrativamente por al promotor en los términos que lucen a fs. 271 de los antecedentes y, dado que el acto fuera dictado por el jerarca máximo del servicio centralizado, el Directorio desestima el recurso revocación y franquea la anulación para ante el Poder Ejecutivo (Resolución de fecha 13 de julio de 2016, obrante a fs. 285 a 286 A/A). II) Sostiene el actor que en materia de Derecho disciplinario resulta una garantía fundamental que el acto administrativo que imponga una sanción de 30 días con la retención total de haberes, necesariamente deba contener con precisión la conducta violatoria del precepto de que se trate. La Administración sanciona a un funcionario, sin individualizar, a su juicio, qué norma violó; solo incidentalmente refiere al art. 528 del TOFUP en el “Atento” y ni una palabra más hay sobre el punto, que permita determinar qué violación de tal artículo se le imputa. Así, destaca que el Considerando I del acto recurrido, lo más cercano que dice respecto de cuál sería el accionar erróneo es el “haber brindado información a un periodista de un diario de alcance nacional”. Ante ello, no cabe otra posibilidad jurídica que preguntarse si brindar información a un periodista de un diario de alcance nacional es una falta administrativa, en tal sentido, señala que no es necesario argumentar que la conversación privada que mantuvo con otro particular, forma en que corresponde calificar jurídicamente al periodista, no puede encuadrar en los literales 1, 2 ni 4 de la citada disposición. Por tanto, afirma que tal hecho no puede ni lógica ni semánticamente ingresar dentro del concepto de “publicación de una opinión” del literal restante; añade que impedir a un funcionario público el ejercicio de su libertad de expresión, solo puede ser dispuesto por la ley en virtud del interés general. Y tal ley no existe. La aplicación del principio de legalidad hace que resulte contrario a nuestra Constitución y, por ende, inaplicable el Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 28 de febrero de 1947, fuente del art. 528 del TOFUP. Sin perjuicio de lo anterior, afirma que no hizo ninguna manifestación a la prensa. No solo negó haber publicado tales expresiones, sino que expresamente pidió que lo que le contaba a dicho particular no debería ser publicado. Obligar a un funcionario público a iniciar un juicio en contra de un periodista por la publicación de una conversación privada, cuya publicación reitera no autorizó, pero da cuenta de hechos verdaderos que pueden generar perjuicios a la salud de la población, resulta a su entender francamente inadmisible. Se estaría así vedando su libertad de expresión en el ámbito privado, además de obligar al funcionario a actuar contra el bien público, silenciando un hecho que sabía verdadero. Los testigos, con vinculación funcional con el punto, reconocen que los hemocomponentes llegaron descongelados en ocasiones y las plaquetas el día anterior de su vencimiento, según relaciona a continuación. Al Director del Homocentro de Maldonado, Dr. Curbelo, lógicamente le comprenden las generales de la ley, porque si los hemocomponentes enviados lo son en forma inadecuada, podían, sin lugar a dudas, incoarse los mecanismos legales que tal situación impone. La extraccionista Sra. Arce, confirma haber recibido conservantes de sangre descongelados. La auxiliar de servicio, Sra. Duarte, confirma haber sentido comentarios de conservantes descongelados. No tiene idea acerca del plasma fresco. Ha recibido sangre del Hemocentro de Maldonado en correctas condiciones en conservadora, expresamente dice que no sabe cómo llega la sangre que semanalmente viene en el ómnibus. Aclara expresamente que no recibe regularmente sangre. El técnico Sr. Ruiz, confirma que el plasma llegó un par de veces descongelado. También confirma que otro par de veces, llegaron plaquetas sobre el borde del vencimiento. Nuevamente sucedió en la época en que el Dr. Silveira revistaba en el Hospital de Melo; lo que pasa ahora importará para determinar eventual responsabilidad funcional de las autoridades actuales, pero es ajeno a las actuaciones seguidas. Aclara también el referido técnico que no piden plaquetas para tener stock, sino que piden sustancialmente poco. Y , como elemental conclusión lógica que se extrae de sus dichos, de estas pocas veces que piden plaquetas, por lo menos un par de veces, las plaquetas llegaron sobre la fecha de vencimiento. El Director del Hospital de Melo, Dr. Santos, con relación a los hechos publicados por El País que este proceso, expresa que se generó un cambio en cuanto a los protocolos de trabajo, elevándose los estándares de calidad. La técnica en hemoterapia, Sra. Trinidad, confirma que en el tiempo en que revistaba el Dr. Silveira en el Hospital, los plasmas llegaban con los bordes descongelados y que las plaquetas al borde del vencimiento. Nuevamente detalla que no son muchos pacientes los que reciben plaquetas, no obstante los pocos que las requieren, las reciben con vencimiento al día siguiente. Cuestiona por su parte la existencia de “alarma pública” que señala la instructora actuante, extremo que sostiene resulta falso al no contar con ningún elemento de juicio que lo respalde. Jurídicamente, solo podría imputarse al actor la violación del TOFUP en cuanto a sus deberes funcionales. Y de éste, la única disposición que podría serle aplicable es el numeral 3 del artículo 528 que, conforme lo referido, no le es aplicable, por cuanto el actor no publicó ninguna opinión. III) A fs. 29 y siguientes comparece la Administración de los Servicios de Salud del Estado, oponiéndose al accionamiento. Respecto al primer agravio, indica que lo afirmado por el actor no es cierto ni se acompasa con la realidad del acto atacado. Ya el acto administrativo que antecede a la sanción, Resolución Nro. 997/2015, refiere específicamente el artículo 528, inciso 3°. Haber realizado una lectura cabal y completa del acto administrativo, hubiera permitido no realizar tales manifestaciones. El acto administrativo cuestionado no se compone únicamente del Atento, debe estarse también al tenor del Resultando IV , donde se resaltan las contravenciones del actuar del funcionario, disposiciones que se detallan - además del art. 528 del TOFUP - y a cuyo respecto nada se dice en la demanda entablada. En tal medida, todos los numerales que dedica a expresar sus agravios resultan infructuosos atento a que no se han utilizado fórmulas genéricas, ni aplicado normas en abstracto. También se realiza una lectura parcial, apresurada y temeraria de la resolución al afirmar que jamás “publicó”, claramente jamás se le recriminó ello, se le reprocha brindar información a un periodista de un diario de alcance nacional. La nota que ocupa media carilla de una de las páginas centrales del tiraje del matutino, en letras fácilmente legibles titula “Critican uso de ómnibus para traslado de sangre. Preocupación. Advierten que el plasma fresco llega en malas condiciones a Melo. El periodista responsable de la nota Néstor Araujo, expresa que el ex Jefe de Servicio de Hemoterapia del Hospital de Melo, Marcos Silveira Agencio, confirmó a El País que “en algunas oportunidades la sangre no llega en buen estado. El plasma fresco llega descongelado, en otros casos demora 12 horas en llegar y las plaquetas llegan al borde del tope del vencimiento, ya que tienen 5 días de vida”. La nota entrecomilla las expresiones, por lo cual bajo ningún concepto puede sostenerse que se trató de una conversación entre particulares publicada contra su voluntad; las declaraciones del funcionario al respecto resultan poco creíbles. Tal como afirma la sumariante: “Sin perjuicio de lo cual, no niega las afirmaciones publicadas, sino por el contrario las afirma, ofreciendo testigos y documentación probatoria de sus dichos. Asimismo, la suscrita entiende que, no obstante, el sumariado niega haber realizado declaraciones formalmente a la prensa, llama la atención que siendo el periodista allegado al mismo y habiendo manifestado no estar de acuerdo con que las mismas se publicaren, no hubiese propiciado la baja de la publicación”. Por consiguiente, resulta claro que el Dr. Silveira realizó sin la autorización correspondiente, declaraciones a la prensa respecto al funcionamiento de un servicio en el que trabajaba. Sobre la supuesta inconstitucionalidad de la norma citada, puntualiza que no existe pronunciamiento de inconstitucionalidad, ni sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia que así lo establezca. El actor afirma que el artículo 528 del TOFUP es indiscutiblemente contrario a la Constitución, basándose en aporte doctrinarios, no menciona un autor, un pasaje o una cita que permitan acreditar esa afirmación. No existe impedimento legal respecto a la libertad de expresión de los funcionarios públicos y así es recogido por el artículo 527 del TOFUP, pero el mismo tiene límites y estos son los que enumera el artículo 528 del referido cuerpo normativo. Respecto a la veracidad de los hechos en cuestión, sostiene que todas las declaraciones recogidas, salvo la del actor, permiten advertir que lo denunciado por el Dr. Silveira son aseveraciones que carecen de la magnitud que expresa. En efecto, indica que surge de la instrucción: que el plasma no llega a Melo descongelado; los productos demoran 12 horas en llegar porque son remitidos en ómnibus de línea y no existe problema con tal método; las plaquetas no llegan vencidas. Si el actor hubiera entendido que existían irregularidades en Hospital de Melo respecto al uso de la sangre y plasma, debió actuar conforme a lo previsto en el artículo 40 del Decreto 30/003. Sin embargo, no lo hizo. Y optó por realizar estas denuncias a un periodista amigo. Por su parte, cuando el actor alega que existió un reconocimiento de la deficiencia del sistema que existía antes, realiza una afirmación que dista de la realidad. Las manifestaciones del Director del Hospital de Melo refieren a modificaciones y correcciones de los procedimientos aplicados para la mejora del servicio, pero ello no puede catalogarse como una irregularidad. Con relación a la alarma pública indica que basta con leer la publicación para advertir que el título, tamaño y ubicación de la nota deben haber causado alarma en la población, máxime que la misma se realizó en el diario de mayor tiraje a nivel nacional. IV) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que luce certificada a fojas 184. V) Las partes alegaron de bien probado por su orden (fojas 187/191; 194/196 vta.). VI) Conferida vista, el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo aconsejó hacer lugar a la demanda, por Dictamen Nro. 1/2021 (fs. 199/207 vto.). VII) Se dispuso el pasaje a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva, que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, el accionamiento deducido ha cumplido adecuadamente con los requerimientos normativos a efectos del correcto accionamiento por nulidad (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República, arts. 4 y 5 del Decreto Ley Nº 15.869). II) El Tribunal, apartándose en el caso de lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la pretensión de nulidad incoada. III) El agravio referido a la falta de definición del supuesto previsto en el art. 528 del TOFUP que se reprocha a la resolución atacada, carece de sustento en el devenir de las actuaciones sumariales, máxime cuando el promotor alega que ello importó su indefensión. Las actuaciones administrativas inician con la nota dirigida por el Dr. Leandro Santos, Director del Hospital de Melo, al Director de la Región Este de ASSE, dando cuenta de la publicación de una nota periodística en el Diario El País, en donde figuran declaraciones del Dr. Silveira sobre el funcionamiento del Banco de Sangre del Hospital de Melo que, a juicio de la Dirección, podrían constituir falta administrativa (fs. 2 A/A). Obra a fs. 3 de los citados la nota de prensa, firmada por el periodista Néstor Araújo, titulada: “Critican uso de ómnibus para traslado de sangre. Preocupación. Advierten que el plasma fresco llega en malas condiciones a Melo”. En el cuerpo de la nota constan entrecomilladas declaraciones del actor que consignaron: “...en algunas oportunidades la sangre no llega en buen estado. El plasma fresco llega descongelado, en otros casos demora 12 horas en llegar y las plaquetas llegan al borde del tope de vencimiento, ya que tienen cinco días de vida ...”. Previamente a la adopción de la resolución inicial, se expide la División Investigaciones y Sumarios de ASSE, indicando las eventuales normas que podrían verse comprometidas por los hechos denunciados, reproduciendo específicamente el numeral 3ro. del art. 528 del TOFUP (fs. 7 A/A). Por resolución de la Gerencia General de ASSE Nro. 997/2015, de 19 de febrero de 2015, se dispone la iniciación de sumario administrativo al actor, resolución que cita expresamente en el Considerando I el texto del art. 528, inciso 3º del TOFUP (“publicación de opiniones que causen lesión a los intereses fundamentales del servicio público” ) así como invoca los arts. 527 y 528 en el Considerando II (fs. 14 y vto. A/A). El informe de instrucción que, en síntesis, consideró que el Dr. Silveira había incurrido en falta administrativa a partir de las declaraciones vertidas en la prensa, indica que su actuar contraviene el art. 18 del Decreto 30/003, así como lo dispuesto por los arts. 527 y 528 del TOFUP, Comunicado Nro. 61/2000 y Resolución 2618/2010 (fs. 229 a 240 vto. A/A). El Dr. Silveira formuló descargos mediante comparecencia obrante de fs. 247 a 254 vto. de los antecedentes, de cuyo tenor claramente surge que ejercitó sus descargos respecto de la configuración, entre otros argumentos, del supuesto previsto en el numeral 3ro. del art. 528 del TOFUP (véase a fs. 247 vta. A/A). Dichos descargos fueron analizados en los informes agregados de fs. 259 a 262 de los antecedentes y, posteriormente, fue dictado el acto objeto de accionamiento de nulidad. Respecto al acto atacado, como lo señala la parte demandada, su “Resultando IV” refiere al cúmulo normativo que se imputó violado a partir de la conducta del actor según el detalle del informe de la instructora que reproduce y claramente hace suyo: art. 18 del Decreto Nro. 30/003 de 23 de enero de 2003, arts. 527 y 528 del TOFUP, Comunicado Nº 61 de ASSE de 25 de julio de 2000 y resolución de la Gerencia General de ASSE Nº 2618/2010 de 16 de agosto de 2010 (fs. 261 vto. A/A). En cuanto a la conducta del sumariado que constituyó la falta, la resolución sancionatoria endilgó: “…haber brindado información -cuyo contenido se comprueba en autos no es ajustado a la verdad- a un periodista de un diario de alcance nacional, es irrelevante si fue de manera formal o informal como alega el sumariado, generando alarma pública, dado el contenido de sus afirmaciones que atañen directamente al servicio y la atención de los usuarios de ASSE, causando lesión a los intereses fundamentales del servicio público.” (Considerando I, fs. 261 vto. A/A). El art. 528 del TOFUP, conforme numeración vigente al momento del acto, invocado en el “Atento” del acto impugnado establece que: “El ejercicio de la libertad de expresión del pensamiento por los funcionarios públicos, dará lugar a la aplicación de las sanciones disciplinarias previstas en las leyes, en los siguientes casos: 1. Violación del deber de obediencia y de respeto a la autoridad del servicio. 2. Utilización, sin previa autorización superior, de los documentos, informes, etc., del servicio público, salvo los casos en que las leyes y los reglamentos permiten el uso sin limitación. 3. Publicación de opiniones que causen lesión a los intereses fundamentales del servicio público. 4. Violación del secreto administrativo establecido en forma legal”. En consecuencia, no resulta válido sostener que el acto en cuestión haya incurrido en deficiente motivación al identificar la normativa que habría sido infringida por el actor, la misma resultó suficientemente ilustrada con la descripción de la conducta juzgada, cuyo sustento dispositivo emerge cabalmente del propio del acto y de sus antecedentes, en un plexo de disposiciones que se vertebran sobre los principios de buena fe y lealtad. IV) Idéntico rechazo amerita la argumentación que postula un supuesto de ilegítima restricción de la libertad de expresión del promotor; por el contrario, se asiste al ejercicio de la potestad sancionatoria ante el rebasamiento de sus límites frente a conductas que demandan la discreción y reserva del accionar del funcionario público, so riesgo de lesionar los intereses del servicio público. Como se delimitara en Sentencia Nro. 59/2021: “El ejercicio de la libertad de expresión que invoca el actor, debe ser ejercido con ponderación y mesura por parte de los funcionarios públicos, a fin de evitar entrar en conflicto con otros derechos fundamentales y con sus propios deberes funcionales de probidad, buena fe, lealtad y respeto. Al respecto y en términos que corresponde replicar dijo el Tribunal en la Sentencia No. 410/2018: “El planteo del accionante parece soslayar que el derecho a la libertad de expresión, reconocido constitucionalmente, no es absoluto, sino que tiene límites, impuestos en función de los derechos de otros sujetos, y que en caso de vulnerarse tales limitaciones puede generar responsabilidad para el emisor. En términos que resultan aplicables al caso, sostuvo la Suprema Corte de Justicia en Sentencia Nº 504/2013, en la que se cita la Sentencia Nº 127/2007: “(…) el ejercicio legítimo de la libertad de expresión consagrada en el Art. 29 de la Constitución Vigente Nacional y también en normas convencionales (Artículos 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos), ratificada en el Artículo 1o. de la Ley No. 16.099, referido al contenido de la emisión del pensamiento de que se trate, no implica un absoluto. Por el contrario la prohibición de censura previa prevista por el constituyente tiene como contrapartida la prohibición de incurrir en abusos, lo que de verificarse genera responsabilidad, aun penal (Arts. 333 del Código Penal, y 19 de la Ley No. 16.099)”. Resultan ilustrativas las consideraciones que al respecto han formulado la C.I.D.H. y la Corte Interamericana citadas en el pronunciamiento antecedente, en la medida que han explicado que el ejercicio de los derechos humanos deben hacerse con respeto por los demás derechos y que en el proceso de armonización, el Estado juega un rol crítico mediante el establecimiento de las responsabilidades ulteriores necesarias para lograr tal balance (caso Eduardo Kimel vs. Argentina Sentencia No. 2508, op. cit. pág. 27). Precisando: “Se ha hecho particular énfasis a lo largo de la jurisprudencia interamericana en las pautas que deben regir este ejercicio de ponderación y armonización cuando quiera que el ejercicio de la libertad de expresión entra en conflicto con el derecho a la honra, reputación y buen nombre de los demás. Según la Corte Interamericana, para establecer la proporcionalidad de una restricción cuando se limita la libertad de expresión con el objetivo de preservar otros derechos se deben evaluar tres factores: (i) el grado de afectación del derecho contrario -grave, intermedia, moderada- que en el caso debe reputarse grave. (ii) la importancia de satisfacer el derecho contrario y (iii) si la satisfacción del derecho contrario, justifica la restricción de la libertad de expresión. No hay respuestas a priori, ni fórmulas de aplicación general en este ámbito: el resultado de la ponderación variará en cada caso, en algunos casos privilegiando la libertad de expresión, en otros el derecho contrario” (Cfme. Sentencia SCJ Nº 504/2013, de fecha 30 de octubre de 2013, disponible en Base de Jurisprudencia Nacional). En nuestra doctrina, analizando el deber de lealtad o fidelidad, ha señalado CAJARVILLE que éste puede relacionarse con el “principio de probidad”, que conforme al art. 20 de la Ley Nº 17.069 “(…) implica una conducta funcional honesta en el desempeño del cargo con preeminencia del interés público sobre cualquier otro”. Asimismo, el deber de los funcionarios públicos de “actuar con buena fe y lealtad en el desempeño de sus funciones” está recogido en el art. 13 del Decreto Nº 30/003, que establece las “Normas de conducta en la función pública”. Pero, explícitamente, ambas normas aluden a conductas en el desempeño del cargo o de las funciones, y no alcanzan a actitudes ajenas a tales circunstancias." Como enseña el autor, refiriéndose a la relación entre el mentado deber de lealtad y el derecho a la libre comunicación de pensamientos: “(…) la cuestión de la libertad de comunicación de pensamientos por los funcionarios públicos sólo se plantea fuera del ejercicio de la función (…), la incidencia sobre ella del deber de lealtad en su limitado alcance que excede del cumplimiento con “honestidad y honradez” de los deberes funcionales, queda en principio restringida a no incurrir en comunicación de pensamientos que lesionen los intereses de “la Nación”, o en su caso de la Administración o “del servicio público” para el que se trabaja, si con la mentada doctrina y jurisprudencia, pero con apartamiento de la norma constitucional, se admitiera que fueran esos los destinatarios de la lealtad debida”. V) A partir de tal delimitación, las resultancias probatorias permiten concluir que las expresiones vertidas a la prensa no fueron acordes con la realidad o no lo fueron en la generalidad que pretende alegar el funcionario respecto al funcionamiento del servicio en cuestión. Al respecto, la prueba testimonial recabada en sede de procedimiento disciplinario, así como en la presente instancia jurisdiccional, dan muestra del carácter infundado de la denuncia de mal funcionamiento del servicio de hemoterapia o que, en todo caso, hubo situaciones puntuales de deficiencia en el servicio, pero no una situación generalizada de mal funcionamiento como se describe en la nota de prensa (ver informativo testimonial a fs. 61 y siguientes). En lo que refiere a las deficiencias puntuales, la Auxiliar de Enfermería María Arce refirió que sólo una vez recibió sangre en condiciones inadecuadas (fs. 61 vto.) mientras que la Auxiliar del Servicio de Hemoterapia Rosaura Duarte manifestó que “dos veces” se recibió sangre en mal estado (fs. 63) similar respuesta fue dada por la Técnica en Hemoterapia Estela Trinidad (fs. 69). Por su parte, el resto de los testigos, Dr. Curbelo (fs. 58 a 59) y Dr. Santos (fs. 66 a 67 vto.), dio cuenta del regular funcionamiento del servicio. En igual sentido, respecto del regular funcionamiento del servicio de hemoterapia del Hospital de Melo, militan las resultancias de la instrucción realizada en sede de procedimiento disciplinario (cf. informe de instrucción a fs. 239 vto. y siguientes de los antecedentes). VI) Por su parte, la alegada falta de autorización para la publicación que esgrime desde el inicio del procedimiento sumarial, amén de resultar irrelevante frente a las exigencias que emergen de sus deberes de buena fe y lealtad, que imponen especial cuidado al realizar expresiones públicas que deben ajustarse a la verdad, no resulta respaldada en las emergencias. Antes bien, más allá del entrecomillado que luce la propia nota de prensa, tal circunstancia surge desmentida a partir de la declaración testimonial del periodista responsable que fuera solicitada por la propia parte actora (fs. 177 a 179). En concreto, ante la pregunta sobre si le habían indicado reserva de la fuente, indicó tajante: “No, nunca hablamos en esos términos” (fs. 177). En el mismo sentido, sobre si se cumplieron con los postulados éticos de la labor periodística, respecto de aclarar a una persona sobre la eventualidad de publicar lo que se está declarando, la respuesta fue: “Fueron correctamente aplicados los postulados cuando se trata de un tema tan importante como el traslado de la sangre para el bien de la salud de las personas” (fs. 177). Tal extremo fue ahondado en el interrogatorio en donde el periodista ratificó que: “…cuando yo le hago una pregunta a una persona que supuestamente es la fuente, yo tengo la obligación de preguntarle si me autoriza a publicar lo que estoy escribiendo, si estoy autorizado transcribo entre comillas. Lo que se transcribe en el artículo que está entre comillas no es mi opinión, sino lo que es manifestado por el interrogado” (fs. 178). Tampoco resulta menor destacar que el supuesto conocimiento del periodista que alega el actor al prestar declaración en el sumario, "...nos conocemos..." afirma a fs. 82 de los antecedentes, se vea desmentido en las declaraciones del periodista de donde surge claramente que lo conoce de "nombre" y que recurrió al Dr. Silveira como "fuente primaria" (véase expresiones a fojas 177 y 179 in fine). Por lo tanto, surge probado que el Dr. Silveira brindó declaraciones a la prensa sobre lo que estimaba como deficiente funcionamiento del servicio de hemoterapia del Hospital de Melo que había estado bajo su jefatura. VII) Como viene de expresarse, la falta de veracidad de la denuncia dada a publicidad pone aún en entredicho la buena fe con que fue realizada, máxime si se atiende al contexto en que se realizó tal denuncia. En efecto, el actor realizó las declaraciones al periodista en el contexto de su cese del servicio de hemoterapia, lo cual entendió sin motivos (fs. 82 A/A). Claramente, además, no fueron seguidos los canales correspondientes para la denuncia de irregularidades (art. 40 del Decreto 30/003, entre otros) más allá de las meras afirmaciones del actor con relación a sus comunicaciones verbales durante su período de jefatura del servicio (fs. 83 A/A); tampoco fue respetada la estrategia comunicacional pautada en el organismo (fs. 26 a 26 vto.). VIII) En último término, no advierte el Tribunal ilegitimidad alguna al referir la ponderación aplicada a la alarma pública, en tanto condice con la trascendencia de los bienes jurídicos involucrados en la denuncia del actor, claramente lesionados por afirmaciones carentes de la veracidad debida, al colocar en tela de juicio la prestación de los servicios de hemoterapia del Hospital de Melo, con el consiguiente menoscabo de la imagen institucional, comprometiendo así la sensibilidad social involucrada en la prestación de servicios de salud. Por los fundamentos y textos normativos precedentemente expuestos, de conformidad con lo establecido por los arts. 309 y ss. de la Constitución de la República y demás disposiciones complementarias, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por unanimidad, F A L LA : Desestímase la demanda de nulidad promovida y, por ende, queda firme el acto impugnado; sin especial condena en costas ni costos. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado)