Sentencia Definitiva N° 621/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 23 de diciembre de 2021 No. 621 VISTOS : Para sentencia definitiva los autos caratulados “DUFOUR LEIRA, EDISON JORGE con UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA. Acción de Nulidad” (Ficha 483/2019). RESULTANDO : I) La acción de nulidad, deducida a fojas 5 y siguientes, se dirige contra la Resolución No. 16, de 10 de diciembre de 2018, dictada por el Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal, en ejercicio de atribuciones delegadas, por la que se dispuso: “Destituir al Sr. Edison Jorge Dufour, funcionario no docente de la Facultad de Información y Comunicación (Esc. E 105, Gdo. 5, 40 hs., cargo Nro. 64765) efectivo, por la causal omisión.” (fs. 450 y vto. A/A., Pieza II). El Consejo Directivo Central se expide desestimando el recurso de revocación oportunamente deducido por el funcionario, único que correspondía en virtud de la delegación de atribuciones en que se fundó el acto recurrido (Resolución No 31, de fecha 7 de mayo de 2019, fs. 491 y vta. A/A, Pieza II). II) Sostiene el actor que la resolución que impugna resulta absolutamente ilegítima, en tanto supuso una fragante violación de normas y principios constitucionales y legales, habiendo sido dictada con abuso y exceso de poder. Alega que se adoptó en virtud de las resultancias de un sumario que adoleció de serios vicios formales, careció de la objetividad debida y violó en forma flagrante los principios de debido proceso, presunción de inocencia e igualdad. Asimismo se efectuó una errónea y tendenciosa valoración de la prueba y arribó a conclusiones erróneas, sin fundamentos, carentes de motivación o con motivación errónea y en definitiva ilegítima. La prueba producida fue utilizada por la Administración de forma tendenciosa y con el único fin de sancionarle, en clara violación a los principios constitucionales de presunción de inocencia e igualdad, arribando a conclusiones que no se desprenden de la prueba obrante. Indica así que no se consideraron las conductas o comportamientos de funcionarios vinculados a los hechos y objetos denunciados, habiendo solo "analizado" el comportamiento del actor. Añade que los interrogatorios formulados a los testigos fueron absolutamente tendenciosos, se dieron por ciertos hechos que nunca resultaron probados y se limitó la obtención de prueba, no haciéndose uso de medios probatorios que, sin duda, estaban en su poder. Además, habiendo surgido en el proceso disciplinario responsabilidad de otros funcionarios por la comisión de hechos pasibles de sanción, no fueron sancionados. Considera que se aplicó la máxima sanción disciplinaria, sin que existiera prueba alguna que lo hiciera responsable de la comisión de las faltas imputadas. Respecto a la falta por permitir el 17 de febrero de 2017, el ingreso al local de una persona ajena al servicio, resultó probado por los registros fílmicos, que ese funcionario ingresó al local, se sentó junto a él, mantuvo una conversación y se retiró. Tal imputación es consecuencia de la inexistencia de verdaderas faltas, quien ingresó fue el Señor Ramiro López, quien no tenía el ingreso prohibido a esa dependencia. Tal imputación ha supuesto una fragante violación al principio constitucional de igualdad ya que, si bien el testigo Brasesco reconoció haber actuado de la misma forma, no se le encontró responsable, no se investigó la situación y no se le aplicó una sanción. Sin perjuicio que su conducta no supuso la comisión de falta administrativa alguna, aún si así fuera, la misma nunca puede valorarse como grave y menos aún, merecer la sanción aplicada. Con relación a la sustracción de una “escalera tijera de aluminio con cuatro escalones” imputada, indica que nunca se probó la existencia de dicho bien y menos aún sus características. Aún de haber existido, tampoco hay fecha cierta de cuando se sustrajo. Respecto a los registros fílmicos utilizados, manifiesta que sólo se tuvieron en cuenta las grabaciones del sector vigilancia de los días 17 y 20 de febrero de 2017 y en el horario que desempeñaba (de 15:00 a 22:00 horas) lo cual denota claramente la intención de la Administración de responsabilizarlo por los hechos. Las propias denuncias imponían la necesidad de ampliar las pruebas obtenidas, para poder arribar a la verdad de los hechos, lo que no se hizo, por lo cual, de los registros fílmicos analizados, no surge su responsabilidad en la sustracción de ningún bien de la Institución. Señala que los únicos testigos citados a declarar en el sumario fueron aquellos que, o bien efectuaron la denuncia en la órbita administrativa o en la órbita penal, quienes, en todos los casos, "se encontraban obligados" a ratificar sus dichos, y ninguno de ellos (salvo el funcionario Brasesco) fue testigo presencial. Por su parte, las preguntas formuladas a los testigos fueron capciosas, por demás tendenciosas, carentes de la objetividad debida, dejando traslucir la clara intención de inculpar al actor por la sustracción de una "escalera". El instructor indujo a los testigos realizando asociaciones improcedentes, entre los objetos supuestamente "desaparecidos" y los registros fílmicos. De tal modo, a su entender, se ha violado en forma flagrante el principio básico rector de la declaración testimonial, que impone que los testigos solo puedan declarar sobre hechos objetivos, no pudiendo realizar valoraciones de ningún tipo. Ninguno de los testigos pudo aseverar con fundamento que el actor haya sustraído la escalera, ya que no revestían la calidad de testigos presenciales. El único testigo presencial de los sucesos del día 20/2/2017 no inculpó a Dufour de haber retirado ningún objeto perteneciente a la Institución, y menos aún, la escalera denunciada como desaparecida. Además, ninguna de estas circunstancias surge de los registros fílmicos. Más allá de la independencia que existe entre la responsabilidad administrativa y la penal, la misma tiene el límite de la razonabilidad. En el caso, los presupuestos de hecho configurativos de la falta administrativa (sustraer un bien propiedad de la Institución) coinciden con los presupuestos de hechos configurativos del delito penal (Hurto). Paradójicamente, la Justicia Penal, dando todas las garantías del debido proceso, no encontró probados los hechos configurativos del delito de Hurto ni ningún otro, habiendo archivado las actuaciones. Cita profusa doctrina y jurisprudencia, a fin de sustentar que, del propio acto o de los elementos que le acompañan en el expediente, deben surgir con claridad las razones debidamente fundadas por las cuales se aplicó la sanción impuesta y, en el caso, ello no surge. No hay a su juicio concordancia entre los hechos acaecidos, la prueba y la imputación, tampoco existe una adecuación de los presupuestos y elementos del acto a la norma de Derecho. Por ende el acto administrativo resulta ilegítimo, debiendo ser anulado, por inexistencia de motivos. También la sanción impuesta resulta ilegítima por desproporción en relación con los hechos en que se funda, los cuales no constituyeron falta administrativa. Aún para el eventual caso que se considere que su actuación no fue ajustada, la resolución de aplicar la máxima de las sanciones posibles resulta desproporcionada y arbitraria. Asimismo alega que se verificó la violación del principio de debido proceso ya que, a lo largo del sumario o en forma concomitante, actos, hechos u omisiones de la Administración, dieron origen a diferentes expedientes administrativos. Si bien todos estaban vinculados a las cuestiones ventiladas en el sumario, no se acordonaron al mismo, ni se hizo mención alguna en él. Tal es el caso de la Resolución adoptada el día 8 de setiembre de 2017, por la Señora Decana de la Facultad de Información y Comunicación que, una vez vencida la suspensión preventiva de 180 días, dispuso prorrogarla, así como la prohibición de ingreso a la Facultad hasta la culminación del procedimiento sumarial, privando de este modo al sumariado de ejercer el derecho al desempeño de su cargo, dejando traslucir de este modo su afán persecutorio. Ello surge de forma por demás elocuente del informe elaborado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, pues no tomó conocimiento de la prórroga de la suspensión preventiva dispuesta, y, por tanto, no pudo expedirse al respecto. En igual sentido, dicha Comisión desconocía y así lo expresó concretamente, la existencia de las actuaciones penales, menos aún el resultado de las mismas. Todo ello ha supuesto una clara violación del debido proceso, en tanto coartó la posibilidad de los órganos decisores de contar con la totalidad de las actuaciones realizadas en relación a los hechos denunciados y le causó serios perjuicios. III) A fs. 28 y siguientes comparece la Universidad de la República oponiéndose al accionamiento. Afirma que las resultancias emergentes del procedimiento sumarial, descartan el agravio asentado en una errónea e ilegítima motivación, en la medida que el acto atacado cuenta con motivos existentes y lícitos y su motivación surge de los antecedentes. Controvierte que se haya vulnerado el principio de inocencia, por cuanto del análisis de la prueba producida en la instrucción realizada, el Dr. Michelini arribó a las conclusiones plasmadas en los informes sumariales sin prejuzgamiento alguno. Refuta lo manifestado por el actor, con relación a que nunca se probó la existencia de la escalera, ya que las características de ésta fueron debidamente acreditadas en el procedimiento sumarial. Surge asimismo probado que el día y horario en que se produjo la sustracción de la escalera, solamente se encontraban en el recinto universitario el actor y el Sr. Jorge Brasesco. El actor tenía acceso a los bienes del servicio y conocía o debía conocer el rango de las filmaciones que, a tiempo real, realizaban las cámaras de seguridad, debido a su rol. Rechaza que las preguntas formuladas a los testigos fueran caprichosas o carentes de objetividad, en tanto del análisis del procedimiento sumarial, no se observa que las preguntas realizadas tuvieran ese carácter. Entiende que, contrariamente a lo afirmado por el accionante, se ha acreditado que el 17/02/2017, permitió que una persona ajena al servicio, ingresara y compartiera con él dentro del mismo, estando el local cerrado por mudanza, sin atención al público. Afirma que del análisis de la prueba diligenciada emerge que, el actor estando en compañía del Sr. Brasesco, retiró sin autorización, un objeto que varios testigos han señalado como la escalera de servicio. Sobre el punto, se remite a las consideraciones realizadas por el Dr. Andrés Michelini en el informe de fecha 14 de mayo de 2018 y, concluye que fue debidamente acreditado que el accionante sustrajo un bien de la Institución el día 20/02/2017, conducta que viola los deberes consagrados por el artículo 20 de la Ley No. 17.060. Destaca que, su obrar fue especialmente grave, tratándose nada menos que de un funcionario vigilante, el cual, debía precisamente, ser celoso custodio de los bienes de la institución. Refiere que el pronunciamiento de la Justicia penal no incide en las decisiones que puede adoptar la Administración en uso de su potestad disciplinaria, ya que la misma puede considerar que una conducta no configura delito o no existe suficiente prueba de que se configuró un delito, pero sí puede configurar una falta administrativa grave y ameritar la máxima sanción, ya que se toman en cuenta los antecedentes del funcionario. Por tanto, debe tenerse presente la independencia existente entre la responsabilidad penal y administrativa del funcionario público. Refuta el agravio concerniente a la falta de proporción de la sanción impuesta con relación a la falta imputada. Expone que las conductas descriptas, sin lugar a dudas, justifican la sanción de destitución dispuesta por las autoridades universitarias, en tanto constituyen faltas graves. Asimismo, debe tenerse presente que el accionante ya contaba con una sanción de tres meses de suspensión en su legajo. Respecto a la resolución adoptada por la Decana, de fecha 8 de setiembre de 2017, por la cual, se dispuso prorrogar la suspensión preventiva y la prohibición de ingreso a la Facultad hasta la culminación del sumario, no le trajo perjuicio económico al accionante, ya que siguió cobrando sus haberes en dicho período. Teniendo en cuenta la naturaleza esencialmente preventiva de la separación funcional adoptada, no caben dudas que disponer su prórroga se encontraba directamente vinculado a fines objetivos del Servicio, esto es, evitar el peligro real que implica que un funcionario -al que se le imputa la posible comisión de una falta administrativa grave por haber sustraído bienes muebles de la FIC- vuelva a cumplir tareas mientras se desarrolla el procedimiento sumarial, cuando precisamente, se encarga de la custodia de éstos y del manejo de llaves de la Institución. Concluye que la prueba recabada en el procedimiento disciplinario, producida con todas las garantías del debido proceso y analizada según las reglas para la correcta valoración de la prueba, resultó razonablemente acreditante de las inconductas mencionadas, cumpliéndose cabalmente con la suficiencia, idoneidad, objetividad y eficacia que en el plano probatorio es menester reclamar. Esa constatación probatoria, habilitó jurídicamente la emisión de la respuesta sancionatoria cuestionada, que se ajustó a los parámetros de proporcionalidad, teniendo en cuenta los antecedentes del Sr. Dufour y los deberes que le corresponden a su cargo, que omitió cumplir. IV) Abierto el juicio a prueba, se produjo por los litigantes la que luce certificada a fojas 65. V) Las partes alegaron de bien probado por su orden (fojas 68-75; 78-87 vta.). VI) Conferida vista, el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo aconsejó no hacer lugar a la demanda, por Dictamen Nro. 60/2021 (fs. 90-93). VII) Se dispuso el pasaje a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva, que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, el accionamiento deducido ha cumplido adecuadamente con los requerimientos normativos a efectos del correcto accionamiento por nulidad (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República, arts. 4 y 5 del Decreto Ley Nº 15.869). II) El Tribunal, coincidiendo con lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la pretensión de nulidad incoada. III) Tal como se destaca en el referido pronunciamiento, el procedimiento cumplido se tramitó conforme a Derecho, sin afectación alguna de las exigencias propias del principio de debido proceso. Resulta incontestable de los antecedentes incorporados, que el promotor fue noticiado de las citaciones de los testigos (fs. 159 y siguientes de la Pieza I) y compareció desde la primera declaración prestada en el procedimiento con presencia de su Letrada, tal como surge del acta a fs. 169 y siguientes de la citada pieza. Tal derecho le fue informado desde la propia notificación inicial que obra a fs. 143. Por su parte, consta que al cierre de dicha diligencia se le entrega copia íntegra de la declaración y que queda a disposición de su defensa el expediente a efectos de acceder a los registro fílmicos, hecho que se cumple mediante entrega de los mismos en el soporte digital que proporciona la propia defensa letrada del sumariado (fs. 182). Tal circunstancia descarta, por sí misma, la alegada vulneración de sus derechos respecto al acceso cabal a los registros de filmación que esgrime en la presente demanda de nulidad. Además de surgir del contenido de la referida acta los videos en cuestión han sido reproducidos en presencia del sumariado y su Letrada patrocinante desde la primera deposición testimonial recabada. Idénticas conclusiones corresponde emitir en relación con las declaraciones de los restantes testigos, cuya convocatoria era de su conocimiento, tal como surge del acta de fs. 185/198, fojas 199/217 y fojas 238/255. También en ocasión de prestar declaración el Sr. Dufour se encuentra asistido, según consta en el acta que obra a fs. 225 y siguientes de los antecedentes, oportunidad en la que también se exhiben los videos y es interrogado a su respecto. Conforme viene de relevarse, la esgrimida afectación del debido proceso no tiene respaldo alguno en el proceder de la Administración: el sumariado contó con la posibilidad de estar presente en cada declaración, acceder a su contenido y, obviamente, realizar todas las preguntas y observaciones que entendiera corresponder en el ejercicio de su derecho de defensa, tanto con relación con las declaraciones brindadas, como respecto a las interrogantes formuladas por el instructor. Ninguna observación se realizó por parte de la defensa del sumariado, tal como consta en las actas labradas y suscriptas. Meramente se realizó alguna pregunta ampliatoria al deponer el testigo o el propio interesado, conforme luce, por ejemplo, a fs. 178 y siguientes y fs. 237. Es más, cuando se le confiere formal vista del informe sumarial (fs. 294), comparece en los términos que lucen a fs. 295 y siguientes, pero no oferta medio alguno que rectifique o revierta las circunstancias sustanciadas, ni aún las propias inconsistencias de su propia declaración en presencia de su Letrada que, más allá de las proyecciones del derecho a la defensa material, no pueden ser razonablemente desconocidas respecto de la selectividad de los recuerdos del funcionario. Tampoco se observa prejuzgamiento alguno en el actuar del instructor encomendado, ni un actuar tendencioso que comprometa la vigencia del principio de inocencia; es más, se advierte que procuró delimitar desde el momento inicial las conductas eventualmente involucradas y la correspondencia con los registros de filmación (véase nota a fs. 155), diligenció la prueba con conocimiento cabal del funcionario y culminó aun desestimando su responsabilidad respecto de hechos contenidos en las denuncias originales (fs. 4/6 e informe final a fs. 256 y siguientes). IV) Idéntico rechazo se impone respecto al agravio asentado en la errónea valoración de la prueba. El sustento fáctico del acto impugnado, enmarcado dentro de los deberes funcionales enunciados por el art. 20 de la Ley 17.060 (Considerando II) se delimitó en los siguientes términos: “III - Que, en el caso, el funcionario ha cometido falta administrativa grave al sustraer abusando de la confianza de su compañero, el Sr. Brasesco, un bien de la Institución, el día 20/02/2017. Que no puede soslayarse, que se trata de un funcionario vigilante, el cual, debe ser celoso custodio de los bienes de la Institución. IV - Que a su vez, se ha probado que el Sr. Dufour permitió el día 17/02/2017 que una persona ajena a la Institución ingresara a ésta y compartiera con él dentro del Servicio estando el local cerrado por mudanza, sin atención al público.” (450 vta. A/A, Pieza II).” En cuanto a la segunda de las faltas imputadas, surge irrefragablemente acreditada de los registros fílmicos que obran en los antecedentes administrativos. No conmueve tal conclusión la circunstancia que el actor no fuera el único que permitía el acceso a personas ajenas al servicio, extremo que surge de las declaraciones del testigo Roberto Brasesco a fs. 190 A.A.; ello no desvirtúa la calidad de falta administrativa de su accionar, violatoria del deber de custodia que el promotor, en su calidad de vigilante, tenía respecto de la Institución. Tampoco ello compromete el principio de igualdad, ya que no resultan contextualmente comparables, ni en entidad ni consecuencias, las conductas en cuestión. El accionante no procuró demostrar que el Sr. Ramiro López - quien alegó ser quien ingresó a la Facultad el día 17/02/2020 - era efectivamente funcionario de Comedor Universitario. Es más en el marco del procedimiento penal iniciado, la policía concurrió al Comedor Universitario a efectos de citar a declarar al Sr. López, donde se le informa que allí no vive ni trabaja nadie con dicho nombre (fs. 47 del acordonado proveniente del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 27 Turno, IUE 97-369/2017). Con respecto a la segunda conducta imputada, también se estima debidamente acreditada su comisión. A los registros fílmicos agregados en los antecedentes administrativos allegados a la causa se le suman las resultancias de la prueba testimonial diligenciada, que conduce a idéntica conclusión. Surge de ésta que en el turno de la noche del día 20 de febrero de 2017, estaban trabajando solamente el Sr. Brasesco y el Sr. Dufour en la Institución (declaración de Rosario Zabala a fs. 203 y Ana Vizcaya a fs. 170 A/A). Surge también que el Sr. Dufour tenía acceso a todos los bienes de la Institución (declaración de Ana Vizcaya a fs. 172, declaración de Brasesco a fs. 188 A.A.). El 21/02/2017, el Sr. Brasesco denunció el faltante de una escalera el día 20/02/2017. Interrogado sobre tal extremo, ratificó su denuncia y dijo haber sido el único funcionario en ver al Sr. Dufour retirar un paquete grande por la ventana de la Institución y llevárselo. Expresó que no hizo nada al respecto en ese momento por un “exceso de confianza de su parte”, pensando que el retiro habría estado autorizado. Sin embargo, al otro día le preguntó a su jefe si Dufour estaba autorizado a retirar un paquete de la Institución, a lo que este último contestó que no, por lo que realizó la denuncia (fs. 185 y ss. A.A.). El jefe de vigilancia, el Sr. Fernando Ávila, ratificó en su declaración no haberle permitido al Sr. Dufour el retiro de ningún bien de la institución (fs. 242 A.A.). Todos los testigos son contestes, al exhibírseles las filmaciones en cuestión, en afirmar que, por las dimensiones y características del paquete que retira el actor, se trataba de la aludida escalera. La declaración que efectúa el Sr. Dufour (fs. 225 A/A.) no contribuye a refutar tales conclusiones; antes bien, sus explicaciones resultan erráticas y sus recuerdos convenientemente selectivos respecto de los sucesos y de su propio actuar. A fs. 226 A.A., preguntado si tenía algo para decir respecto de la denuncia del Sr. Brasesco el día 21/02/2017, que se le exhibe, respondió: “(…) se observa que el paquete que ingreso desde el exterior no recuerdo quién me lo trajo, no tengo más para agregar, pasó mucho tiempo de eso” . A fs. 227 reitera “Ese día en particular el paquete me lo trae alguien desde el exterior. No recuerdo el nombre de la persona que me lo trajo, no recuerdo si era hombre o mujer.” Cabe destacar que el interrogatorio fue llevado a cabo el 6 de noviembre del 2017, mientras que los hechos imputados acaecieron el 21 de febrero del mismo año. Transcurrieron menos de nueve meses, lo que no se vislumbra sea “demasiado tiempo”, máxime considerando la entidad que adquirieron los acontecimientos. En las preguntas subsiguientes, donde se lo interroga sobre las acciones que ejecuta en los videos que se le exhiben, (preguntas 37, 44, 45 49, 51, 52, 57 a 62, etc.) dice no recordar ninguna de las circunstancias por las que se le pregunta (por qué arrastraba un paquete, por qué se lo observa corriendo, qué estaba haciendo al ingresar a Secretaría, en qué momento del día le habrían traído el paquete, etc.) no aportando ningún elemento o detalle que pueda eximirlo de responsabilidad. Toda la prueba recabada apunta en la misma dirección, inculpando al actor por la sustracción imputada en virtud de un cúmulo de indicios concatenados, unívocos y concordantes; p or lo tanto, la valoración de la prueba efectuada por la Administración sobre el segundo comportamiento reprochado surge debidamente realizada conforme los parámetros que impone la sana crítica. Tal conclusión conlleva el rechazo del agravio asentado en un supuesto de errónea motivación del acto atacado, en la medida que su formulación, en definitiva, resulta corolario de la errónea valoración probatoria que viene de descartarse. V) Tampoco advierte el Tribunal que se afectara el principio de proporcionalidad de la sanción. Como lo destaca la parte demandada, se estaba frente a un funcionario que contaba con una sanción relevante precedente - véase el Legajo agregado a fs. 13 y siguientes de los A/A, especialmente a fs. 99/100 - cuya función, precisamente, se encontraba vinculada con tareas de vigilancia de los bienes de la Institución; por ende, su responsabilidad se encontraba gravemente comprometida ante las conductas constatadas, que importan un franco incumplimiento de sus deberes de probidad y buena fe para con la Administración, que le imponía el tenor del art. 20 de la Ley Nro. 17.060. VI) Por su parte, no resulta determinante lo resuelto en sede penal ni existe la discordancia lógica que pretende esbozar el actor en su demanda. Antes bien, más allá de la independencia de las esferas de responsabilidad que la jurisprudencia del Tribunal ha sostenido desde larga data, corresponde destacar que la decisión adoptada en sede penal importó un archivo sin perjuicio, fundado expresamente en el pedido fiscal. En efecto, en la oportunidad se expresó por la Fiscalía actuante: “Atento a la fecha de los hechos denunciados y el estado actual de autos, teniendo presente que según fs. 12 el indagado no tendría antecedentes, podría ud. archivar, sin perjuicio, quedando además a salvo las eventuales sanciones en otros ámbitos” (fs. 60 del acordonado proveniente del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 27 Turno, IUE 97- 369/2017). VII) Respecto a los argumentos esgrimidos por el accionante relativos a la Resolución adoptada el día 8 de diciembre de 2017 por la Sra. Decana de la Facultad de Información y Comunicación, cabe precisar que dicho acto es ajeno al objeto del presente proceso. Por otra parte, no es de recibo la postura de que las garantías del debido proceso resultaron violadas, por no haberse acordonado el expediente administrativo en el que se resolvió la prórroga de la suspensión preventiva, al expediente sumarial. Ni con ello se afectó el cabal conocimiento de los órganos asesores sobre el tema objeto de decisión última por parte de la Administración. Ambas actuaciones, si bien guardan relación con los mismos sucesos, razonablemente fueron tramitadas por vías separadas. Lo relativo a las garantías procedimentales en el trámite en el que se instruyó la suspensión, deberán ser resueltas en la vía correspondiente que, conforme surge a fs. 305 y siguientes de la Pieza II, el interesado movilizó al recurrir administrativamente la decisión en cuestión. VIII) Por último carece de todo sustento alegar un supuesto de desviación, abuso o exceso de poder, al no haber desplegado esfuerzo probatorio alguno para acreditar móviles espurios o indebidos en la imposición de la sanción en análisis. Como ha expuesto la Corporación en sentencia Nº 876/2017: “Precisando los conceptos, cabe recordar que -según CASSINELLI y CAJARVILLE, desviación de poder existirá siempre que el “fin querido” por la Administración, apreciado subjetivamente, no coincida con el “fin debido” impuesto por las reglas de derecho; abuso de poder existirá toda vez que lo dispositivo no sea objetiva y cuantitativamente adecuado a los motivos, o no sea objetiva y cuantitativamente idóneo para el fin debido, eso es, toda vez que el resultado final coincida con el fin debido, pero para lograrlo "hubiera sido suficiente una medida de menor gravedad, dosificación o cuantía" y el exceso de poder “existirá cuando lo dispositivo no sea objetiva y cualitativamente adecuado a los motivos, o no sea objetiva y cualitativamente idóneo para el fin debido; en tal caso, objetivamente, no han existido motivos para actuar como se ha hecho, o no se ha perseguido el fin debido” (CASSINELLI MUÑOZ, Horacio. Derecho Público, Montevideo, F .C.U. 2009; CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo. Sobre Derecho Administrativo T II. Montevideo FCU. 2012, p. 80).”. Por los fundamentos y textos normativos precedentemente expuestos, de conformidad con lo establecido por los arts. 309 y ss. de la Constitución de la República y demás disposiciones complementarias, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por unanimidad, F A L LA : Desestímase la demanda de nulidad promovida y, por ende, queda firme el acto impugnado; sin especial condena en costas ni costos. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón (r.) Dr. Marquisio (Sec. Letrado)