Sentencia Definitiva N° 615/2021

DECRETRO DE SENTENCIAS //tevideo, 23 de diciembre de 2021 No. 615 VISTA : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “OLIVERA PEREIRA, ANDRÉS con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. Acción de Nulidad” (Ficha No. 534/2019). RESULTANDO : I) En este proceso, el actor Andrés OLIVERA dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución R/D No. 1295/2018 dictada el 7 de noviembre de 2018 por el Directorio de la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (en adelante: OSE) en virtud de la cual se concluyó el sumario administrativo que le había sido instruido y se lo sancionó con una suspensión de 120 días sin goce de sueldo, con anotación en su legajo funcional (fs. 249 de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria explicó que el objeto del sumario se basó en los cambios de medidores de agua que realizó en los domicilios de las calles Timoteo Aparicio No. 390 y Lorenzo Carnelli No. 256. Se agravió, en primer término, por cuanto, a su entender, la instructora sumariante excedió con su actuación el objeto del sumario, recabando declaraciones de clientes de otros domicilios, además de los investigados, constatando así -según sus conclusiones- una nueva irregularidad. Consideró que, ante tal situación, la instructora actuante debió solicitar la ampliación del sumario y la Jefatura de Sumarios así disponerlo, conforme a lo establecido en el artículo 182 del Reglamento de Procedimiento Administrativo y Disciplinario de O.S.E. Adujo que, lo ocurrido le provocó indefensión, ya que en ningún momento de la instrucción se le permitió rebatir ni solicitar prueba pertinente a los efectos de contrarrestar la nueva imputación que se le hizo. Sostuvo también que se violó el principio de congruencia, ya que la resolución que se impugna se encuentra motivada en que no fueron completadas las planillas de control de horario y de órdenes de trabajo, imputaciones o presuntas irregularidades que tampoco conforman el objeto del procedimiento disciplinario que se le instruyó. Sin perjuicio de lo cual, de la prueba diligenciada no surge que las planillas contaran siquiera con un casillero a los efectos de completar el respectivo horario en que se realizaba el cambio por parte del funcionario, sino que el mismo era ingresado al sistema por parte de la funcionaria Alba Luz MANEIRO que declaró que ella misma inventaba dichas horas. Afirmó que se violó el principio de inocencia, ya que no se probó de manera efectiva su culpabilidad. Al respecto, adujo que del sumario no emerge de forma fehaciente que hubiese realizado el cambio de medidores en horario de trabajo y con locomoción oficial. Así, de los dos domicilios que constituían el objeto del sumario, en uno de ellos fue descartada cualquier irregularidad, mientras que respecto al domicilio de la calle Timoteo Aparicio No. 390 no existe prueba fehaciente e idónea que permita concluir que se realizó el cambio de medidor dentro del horario de trabajo. Destacó que la tarea que se realizó en dicho domicilio fue a efectos de constatar el estado material del medidor y si el mismo era accesible desde la vía pública. Y, precisamente, para realizar dicha tarea, contaba con la autorización de sus superiores. Por otro lado, expuso que la irregularidad constatada en el domicilio ubicado en la calle Lorenzo Carnelli No. 120 no integra el objeto del proceso. Con relación a ello, manifestó que no se probó cómo se realizó el cambio del medidor usando el vehículo oficial, siendo que dicho vehículo estaba recorriendo otros puntos de la ciudad en esa misma franja horaria. Continuando con su memorial de agravios, señaló que durante el procedimiento se lesionaron las garantías del debido proceso, en tanto, se le negó el diligenciamiento de medios probatorios por entender que la totalidad de la prueba era inconducente. Al respecto, adujo que no existió una resolución fundada que rechazare los medios probatorios solicitados, ni tampoco se le otorgó vista de ello. Asimismo, se agravió por entender que la motivación del acto impugnado es inexacta, configurándose una incorrecta subsunción de la falta tipificada. Nunca se logró probar que las planillas de horario estuviesen incompletas, ni que el vehículo oficial haya sido utilizado en forma indebida. Sostuvo que además se violentó el principio de proporcionalidad en relación con la sanción que se le impuso. Que la conducta que se le imputa configuraría en la escala de sanciones una mera observación y que el Organismo no consideró las atenuantes, así como tampoco la ausencia de perjuicio alguno. En definitiva, solicitó la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Indicó que la resolución impugnada refiere a la constatación de irregularidades en oportunidad de llevarse a cabo el cambio de medidores en el horario de trabajo y con locomoción oficial. Adujo que, es obligación de la Administración asegurar el correcto funcionamiento de los servicios a su cargo, siendo que la indagación de la verdad de los hechos se encontraba dentro del objeto del sumario, no correspondiendo proceder a la ampliación sumarial que reclama el promotor. Destacó que, de la prueba diligenciada surge que se constató el cambio de medidores llevado a cabo en dos domicilios por parte del funcionario Andrés OLIVERA, lo que aconteció en horario de trabajo y con uso de locomoción oficial. Controvirtió que se hayan violentado las garantías del debido proceso. Al respecto, manifestó que si el actor consideró que la resolución que rechazó los medios probatorios solicitados era infundada debió recurrirla, carga que omitió. Además, expuso que la instructora sumariante fundó la mentada resolución, expresando los motivos por los que consideraba la prueba solicitada inconducente e innecesaria, siendo además que, el letrado patrocinante del Sr. OLIVERA estuvo presente en todas las diligencias probatorias. Manifestó que la volición que se resiste se encuentra debidamente motivada, habiéndose fundado en la normativa aplicable a los funcionarios. En tal sentido, sostuvo que el actor no cumplió con el llenado de la planilla correspondiente, configurando así la falta establecida en el art.41 num. 24) del Reglamento Interno de Personal. A su vez, realizó los cambios de medidores en el horario de trabajo y con locomoción del Organismo, cuando se le abonaba un canon que incluía el transporte, incurriendo así en la falta tipificada en el art.41 núm. 34 de dicho Reglamento, art.31 de la ley No. 16170 y art. 36 del Decreto 30/03. En cuanto a la sanción aplicada, indicó que esta se encuentra debidamente graduada, siendo el uso indebido de locomoción oficial una falta tasada legal y reglamentariamente como grave, habiéndose cuantificado la sanción con el límite para ellas establecida, conforme al artículo 41 del Reglamento de Personal de 60 a 180 días. Sanción respecto de cuya imposición la Administración cuenta con discrecionalidad. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Resolución No. 8530/2019 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 338 fojas). V) Las partes alegaron por su orden (fs. 53 - 64 vto. y fs. 67 - 78 vto., respectivamente). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 74/2021, aconsejando la confirmación del acto impugnado (fs. 81- 84 vto.). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 86). CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado al accionante el 22 de noviembre de 2018 (fs. 251 de los A.A.) quien lo resistió el 30 de noviembre de 2018 mediante la interposición de los recursos de revocación y anulación, en subsidio (fs. 257 – 258 de los A.A.) que fundó el 21 de enero de 2019 (fs. 275 – 280 de los A.A.). El Directorio de OSE, por RD 329/19, mantuvo la recurrida, franqueando la anulación (fs. 301 y vto. de los A.A.). No habiéndose expedido la Administración dentro de los 200 días, la denegatoria ficta se configuró el 25 de junio de 2019. La demanda anulatoria se interpuso en tiempo hábil el 29 de agosto de 2019 (nota de cargo fs.16 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución R/D No. 1295/2018 dictada el 7 de noviembre de 2018 por el Directorio de OSE, en virtud de la cual se concluyó el sumario administrativo que le había sido instruido al actor y se lo sancionó con una suspensión de 120 días sin goce de sueldo, con anotación en su Legajo Funcional (fs. 249 de los A.A.) III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. Conforme emerge de los antecedentes administrativos allegados al proceso, por RD No. 43/006 de fecha 17 de enero de 2006 se aprobó el Plan de Cambio de Medidores de Agua sin costo para los clientes de O.S.E. (Fs. 43 de los A.A.). El 6 de abril de 2018, la Jefatura Comercial Departamental de Tacuarembó, en virtud de los controles que realiza en las distintas áreas, controló los cambios de medidores pertenecientes al referido Plan, detectando la siguiente irregularidad: “El Sr. Andrés Olivera, toma consumos, padrón 12.203 por orden de trabajo No. 9336301 de Timoteo Aparicio No. 390 y No. 9342875 de Dr. Lorenzo Carnelli No. 256 cambió medidores por el Plan el día 20/03/2018 y por las investigaciones primarias correspondían dentro de su jornada de labor. Se concurrió a labrar acta con los clientes; de Timoteo Aparicio No. 390 con la Sra. Solange Silva, confirmando que el horario de dicha cambio fuente las 14:00 y 15:00 horas y que el Sr. Olivera estaba con locomoción identificado como O.S.E.; De Lorenzo Carnelli No. 256 con la Sra. Marina Payret confirmando que fue antes de las 15:00 hs. pero que había dos funcionarios. Asimismo, se informa que el horario de salida del Sr. Olivera, el día 20/03/2018, según el Registro de Asistencia es a las 16:34 hs. También se cuenta con el registro de GPS de la camioneta que ratifica que estuvo detenido en Timoteo Aparicio.”. (Fs. 3 de los A.A.). A raíz de lo anterior, se solicitó la instrucción de una investigación administrativa (fs. 3 de los A.A.). A fs. 4 emerge que la Jefa Departamental Comercial Operativa, citó al actor, quien declaró que había efectuado los cambios de medidor mencionados fuera de su horario habitual de trabajo, habiendo concurrido en su moto particular (fs. 4 de los A.A.). Por resolución No. 544/18, de 30 de mayo de 2018 , se dispuso la instrucción de un sumario al actor, a efectos de determinar el grado de responsabilidad en que había incurrido. (fs. 30 de los A.A.). A fs. 64-101, surgen los cambios de medidores realizados por el actor. Se llevó a cabo el interrogatorio de varios integrantes del personal; entre ellos, el Sr. Freire, Supervisor Comercial en Tacuarembó, quien ante la propuesta: “Diga si analizó otros cambios de medidores efectuados por el funcionario a efectos de determinar si los hizo fuera o dentro de su horario”, contestó: “De Andrés se analizaron varios. Los cambios están bien realizados, salvo en dos casos que los clientes manifestaron que fue dentro del horario de trabajo. En el resto de los casos concurrimos a muchas casas, pero estaban vacías o para alquilar”. (Fs. 155 de los A.A.). A fs.159 es interrogado el funcionario IZQUIERDO, encargado de facturación y jerarca inmediato del actor. Ante la pregunta de si se determina la hora en que el funcionario realiza el cambio, contesta: “ el que ingresa la OT al sistema la pondrá, dependerá del funcionario que lo ingresa al sistema. Te puede favorecer o perjudicar, por la hora en que lo ponen”. Por su parte, al ser interrogada la Sra. MANEIRO, dependiente del Sr. IZQUIERDO y FREIRE, manifestó: “(…) Ingreso número de OT, número de medidor, materiales, fecha de realizado el trabajo. Nunca se ingresó hora, nosotros inventábamos la hora, él me traía una orden yo inventaba la hora, el funcionario me decía el día y yo inventaba la hora, que fuera después del horario de trabajo.” (Fs. 163 de los A.A.). A fs. 167 de los antecedentes, es interrogado el Sr. SILVA, programador. Su función con respecto a las OT es “ Cerrar las órdenes que me traen de la calle ”. Al preguntarle si ingresa al SGC la hora de realizada la tarea, contesta: “Si, cuando traen la orden si trae detallado el horario. Y si no tiene la OT la hora, se le pone un horario X. Se pregunta al superior y el mismo determina qué hora poner, o si devuelve la orden”. A fs. 169, es interrogado el actor. Al preguntarle si para realizar el relevamiento de los domicilios cuestionados solicitó autorización a algún superior, contesta: “ No, no solicité permiso a nadie, Alba me lo dio para mí y después le comentó a Gissel.” La Instructora Sumariante se constituyó en varios domicilios a efectos de recabar prueba, conforme surge de fs. 174 a 183 de los antecedentes administrativos. A fs. 202-210, figura el informe elaborado por la Instructora Sumariante, quien, en lo medular, concluyó: “ En mérito a ello, es posible concluir en la responsabilidad del funcionario sumariado, a raíz de haber realizado al menos dos cambios de medidores, en el horario de trabajo, medidor ubicado en la calle Timoteo Aparicio 390, y Lorenzo Carnelli 120 y con locomoción del Organismo. Incumplió con ello lo dispuesto en la reglamentación vigente, que regula el procedimiento de cambio de medidores en el marco del Plan masivo de cambio de medidores de agua. Asimismo, al haber dispuesto el funcionario la utilización del vehículo afectado al Ente para la tarea, cuando de acuerdo a la reglamentación vigente hubiese correspondido realizar la misma con locomoción particular incurrió en uso indebido de locomoción oficial. No lo exime de responsabilidad la existencia de atraso en los cambios a efectuar en el servicio, así como tampoco el monto que pudiera cobrar una empresa contratada por el servicio. Constituye una circunstancia agravante de la falta cometida la reiteración, obrado como atenuante la buena conducta anterior. (…) Se deja constancia que, de acuerdo a lo informado por la Jefatura Comercial del Departamento de Tacuarembó, el funcionario sumariado no cobró los dos cambios de medidores realizados en los domicilios cuestionados. Sí, percibió sus haberes por otros 30 cambios en los cuales se encontraba el realizado en Lorenzo Carnelli 120 y que según surge probado, cambió en el horario de trabajo. (…)” Se le dio vista del Informe de la Sumariante y de la Jefa de la División Sumarios al actor (fs. 216 de los A.A.), el que la evacuó a fs. 215 y ss. de los antecedentes. Finalmente, el 7 de noviembre de 2018 se dictó el acto que se procesa en estos obrados (fs. 249 de los A.A.). IV) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, en mayoría y apartándose en esta oportunidad de lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por la admisión de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, anulará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) Dando inicio al examen de los agravios articulados por la parte accionante, cabe señalar que, en lo que refiere a lo formal, ningún reproche merece realizarle a la Administración demandada. En efecto, de las actuaciones administrativas allegadas, surge que el procedimiento disciplinario fue realizado cumpliéndose con todas las garantías del debido proceso. Así, el abogado patrocinante del actor fue notificado con la debida antelación de todas las instancias probatorias (fs. 144 de los A.A.) estando presente en cada una de las declaraciones vertidas durante el sumario (fs. 145 a 172 de los A.A.). Incluso, surge de los recaudos allegados que el mismo concurrió junto con la Instructora a visitar a diferentes clientes en los domicilios donde se realizaron entrevistas a los usuarios a quienes se había procedido a realizar el cambio de contador de aguar de acuerdo con Plan de Recambio de Medidores (fs. 173 a 182 de los A.A.). En lo que refiere a la negativa de llevar a cabo el diligenciamiento de los medios probatorios solicitados, a juicio del Tribunal, no le asiste razón al promotor en cuanto a que no se le haya permitido, sin noticia, el diligenciamiento de prueba. Existió una resolución formal (fs. 234 a 236 de los A.A.) que dispuso el rechazo a la prueba solicitada por el demandante, de conformidad con lo previsto por el artículo 66 del RPAD, que se le notificó el 8 de octubre de 2018 (fs. 240 de los A.A.) . El Sr. OLIVERA no recurrió esta resolución, lo que debió haber hecho si entendía que era infundada. En consecuencia, precluyó la oportunidad procesal de confrontarla. VI) En cuanto al fondo del asunto, e l presente caso se encuentra regulado por la Resolución R/D No. 43/06 dictada el 17 de enero de 2006 por el Directorio de O.S.E., mediante la cual aprobó un Plan de Cambio de Medidores de Agua sin costo para sus clientes. De la mentada normativa se desprende la manera en que deberá desarrollarse la labor por parte de los funcionarios comprendidos en dicho régimen, pudiéndose destacar en lo que aquí concierne lo siguiente: para aquéllos funcionarios que “… estén dispuestos a realizar este trabajo fuera del horario normal de labor, en las condiciones que se establecerán por parte del Grupo de Trabajo y la unidad RANC y cumpliendo con todas las normas legales y reglamentarias vigentes…” . (…) “Establecer asimismo que la locomoción necesaria para la realización de los cambios de medidor de referencia deberá aportarla, en cada caso, el funcionario a cargo de la tarea” (fs. 45-47 de los A.A.). Por su parte, el Plan de Cambio de Medidores, de conformidad con el régimen indicado, en su artículo 13 dispone: “El personal de OSE habilitado para realizar estos trabajos será el de las áreas operativas y comerciales, fuera del horario normal de labor y cumpliendo con todas las normas legales y reglamentarias vigentes en materia laboral…” . Y, en su artículo 17 estableció: “El funcionario al que se le encomiende esta tarea, se encargará de resolver todos los problemas vinculados con todos los traslados que deba llevar a cabo”. (Fs.118 y ss. de los A.A.) De la lectura de la normativa interna de OSE aplicable al actor, surge sin hesitación alguna que el funcionario que realizara las tareas comprendidas en dicho “Plan de Cambio”, debía efectuarlas fuera de horario de trabajo y sin utilizar la locomoción del Organismo. VII) A juicio de la mayoría del Tribunal, la Administración logró probar en forma fehaciente la falta administrativa cometida por el actor al haber realizado el cambio de al menos un medidor en horario de trabajo y haciendo uso de uno de los vehículos del Organismo Estatal. En este sentido, de la prueba recabada emerge la planilla de control de horario del día 20 de marzo de 2018 en la que el actor inició su jornada laboral a las 07:57 hs. y la finalizó a las 16:34 hs. (fs.11 de los A.A.). Por su parte, de la información extraída del GPS-Sisconve, (también correspondiente al día 20 de marzo de 2018) emerge la permanencia del vehículo oficial MAF 2751, a la hora 15:11, en la calle Timoteo Aparicio (fs. 9 de los A.A.); así como también, el formulario de control de vehículo correspondiente al mismo día donde se indicó como chofer al Sr. Andrés OLIVERA, actor en esta causa (fs. 7 de los A.A.). Asimismo, de la declaración del funcionario Edilio FREIRE, superior jerárquico del sumariado, declaró que se realizaron cambios de medidores en horario de trabajo, conforme pudo constatar a través de lo que manifestaron los clientes titulares de los medidores que fueron cambiados. (Fs.155-158 de los A.A.). Como si lo anterior no fuera suficiente, luce el Acta de interrogatorio realizado el día 4 de julio de 2018 a la Sra. Solange SILVA, quien se domicilia en la calle Timoteo Aparicio 390, finca donde se llevó a cabo el cambio del medidor. En esa oportunidad, indicó que cuando se le cambió el medidor, concurrió una persona que se identificó como funcionario de O.S.E., en una camioneta del Organismo y que le comunicó que iba a cambiar el medidor. Ratificó el contenido de su anterior declaración (Acta fs.6 de los A.A.), así como el horario en que se llevó a cabo la gestión (entre las 14 y 15 horas). (Fs.182 -183 A.A.). Por otro lado, la instructora sumariante actuante, en informe de fecha 19 de julio de 2018, señaló: “Se deja constancia que de acuerdo a lo informado por la Jefatura Comercial Departamental de Tacuarembó, el funcionario sumariado no cobró los dos cambios de medidores realizados en calles Lorenzo Carnelli 256 y Timoteo Aparicio, y sí percibió haberes por otros 30 cambios entre los cuales se encontraba el realizado en Lorenzo Carnelli 120, -y que según surge probado, cambió en horario de trabajo-. Por ende, no le corresponde devolver los haberes percibidos por este último cambio, atento a lo informado por esta instructora en cuanto a la imposibilidad de comprobar si en el servicio de Lorenzo Carnelli 256 existió irregularidad en el procedimiento llevado a cabo y presumiendo, por ende, que el mismo fue realizado conforme la reglamentación vigente…”. Reconociendo así la imposibilidad de probar la irregularidad en uno de los trabajos realizados que fuere objeto de investigación. (fs. 210 de los A.A.). En base a lo expuesto y como se adelantara, el Tribunal en mayoría arriba a la conclusión de que la Administración logró probar de forma más que suficiente la irregularidad cometida por el actor en el ejercicio de sus funciones, incumpliendo con lo dispuesto por la normativa aplicable a la tarea de cambios de medidores. VIII) Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que, a juicio del Tribunal, en mayoría, la cuantificación de la sanción impuesta no se ajusta a la normativa vigente, viciando de nulidad el acto impugnado. En efecto, las disposiciones del Reglamento Interno de Personal de O.S.E., agregado a fs. 328 de los recaudos adjuntos, a los que hace referencia la Administración para justificar la sanción de suspensión de 120 días aplicada, son los numerales 34 y 39 del artículo 41. Los mismos prevén, respectivamente: 34) “Efectuar maniobras dolosas o lucrar con los intereses del Organismo, o servicio que éste presta”, 39) “Utilizar locomoción oficial o vehículos afectados al uso de la Administración, para fines ajenos al estricto cumplimiento de los requerimientos del servicio”. El multicitado Reglamento prevé que, de constatarse estas inconductas, podrá aplicarse una sanción de suspensión de entre 60 a 180 días, o incluso la destitución. Ahora bien; si bien es cierto que el actor incumplió con la normativa vigente al utilizar un vehículo del Organismo para realizar el cambio del medidor en el domicilio ubicado en la calle Timoteo Aparicio y que lo hizo dentro del horario de trabajo (cuando según se dijo anteriormente, debía hacerlo una vez concluido el mismo); también es cierto que el vehículo no fue utilizado para beneficio personal o para fines ajenos al estricto cumplimiento de los requerimientos del servicio, sino que lo fue para tareas propias del Organismo. Conforme a lo señalado y lo sostenido por prestigiosa doctrina en la materia, la Sala considera que la motivación de la resolución que se impugna es inadecuada. En este sentido, resulta trasladable al caso lo sostenido por el Juan Pablo CAJARVILLE, cuando señaló: “En todo caso, el acontecer de los hechos es una circunstancia exterior, cuya existencia se impone a la Administración objetivamente, desde fuera, de la cual el ejercicio del poder de dictar el acto aparecerá como una consecuencia jurídica. Por lo tanto, en cuanto a la apreciación de la existencia o inexistencia en si misma de los hechos y su valoración jurídica (legitimidad o ilegitimidad), la Administración no goza de ninguna discrecionalidad. Si los hechos operantes como supuesto normativo, o motivo del acto administrativo, no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia de los motivos. Si los hechos son como la Administración pretende, pero no caben en el supuesto (determinado o indeterminado) de la norma atributiva del poder de dictar el acto, éste estará viciado por ilegitimidad de los motivos .” (CAJARVILLE PELUFFO: “Sobre Derecho Administrativo”, Tomo II, cit., págs. 32 y 33).” (la negrilla y el subrayado no están en el original). En similar postura, MARIENHOFF ha destacado que “(…) habrá falta de causa o motivo en el acto administrativo, que tendrá como consecuencia su nulidad en aquellos casos en que los hechos invocados como antecedentes, que justificarían la emisión del acto, no existieren o fueren falsos (MARIENHOFF, Miguel: “Tratado de Derecho Administrativo”; T. II, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1966, pág. 526, en jurisprudencia véase la Sentencia No. 382/2003, entre otras) (…)” IX) Sabido es que este Tribunal tiene la postura de no inmiscuirse, en principio, en el quantum sancionatorio dispuesto por la Administración, que respecto del punto tiene potestad discrecional. Sin embargo, la excepción a dicho principio la constituyen los casos en que puede observarse una desproporción manifiesta, palmaria, entre la entidad de la falta cometida y la severidad de la sanción; extremo este que, a juicio del Tribunal, se verifica en el caso de autos. En igual sentido, el Dr. Vázquez hace la salvedad que el error está en la motivación del acto ya que no se ajusta a la realidad de los hechos y no en la graduación ya que el Reglamento interno prevé que las sanciones pueden ser entre 60 a 180 días, o incluso la destitución. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, en mayoría FALLA: Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y demandada en la cantidad de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil) cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dr. Simón (d.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado) Dr. Luis María Simón DISCORDE: He votado por desestimar la demanda anulatoria y dejar por ende firme el acto sancionatorio enjuiciado; de acuerdo con el Dictamen de Sr. Procurado del Estado en lo Contencioso administrativo. Comparto los argumentos de la mayoría del Tribunal con respecto a la inexistencia de nulidad por violación del principio de congruencia, inocencia o debido procedimiento. Pero no coincido en que haya nulidad por desproporción de la sanción, como entiende la mayoría. Estimo, con el Dr. Eduardo Vázquez, que no hay desproporción. Tampoco desproporcionalidad que determine absurdo como para invadir la discrecionalidad en la graduación de la sanción, que se realizó dentro de los límites previstos. Siempre debe aplicarse el reglamento para un cambio de medidores; por el art 2º, de la Ley 16170 constituye falta grave, sancionable entre 10 y 180 días, el uso indebido de locomoción oficial. La sanción de 120 días aplicada no es ni mínima ni máxima. Podrá o no considerarse severa, pero ello ya no parece cuestionable en vía anulatoria. Se tuvo en cuenta que la tarea era para OSE, pero lo cierto es que se realizó en forma que no era la reglamentada, y entonces, el uso del vehículo (aún para OSE) en horario y tarea en que podía no haber sido empleado para eso, implicó sustraerlo de otros usos legítimos, así como gastos, además de ahorrarse el funcionario el uso de la propia moto (en todo sentido) que era lo debido, ahorrarse el tiempo (debó ser fuera de horario) y además percibir la compensación como si hubiera empleado tiempo y rodado lícitos, lo que no realizó. Por consiguiente no advierto absurdo en la sanción ubicada dentro del límite legal.