Sentencia Definitiva N° 613/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 23 de diciembre de 2021 No. 613 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “CUSIMANO DI STEFANO, CHRISTIAN MIGUEL con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 435/2019). RESULTANDO : I) La parte actora compareció y dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución Nº 364133, de 11 de setiembre de 2018, emitida por la Gerencia de Fiscalización de la Asesoría Tributaria y Recaudación del Banco de Previsión Social, en ejercicio de atribuciones delegadas, mediante la cual se le determinaron adeudos tributarios por aporte mínimo, multas por mora, por artículo 10 de la Ley Nº 16.244 y por 87 de la Ley Nº 16.713, así como recargos capitalizados, por el período del 1º de enero de 2008 al 30 de abril de 2016, por un monto total de $U 397.167 (fs. 70, en carpeta verde de 121 fojas, A.A.). En su demanda, expresó que discrepa con la determinación de deuda efectuada por el BPS, en razón que esta vulnera el principio de no confiscatoriedad, que constituye uno de los cuatro pilares básicos del Derecho Tributario, junto con los principios de legalidad, igualdad ante las cargas públicas y tutela jurisdiccional. En este sentido, destacó que es público y notorio las enormes dificultades que enfrenta el sector citrícola al que pertenece y que, en su condición de pequeño productor, se encuentra sumido en un severo problema financiero con un futuro incierto. Así, sostuvo que entiende razonable que, de existir deuda, el BPS le exija su pago debidamente ajustado, pero agregó que no puede hacer frente a todas las multas y recargos que, con un interés superior al bancario de plaza, termina por ser expropiatoria de su capital, violando con ello el principio de no confiscatoriedad. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 2 a 3 vto.). II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación del Banco de Previsión Social - el Dr. Francisco Leizagoyen, quien tras relacionar los antecedentes del acto se opuso al accionamiento cuestionando que se esgrimió un agravio vacío de fundamentación porque no se ha explicitado: i) por qué la determinación tributaria ha violado el principio de no confiscatoriedad; ii) por qué en su caso no se le deben aplicar las multas y recargos; iii) por qué estas multas son ilegítimas; y iv) por qué en su lugar la deuda debe ajustarse al IPC. Resulta insuficiente alegar que no se puede pagar la deuda por una situación económica personal, que es lo que se desprende de la demanda. Sin perjuicio de lo anterior, el procedimiento estuvo ajustado a derecho y no existió violación del principio de no confiscatoriedad. El actor pretende que no se le aplique el artículo 94 del Código Tributario y sus normas concordantes y complementarias, pretendiendo beneficiarse de su propio actuar culposo. El actor no puede eludir las consecuencias del régimen jurídico que le resulta aplicable, máxime cuando se ocultó a un trabajador durante varios años, privándolo de los beneficios a la seguridad social. De acogerse su pretensión, el BPS tendría que violar el principio de igualdad, al no cobrarle las multas y recargos. En definitiva, abogó por el mantenimiento del acto (fs. 17 a 25 vto.). III) Por decreto No. 8539/2019 (fs. 27) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 33. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 38-38 vto. y fs. 44-49 vto., respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 88/2021 y aconsejó la confirmación del acto impugnado (fs. 52 a 52 vto.). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 54). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , procede relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución impugnada se emitió el 11 de setiembre de 2018 (fs. 70, A.A.) y se notificó el 2 de octubre de 2018 (fs. 71 vto., A.A.). El 10 de octubre de 2018, se interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 73 vto. a 75, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativo se produjo mediante denegatoria expresa , a través del dictado de la Resolución del Directorio R.D. Nº 14-9/2019, de 8 de mayo de 2019 (fs. 92 vto. a 93, A.A.), la que se notificó el 30 de mayo de 2019 (fs. 97, A.A.). La demanda de nulidad se interpuso el 25 de julio de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 4). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. Las presentes actuaciones se originaron a partir del reclamo laboral presentado por el Sr. Gustavo Moreira en abril de 2018 (fs. 4 vto. y siguientes, A.A.), quien declara haber prestado servicios como trabajador zafral rural en la empresa del Sr. Cusimano, titular de un establecimiento rural en el Dpto. de Paysandú. Luego de las instancias judiciales, en las que el Sr. Moreira obtuvo sentencias laborales de condena contra el actor por rubros laborales impagos (fs. 16 a 22, A.A.), el BPS instruyó el procedimiento administrativo correspondiente a efectos de determinar las CESS impagas por la ocultación de la actividad laboral del Sr. Moreira, por el período del 15 de octubre de 2007 al 4 de enero de 2016, observándose que las obligaciones correspondientes al año 2007, se encontraban prescriptas (fs. 26 vto. a 27, A.A.). De esta manera, se procedió a efectuar el avaluó correspondiente por el período inspeccionado 2008-2016 y con fecha 13 de junio de 2018, se labró Acta Final de Inspección (fs. 32, A.A). Se confirió vista de las actuaciones a la actora (fs. 32 vto., A.A.), la que fue evacuada presentando escrito de descargos (fs. 64 vto., A.A.). Dichos descargos, fueron analizados puntualmente por la inspectora actuante (fs. 66, A.A.). Finalmente, la Gerencia de Fiscalización de ATYR, procedió al dictado del acto de determinación tributaria que se enjuicia en los presentes obrados. III) El Tribunal, habrá de compartir la solución propuesta por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 52 a 52 vto.) y dispondrá la confirmación del acto, por los fundamentos que se explicitarán a continuación. El actor esgrimió, como único agravio, que las multas y recargos impuestos por el BPS sobre el monto de CESS adeudadas (deuda que no es controvertida) resultan expropiatorias de su capital, vulnerándose así el principio de no confiscatoriedad. Dicha alegación genérica carece de suficiente sustento argumental y, como tal, constituye un supuesto de infundabilidad de la pretensión , lo que de por sí conduce al rechazo de la demanda (artículo 59 numerales 5 y 6 del Decreto - Ley Nº 15.524). Como se sostuvo por el Tribunal en sentencia Nº 828/1996 , y en términos trasladables al sub - examine, “Una demanda anulatoria que no indica la lesión que le provoca el acto impugnado en forma clara y concreta; y que omite, asimismo, expresar en qué consiste la ilegitimidad de dicho acto, exterioriza manifiesta INFUNDABILIDAD DE LA PRETENSIÓN. Razón suficiente, por sí misma, para rechazar una pretensión así concebida. ” (…) En suma, las razones adjetivas anotadas, son razón suficiente para desestimar la demanda incoada. (…)” (la negrilla y el subrayado no coinciden con el original). Del mismo modo, cabe tener presente lo expresado por la Suprema Corte de Justicia en sentencia Nº 555/2016 , en la cual se expresó: “Como señaló la Corporación en Sentencia S.C.J. No. 799/012, Sentencia S.C.J. No. 739/014, Sentencia S.C.J. No. 142/015 y Sentencia S.C.J. No. 116/016, conforme a la teoría de la sustanciación de la demanda, que rige en nuestro ordenamiento jurídico procesal, los hechos que constituyen el fundamento de la pretensión deben ser aducidos en forma clara y precisa, por cuanto a ellos hay que estar para dirimir la controversia (cf. Vescovi, Enrique y colaboradores, Código General del Proceso Comentado, anotado y concordado, Tomo 3, pág. 43).” (la negrilla no está en el original). Por estos fundamentos, la Sra. Ministra, Dra. Nilza Salvo, se pronunció por desestimar la demanda, sin ingresar al análisis del único agravio esgrimido por el actor. Sin perjuicio de lo anterior, para los Sres. Ministros, Dres. William Corujo, Selva Klett, Luis Simón y este redactor, el rechazo de la demanda igualmente procede porque, además de la deficiencia en la carga de afirmación en la que incurrió el actor, tampoco existe prueba alguna que el BPS se haya apartado de la normativa aplicable en cuanto a imposición de las multas y recargos correspondientes a las CESS adeudadas y correctamente determinadas por la situación de ocultamiento del trabajador zafral contratado Sr. Gustavo Moreira ( artículo 94 del Código Tributario, artículo 10 de la Ley Nº 16.244 y artículo 87 de la Ley No 16.713). Así, y en la medida que dicho plexo normativo legal, fue correctamente aplicado, si la parte actora entiende que el mismo es expropiatorio o confiscatorio de su capital, violentando derechos constitucionales consagrados en nuestra Carta Magna particularmente el derecho de propiedad, previamente debió lograr su declaración de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, órgano jurisdiccional que posee la competencia exclusiva y originaria en la materia (art. 257 de la Constitución), ya que este Tribunal carece de la potestad de declarar ilegítimo un acto administrativo que se ajusta perfectamente a tales disposiciones legales, so pretexto de analizar la eventual e hipotética inconstitucionalidad de las mismas. En este sentido, cabe remitirse a lo expresado reiteradamente por la Corporación en cuanto a que “(…) El control de constitucionalidad es, en nuestro ordenamiento jurídico, de aquellos que la dogmática procesalista denomina de tipo concentrado, donde compete a un único órgano jurisdiccional entender en las contiendas sobre el ajuste de las leyes y demás disposiciones con fuerza de ley a la Constitución ” (Cf. VESCOVI, Enrique: “El proceso de inconstitucionalidad de la ley”, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo, 1967, págs. 28 y siguientes. Para los distintos sistemas de control de constitucionalidad véase BURSTIN, Darío; DELGADO MANTEIGA, Serrana; FRANCOLINO, Leandro; GÓMEZ LEIZA, José; RODRÍGUEZ, Guzmán y SARLO, Oscar: “La Constitución uruguaya: ¿rígida o flexible?, F.C.U. - Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Montevideo, 2010, págs. 124 a 138). (…) tales cuestiones debieron ser planteadas ante la Suprema Corte de Justicia , que es el único órgano con competencia para examinar el ajuste de las leye s o de los Decretos de la Juntas Departamentales con fuerza de ley a la Constitución de la República (arts. 257 a 261 de la Constitución de la República) (…)” (sentencias Nº 244/2012, Nº 641/2014, 196/2016, 649/2018, 99/2020, 730/2020 y 298/2021, entre otras) (la negrilla y el subrayado no pertenecen al texto original). En cierto modo, resultan trasladables al sub - judice las consideraciones que vertió el Colegiado al examinar el agravio esgrimido contra el carácter confiscatorio de una multa en sentencia Nº 646/2019, en la que se consignó: “ X) Por último, en lo que refiere a la imputación del carácter confiscatorio de la multa impugnada , en tanto la cifra de la misma excedería el valor catastral del predio, debe convenirse el carácter infundado del agravio. Conforme fuera señalado, la multa impugnada fue estimada como proporcionada en virtud del cúmulo de hechos que justificó la sanción. Así, deberá estarse al límite de los poderes jurídicos dimanados de la norma a partir de lo cual se aplicó la sanción pecuniaria, que prevé un mínimo de 50 UR y un máximo de 50.000 UR (art. 71 de la Ley No. 18.301). En consecuencia, cuando el demandante refiere al carácter confiscatorio del acto sancionatorio está obviando el basamento legal de la cuantificación de la multa. En relación al carácter confiscatorio de los tributos, extensible al campo de las sanciones en general, la dogmática ha señalado que la confiscatoriedad violenta derechos constitucionales, especialmente el derecho de propiedad (así: Addy MAZZ. Curso de Derecho Financiero, T. I, v II, FCU, 3ª Edición, Montevideo, 2007, pág. 60 y ss.). Como es claro, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo carece de la potestad de declarar ilegítimo un acto administrativo que se ajusta a una disposición legal, sino en tanto esta última sea declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, órgano que posee, en exclusividad, la competencia para formular tal declaración, extremo que no ocurrió en la especie.” (la negrilla no está en el original). En último análisis, cabe precisar que, si bien la conducta de la parte actora en el proceso podría para algunos equipararse a la ligereza culpable (artículos 688 del Código Civil, 466 del Código del Proceso Civil y 56 del Código General del Proceso), a juicio de los integrantes del presente pronunciamiento no se impondrá sanción procesal. En definitiva, por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución FALLA : Desestímase la demanda anulatoria entablada, sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón Dr. Marquisio (Sec. Letrado)