Tribunal de lo Contencioso Administrativo · Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Sentencia Sentencia N° 604/2021
9 de diciembre de 2021
- Ficha (IUE)
- 695/2019
- Procedimiento
- Suspensión de la ejecución del acto
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Desestima o rechaza
- Fallo: no suspende
Texto de la sentencia
DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 9 de diciembre de 2021.
No. 604
VISTOS :
Para resolución, este incidente de suspensión de la ejecución de los actos administrativos impugnados planteada en los autos caratulados: “TORTORELLA CASANOVA, HÉCTOR OMAR con
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES. Suspensión de ejecución” (Ficha Nº 695/2019) pieza separada del expediente de Acción de Nulidad, Ficha No.624/2019.
RESULTANDO:
I) Con fecha 1º de octubre de 2019, el accionante promueve demanda de nulidad contra las Resoluciones del Poder Ejecutivo de fecha 20 de diciembre de 2018 y 11 de enero de 2019 , mediante las cuales se adscribe al actor al Ministerio de Relaciones Exteriores a partir del 13 de enero de 2019, disponiendo su cese de funciones a efectos de ampararse a los beneficios jubilatorios y no se hace lugar a la petición presentada a fin de suspender el primero de los actos.
Conjuntamente con la demanda, impetra la suspensión de la ejecución de los actos impugnados, dado que a su juicio pretendieron desconocer y extinguir la eficacia y las consecuencias jurídicas de la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 31 de agosto de 2015 y obstruir la efectividad material del “Acuerdo Transaccional” celebrado el día 2 de setiembre de 2015.
II) Del pedido de suspensión se formó pieza separada y se dio traslado a la contraparte, el que fue evacuado por su representante Dra. Amelia BASTOS PEIRANO (fs. 98-100v infolios). Afirmó que dado que ambos actos administrativos impugnados ya han desplegado todos sus efectos, no es posible suspender la ejecución de actos administrativos que ya han sido plenamente ejecutados y por tanto, su pedido de suspensión carece de objeto.
Al Sr. TORTORELLA ya se le otorgaron los pasajes y demás compensaciones a las que tenía derecho, ya se encuentra en la República y materialmente, ya se procedió a su adscripción al Ministerio y se declaró su cese al cumplir la edad máxima permitida para el desempeño de tareas en el Ministerio de Relaciones Exteriores (art. 20 Decreto-Ley No. 14.206).
III) Se abrió el incidente a prueba por 30 días (Decreto Nº 9156/2019 de 28/11/2019) y se certificó la producida por la parte actora a fs. 150 infolios.
IV) Alegaron las partes por su orden y se pasaron los autos en vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, expidiéndose por Dictamen Nº 477/2021 (fs. 182), aconsejando rechazar la medida incidental impetrada.
V) Puestos los autos para resolución (Decreto Nº 5518/2021 de fs. 184), la misma se acordó en legal y oportuna forma.
CONSIDERANDO:
I) El Tribunal, compartiendo lo dictaminado por el Sr.
Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, entiende que no procede amparar la suspensión incoada, en tanto no se configuran los requerimientos habilitantes previstos en el artículo 2º de la Ley No. 15.869.
II) El Tribunal ha sostenido en consolidada jurisprudencia que la suspensión de la ejecución de un acto administrativo es un instituto de amparo, de carácter preventivo, contra la actuación arbitraria o antijurídica de la Administración, y una medida de excepción al principio según el cual los recursos y acciones no suspenden la eficacia de tales actos.
III) En lo inicial, respecto de la ilegitimidad manifiesta, como expresa CAJARVILLE, citando a GELSI en su trabajo sobre “Proceso de amparo en la ley de Uruguay” , haciendo un paralelismo con el carácter exigido a la ilegitimidad para la procedencia de la acción de amparo: “manifiesto” alude a lo indudable, a lo que claramente se nota, a lo que todos pueden advertir, un resultado de conocimiento al que se llega espontáneamente, sin requerir largos o específicos razonamientos, que aparece sin tropiezos, sin alternativas, para todo el que conoce el orden jurídico; debe “surgir del expediente a través de una prueba sumaria”, “flagrantemente verificable”, “espontáneamente perceptible”, “nítida, categórica, por encima de toda duda razonable y al margen de toda controversia”, “flagrante, notoria e indiscutible” (Cf. CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo: “Sobre Derecho Administrativo”, Tomo II, 3º Edición 2012, FCU, pág. 756).
Con tales entendimientos, en la especie no se advierte prima facie que los actos impugnados sean manifiestamente ilegítimos, sin que ello signifique prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo planteada, la cual será materia de la decisión definitiva habida cuenta que los apartamientos a las reglas de Derecho que invoca el accionante en su demanda reclaman un análisis diferencial al que corresponde liminarmente aplicar según el objeto de este proceso incidental.
IV) Tampoco logra apreciarse que la ejecución de los actos impugnados sea susceptible de causar a quien instaura la acción anulatoria, daños graves y de entidad superior a los que la suspensión pudiere ocasionar a la Administración (“teoría del balance”).
Asimismo, es destacable el hecho de que los actos atacados ya se ejecutaron o cumplieron integralmente; por lo que, considerando la naturaleza cautelar de la medida solicitada, la misma carece de toda eficacia.
Tiene dicho el Tribunal en términos plenamente replicables en obrados: “El temperamento precedente ha sido estimado en la jurisprudencia del Colegiado. Así, tras analizar las sentencias del Tribunal al respecto, se ha concluido que: “…cuando el acto ha sido cumplido o ejecutado, esto es, ya ha producido sus efectos [….] En tales casos, el TCA ha reseñado que, en la medida en que el acto administrativo que se procesa está cumplido, dada la naturaleza cautelar del instituto, es claro que no se condice respecto de actos ya ejecutados, debiéndose juzgar su legalidad, lo que corresponde a la sentencia definitiva” (Adrián GUTIÉRREZ – “Jurisprudencia del TCA sobre la suspensión de la ejecución del acto administrativo”, en Transformaciones actuales del Derecho Administrativo, 1ra. Edición, FCU, Montevideo, 2010, p. 402).” (Cfme. Sentencia No. 527/2019).
Por tales fundamentos, el Tribunal
RESUELVE :
No hacer lugar a la solicitud de suspensión de ejecución de los actos administrativos impugnados.
Agréguense al principal.
Notifíquese personalmente.
Dra. Salvo Dr. Corujo (r.), Dra. Klett.
Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).