Sentencia Definitiva N° 600/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 9 de diciembre de 2021. No. 600 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados “OLIVERA PINTOS, ROBERTO con ESTADO. MINISTERIO DEL INTERIOR. Acción de Nulidad” (Ficha No. 646/2018). RESULTANDO : I) El 24 de octubre de 2018, a fs. 2-13, compareció el actor a promover demanda anulatoria contra la resolución dictada el 7 de marzo de 2018, por el Ministerio del Interior, en ejercicio de atribuciones delegadas, en cuanto estableció: “(…) 2º) CLAUSURAR el sumario administrativo instruido al Comisario Mayor Roberto OLIVERA PINTOS, a quien se declara cesante por la causal prevista por el literal “a” del artículo 33 del Decreto 01/016, de 4 de enero de 2016: Ineptitud en el Ejercicio del Cargo, previo goce de las licencias pendientes si correspondiere…”. (fs. 777-780 AA, pieza 2). Relató que el día 1º de abril de 2016, desempeñándose como Sub Jefe de Zona Operacional III de la Jefatura de Policía de Montevideo protagonizó un accidente de tránsito cuando conducía un vehículo perteneciente al Ministerio del Interior, habiendo ingerido previamente bebida alcohólica en una reunión. En virtud de dicho accidente, embistió de atrás a otro automóvil, sometiéndose voluntariamente a espirometría, en el lugar, la que arrojó resultado positivo. Expresó, en breve síntesis, que no existe ninguna duda de que cometió una falta administrativa y que en el sumario debía determinarse el alcance de su responsabilidad y la sanción a recaer. No obstante, entendió que la tipificación realizada por la Asesoría Letrada y recogida en la resolución impugnada -falta muy grave que amerita cesantía- fue arbitraria y se apartó infundadamente de las conclusiones del instructor sumariante. Añadió que no se consideraron los descargos formulados como defensa, lo que supuso un cercenamiento de las garantías del debido proceso; y que no se tuvieron en cuenta las atenuantes computadas en las conclusiones del sumario, que necesariamente morigeran la sanción. Así, resaltó que la sanción resulta desproporcionada y que existe vicio en la motivación, en tanto la cesantía se dispuso por ineptitud en el ejercicio del cargo y no surge de la instrucción sumarial ni una sola mención a dicha causal. Sostuvo que no se atendió la situación personal que atravesaba el actor al momento de los hechos, descartando el dictamen jurídico la existencia de nexo causal. Finalmente invocó la vulneración del principio de igualdad, en el entendido que muchos funcionarios policiales de alta jerarquía han protagonizado hechos similares, habiendo ingerido o no bebidas alcohólicas, a quienes se les aplicaron sanciones menos rigurosas, lo que evidencia un tratamiento diferencial a su respecto. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda instaurada. II) Conferido el correspondiente traslado, el 3 de diciembre de 2018 (fs. 20-30) compareció la representante del Ministerio del Interior, a contestar la demanda incoada. Luego de narrar los antecedentes del acto, expresó que de el parte policial y de las actuaciones administrativas surge probada la responsabilidad del actor, siendo su conducta negligente, trasgresora y culpable, incompatible con la investidura que ostentaba. Señaló que el resultado positivo de la espirometría, con un grado de alcohol por litro de sangre de 1,91 gramos, supera ampliamente el permitido en la normativa Departamental de aquél momento, equivalente a 1.2 gramos por litro; y que tal como fue señalado en la sentencia Nº 85/16 del Juzgado de Faltas, el actor se hallaba en un estado de excitación tal que sus signos y síntomas se asociaron a una inestabilidad emocional, pérdida del juicio crítico, trastorno de percepción, disminución de respuesta sensorial y aumento de tiempo de reacción, entre otros. Lo que motivó el sumario, la sanción y su grado, no fue solamente el accidente de tránsito ocurrido, pues la instrucción, el sumario y la medida disciplinaria impuesta fue el resultado de la valoración de una conducta inapropiada, para nada compatible con la investidura pública, pero mucho menos con la de un funcionario policial; lo que hizo que perdiera la idoneidad moral requerida, vulnerando el deber de probidad con el que debe comportarse, conforme estatuye la Ley No. 17.060, en sus artículos 20 y 21. Descartó los apartamientos formales invocados, precisando que se tuvieron en cuenta todos los elementos esgrimidos e incorporados al expediente por el actor en cada vista conferida y pese a haberse considerado, además, como factor atenuante su buena conducta funcional anterior –recogida en su legajo- se determinó inequívocamente que los medios de prueba no aportaban elementos significativos o relevantes que permitieran disminuir o eximir de responsabilidad al actor y que la conducta debía ser categorizada, sin dilaciones, como muy grave, conforme al artículo 21 del Decreto Nº 1/016. Subrayó que el obrar de la Administración fue legítimo y la decisión se encuentra debidamente motivada, razón por la cual no existió en el caso, abuso, exceso o desviación de poder. En referencia a la medida de la sanción, apuntó que el actor realizó una serie de “ inconductas” absolutamente contrarias a la función estatal encargada, entre otras, por la Ley Orgánica Policial, de mantener el orden público, la prevención de los delitos y protección a los individuos, por lo que la cesantía dispuesta, resulta proporcional y ajustada a Derecho. En definitiva, solicitó se desestime la demanda y se confirme el acto impugnado. III) Se abrió el juicio a prueba (auto Nº 9819/2018, fs. 32); y se diligenció la que luce certificada a fs. 202. IV) Alegaron las partes por su orden, haciéndolo la actora a fs. 205-214; y la demandada a fs. 218-225. V) Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (dictamen Nº 70/2021, fs. 228-232), el que aconsejó el rechazo de la demanda. VI) Se citó a las partes para sentencia, por decreto Nº 1108/2021 (fs. 234), la que se dictó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, se han cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4º y 9º). II) El Tribunal, por unanimidad, en concordancia con la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda incoada, por los fundamentos que a continuación se desarrollarán. III) A los efectos de un adecuado análisis de la cuestión sometida a decisión, corresponde relevar los antecedentes del acto. De ellos emerge que por resolución de 4 de abril de 2016, el Jefe de Policía de Montevideo dispuso la realización de sumario administrativo al actor con suspensión preventiva en la función y retención de los medios sueldos correspondientes (fs. 65 AA, pieza 1), volición que le fue notificada al pretensor con fecha 7 de abril de 2016 (fs. 68 ibídem). Los hechos que lo motivaron se vinculan con el accidente de tránsito protagonizado por el actor, el 1º de abril de 2016, en circunstancias en que conducía el vehículo perteneciente al Instituto Policial a él asignado, matrícula SMI 2930, en la intersección de las calles Avenida Italia y Ancona del Departamento de Montevideo. El Sr. OLIVERA colisionó con la parte trasera del vehículo matrícula SBY 1701, lo que provocó, a su vez, la colisión de un segundo vehículo; y efectuada la espirometría al promotor, por parte de personal del Cuerpo de Policía de Tránsito, arrojó resultado positivo con 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre. (fs. 51 y 55-60 AA, pieza 1). Instruido el sumario administrativo, el Dr. Héctor MARTINEZ AMESTOY, el 29 de diciembre de 2016 emitió informe circunstanciado (fs. 255-270 ib.) y concluyó, en los siguientes términos: “(…) los hechos comprendidos en el objeto del presente sumario administrativo interfirieron en el normal desarrollo de las actividades institucionales. Y atentaron contra el decoro y patrimonio de la institución, circunstancias propias de la falta grave, pero que incluso sobrepujaron tales situaciones por la cual la falta disciplinaria del Comisario Mayor Roberto Olivera, es de categoría muy grave. Aunque circunscrita en forma exclusiva al primer concepto de la misma, es decir, haber incurrido en una situación que ocasiona el descrédito de la imagen pública institucional, debiéndose considerar que dentro de las faltas muy graves la que se imputa se halla en un umbral inferior de las mismas, concurriendo en los hechos que dan lugar a la falta de disciplinaria antes individualizada, circunstancias atenuantes y una agravante (…)”. Se confirió vista al actor con fecha 5 de enero de 2017 (fs. 273), quien la evacuó a fs. 275-278. En lo medular expresó que no puede afirmarse, en el caso, que se trate de una falta muy grave, ya que el elenco del artículo 24 del Decreto Nº 1/016 es taxativo, debiendo, calificarse como grave, al tenor de lo dispuesto en el artículo 23, literales l y ñ. Asimismo, entendió que debieron tenerse en cuenta una serie de atenuantes de suma importancia como la inexistencia de antecedentes, el momento personal y emocional por el que atravesaba el Comisario Mayor, por la separación de su esposa y el “desintegro de su familia” ; la comparecencia y disposición ante las autoridades, la voluntad de realizar el reembolso de los daños ocasionados, entre otros. Fue aportada por el promotor diversa documentación relacionada con sus méritos y reconocimientos; historia clínica, así como testimonio de expediente judicial referente a su divorcio, tramitado ante la Sede de Familia de 19º Turno de la Capital (fs. 279 y ss. ib.). El Sr. Instructor, con fecha 14 de marzo de 2017 (fs. 692-697 AA, pieza 2) entendió que ni en la argumentación contenida en la evacuación de vista ni en la prueba propuesta por el funcionario se advierte la existencia de hechos o razones de derecho que alteren lo expuesto en anterior informe. Se notificó de ello al promotor, el 17 de marzo de 2017 (fs. 700 ibídem) y evacuó la vista en los términos que surgen del escrito agregado a fs. 704-708 ib. La Asesoría Jurídica - Sector Disciplinario emitió dictamen Nº378/2017, de 4 de abril de 2017, aconsejando, previa vista al interesado, la desvinculación del actor del Instituto Policial, en tanto cometió una falta administrativa muy grave, al demostrar ineptitud para el ejercicio del cargo de acuerdo a lo dispuesto por el lit. e) del art. 81 de la Ley No. 19.315 en redacción dada por el art. 199 de la Ley No. 19.355, en el literal c) del art. 21 y en el literal e) del art. 25 del Decreto Nº 1/016. (fs. 713-721). Se confirió nueva vista al Sr. OLIVERA, el 27 de abril de 2017 (fs. 733). Presentó escrito formulando descargos (fs. 734-739), a la vez que ofreció prueba testimonial y solicitó el pasaje en vista de las actuaciones al Fiscal de Gobierno que por turno corresponda. La Asesoría Letrada, por dictamen de 30 de junio de 2017 (Nº 778/2017), aconsejó rechazar la prueba ofrecida por ser ajena a la situación que se dirime en obrados, cual es manejar un móvil del Ministerio del Interior, en condiciones no permitidas; y en definitiva, proceder a desvincularlo de la Institución Policial (fs. 744-751); lo que fue compartido por la Directora del Departamento de Asesoría Jurídica, a fs. 755. Remitidas las actuaciones a la Oficina Nacional del Servicio Civil (fs. 758), ésta se expidió por resolución Nº 308/2017, de 11 de octubre de 2017, en forma favorable a la cesantía del actor, por la causal de ineptitud (fs. 763 y vto.). De mandato verbal del Sr. Ministro, con fecha 26 de enero de 2018, pasaron las actuaciones al Departamento de Proyectos Normativos a fin de proyectar el acto por el cual se declara cesante al funcionario de marras (fs. 767). Finalmente recayó el acto que se enjuicia en autos, disponiendo la cesantía del promotor (fs. 777-780). V) Como viene de relevarse de los antecedentes del acto, resultan de rechazo los apartamientos formales introducidos por el reclamante que dicen relación con la vulneración de su derecho de defensa. El Sr. OLIVERA tuvo derecho a ser oído y a ofrecer prueba en cada instancia, y sus descargos fueron analizados, brindándose en cada caso las razones por las cuales éstos no fueron considerados. Así, la prueba ofrecida en la primera evacuación de vista (fs. 277 vto.-278 AA, pieza 1), fue considerada por el instructor, admisible, pertinente, en los términos que surgen de la resolución incorporada a fs. 324-325 ibídem. Y analizada pormenorizadamente en informe glosado a fs. 692-697 AA, pieza 2, el instructor entendió que tales probanzas no lograban conmover las conclusiones expuestas en informe circunstanciado previo (fs. 255-270 AA, pieza 1). Por su parte, con relación a la solicitud de diligenciamiento de prueba testimonial en la segunda vista conferida a efectos de acreditar el nexo causal entre el accidente automovilístico y su situación familiar (fs. 738 vto. AA, pieza 2), el instructor fundó su negativa en el carácter impertinente de dicha prueba. Sobre el tópico, l a dogmática ha señalado: “La pertinencia de la prueba refiere a la vinculación entre los medios de prueba y los hechos que constituyen el objeto de la prueba. Sería, entonces, prueba impertinente aquella que no versa sobre proposiciones o hechos que son objeto de demostración en ese proceso concreto (…) no puede hablarse con propiedad de un medio de prueba impertinente; lo que es impertinente es el hecho cuya prueba se pretende, y esa impertinencia del hecho tiñe, con la misma nota, cualquier medio que pretenda usarse a su respecto” (Cf. KLETT, Selva. “Proceso Ordinario”, T. II, 1ra. Edición, FCU, Montevideo, 2014, p. 121). En la emergencia, nada cabe objetar al rechazo del medio probatorio propuesto. La Administración correctamente consideró que la prueba testimonial ofrecida por el actor no tenía vinculación con el acto por el cual se le imputa responsabilidad, que no es otro que conducir bajo los efectos del alcohol en un vehículo oficial, resultando los testimonios ofrecidos, ajenos al caso (Considerando XIII del acto enjuiciado, fs. 779 AA, pieza 2). Por tanto, corresponde desestimar los vicios formales invocados. VI) En cuanto al mérito del asunto, aun cuando el actor reconoce su responsabilidad en el hecho: “no sé si me dormí o fue un vahído, cuando reaccioné vi que había chocado…soy totalmente responsable ... bajé a prestar asistencia. El coche oficial sufrió daños…y fui condenado por el Juzgado de Faltas” (fs. 252-253 AA, pieza 1), entiende que la falta no revistió la gravedad atribuida y que existe vicio en la motivación, en mérito a que la cesantía se dispuso por ineptitud en el ejercicio del cargo, no surgiendo de la instrucción sumarial ni una sola mención a dicha causal. El Tribunal no comparte el temperamento del promotor. Surge acreditado en autos que el actor, tras haberse alcoholizado en una reunión familiar: “…bebí 6 medidas de whisky y no cené ni comí nada” (fs. 251 vto. AA, pieza 1), utilizando un vehículo oficial para actividades particulares (marca Mitsubishi, modelo Lancer, matrícula SMI 2930), impactó en su condición de coche zaguero, provocando daños importantes en el mismo, así como inconvenientes físicos en los particulares, producto de esa colisión. El Sr. Eduardo ZULBERTI declaró que lo impactan desde atrás mientras se encontraba con un semáforo en rojo; constata que el auto Mat. SBU 6105 le había impactado a raíz de que le chocaran, a su vez, su vehículo; iba con tres personas como acompañantes: Adriana IZQUIERDO, María Lourdes MARTINEZ y Wladimir LARREA, hundiendo el baúl, paragolpes y farol trasero derecho (fs. 41 AA, pieza 1). MARTÍNEZ declaró: “Estábamos parados en el semáforo de Av. Italia y Bolivia, íbamos hacia el este en el auto Volswagen Gris y sentimos un golpe del auto Renault que venía con nosotros, el cual fue bruscamente chocado por otro auto que no respetó el semáforo”. (fs. 46 ibídem). LARREA (fs. 47 ib.) indicó “íbamos hacia el este en el auto VW gris y sentimos un golpe en la parte trasera del auto Renault que venía con nosotros que fue chocado por un auto Mitsubishi blanco que no respetó el semáforo…uno se acercó diciendo que era amigo del autor del choque, que era policía y que estaba borracho” . IZQUIERDO ratificó que estaban detenidos en un semáforo… “sentimos un golpe…nos habían chocado de atrás un auto Mitsubishi Lancer”. Por su parte, el Sr. Washington CASTILLO, declaró: “…estando detenido en mi vehículo Mat SBU 6105, marca Renault Modelo Fluence Privilege, año 2014 de color beige, sobre Av. Italia mirando hacia el este detrás de otro vehículo marca VW de color gris, soy embestido por otro vehículo que venía a alta velocidad y ello determina que por el impacto en la parte trasera me empuja hacia delante y embisto al coche VW de color gris. Ambos vehículos estábamos detenidos en la calle Av. Italia mirando hacia el este, esquina Ancona, porque el semáforo estaba en color rojo, no permitiendo el cruce. En mi vehículo iban tres personas y yo: Cesáreo DURAN, Rosario LOSADA y Rosario DELAPAZ. Concurriendo móvil de UCM asistió a los acompañantes que estaban en mi vehículo, los tres con lesiones leves siendo dados de alta en el lugar. Los daños en mi vehículo fueron: hundimiento casi total del baúl, incluyendo las luces reglamentarias, daño en paragolpe trasero, puerta lateral trasera derecha no cierra bien, por lo que supone un corrimiento del chasis y en la parte delantera, el paragolpe delantero rojo”. (fs. 42 ib.) Realizada espirometría por parte de funcionarios de Policía de Tránsito, arrojó resultado positivo para el actor de 1.91 gramos por litro de sangre, conforme acta de espirometría Nº 95204. (fs. 51 ib.). La Oficina Administradora de Seguros- Gerencia del Área Logística del Ministerio del Interior, a requerimiento del instructor (fs. 195 AA), informó con fecha 14 de noviembre de 2016, que el vehículo oficial matrícula SMI 2930 conducido por el funcionario sumariado, que diera lugar al siniestro acaecido el 1º de abril de 2016 debió afrontar una reparación cuyo costo ascendió a la suma de $ 261.098. Asimismo, indicó que solicitada información al Banco de Seguros del Estado respecto de si se recibieron reclamaciones contra la póliza del vehículo de referencia, se respondió que el siniestro fue excluido por el artículo 61, literal d) de las Condiciones Generales de la Póliza: “si el conductor fuera hallado con una concentración de alcohol que lo inhabilite legalmente para conducir…” (fs. 202); por lo que de reclamar los terceros, deberán hacerlo por la vía judicial, directamente contra el Ministerio del Interior (fs. 217 y vto. AA). Surge también de los antecedentes agregados, que el actor, por sentencia Nº 85/2016 de 6 de abril de 2016, fue condenado como autor penalmente responsable de la falta prevista en el numeral 3º del artículo 365 del Código Penal, en redacción dada por el artículo 6º de la Ley No. 19.120 (conducción de vehículos motorizados con grave estado de embriaguez), a cumplir la pena de 8 días de prestación de trabajo comunitario o prisión equivalente (fs. 913-914 AA, pieza 2). Conforme viene de relatarse, resulta de entero rechazo el alegado vicio en la motivación. Del acto impugnado y de sus antecedentes emerge claramente que el cese dispuesto responde a que la conducta desplegada por el sumariado resulta incompatible con la investidura pública de un funcionario policial. No fue solo el accidente de tránsito por él provocado, sino la conducta negligente de un Oficial en Jefe, incompatible con la investidura y el cargo- grado que ostentaba, cuya principal función es preservar el orden y la seguridad, previniendo la comisión de delitos y faltas. VII) Tampoco resulta de recibo la esgrimida orfandad probatoria y argumental en la resolución cuestionada acerca de la configuración de la causal de ineptitud y; que en todo caso, debió ser sometido a un sumario con dicho objeto. Tal como expuso el Sr. Instructor en su informe circunstanciado, el Sr. OLIVERA incurrió en una falta administrativa categorizada como muy grave por el artículo 21, literal c) del Decreto Nº 01/2016, en el entendido que ella ocasiona el descrédito de la imagen pública institucional, en cuyo mérito sugirió la desvinculación del funcionario, de la Institución Policial, al demostrar ineptitud para el ejercicio del cargo (fs. 255 y ss. AA, pieza 1). Ello fue compartido por el Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior (fs. 713-721 y 744-751 AA, pieza 2), así como por la Oficina Nacional del Servicio Civil (fs. 761-764); y luego plasmado en el acto enjuiciado. Por lo demás, ha resaltado la Corporación que la ineptitud para el ejercicio del cargo, constituye una causal de cese genérica, que no precisa de un procedimiento particular para su aplicación. Así se expuso sobre el concepto de ineptitud y su raigambre, en fundamentos que resultan reeditables al caso: “(…) La noción de “ineptitud”, que aparece en numerosas leyes o reglamentos que delinean el estatuto del funcionario público, es la contracara de la aptitud moral requerida para el inicio de la relación funcional. En efecto, como se verá, para el ingreso a los cuadros funcionales del Estado se requiere tener “aptitud” moral, aunque en algunos casos también física. Esa aptitud moral debe permanecer durante todo el tiempo del desempeño del funcionario, y si se ve enervada por la comisión de determinadas conductas que violentan las normas y principios que rigen el desempeño de la función pública, el Ordenamiento prevé sanciones que se adecuan a la gravedad de la falta. En puridad, en la época del ingreso se requiere esta aptitud y también se requiere durante todo el desarrollo de la carrera, con esta consecuencia: si esa aptitud inicial desaparece por la configuración de situaciones que encartan en la de ineptitud, el Estado debe hacer cesar la situación funcional por razones de legalidad, simplemente eso: razones de estricta legalidad. Ahora bien. Toda la normativa infravalente que regula el estatuto del funcionario policial se coordina bajo una misma médula: nuestra Carta Magna. Es así, que desde la Constitución de la República se erige la potestad de la Administración de determinar quiénes son aquellos funcionarios que revestirán la calidad de públicos y quienes son aquellos que deben ser cesados en su función. En este sentido, y con idéntico celo al que se han regulado los deberes reforzados que entraña el ejercicio de la función policial, la Constitución prevé respecto de los Magistrados: “todos los jueces son responsables ante la ley de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse en el orden de proceder que en ella se establezca” (El resaltado no pertenece al original). La disposición transcripta, entre muchas otras de similar carácter, concentra un sustrato idéntico al del Estatuto del Funcionario Policial, y que puede resumirse en el siguiente aforismo: del mismo modo en que los jueces no pueden incurrir en conductas que afecten los derechos fundamentales, los funcionarios policiales no pueden quebrantar aquello que están mandatados a proteger. Esta ha sido la tendencia que la Corporación desde mucho tiempo ha seguido en sus pronunciamientos. Justamente, en un caso similar al de obrados, al referir al Estado Policial, el Colegiado dijo: “(...) en dicho Estado, el funcionario debe guardar en todo momento un desempeño probo y ejemplar, que si bien resulta exigible a todo servidor del Estado, se impone con mayor énfasis al funcionario policial y judicial en atención a los “valores” ciudadanos por los que debe velar en todo momento” (Cfe. Sentencia N° 617/2011). Del mismo modo, en otra Sentencia, se sostuvo en términos replicables al ocurrente: “...la responsabilidad del actor -en su condición de funcionario policial- y en un cargo de jerarquía, deriva del denominado “Estado Policial”. En ese sentido, se ha dicho que ese “Estado” se debe preservar dentro y fuera del servicio, en un sentido amplio, al punto que, los derechos, deberes y obligaciones que le son propias, se mantienen aún en situación de retiro” (Cfe. Sentencia N° 425/2008). La aptitud moral requerida desde una primera instancia en nuestro Ordenamiento para la selección de funcionarios públicos, se manifiesta en esa condición que guarda relación con el fiel cumplimiento de los deberes impuestos por el Estatuto que lo rige. A ello, naturalmente, se adiciona la no comisión de conductas tipificadas como delito en la ley penal, así como también a poseer y demostrar aptitudes que no inhabiliten o perjudiquen el cumplimiento de la labor asignada. Todas esas condicionantes conforman el concepto de “aptitud para el ejercicio del cargo”; que expresamente, y desde siempre, han sido adoptadas por el Estatuto del Funcionario Policial. El sistema normativo es proclive a considerar las aptitudes y comportamientos de los interesados ya en una primera evaluación para el ingreso a la función. En esa línea, es dable considerar que el Ordenamiento estatuya una causal de desvinculación, específica y genérica al mismo tiempo, cuando se acredite que las conductas, acciones u omisiones del funcionario demuestran que ha sobrevenido una ineptitud para el ejercicio de cargo. De lo expuesto, entonces, cabe destacar que la aludida potestad de desvincular a los funcionarios por la causal de “ineptitud” se halla conferida constitucionalmente, aunque, desde luego, se encuentre regulada en otros cuerpos normativos de rango inferior que desarrollan y regulan su ejercicio. En segundo término, debe atenderse a que dicha potestad de la Administración es discrecional, concepto que este Colegiado ha desarrollado desde larga data, sobre todo en sus límites. No obstante lo cual, la Administración tiene el poder-deber, por razones de buena administración, de cesar a los funcionarios que no estén aptos moralmente para el ejercicio del cargo que ocupan. Esa es la finalidad asignada al ius puniendi que importa al derecho administrativo sancionatorio, y es la finalidad que debe perseguir un acto como el enjuiciado en estos obrados. En esos términos se pronunció SAYAGUÉS LASO, al expresar con meridiana claridad que: “La administración tiene la obligación de asegurar el correcto funcionamiento de los servicios a su cargo. Para lograrlo es menester que pueda exigir a los funcionarios el cumplimiento estricto de sus deberes y eventualmente sancionar a quienes cometan faltas. Dentro del régimen estatutario que regula la función pública, ese poder jurídico es de principio. Tal es el fundamento y la finalidad de las potestades disciplinarias de la administración. Con este punto de partida la consecuencia lógica es la discrecionalidad en el ejercicio de los poderes disciplinarios. De ahí que proceda aplicar sanciones por cualesquiera faltas a los deberes funcionales, sin necesidad que el hecho esté previamente tipificado como punible. Por lo mismo, la enumeración de hechos punibles realizada por vía reglamentaria tiene carácter taxativo, pudiéndose sancionar discrecionalmente las faltas no previstas, a menos que los textos consagren en forma expresa la solución contraria. Cierto es que con frecuencia las leyes limitan los poderes disciplinarios de la administración fijando las sanciones máximas aplicables, estableciendo procedimientos para su imposición, etc. Pero tales limitaciones deben constar siempre expresamente. La falta susceptible de sanción disciplinaria es todo acto u omisión del funcionario, intencional o culposo, que viole los deberes funcionales. Su gravedad es apreciada discrecionalmente por la administración, a fin de establecer si el hecho merece ser sancionado y qué sanción corresponde aplicar” (SAYAGUÉS LASO, Enrique, “Tratado de Derecho Administrativo”, 8va. Edición, FCU, Montevideo, 2002, p. 310) (El resaltado no pertenece al original). De todo lo dicho, cabe colegir que el concepto de ineptitud –en particular moral- y su justa aplicación hacen a la esencia de un Estado de Derecho. Desde este entendido, sostener que la Administración ha incurrido en un obrar desproporcionado por destituir a un funcionario policial que, lisa y llanamente, empleaba su investidura para un beneficio ilícito y propio, es francamente inadmisible”. (Cf. Sentencias Nos. 752/2019 y 682/2020). VII) En lo que refiere a la entidad de la sanción impuesta, este Tribunal ha sostenido de forma constante que la Administración cuenta con discrecionalidad en su potestad disciplinaria, y salvo evidente desproporción entre la sanción y la falta cometida, la actuación del Tribunal se encuentra vedada en dicha área (Cf. Sentencias Nos. 176/2004, 754/2012 y 659/2013, entre muchas otras). En tal sentido, ha expresado repetidamente que “las sanciones administrativas están al servicio de un orden cuyo mantenimiento pertenece a los órganos que administran y no corresponde al Tribunal determinar la medida de la sanción aplicada ni la adecuación de la pena disciplinaria con las faltas probadas, salvo que la desproporción de aquélla con relación a éstas, revele claramente que la correspondiente resolución haya sido dictada por motivos ajenos a la regularidad del servicio” (Cfme. Sentencias Nos. 723/2007 y 48/2014, entre otras). El actor, puntualmente alega respecto a este tópico, que la sanción resulta desproporcionada por cuanto no se contextualizaron los hechos con la situación familiar que transitaba. En tal sentido, expuso que se probó que no ingería alcohol en forma habitual ni social, sino que la ingesta previa al accidente de tránsito se trató de una situación puntual, determinada en parte por la afectación personal que le causó la separación de su esposa. A juicio de la Corporación, el planteo no puede ser acogido . La ingesta de alcohol derivada de una situación emocional de carácter personal o familiar vivenciada, no puede de ningún modo justificar la decisión de conducir un vehículo -en el caso oficial- en estado de ebriedad. En todo caso, debió avisar de su estado y solicitar su traslado, porque pudo hacerlo; pero no lo hizo, poniendo en riesgo la seguridad de terceros y la suya propia. Sobre el punto, corresponde resaltar lo afirmado por el Juez de Faltas de 2º Turno en la sentencia Nº 85/2016: “Conforme a la tabla de Sintomatología Clínica estadísticamente asociada a los niveles de alcoholemia, el indagado se encontraba en un estado de Excitación (nivel de alcoholemia 0,9 a 2,5), cuyos signos y síntomas asociados son: inestabilidad emocional, pérdida del juicio crítico, trastorno de percepción, disminución de respuesta sensorial, aumento de tiempo de reacción, entre otros” (fs. 914 AA, pieza 2). Por su parte, el hecho de que el vehículo estuviera asignado “por su función y disponibilidad full time” , como señala el actor, no obsta a que como lo señala el artículo 36 del Decreto 30/001, de 23 de enero de 2003, el bien deba ser usado exclusivamente para los servicios de su cargo. Tal previsión normativa prevé, bajo el nomen iuris “Prohibición de uso indebido de bienes públicos” : “Los funcionarios públicos deberán utilizar los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al organismo público en que revistan o asignados a su uso o consumo exclusivamente para el funcionamiento de los servicios a su cargo. Está prohibido el uso de locomoción, combustible, repuestos y servicios de reparaciones de cargo de toda fuente de fondos públicos, por parte de cualquier funcionario público, fuera de lo estrictamente necesario para el cumplimiento de sus tareas. En ningún caso el ejercicio de una función pública podrá implicar la libre disponibilidad de un vehículo perteneciente a cualquier organismo o afectado a su uso, fuera de los requerimientos del servicio en sentido estricto , salvo las excepciones dispuestas legal y reglamentariamente. Los vehículos pertenecientes al organismo público o asignados a su uso deberán ser guiados por personal con licencia habilitante y no podrán ser aplicados para usos de índole particular, salvo los casos excepcionales debidamente justificados por la autoridad competente”. De modo que la Sede comparte lo expuesto por la Administración en su alegato cuando afirma: “Una Institución como la Policial, comprometida en prevenir y erradicar el desorden público, en hacer cumplir las leyes y reglamentos, no se puede permitir tener en sus cuadros a un funcionario policial que irreflexivamente, negligentemente infrinja conscientemente una norma tan básica como la que prohíbe expresamente conducir alcoholizado cualquier vehículo, y menos aun uno que había sido confiado a su cuidado. Alguien que, además, siendo Oficial Superior de la policía debería dar el ejemplo en un accionar prudente y diligente; y que pudiendo prever que el consumo excesivo podría alterar su conciencia, no evitó poner en riesgo a otras personas, siendo que pudo solicitar ser trasladado a su lugar de destino, sin necesidad de conducir el vehículo en esas condiciones”. (fs. 220 infolios). VIII) Tampoco habrá de compartirse el agravio del actor, fincado en que la Administración vulneró el principio de igualdad. En este tópico, el pretensor sostiene que son muchos los funcionarios policiales de alta jerarquía -que conoce- que protagonizaron hechos similares, sin embargo la Administración les aplicó sanciones mucho menos rigurosas, lo que supone un tratamiento diferencial a su respecto. Es valor entendido que el precedente administrativo no obliga a la Administración, ni tampoco al órgano jurisdiccional. Al respecto se ha señalado que: “El argumento de lo decidido por la Administración en casos anteriores, no es valedero, ya que la norma constitucional (artículo 310) ordena que el Tribunal aprecie el acto en sí mismo; esto es, limitándose al acto concreto y a la también concreta situación en que se inserta, para examinar si, en la ocasión, se ha transgredido la legalidad aplicable; pero en modo alguno, hacer juicio de conveniencia en relación a las soluciones que la Administración diera, con anterioridad, en casos similares”. (Cf. Sentencias Nos. 18/1987, 177/1989, 809/2000). No obstante lo anterior, la documentación aportada por la demandada, a solicitud del accionante (carpeta de documentación en 66 fs.) no aporta elementos que permitan traslucir la discriminación que alega. Ha de verse, en todo caso, que cada situación fáctica es diferente, con sus particularidades específicas, extremos que no permiten parangonarlas unívocamente al caso de obrados a efectos de amparar el agravio convocado. Particularmente, la situación que identifica el accionante respecto del jerarca CARDOZO, quien protagonizó dos accidentes de tránsito en el período de 5 años (2012 y 2017) (vide numeral 35 y 39 in fine de escrito de alegatos, fs. 213 infolios), no permite asimilarse con la suya desde que en ambos accidentes protagonizados por dicho jerarca, la espirometría a él realizada fue 0,00 (fs. 6 y vto. y 19 y vto. de la carpeta de documentación en 66 fs.), mientras que la efectuada al pretensor arrojó 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre. (fs. 51 AA, pieza 1). IX) Por último y como viene de analizarse, tampoco resultan amparables los agravios fincados en la arbitrariedad y desviación de poder en el accionar de la Administración. Las situaciones o hechos en los que el reclamante sustenta tales vicios, no resultaron acreditados en la especie. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).