Sentencia Definitiva N° 596/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 9 de diciembre de 2021. No. 596 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ FLEITAS AIROLDI, CARMEN SUSEL con ESTADO . MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Acción De Nulidad” (Ficha No. 405/2018). RESULTANDO : I) Surge de fs. 5 que el 18 junio de 2018 la actora dedujo demanda de nulidad contra el Oficio 116/DGRRFF/SEC/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017, dictada por el Director General de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa Nacional, que desestimó la petición formulada para que se le abonara la compensación prevista para Jefes de Sección y la partida de alimentación (fs. 12 y 13 A.A. en 51 fs.). Manifestó que era funcionaria presupuestada del Ministerio de Defensa Nacional en el cargo de Jefe de Sección Administrativo Escalafón C Grado 12, y que se encontraba prestando funciones en régimen de pase en comisión en Presidencia de la República según Resolución P/1714 de fecha 7 de abril de 2017. Afirmó que le correspondía percibir la compensación establecida por el Decreto Nº 140/017 por realizar tareas de alta responsabilidad, especialización y dedicación. Sostuvo la ilegitimidad de la resolución impugnada por ser contraria a lo dispuesto por el artículo 32 inciso 6 de la Ley No. 15.851 en la redacción dada por el artículo 67 de la Ley No. 17.556, y por el artículo 32 de la Ley No. 13.640, que establecían que los funcionarios en comisión continuarían gozando de todos y cada uno de los beneficios que se otorgaran por sus oficinas de origen, como si continuaran prestando servicios en ellas. Indicó que la Administración había actuado con desviación de poder por disociación entre el fin debido y el perseguido con el dictado del acto, y que se había vulnerado e l artículo 91 del Decreto 500/991 al no surgir la notificación personal del acto. Postuló que la compensación solicitada estaba regulada en el artículo 92 de la Ley N o. 18.362, reglamentada en el Decreto No. 140/017, y destinada a compensar a los funcion arios que desempeñaran tareas prioritarias para el cumplimiento de los cometidos sustantivos y con un alto grado de especialización y dedicación. Agregó que los artículos 596 y 597 del TOFUP había n creado una ficción jurídica por la cual los funcionarios en comisión debían ser considerados como si prestaran servicios en su lugar de origen a tod os los efectos y, en particular en cuanto a la remuneración , cualquiera fuera su naturaleza. Consideró que el no pago de la compensación debida por el cargo que o cupaba generaba un uso indebido de los recursos a favor de la administración, afectaba el principio de legalidad, y tornaba aplicable la teoría del acto propio. Concluyó que el acto carecía de motivación, y solicitó su anulación. II) El 13 de agosto de 2018 e l representante de la demandada interpuso la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa (fs. 19 a 21). III) Por Decreto Nº 6426/2018 se dio traslado del excepcionamiento opuesto (fs. 23) que fue evacuado por la actora en los términos de fs. 28 y ss. IV) Por Dictamen No. 728/18 el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo aconsejó rechazar la excepción opuesta (fs. 33), y por Decreto Nº 446/2019 se pusieron los autos para Resolución (fs. 35). V) Por Sentencia Interlocutoria Nº 143/2019 de fecha 21 de marzo de 2019 el Tribunal desestimó la cuestión formal planteada y declaró debidamente agotada la vía administrativa (fs. 36 a 38). VI) El 26 de junio de 2019 compareció nuevamente el representante de la de mandada, contestando la demanda incoada (fs. 42 y ss.). Citó el artículo 32 inciso 6 de la Ley Nº15.851 en la redacción dada por el artículo 67 de la Ley Nº 17.556, el artículo 92 de la Ley Nº 18.362 y el artículo 1 de la Ordenanza 80/009 del Ministro de Defensa Nacional, y sostuvo que, de acuerdo a la normativa referida, el pago de la compensación a funcionarios en comisión en otro organismo no resultaba procedente ya que aquél que se desempeñara fuera de la Unidad Ejecutoria 001 “Dirección General de Se cretaría” no se encontraba comprendido por mandato legal como posible beneficiario. Afirmó que las normas establecían que no alcanzaba con ocupar un cargo dentro de la referida unidad, sino que era necesario el efectivo cumplimiento de funciones en la m isma y la realización de las particulares tareas que exigía el marco normativo. Rechazó la alegada desviación de poder y señaló que la administración se había ceñido estrictamente a la normativa aplicable y había actuado discrecionalmente conforme a sus potestades. Controvirtió el uso indebido de los recursos de la administración y el exceso o abuso de poder. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. VII) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fojas 100. VIII) Alegaron por su orden: la actora a fs. 103 y ss. y la demandada a fs. 107 y ss. IX) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen No. 57/2021 que obra a fs. 112, aconsejando anular el acto impugnado. X) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) Se han acreditado los extremos legales requeridos por la normativa v igente (artículos 4 y 9 de la Ley N°15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, por Sentencia Interlocutoria Nº 143/2019 de fecha 21 de marzo de 2019 el Tribunal desestimó la cuestión formal planteada y declaró debidamente agotada la vía administrativa (fs. 36 a 38). II) El Tribunal, por mayoría y de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, amparará la demanda y anulará el acto impugnado. III) La esencia de los agravios y el objeto del proceso estriba en determinar si correspondía o no que a la actora se le liquidara la compensación dispuesta por la Decreto Nº 140/017 por el período en que aquélla se encontraba en situación de “pase en comisión”, de conformidad con lo dispu esto por el artículo 32 inciso 6 de la Ley Nº 15.851 en la redacción dada por el artículo 67 de la Ley Nº 17.556, y por el artículo 32 de la Ley Nº13.640. La accionante centra su argumentación en lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Nº 17.556 que, al regular la situación de los funcionarios que pasen a desempeñar tareas de asistencia directa al Presidente de la República (como es el caso de obrados), Vicepresidente de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios y Legisladores Nacionales, estable ce que: “los indicados traslados en comisión no tendrán otro efecto que la prestación de la actividad al servicio y a la orden de quien formula la solicitud. Los funcionarios mantendrán su condición, ya sea de presupuestados o contratados, debiendo considerárseles como si prestaran servicios en su lugar de origen, en particular en cuanto refiera a la carrera administrativa, a la renovación de sus contratos, a la bonificación de sus servicios a los efectos jubilatorios, y a su remuneración, cualquiera sea s u naturaleza, incluyendo aquellas que tengan por condición la prestación efectiva de tareas en el organismo. Lo dispuesto no será de aplicación para aquellas partidas que por norma legal expresa tuviesen un tratamiento diferente.” Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional fundamentó su tesis de que no correspondía abonar la compensación en que, si bien en el caso regía el artículo 67 de la Ley Nº 17.556, estaban excluidas aquellas partidas que por norma legal expresa tuviesen un tratamiento diferente. Dicha norma legal expresa era el artículo 92 de la Ley Nº 18.362, que financiaba el pago de compensaciones a los funcionarios que desempeñaban tareas prioritarias para el cumplimiento de los cometidos sustantivos del Ministerio de Defensa Nacional y con un alto grado de especialización y dedicación, de acuerdo con la reglamentación que aprobara el Poder Ejecutivo, y la reglamentación había determinado que el pago se destinaba a funcionarios que se desempeñaran en la Unidad 001, “Dirección General de Secretaría”, con independencia de dónde revistieran presupuestalmente. De ahí se extraía la conclusión que el desempeño en comisión había colocado a la actora fuera de la hipótesis prevista por la normativa y que, por tanto, no tiene derecho al cobro de la compensación. IV) Entiende el Tribunal, en mayoría, que en el caso corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley No. 13.640 que dispone: “Los funcionarios a que se refiere el artículo anterior continuarán gozando de todos y cada un o de los beneficios que se otorguen por sus oficinas de origen, como si continuaran prestando servicios en ellas. Asimismo, se mantendrán en las respectivas planillas los cargos presupuestados que ocupen con sus correspondientes dotaciones y percibirán las diferencias de sueldo que surjan entre la asignación básica del cargo que pasen a desempeñar y el sueldo base, más progresivos, compensaciones y cualquier otro tipo de remuneración que perciban en sus oficinas de origen con las excepciones a que hace menc ión el artículo 29 de la ley No. 13.586, de 13 de febrero de 1967, modificado por el artículo 447 de esta ley”. También entiende que lo previsto en dicha norma es asimilable a lo establecido en el citado artículo 67 de la Ley Nº 17.556. Como consignó en su voto el Sr. Ministro Dr. Eduardo VÁZQUEZ CRUZ: “Lo que se debe dilucidar en el presente, es la naturaleza jur ídica de dicha partida, ya que la accionante señala que se trata de una partida salarial. La norma en que se fundamenta el pase en comisión de la actora es el art. 32 de la Ley Nº 13.640 que dispone que los funcionarios “continuarán gozando de todos y cada uno de los beneficios que se otorguen por sus oficinas de origen, como si continuaran prestando servicios en ellas”, esta norma se extiende a todos los programas de la Presidencia de la República mediante lo establecido en la Ley Nº 13.892 art, 25. El sentido de estas normas es asimilable al consignado en la Ley Nº 17.556 art. 67, aplicable a pases de comisión en asistencia directa al Presidente de la República, Vicepresidente, Ministros, Subsecretarios y Legisladores.” También el Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse en casos análogos y ha sostenido que se impone la anulación de actos como el encausado por cuanto contrarían la regla específica consagrada por el artículo 67 de la Ley Nº 17.556 (sentencias Nos. 751/2013, 179/2014, 487/2014, 666/2017, 820/2017, 450/2018 entre otras). La disposición legal de mención consagra una ficción para asegurar a los funcionarios que presten funci ones en comisión en determinadas dependencias el cobro de la misma remuneración que percibían en su organismo de origen, incluyendo aquellas partidas que requieren el ejercicio efectivo de tareas, con la única salvedad de aquellas que hubieran sido exceptuadas por Ley, extremo que claramente no se da en el caso. En este sentido, es claro que la excepción al cobro de la compensación respecto de los funcionarios que no presten servicios en el organismo carece de todo respaldo legal y contraviene lo dis puesto por el multicitado artículo 67 de la Ley Nº 17.556. Es de verse que fue el artículo 92 de la Ley Nº 18.362 el que estableció la compensación solicitada, tal como surge del texto que se transcribe: “Incrementase, a partir de la promulgación de la presente ley, en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría de Estado", el Grupo 0 "Retribuciones Personales", Financiación 1.1 "Rentas Generales", en $ 6. 302.000 (seis millones trescientos dos mil pesos uruguayos) anuales con destino a compensar a los funcionarios que desempeñen tareas prioritarias para el cumplimiento de los cometidos sustantivos del mismo y con un alto grado de especialización y dedicación, de acuerdo con la reglamentación que apruebe el Poder Ejecutivo. La Contaduría General de la Nación habilitará un objeto de gasto específico, en la categoría "Compensación Especial" según lo previsto en el artículo 51 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007”. Ahora bien, la Ordenanza 80/00 9 de 15 de julio de 2009, que reglamentó las condiciones que debían cumplir quienes fueran propuestos para recibir la citada compensación , es una norma posterior y específica para el MDN, por lo que prevalece la norma legal en aplicación del principio de j erarquía de las normas y por tratarse de una ley especial que regula la situación de los funcionarios estatales "en comisión" sin distinguir el organismo de origen o pertenencia. En similar sentido, en reciente Sentencia Nº 210/2020 se sostuvo que: “En definitiva la ficción implica que deba hacerse de cuenta como si el funcionario prestara funciones en el organismo de destino, continuara trabajando en el organismo de origen. A modo gráfico podríamos decir que más que una foto que se toma al momento de la salida en comisión del funcionario, debe de hacerse de cuenta que la película sigue en el organismo de origen, es una ficción consagrada por la ley. Por su parte Marina GASCÓN ABELLÁN, enseña que la ficción no se orienta a dar por verdadero un hecho cual quiera, sino un hecho que es necesariamente falso, pero con “… una falsedad que es por completo asumida”. Las ficciones “… no se orientan a fijar una realidad empírica, sino a atribuir a ciertos hechos el mismo tratamiento jurídico previsto para otros hechos claramente distintos” (Gascón Abellán, Marina “Los hechos en el derecho”, Marcial Pons, Madrid, 2004, pág. 148). Los funcionarios en comisión no se desempeñan en el organismo de origen, que abandonan para pasar al de destino a brindar funciones en comisión. Pero la ficción legal del artículo 67 de la ley 17.556, nos ordena a hacer de cuenta como si nada hubiera cambiado, como si siguieran prestando funciones en el organismo de origen, a todos los efectos y puntualmente en lo que nos interesa en nuestro caso, a los efectos retributivos (sentencia Nº 875/2011). Así se expresa: “Si el legislador con la ficción legal consagrada mandata considerar las funciones desempeñadas por los funcionarios en comisión como desplegadas en su organismo de origen, va de suyo que corresponde considerar la modalidad en que debían de ejecutarse, en el organismo de origen las tareas. En estos casos, en que legalmente se da a ciertas situaciones de hecho una calificación manifiestamente contraria a la realidad ontológica, e incluso a su concepción comúnmente admitida, la ficción legal se contrae propiamente a una simplificación de la que se ayuda el legislador para dotar declaradamente a cosas o situaciones diferentes de un mismo tratamiento jurídico (Luna Serrano, Agustín “ Las ficciones del derecho en el discurso de los juristas y en el sistema del ordenamiento” Pontifica Universidad Javeriana, Editorial Temis, 1º Edición, Bogotá, 2013, págs. 95 y 96).” En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artícu lo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, en mayoría FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscale s, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Cor ujo, Dra. Klett (d.), Dr. Simón (d.) Dr. Marquisio. (Sec. Letrado). Dr. Luis María Simón DISCORDE: He votado por desestimar la demanda de autos y por ende, dejar firme el acto impugnado, sin especial sanción en costas ni costos. No comparto las opiniones de la mayoría ni del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso-Administrativo. Tanto el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso - Administrativo como los Sres. Ministros integrantes de la mayoría , entienden que la normativa legal que regula e l pase en comisión de la actora es la disposición contenida en el art. 67 de la Ley No. 17.756. En el mismo sentido, el Ministerio de Defensa Nacional, al contestar la demanda invoca esa disposición (fs. 44 infolios). Sin embargo, a estar al texto de la Resolución que dispuso el pase en comisión, así como a la Oficina en donde la actora pasó a desempeñar funciones, la disposición referida no es la aplicable. Ello determina que la solución adoptada en mayoría no sea, a mi juicio, la adecuada. En efecto, la actora, funcionaria del Ministerio de Defensa Nacional, presupuestada en el cargo Jefe de Sección Administrativo, Escalafón C, Grado C, desarrolla tareas en comisión en la Oficina Nacional del Servicio Civil, desde el 7 de abril de 2017. La recla mante peticionó el pago de la compensación para Jefe de Sección y partida de alimentación diaria que le era suministrada cuando concurría al M inisterio y dejó de percibir cuando se dispuso su pase en comisión (AA fs. 6 en 52 fs.). La compensación que la a ctora reclama fue establecida por el art. 92 de la Ley No. 18.362 para los funcionarios de la Unidad Ejecutora 001 “Dirección General de Secretaría de Estado” del Inciso 03 “Ministerio de Defensa”, para el desempeño de determinadas tareas. Este artículo fue reglamentado por el Decreto No. 793/008, norma cuyo artículo 2 dispone: “Los Directores Generales de Secretaría, de Recursos Humanos, de Recursos Financieros y de Servicios Sociales propondrán a los funcionarios destinatarios de la compensación, siend o necesaria la aprobación del señor Ministro de Defensa Nacional para su liquidación”. Por su parte, por Ordenanza 80/009, de fecha 15 de julio de 2009, el Ministerio de Defensa Nacional, reglamentó las condiciones que deben cumplir quienes sean propues tos para recibir la citada compensación y especialmente estableció los criterios para considerar a los funcionarios dentro de las tres categorías previstas en el citado Decreto (profesionales, técnicos e idóneos; AA fs. 19-21 en 51 fs.). En particular, l a Ordenanza establece pautas que deben observarse para poder percibir el beneficio, que tiene relación no solo con las tareas desarrolladas, sino también que las mismas se lleven a cabo regularmente y con asiduidad. Conforme señala la mayoría, el Tribunal tiene firme jurisprudencia en relación con que el art. 67 de la Ley No. 17.556 consagra una ficción para asegurar a los funcionarios que desempeñan funciones en comisión en determinada dependencia, el cobro de la misma remuneración que percibían en e l organismo de origen, incluyendo aquellas partidas que requieren el ejercicio efectivo de las tareas respectivas, con la única salvedad de aquellos rubros que hayan sido expresamente exceptuados por ley (Sentencia s No. 751/2013, 179/2013, 179/2014, 487/20 14, 820/2017, 450/2018, 210/2020, 102/2020, entre otras). El art. 67 aludido, luego de autorizar el traslado en comisión de funcionarios de organismos públicos estatales y no estatales, para desempeñar tareas de asistencia directa al Presidente de la Rep ública, al Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los Subsecretarios y a los Legisladores Nacionales, a expresa solicitud de éstos, dispone: “(…) Los indicados traslados en comisión no tendrán otro efecto que la prestación de la activ idad al servicio y a la orden de quien formula la solicitud. Los funcionarios mantendrán su condición, ya sea de presupuestados o contratados, debiendo considerárseles como si prestaran servicios en su lugar de origen, en particular en cuanto refiera a la carrera administrativa, a la renovación de sus contratos, a la bonificación de sus servicios a los efectos jubilatorios, y a su remuneración, cualquiera sea su naturaleza, incluyendo aquellas que tengan por condición la prestación efectiva de tareas en el organismo. Lo dispuesto no será de aplicación para aquellas partidas que por norma legal expresa tuviesen un tratamiento diferente.” Ahora bien, en el presente caso, a mi criterio corresponde apartarse de la jurisprudencia referida, en atención a que el supuesto normativo que regula la situación de la actora es diferente al que sustentara aquellos pronunciamientos. Según se indicara, el pase en comisión de la actora no lo fue para prestar tareas de asistencia directa al Presidente de la República, sino para prestar funciones en la Oficina Nacional del Servicio Civil. Tal como surge de la resolución agregada a fs. 7 de los antecedentes (carpeta rosada en 208 fs.) la solicitud del pase en comisión fue formulada por la OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIV IL (Visto) y fue dispuesta por el Sr. Presidente de la República al establecerse en su parte resolutiva: “Dispónese el pase en comisión de la funcionaria del Ministerio de Defensa Nacional, Sra. Carmen Susel F LEITAS AIROLDI, para prestar servicios en el I nciso 02 “Presidencia de la República” Programa 483 “Políticas de Recursos Humanos”, Unidad Ejecutora 008 “Oficina Nacional del Servicio Civil (...)” ; invocándose como normativa aplicable en el Atento: “(...) art. 31 y 32 de la Ley No. 13.640 de 26 de diciembre de 1967, artículo 29 de la Ley No. 14.106 de 14 de marzo de 1973 y artículo 91 del Decreto Ley No. 14.189 de 30 de abril de 1974”. El artículo 31 de la Ley No. 13.640 dispone: “Autorízase a la Presidencia de la República a disponer, previa solici tud fundada del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los funcionarios de organismos públicos estatales y no estatales que pasen a prestar servicios en comisión por el tiempo que se estime necesario en cada caso en la mencionada Oficina.” Por su parte, el art. 32 establece: “Los funcionarios a que se refiere el artículo anterior continuarán gozando de todos y cada uno de los beneficios que se otorguen por sus oficinas de origen, como si continuaran prestando servicios en ellas. Asimismo, s e mantendrán en las respectivas planillas los cargos presupuestados que ocupen con sus correspondientes dotaciones y percibirán las diferencias de sueldo que surjan entre la asignación básica del cargo que pasen a desempeñar y el sueldo base, más progresivos, compensaciones y cualquier otro tipo de remuneración que, perciban en sus oficinas de origen con las excepciones a que hace mención el artículo 29 de la Ley No. 13.586, de 13 de febrero de 1967, modificado por el artículo 447 de esta ley.” El art. 29 de la Ley No. 14.106 y el art. 91 del Decreto -Ley No. 14.189, hicieron extensivas aquellas disposiciones de la Ley No. 13.640 a todos los Programas del Inciso 02 Presidencia de la República. De manera que, al haber pasado a cumplir funciones en la ONSC , unidad ejecutora con autonomía técnica, dependiente de Presidencia de la República, no resulta aplicable la norma consagrada en el art. 67 de la Ley No. 17.556. Por ello, la solución adoptada por la Corporación en las sentencias cuyo régimen jurídico a plicable es el art. 67 de la Ley No. 17.556, no deviene trasladable al caso de autos. Ello obedece a que el artículo 32 de la Ley No. 13.640 no incluye a texto expreso “aquellas partidas que requieren el ejercicio efectivo de tareas”. En definitiva, la disposición aplicable a la situación de la actora no contempla el cobro de partidas extraordinarias que requieran el desempeño efectivo de tareas, que el legislador reservó para aquellos funcionarios que se desempeñen en comisión, en tareas de asistencia directa al Presidente de la República, Vicepresidente, Legisladores, etc.. Por tales razones, he votado por desestimar la pretensión anulatoria, pues considero que el acto impugnado no es ilegítimo. Dra. Selva Klett, DISCORDE: por cuanto entiendo que co rresponde confirmar el acto impugnado. En obrados, la pretensión anulatoria se dirige en contra de la Resolución del Director General de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa Nacional de 13 de noviembre de 2017, mediante la se desestimó la petición de la actora a fin de que se le abonara la compensación prevista para Jefes de Sección. En este proceso, entonces, el análisis de legitimidad se circunscribe a una cuestión de puro derecho, dada por la especificación de si procede o no la "Com pensación Especial" para aquellos funcionarios que desempeñen tareas prioritarias. En lo que dice relación a la situación estatutaria de los funcionarios en pase en comisión, cabe distinguir dos órdenes normativos, de acuerdo al lugar en que desempeñen funciones en comisión. Por una parte, el art. 67 de la ley 17.556 de 18 de setiembre de 2002, prevé los pases en comisión en el ámbito de asistencia directa “al Presidente de la República, al Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los Subsecretarios y a los Legisladores Nacionales”. El referido supuesto normativo no resulta de aplicación al caso de autos, donde el pase en comisión fue dispuesto hacia la Oficina Nacional del Servicio Civil. En su mérito, debe estarse al régimen de pases en comisión estatuido por los arts. 31 y 32 de la ley 13.640 de 26 de diciembre de 1967, que resulta de aplicación en obrados. El Tribunal, en reciente pronunciamiento, ha tenido oportunidad de analizar ambos regímenes de pases en comisión. Al respecto , en términos mutatis mutandis reproducibles en obrados, se indicó: “Para la resolución del caso a estudio, huelga analizar la normativa en la que efectivamente se fundó la Resolución P/1854 mediante la cual el Presidente de la República dispuso el pase en comisión de la promotora a las dependencias de AGESIC. Así, el artículo 31 de la Ley No. 13.640 autoriza a la Presidencia de la República para que, a solicitud fundada del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, disponga que funcionarios d ependientes de las reparticiones de la Administración Central, de los Entes Autónomos, de los Servicios Descentralizados y de los Gobiernos Departamentales, pasen a prestar servicios por el tiempo que se estime necesario en la mencionada Oficina. Por su parte, el artículo 32 del mismo cuerpo normativo, estableció que: “Los funcionarios a que se refiere el artículo anterior continuarán gozando de todos y cada uno de los beneficios que se otorguen por sus oficinas de origen, como si continuaran prestando servicios en ellas. (…)”. Finalmente, las últimas normas mencionadas en el acto que dispuso el pase en comisión fueron: el artículo 29 de la Ley No. 14.106 y el artículo 91 del Decreto Ley 14.189, los cuales hicieron extensivas aquellas disposiciones de la Ley No. 13.640 a todos los Programas del Inciso 02 Presidencia de la República. Con ello, resultan alcanzadas por tal régimen las comisiones que se realicen en AGESIC, Organismo que integra la Unidad Ejecutora 10 de dicho Inciso. De manera que, a juicio de la Corporación, no resulta traspolable al caso, la solución adoptada por el Tribunal en las sentencias citadas anteriormente (fallos Nos. 210/2020, 102/2020, 450/2018, entre otras) cuyo régimen jurídico aplicable sí era el artículo 67 de la Ley No. 1 7.556. Y ello, porque el artículo 32 de la Ley No. 13.640 no incluye a texto expreso “aquellas partidas que requieren el ejercicio efectivo de tareas”. Del análisis de las normas citadas, se desprende que cuando el legislador quiso incluir en la remuner ación de los funcionarios en comisión tales partidas (“aquellas partidas que requieren el ejercicio efectivo de tareas”), lo mencionó en forma expresa. No siendo el caso - como se señalara - del artículo 32 de la Ley No. 13.640 aplicable al caso que nos ocupa. En definitiva, la disposición aplicable a la actora no contempla el cobro de partidas extraordinarias que requieran el desempeño efectivo de tareas, que el legislador reservó para aquellos funcionarios que se desempeñen en comisión, en asistencia dir ecta al Presidente de la República, Vicepresidente, Legisladores, etc.” ( Sentencia Nº 173/2021, los destacados no son de la sentencia). En consonancia con tales entendimientos, importa concluir que el estatuto del pase en comisión de la actora no compren de a aquellas partidas que “requieren el ejercicio efectivo de tareas” y que, a su vez, la compensación especial que reclama se inserta dentro de la anunciada tipología de partidas. Sobre lo último, es decir, la naturaleza jurídica de la compensación, surge que su razón de ser está dada por el “desempeño de tareas prioritarias para el cumplimiento de los cometidos sustantivos” del Ministerio de Defensa Nacional, lo cual, sin dudas, supone la prestación efectiva de tareas como presupuesto de percepción de la partida. Asimismo, si bien es de Perogrullo, la referida característica de prestación efectiva de tareas, a diferencia de lo postulado en la demanda, corresponde que sea considerada en relación al organismo de origen del funcionario en comisión. En conc reto, la comprensión del ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de la compensación está dado por funcionarios del MDN que realizan determinadas tareas comprendidas en la reglamentación de la compensación. Dado, entonces, que la actora pasó a desempeña r funciones en comisión, indistintamente de las tareas asignadas en su nuevo destino, ésta ya no se encuentra comprendida en el ámbito de aplicación de la partida, por lo cual la conducta asumida por la Administración, de no abonar la partida, resulta legítima y no merece ningún reproche jurídico. Por estos argumentos, en suma, voto por confirmar el acto impugnado.