Sentencia Definitiva N° 593/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 9 de diciembre de 2021. No. 593 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “RODRIGUEZ PUÑALES, ALBERTO con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 429/2019). RESULTANDO : I) El actor dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución DP Nº 145/2018, de 3 de octubre de 2018, emitida por la Gerencia de Prestaciones Económicas, Área Pasivos del Banco de Previsión Social, mediante la cual se dispuso: “1ro.) Referente a la solicitud de Jubilación nro. 165506752 planteada por ALBERTO- RODRIGUEZ PUÑALES (…) 2do.) Se deniega por no cumplir los extremos exigidos para la causal (…)” (fs. 123 vto. a 124, en carpeta verde de 158 fojas, A.A.). En necesaria síntesis, el actor argumentó que son dos las razones por las cuales impugna el acto encausado: i) corresponde aplicar el Convenio de Seguridad Social entre Estados Unidos de América y la República Oriental del Uruguay; y ii) corresponde computar como servicios bonificados los prestados en ANSE. En primer lugar, se encuentra vigente el Convenio de Seguridad Social entre los Estados Unidos de América y la República Oriental del Uruguay, por lo cual es procedente el reconocimiento y cómputo de los servicios que desempeñó en dicho país entre los años 2001 y 2018. En segundo término, no se computaron los servicios bonificados que desempeñó en la Administración Nacional de Servicios de Estiba (ANSE), desde 1978 a 1992, y desde 1999 a 2001. Los mismos fueron computados como servicios ordinarios, cuando conforme a los artículos 36 y 37 de la Ley No. 16.713, 1 literal D) del Decreto Nº 502/1984 y 47 a 48 del Decreto Nº 125/1996, debieron computarse como servicios bonificados, sumando cinco años por cada cuatro de servicios prestados. Si bien, figura en los documentos del BPS que el compareciente aparentemente se desempeñaba cumpliendo tareas de “manejo de grúas” , lo cierto es que en aquel entonces a veces debía trabajar en bodegas de los barcos, donde la temperatura de las cámaras de frío era muy inferior a los veinte grados bajo cero que requiere la norma. Esta labor se desempeñó por más de diez años, lo que determina la aplicación de la normativa correspondiente. Sin perjuicio de lo que antecede, afirmó que se ofrecerían testigos para acreditar las condiciones de trabajo en ANSE durante el período en que se desempeñó señalando que resulta de aplicación el principio de verdad material. En último lugar, afirmó que es deber de la Administración constatar la existencia de servicios bonificados, indicando que el BPS ha resuelto casos similares reconociéndolos, por lo que corresponde idéntica solución en este caso. De lo contrario, se afectaría el principio de igualdad. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado (fs. 2 bis a 5). II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación del Banco de Previsión Social- la Dra. Silvia Tubino, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. Tal como surge de los antecedentes, el titular efectuó su solicitud de jubilación el 21 de junio de 2018 y en dicha oportunidad se le asesoró que el Convenio con Estados Unidos es incompatible con la aplicación del Convenio Nº 42, por lo que, de solicitarlo en el futuro, el ficto sería dado de baja. No obstante, si el titular hubiese renunciado a la aplicación de tal Convenio, tal como surge del informe de la oficina especializada de 23 de julio de 2019, la prueba que presentó el actor fue una tarjeta con un número que identificó el pago de impuestos, lo que no representa cotizaciones ante el SSA (“Social Security Administration”). Resulta indudable que ninguna prueba de actividad o remuneraciones presentó el titular para que se pudiera acceder a la incorporación de los años que indica como trabajados en el exterior. Y ello, constituye un extremo insoslayable contrario a su interés. Con relación a los años que indica se le deben considerar “bonificados”, trabajados para ANSE, se dio intervención a Medicina Ocupacional y la Gerencia de Salud informó que la empresa cerró su actividad en el año 1992 y con el solo relato del actor no resulta posible recomendar la aplicación del Decreto Nº 502/1984. En suma, abogó por el mantenimiento del acto (fs. 12 a 14). III) Por decreto No. 7046/2019 (fs. 16) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 46. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 40-41 vto. y fs. 49-50 vto., respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 546/2020 y aconsejó la confirmación del acto encausado (fs. 53 a 54 vto.). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 56). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución de la República artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869, de 22 de junio de 1987, artículos 4, 8 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución DP Nº 145/2018, se emitió el 3 de octubre de 2018 (fs. 123 vto. a 124, A.A.) y se notificó el 17 de octubre de 2018 (fs. 124 vto. a 125, A.A.). El 29 de octubre de 2018, se interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 126 a 126 vto., A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días, sin que la Administración resolviera hasta ese momento el último de los recursos, el 24 de mayo de 2018. La demanda se interpuso dentro del término legal, el 24 de julio de 2018 (nota de cargo, fs. 6). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 53 a 54 vto.) y dispondrá la confirmación del acto, por los fundamentos que se habrán de explicitar. En esencia, los agravios que esgrimió el actor pueden resumirse así: 1º) Se encuentra vigente el Convenio de Seguridad Social entre los Estados Unidos de América y la República Oriental del Uruguay , por lo cual es procedente el reconocimiento y cómputo de los servicios que desempeñó en dicho país, entre los años 2001 y 2018. 2º) Corresponde computar como servicios bonificados los prestados en ANSE , desde 1978 a 1992, y desde 1999 a 2001, según lo dispuesto por los artículos 36 y 37 de la Ley No. 16.713, 1 literal D) del Decreto Nº 502/1984 y 47 a 48 del Decreto Nº 125/1996. Si bien figura en los documentos del BPS que el compareciente aparentemente se desempeñaba cumpliendo tareas de “manejo de grúas”, lo cierto es que en aquel entonces a veces debía trabajar en bodegas de los barcos, donde la temperatura de las cámaras de frío era muy inferior a los veinte grados bajo cero que requiere la norma. Esta labor se desempeñó por más de diez años, lo que determina la aplicación de la normativa correspondiente. 3º) El BPS ha resuelto casos similares reconociéndolos , por lo que corresponde idéntica solución en este caso. De lo contrario, se afectaría el principio de igualdad. A continuación, se procederá al estudio de los agravios formulados por el accionante. III) De acuerdo con la información emergente de los antecedentes, el actor presentó su solicitud de jubilación el 21 de junio de 2018, oportunidad en la que se dejó expresa constancia que “Se asesora al titular de que todavía no se ratifica el Convenio con Estados Unidos y que es incompatible con aplicación del Comunicado 42, por lo que, de solicitarlo en el futuro, el ficto será dado de baja. Las empresas “A.N.S.E.” y “Jockey Club” anteriores a 1996 se encuentran cerradas en la actualidad. El titular solicita aplicar el Comunicado 42 por los servicios que no se logren documentar en la búsqueda de archivo. (…) Se pone en conocimiento al titular que la carga de la prueba es de su responsabilidad, Art. 67 y Art. 78 de la R.D. 40-2/97; por lo que cuenta con treinta días de plazo para proporcionar la documentación que se le requiriera; en caso de no presentar la misma se proyectará Resolución con los elementos con que cuenta la Administración. ” (fs. 115 a 115 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). Ahora bien, con posterioridad al dictado del acto encausado, el actor se presentó el 23 de julio de 2019, ante la Oficina de Convenios Internacionales a realizar su solicitud de jubilación según el Convenio con Estados Unidos y presentó una tarjeta con número (950-75-1291) que identifica el pago de impuestos, siendo asesorado que dicha tarjeta “no representa cotizaciones ante el SSA (Social Security Administration) , por lo que no se le reconocerían cotizaciones ni le correspondería beneficio, sin perjuicio de que si en algún momento desea realizar la solicitud podrá hacerlo (…)” (fs. 136, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). De lo precedentemente señalado se desprende que, inicialmente, cuando el actor presentó su solicitud de jubilación se le informó, por un lado, que el Convenio con Estados Unidos de América no estaba vigente y que al solicitar la aplicación del Convenio Nº 42 el primero no podría resultar de aplicación. Y a posteriori, cuando el Convenio con aquel país sí estuvo vigente y el actor solicitó ampararse al mismo, tampoco aportó los elementos probatorios que permitieran acreditar la efectiva prestación de los servicios cuyo reconocimiento demanda. Así las cosas, el primero de los agravios no puede ser acogido. En lo que concierne al no reconocimiento de los servicios bonificados, debe de verse que ocurre algo similar, en el plano estrictamente probatorio. En efecto, al solicitar su jubilación, el actor se limitó a denunciar los servicios en ANSE (fs. 116 vto., A.A.), lo que se probó con prueba documental (fs. 116, A.A.), de la que no surgieron elementos que permitieran acreditar que la situación laboral del actor encuadrara en la bonificación de servicios que impetra al amparo de los artículos 36 y 37 de la Ley Nº 16.713, 1 literal D) del Decreto Nº 502/1984 y 47 a 48 del Decreto Nº 125/1996. Adviértase además que en vía recursiva el Ente demandado solicitó el pronunciamiento del Sector Salud Ocupacional, el que, tras entrevistar al actor concluyó que “La empresa cesó su actividad en el año 1992 y solamente con el relato del trabajador no resulta posible recomendar la aplicación del Decreto 502/84 por exposición a frío ” (fs. 138, A.A.) (la negrilla no está en el original). Por lo demás, en sede jurisdiccional el planteo del actor tampoco resulta asertivo, ni aporta los elementos probatorios necesarios. En efecto, en su demanda el pretensor afirmó, con cierta ambigüedad, que “Si bien figura en los documentos de BPS que aparentemente me desempeñaba cumpliendo tareas de “manejo de grúas”, lo cierto es que en aquel entonces a veces la tarea era esa y otras veces debía trabajar en las bodegas de los barcos , donde la temperatura de las cámaras de frío era muy inferior a los 20 grados bajo cero que requiera la norma (…) (…) Sin perjuicio de lo que antecede, se ofrecerán testigos para acreditar las condiciones de trabajo en ANSE durante el período en que me desempeñé allí (…)” (véanse los puntos 21 y 22 de la demanda, a fs. 4, infolios) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Sin embargo, cuando se abrió la causa a prueba, el actor se limitó a solicitar el diligenciamiento de prueba documental, peticionando la agregación del expediente del Sr. Julio Rico, situación que consideró resultaba análoga a la suya (véase el escrito de solicitud de diligenciamiento probatorio, a fs. 17, infolios). Por lo tanto, al no haber suministrado el actor los elementos argumentales y probatorios necesarios, el segundo agravio tampoco puede ser amparado. En último análisis, el actor tampoco justificó en qué sentido el BPS resolvió ante casos similares al suyo, de manera tal que permita demostrar la existencia de una violación al principio de igualdad. En lo que respecta específicamente a la solicitud de agregación del expediente del Sr. Julio Rico, que surge del escrito de prueba de la parte actora (fs. 17, infolios), debe de verse que el BPS no se encontraba habilitado a su agregación sin el consentimiento del titular afectado, lo que a la postre no se materializó en autos luego de las diligencias practicadas a tales efectos (véanse las actuaciones obrantes de fs. 24 a 35, infolios). En consecuencia, no existe mérito para hacer lugar al tercer agravio deducido por el accionante, desde que no surge ningún elemento que permita corroborar la violación al principio de igualdad que genéricamente se invocó y no se probó. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes FALLA : Desestímase la demanda anulatoria entablada, sin sanción procesal específica. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).