Sentencia Definitiva N° 589/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 9 de diciembre de 2021 No. 589 VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “LARROSA DEL PUERTO, LEONARDO ADRÍAN con ESTADO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Acción de Nulidad ” (Ficha N° 319/2019). RESULTANDO : I) Surge de fs. 3 que el 31 de mayo de 2019 el compareciente dedujo demanda de nulidad contra la Resolución Nº 015/27/08/18 de 27 de agosto de 2018, dictada por el Jefe de la Oficina de Pilotaje de la Prefectura Nacional Naval, que estableció “ que la deuda que mantiene el Señor Práctico de Puerto CF (R) Leonardo LARROSA asciende al día de la fecha a la suma de USD 99.910.” (fs. 108 y 109 de los A.A.). Señaló que era Práctico del Puerto de Montevideo, actividad que se regía por el artículo 1097 del Código de Comercio y la Ley N° 16.595, y que la deuda determinada se había basado en el artículo 116 del Decreto Nº 308/986 que aprobó el Reglamento General de Prácticos. En su memorial de agravios, postuló la ilegitimidad del impuesto al practicaje creado por el Decreto referido, que violentaba el principio de legalidad al haber sido creado por Decreto y no por Ley. Sostuvo que esta imposición tenía la estructura de un tributo cuyo hecho generador eran “las recaudaciones obtenidas por concepto de tarifas de pilotajes”, o sea, los honorarios percibidos por los Prácticos en la prestación del servicio que brindaban de acuerdo a los cálculos regulados por los artículos 118 a 130 del RGP. Indicó que e l Decreto fijaba una alícuota de un 10% aplicable sobre todo el honorario de los Prácticos sin deducciones. Afirmó que la imposición de un impuesto mediante un Decreto violentaba los principios constitucionales en materia tributaria, y que no podía ser concebido como un precio público porque no se trataba de una prestación pecuniaria efectuada por los prácticos respecto del Estado. En otro orden de ideas, invocó la incompetencia de la Oficina de Pilotaje para la determinación de la deuda. En tal sentido, indicó que en base a lo dispuesto por el citado artículo 116 del Decreto, la competencia para “el contralor de las liquidaciones y vertimientos” era de la Prefectura Nacional Naval y no de quien había dictado el acto encausado. Recalcó la inexistencia de traslado de competencia o de delegación de atribuciones de la Prefectura a la Oficina de Pilotaje a los efectos de la imposición o control del ilegal tributo creado por la norma. Concluyó que la resolución enjuiciada era ilegítima por la incompetencia del órgano que la había dictado y solicitó la anulación del acto impugnado. II) A fs. 21, el 8 de agosto de 2019 el representante de la demandada contestó la demanda incoada. Sostuvo que el acto enjuiciado era acorde a derecho y se encontraba regulado por los artículos 2, 3, 116, 127, 129 y 130 del Reglamento General de Prácticos, aprobado por el Decreto Nº 308/986 y modificado por el Decreto Nº 320/012. Adujo que no se trataba de un impuesto sino de una contraprestación por dirigir y controlar el servicio, y que la tarifa había sido creada por el Decreto Nº 803/973 que facultó al Poder Ejecutivo a dictar por Decreto normas de carácter general concernientes a la determinación de tributos, siempre que no hubiera regulación legal al respecto. Afirmó que el destino de lo recaudado se empleaba para equipos, instalaciones o mejoramiento de ayudas a la navegación para atender a las necesidades de Control de Tráfico Marítimo y el Servicio de Pilotaje. Rechazó la incompetencia del órgano que había dictado el acto, y sostuvo la legitimidad de la resolución resistida, que se había dictado en el marco normativo que otorgaba el Reglamento General de Prácticos al Jefe de la Oficina de Pilotaje en el cumplimiento de sus cometidos y atribuciones, de acuerdo a lo preceptuado en los literales a) y d) del artículo 2 y en el literal a) del artículo 3 del citado reglamento. En definitiva, solicitó la confirmación de la enjuiciada. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fojas 79. IV) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 82 y ss. y la demandada a fs. 89 y ss. V) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen No. 561/2020 que obra a fs. 95, aconsejando anular parcialmente el acto impugnado. VI) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) En la especie, se han acreditado los extremos legales habituales requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley N°15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, se demanda la nulidad de la Resolución Nº 015/27/08/18 de 27 de agosto de 2018, dictada por el Jefe de la Oficina de Pilotaje de la Prefectura Nacional Naval, que estableció “ que la deuda que mantiene el Señor Práctico de Puerto CF (R) Leonardo LARROSA asciende al día de la fecha a la suma de USD 99.910.” (fs. 108 y 109 A.A.). Contra dicha decisión, notificada al accionante el 4 de setiembre de 2018 (fs. 110. A.A.), se interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico el 14 de los mismos mes y año (fs. 111 A.A.), a cuyo respecto operó la denegatoria ficta el 2 de abril de 2019. Finalmente, la demanda de nulidad se dedujo en tiempo útil (el 31 de mayo de 2019 - nota de cargo fs. 13). II) El Tribunal, por unanimidad, aunque por diversos fundamentos, y de conformidad con lo dictaminado por el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, amparará la demanda y anulará el acto impugnado. III) Emerge de los antecedentes administrativos allegados al proceso que, con fecha 20 de octubre de 2016, el Jefe de la Oficina de Pilotaje informó al Prefecto Nacional Naval el “… monto adeudado por las Corporaciones de Prácticos y el Práctico Independiente CF (R) Leonardo LARROSA al día de la fecha (art. 116° del Reglamento General de Prácticos Dec. 308/986 del Poder Ejecutivo y sus Modificativos) en relación al 10% del total de las recaudaciones por concepto de tarifas de pilotaje que se destinará a la Prefectura Nacional Naval” (fs. 65 A.A.) y adjuntó la planilla correspondiente, donde consta un atraso de los pagos del actor de 20 meses (fs. 66 A.A.). Con fecha 1° de marzo de 2018, el Jefe de la Oficina de Pilotaje informó al Prefecto Nacional Naval “ … los montos de la deuda acumulada del Sr. Práctico de Puerto CF (R) Leonardo LARROSA, por concepto de aporte del 10% a P.N.N. de la tarifa de practicaje establecida en el artículo 116° del Decreto 308/986 y modificativos (Reglamento General de Prácticos). Recomendando su pasaje a ASELA a efectos de intimar el mencionado pago que al día de la fecha asciende a USD 87.211,80” (fs. 70 A.A.), monto que surge detallado a fs. 69 de los antecedentes administrativos. Por Resolución Nº 012/02/05/18 de fecha 2 de mayo de 2018 el Jefe de la Oficina de Pilotaje resolvió conciliar el monto adeudado al día de la fecha de la presente resolución y notificar al actor (fs.74 A.A.), lo que se hizo efectivo el 7 de los mismos mes y año (fs. 75 A.A.). Con fecha 19 de julio de 2018 el Jefe de la Oficina de Pilotaje remitió al Director Registral y de Marina Mercante “ … los montos de la deuda acumulada al día de la fecha del Sr. Práctico de Puerto CF (R) Leonardo LARROSA, por aporte del 10% a P.N.N. de la tarifa de practicaje ...” (fs. 87 A.A.), monto que surge detallado por un total de USD 99.906,20 (fs. 89 A.A.) y actualizado con fecha 26 de julio de 2018 a USD 99,910,10 (fs. 96 a 98 A.A.). Finalmente, el Jefe de la Oficina de Pilotaje procedió a dictar la Resolución Nº 015/27/08/18 de fecha 27 de agosto de 2018 que se procesa en autos (fs. 108 y 109 A.A. fs.). IV) En cuanto al fondo del asunto, el tema a dilucidar radica en determinar la legitimidad de lo resuelto por la Administración, esto es, examinar si la determinación de la deuda al actor fue conforme a derecho. IV.1) Liminarmente, corresponde relevar el alegado vicio de la incompetencia del órgano emisor del acto , y e l régimen normativo que regula las tarifas de los Prácticos del Puerto de Montevideo. En tal sentido, el artículo único de la Ley N° 16.595 dispone: “Declárase que el practicaje, de conformidad con el artículo 1097 del Código de Comercio, es un servicio obligatorio, no comercial y de interés nacional, que debe ser prestado por profesionales con título habilitante, inscriptos en el registro llevado a esos fines por la Prefectura Nacional Naval, en un todo de acuerdo con la reglamentación del Poder Ejecutivo y mediante un sistema que asegure la distribución equitativa del trabajo sin menoscabo de la seguridad de la navegación”. Y el Código de Comercio en el artículo 1097 establece: “El capitán está obligado a permanecer a bordo, desde el momento en que se empieza el viaje, hasta la llegada a buen puerto, sin que durante el viaje le sea permitido pernoctar fuera del buque, a no ser por ocupación grave, que proceda de su oficio y no de sus negocios propios. Está asimismo obligado a tomar los pilotos y prácticos necesarios en todos los lugares, en que los reglamentos o el uso y la prudencia lo exigieren, so pena de responder por los daños y perjuicios que de su falta resultaren”. A su vez, el Reglamento General de Prácticos aprobado por el Decreto N° 308/896 y sus modificaciones, en lo que aquí interesa, estatuye: De la Oficina de Pilotaje Artículo 1° Organización y Dependencia. La dirección y control de los servicios de practicaje corresponderá a la Oficina de Pilotaje, dependiente de la Dirección Registral y de Marina Mercante de la Prefectura Nacional Naval. Artículo 2º Atribuciones. Las atribuciones de la Oficina de Pilotaje, serán las siguientes: a) Hacer cumplir las disposiciones que regulan los servicios de Pilotaje; b) Tendrán a su cargo la determinación de la ubicación de todo buque en la Rada, Bahía, Puerto, Antepuerto, Amarrazones, etc., como también el control de la estricta observancia de las disposiciones sobre normas de atraque; c) Llevar al día las fojas de hechos y servicios de cada uno de los Prácticos en actividad; d) Mantener un servicio permanente para despacho de Prácticos y todo lo relacionado con el pilotaje. Artículo 3º: Cometidos del Jefe de Oficina de Pilotaje . Son funciones del Jefe. a) Impartir los órdenes referentes al servicio de pilotaje; b) Sancionar o pedir sanción, según corresponda, por las infracciones cometidas por los Prácticos; c) Sancionar a los Capitanes, Armadores o Agentes por las infracciones que incurrieran; d) Controlar el cumplimiento por los buques de las disposiciones referentes a la utilización del Práctico y sancionar en caso de infracción; e) Distribuir el personal asignado a la Oficina e Pilotaje; f) En caso de varadura o en otras circunstancias, si lo considera conveniente, podrá disponer la sustitución del Práctico actuante por otro. CAPITULO II De los Servicios de Pilotaje y de la Profesión de Práctico. Naturaleza y Régimen de la Profesión de Práctico Artículo 15.- Definición. – El Práctico es un Asesor del Capitán cuyos servicios debe requerir en puertos, Radas, canales, ríos y aguas jurisdiccionales, salvo excepciones establecidas en el Artículo 25 de este Capítulo. Se trata de un profesional independiente titulado por el Estado que participa en la prestación de un servicio público y cuya actuación se rige por el presente Reglamento. Capítulo VII “DE LAS TARIFAS DE PRACTICAJE, FONDO COMUN Y HONORARIOS DE LOS PRACTICOS” Artículo 116. – Recaudaciones. – Del total de las recaudaciones obtenidas por concepto de tarifas de pilotajes, se destinará el 10% (diez por ciento) a la Prefectura Nacional Naval, a ser empleado en equipos, instalaciones o mejoramiento de ayudas a la navegación para atender el Control de Tráfico Marítimo y el Servicio de Pilotaje. El 90 % (noventa por ciento) restante constituirá el fondo común de cada una de las Corporaciones de Prácticos del cual se destinará un porcentaje a los gastos de administración de las respectivas Corporaciones y el saldo restante a la distribución de honorarios de sus integrantes. La recaudación de la tarifa de pilotaje se hará de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 126 del presente Reglamento, debiendo las respectivas Corporaciones verter directamente a la Prefectura Nacional Naval, el 10% (diez por ciento) del total de lo recaudado. La Prefectura Nacional Naval, adoptará las disposiciones necesarias para el contralor de las liquidaciones y vertimientos correspondientes. (el destacado negrita no pertenece al original). Precisamente, y respecto a la competencia en el caso el citado artículo 116 del Decreto no admite dos interpretaciones, y claramente dispone que será la Prefectura Nacional Naval la que adoptará las disposiciones necesarias para el contralor de las liquidaciones y vertimentos correspondientes. Ergo, es quien detenta la competencia para determinar los montos y efectuar el reclamo de lo adeudado, en caso de que no se haya cumplido con el pago del 10 % que estipula la norma. Naturalmente como regla de principio, la competencia corresponde a la cabeza del órgano, esto es, al Prefecto Nacional Naval y no a una oficina técnica subordinada como la Oficina de Pilotaje, cuyos cometidos competenciales básicos son atinentes a la regulación y organización del servicio de pilotaje llegando incluso, a la posibilidad de imponer sanciones a los prácticos (artículos 2 y 3 del Reglamento General de Prácticos aprobado por el Decreto Nº 308/986). Por su parte, no se observa normativa alguna que indique que la resolución en cuestión haya sido dictada en ejercicio de una competencia desconcentrada ni competencia delegada alguna, ni la demandada demostró que existiere una asignación de competencia válida que habilitara a la Oficina de Pilotaje a reclamar la suma debida. Sobre el punto, sostuvo el Tribunal en la Sentencia Nº 212/2016 que: “Las normas de competencia permiten calificar como válidas las normas dictadas en el ejercicio de la competencia. En palabras de PRIETO SANCHÍS, las normas de competencia son aquellas que atribuyen a un sujeto u órgano la potestad o competencia para producir, a través de un cierto procedimiento, un resultado institucional que llamamos ley, decreto, sentencia, resolución etc. Las normas de competencia, prevén que, por el hecho de que un sujeto u órgano realice determinada conducta, en el marco de determinadas circunstancias, se obtiene un efecto o resultado normativo -e institucional- determinado. La infracción de las normas de competencia tiene como consecuencia la nulidad del acto dictado en infracción (Cfme. PRIETO SANCHÍS, Luis: “Apuntes de Teoría del Derecho”, Trotta, Madrid, 2008, pp. 68 a 72. Véase también: MORESO, José Juan y VILAJOSANA, Josep María: Introducción a la Teoría del Derecho, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 85 y MENDONCA, Daniel: Las claves del Derecho, Gedisa, Barcelona, 2008, p. 48; en la jurisprudencia del Tribunal, véase las Sentencias No. 147/2013 y 753/2015, entre otras). Al respecto, resulta muy ilustrativo lo expresado por GIORGI, cuando enseña que “el acto administrativo debe formularse por el órgano o centro de administración competente, es decir, por quien ha sido habilitado jurídicamente para su emisión. Cuando la Administración dicta un acto exorbitando el campo de sus atribuciones, violando las reglas de la competencia, el acto está viciado de incompetencia, en principio, el más grave y el de mayor entidad de los vicios jurídicos” (Cfme. GIORGI, Héctor, El Contencioso Administrativo de Anulación, Montevideo, 1958, p. 199).” En consecuencia, todos los integrantes del Tribunal coinciden con el accionante en la manifiesta incompetencia del órgano que dictó el acto, fundamento que para la redactora determina la decisión de anularlo sin necesidad de ingresar al análisis de los demás agravios vertidos. IV.2) Ahora bien, en cuanto a la alegada violación del principio de legalidad y la naturaleza jurídica de la obligación en cuestión, la Sra. Ministra Dra. Selva Klett y los Sres. Ministros Dres. William Corujo y Luis María Simón, no comparten el temperamento del accionante. Entienden que la tarifa creada por el Decreto Nº 308/986 es, en puridad, un “precio público” y no un tributo, y que - por tanto - puede fijarse administrativamente y no requiere ley formal para su creación. Es de verse que los precios públicos son las prestaciones en dinero o en especie recibidas por una entidad estatal como contrapartida por la enajenación o utilización de un bien o la realización de una actividad de cualquier naturaleza, divisibles o individualizables, y prestadas efectivamente al obligado, y siempre que dichos ingresos tengan su fuente jurídica en un verdadero acuerdo de voluntades manifestado, como mínimo, en la libertad jurídica de recibir o no el bien o la actividad. Por otro lado, los ingresos recibidos por actividades o bienes prestados o entregados por el Estado en forma obligatoria no serían precios públicos, sino tributos, y sería indiferente para la existencia de un precio que la actividad estatal involucrada fuera “económica” o “jurídico- administrativa”. Ahora bien, en cuanto a la alegada existencia de un acuerdo de voluntades implícito entre los Prácticos y el Estado, debe tenerse presente que para desarrollar correctamente su labor dichos profesionales requieren voluntariamente de una serie de servicios prestados por el Estado que son de naturaleza económica, como ser: brindarle información sobre la navegación en la zona, los remolcadores disponibles, las lanchas de cabos que los asistirán, el muelle de atraque y otro conjunto de datos de interés para su maniobra. Con tal entendimiento, en la labor profesional de los Prácticos existe al menos una opción mínima de recibir o no el bien o la prestación del servicio que genera la obligación de pagar el precio y la ventaja o provecho recibido por el usuario es evidente. En tal sentido, el pago de la tarifa en cuestión opera claramente (al menos en parte) como contraprestación para el mantenimiento y mejoramiento de dichos servicios, tal como específicamente se establece en el artículo 116 del Decreto Nº 308/986, que prevé que un porcentaje se empleará en “equipos, instalaciones o mejoramiento de ayudas a la navegación para atender el Control de Tráfico Marítimo y el Servicio de Pilotaje”. Y este acuerdo implícito de voluntades es, siguiendo a prestigiosa doctrina tributarista, el elemento distintivo fundamental que separa a los precios públicos de los tributos. A fin de dar una definición clara sobre este concepto, siguiendo a BLANCO, p odemos afirmar que el e lemento nuclear de la definición del precio como categoría jurídica, está en el acuerdo de voluntades. Expresa el autor que “...el elemento de distinción entre precios públicos y tributos está en el acuerdo de voluntades, puesto que es evidente que si un servicio público es jurídicamente de prestación y recepción compulsivas, el ingreso que se devengue en relación al mismo no deriva del acuerdo de voluntades.” Y continúa diciendo el citado autor que la c lave para la distinción entre los precios y los tributos se halla, básicamente, en la presencia de un acuerdo de voluntades. Es ésta la fuente jurídica de la obligación en los precios públicos. Para poder hablar de la existencia de un precio público, es necesario que haya al menos una opción mínima de recibir o no el bien o la prestación del servicio que genera la obligación de pagar el precio (cf. BLANCO, Andrés: “Tributos y precios públicos”, FCU, Montevideo, 2005, especialmente págs. 13 y 14; 32 y 41). Por otro lado, desde una perspectiva ajena al factor voluntariedad, el inciso segundo del artículo 10 del Código Tributario establece que: “No constituyen tributos las prestaciones pecuniarias realizadas en carácter de contraprestación por el consumo o uso de bienes y servicios de naturaleza económica o de cualquier otro carácter, proporcionados por el Estado, ya sea en régimen de libre concurrencia o de monopolio, directamente, en sociedades de economía mixta o en concesión.” Desde esta perspectiva dogmática, comentando el referido inciso VALDÉS COSTA señala: “El inc. 2° establece el régimen de los convenios relativos a prestaciones estatales de contenido económico, es decir, que procuran a la otra parte una ventaja o provecho que constituye la causa de la contraprestación (art. 1287 del C. Civil). Se trata pues de negocios jurídicos onerosos que, a diferencia de los tributos en general y de las tasas en particular, no requieren necesariamente una regulación legal en lo que respecta a la fijación de la cuantía de las prestaciones pecuniarias a cargo del consumidor o usuario. Esta diferencia es la que justifica su exclusión del concepto de tributo (…) De acuerdo con el nuevo texto, todos los servicios que no sean jurídicos, es decir, los económicos, “o de cualquier otro carácter” que tengan la naturaleza jurídica de “contraprestación por el consumo de bienes y servicios”, no constituyen tributos.” (cf. VALDÉS COSTA, Ramón: “Código Tributario, comentado y concordado”, 5ª Edición, FCU, 2002, pág. 205-207.) (el destacado no luce en el original). En definitiva, al tratarse de un “precio público” la tarifa en cuestión, no se advierte ilegitimidad alguna en su creación y fijación administrativa. IV.3) Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Eduardo Vázquez Cruz, entiende que también corresponde anular el acto impugnado porque la tarifa dispuesta por el artículo 116 del Decreto 308/896 y sus modificaciones es una obligación tributaria, ya que se le impone a los Prácticos para financiar los cometidos a cargo de la Prefectura Nacional Naval, conforme a prestigiosa doctrina que abordó la cuestión en debate. Así, en su trabajo sobre “Tarifas Públicas, su contralor por el TCA”, Marcelo Laborde Goñi, expresó que: “Tanto a nivel nacional como comparado se ha abordado la naturaleza jurídica de la tarifa pública, desde dos polaridades: A) ¿Es la tarifa pública un precio o un tributo? B) ¿Tiene la tarifa pública naturaleza contractual o reglamentaria? Se trata de polaridades que ayudan al análisis y reflexión, pero no llevan necesariamente a conclusiones absolutas, ya que ello dependerá de los regímenes particulares en cada país y en cada tipo de tarifa; incluso en la evolución temporal de los regímenes jurídicos de un mismo país es posible advertir variaciones en la naturaleza jurídica. La polaridad precio o tributo, ha sido objeto de análisis y discusión en el seno de la doctrina tributaria. En general la naturaleza jurídica de las tarifas públicas suele ser la de precio, en rigor precio público, constituyendo una contraprestación del servicio prestado. El maestro Ramón Valdés Costa ha sostenido que las prestaciones que realizan los particulares en retribución de un servicio, tienen siempre la naturaleza jurídica de un precio, ya sea que el servicio se preste por un particular o por el Estado, en régimen de libre concurrencia o de monopolio, incluso si se trata de servicios no facultativos. Más recientemente el Profesor Andrés Blanco ha sostenido una posición diferente –al menos en algunos aspectos- a la del maestro, destacando que el acuerdo de voluntades es un elemento esencial como fuente jurídica de la obligación de pagar un precio, a diferencia de lo que sucede en los tributos, por lo que cuando estamos en presencia de servicios respecto de los cuales hay una obligación jurídica de tomar bajo ciertas condiciones (servicios no facultativos), como por ejemplo el seguro de accidente de trabajo o el saneamiento por redes, entonces la naturaleza jurídica de la contraprestación no es un precio sino un tributo. (…) El artículo 10 del Código Tributario uruguayo define al tributo como aquella prestación pecuniaria que el Estado exige, en ejercicio de su poder de imperio, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Se destacan tres tipos de tributos: el impuesto, la tasa y las contribuciones especiales. Luego, el mismo artículo, en manifiesta referencia a los precios públicos, prevé que no constituyen tributos las prestaciones pecuniarias realizadas en carácter de contraprestación por el consumo o uso de bienes y servicios de naturaleza económica o de cualquier otro carácter, proporcionados por el Estado, ya sea en régimen de libre concurrencia o de monopolio, directamente, en sociedades de economía mixta o en concesión. (…)” V) En definitiva, si bien existen posiciones discordantes en cuanto a la naturaleza de la tarifa, a saber: si es un precio público o un impuesto, la Corporación llega a la decisión de anular el acto impugnado porque se coincide en la incompetencia del órgano ( Oficina de Pilotaje de la Prefectura Nacional Naval) que lo dictó. Por tales fundamentos, y atento a lo preceptuado en los artículos 309 de la Constitución Nacional y 23, 24 y 25 del Decreto-Ley N°15.524, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Ampárase la demanda incoada y, en su mérito, anúlase el acto administrativo encausado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón Dr. Marquisio (Sec. Letrado)