Sentencia Definitiva N° 580/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 25 de noviembre de 2021. No. 580 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SILVA GONZÁLEZ, JULIA HORTENCIA con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 243/2019). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo su pretensión anulatoria contra la Resolución DP Nº 62/2018, del 27 de abril de 2018, emitida por la Gerencia de Prestaciones Económicas, Área Pasivos del Banco de Previsión Social, mediante la cual se le denegó su solicitud de jubilación común, por no cumplirse los extremos exigidos para dicha causal, computando un total de veinte años, dos meses y veintinueve días (fs. 53 vto., en carpeta verde de 71 fojas, A.A.). En su demanda, la accionante relató los antecedentes del acto que impugna y se agravió del hecho de que no le reconocieron el período que trabajó para la Sra. Dalma Cocito, desde el 25 de noviembre de 1973 hasta el 31 de diciembre de 1986, lo cual totaliza la suma de trece años y un mes. En necesaria síntesis, esgrimió como argumentos los siguientes: i) falta de motivación del acto impugnado: no se fundamenta adecuadamente la solución adoptada. Solamente se hace una lista de los servicios reconocidos y los no reconocidos. La Gerencia de Prestaciones Económicas nunca detalla en que se basa para no reconocer los años de servicios prestados a la Sra. Cocito; ii) violación al principio de verdad material : el BPS debe ajustar sus decisiones a lo que realmente ocurrió en los hechos, por encima de cualquier otra cuestión formal. No se debe tener presente la prueba documental como certera y única en relación a los hechos que se manifiestan. Se debe dar trascendencia a la prueba testimonial. Al dejar sin efecto la declaración del hijo de esta, Sr. Varela, que es quien mejor instruido estaba para declarar sobre la relación laboral al haber fallecido la Sra. Cocito se violó este principio; iii) violación al principio de buena fe, lealtad y presunción de verdad salvo prueba en contrario: al no considerar como prueba eficaz lo declarado por el hijo de la empleadora que vivía en la misma casa, la Administración actúa de mala fe. Existe absoluta presunción de verdad de lo declarado por el Sr. Varela, ya que no existe testimonio más acreditado que el de él. Y tampoco surge prueba en contrario de ello; iv) presunción de ilegitimidad del acto en favor del administrado, porque la Administración no se expidió sobre los recursos. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 7 a 14). II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación del Banco de Previsión Social- la Dra. Valeria Vidart, quien tras relacionar los antecedentes del acto se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. El acto ha sido dictado en un todo conforme a los hechos y al derecho aplicable. En este sentido, la Administración, para valorar la prueba, tuvo en consideración las reglas de la sana crítica y fundamentó abundantemente esta valoración, y esto constituye motivación suficiente para el acto impugnado. Del expediente administrativo se desprende indudablemente que la prueba diligenciada no acredita fehacientemente los servicios denunciados a la orden de la Sra. Dalma Cocito. Los testimonios de los Sres. Norma González y Luis Chirivino no resultaron claros, ni espontáneos. La testigo Ofelia Peluccio no fue capaz de relacionar el período de actividad declarado con hechos. La testigo Alicia Motta dijo desconocer actividades posteriores, a pesar de mantener un vínculo de amistad con la accionante y verse dos veces por semana. La insuficiente probatoria quedó de manifiesto en tanto, si bien se consideró válido el testimonio del hijo de la empleadora, éste fue el único respecto de los servicios denegados. Al respecto, corresponde citar el informe Nº 30.237, de la Asesoría Letrada de Pasivos, que abunda sobre el fundamento de considerar insuficiente la prueba de los servicios en cuestión, precisando que según Instructivo de Prueba, aprobado por Comunicado Nº 007/2004, “para acreditar la actividad de servicio doméstica, urbana, suburbana, de balneario o rural, se requiere la declaración patronal o de suceso, en caso de existir, y tres testigos por todas las actividades a reconocer, y en este caso solo existe la declaración del sucesor.” En definitiva, abogó por la confirmación del acto impugnado (fs. 21 a 25 vto.). III) Por decreto No. 4556/2019 (fs. 27) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 86. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 89 a 91 vto. y 94-96 vto., respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció sobre el fondo del asunto mediante dictamen No. 349/2020 y aconsejó la confirmación del acto resistido (fs. 99 a 99 vto.). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 101). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución DP Nº 62/2018, se emitió el 27 de abril de 2018 y se notificó el 14 de agosto de 2018 (fs. 54, A.A.). El 24 de agosto de 2018, se interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico (fs. 56 a 59, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración resolviera el último de los recursos, el 12 de marzo de 2019. La demanda se interpuso el 2 de mayo de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 14). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. El 26 de setiembre de 2017, la actora presentó su solicitud de jubilación común con cese (fs. 2 a 7 vto., A.A.), pero al no alcanzar el mínimo de treinta años de servicios requeridos (artículo 18 de la Ley No. 16.713), el Ente Previsional desestimó la pasividad solicitada. A la accionante se le denegó el reconocimiento de los servicios prestados para la Sra. Dalma Cocito Rauco, entre el 25 de noviembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1986 (fs. 53 vto., A.A.). Inicialmente, la actora pretendió acreditar dichos servicios mediante las siguientes declaraciones testimoniales: Norma González (fs. 15 a 17 vto., A.A.), Luis Chirivino (fs. 18 vto. a 21, A.A.), Cesar Varela (fs. 25 vto. a 26 vto., A.A.). Cada uno de los referidos testimonios fue objeto de valoración por parte de la Sección Testigos (fs. 18; fs. 22 y fs. 27 vto., respectivamente), concluyéndose por informe del 14 de febrero de 2018, que la actividad para la Sra. Dalma Cocito se presumía como no probada (fs. 37 vto., A.A.). Conferida vista a la actora (fs. 40 vto., A.A.), presentó escrito ofreciendo la declaración de dos testigos más: las Sra. Ofelia Peluccio y Alicia Motta (fs. 42 vto., A.A.), quienes luego prestaron declaraciones ante la Sección Testigos del BPS (fs. 45 a 46 vto. y fs. 47 a 48 vto., respectivamente, A.A.). El 25 de junio de 2018, se emitió un informe sobre lo declarado por estas testigos y se consideró que: “teniendo en cuenta las discrepancias existentes y que no se aportan elementos suficientes no puede darse por probada la actividad en calidad de doméstica para la Sra. Dalma Cocito desde el 25/11/1973 al 31/12/1986” (fs. 49, A.A.) (la negrilla no está en el original). Finalmente, el BPS procedió al dictado del acto denegatorio enjuiciado en los presentes obrados (fs. 53 vto., A.A.). III) El Tribunal, habrá de compartir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 99 a 99 vto.) y desestimará la demanda, por los fundamentos que se habrán de explicitar. La fundamentación de los planteos que formuló la accionante puede resumirse así: 1º) Falta de motivación del acto impugnado: no se fundamenta adecuadamente la solución adoptada. Solamente se hace una lista de los servicios reconocidos y los no reconocidos. La Gerencia de Prestaciones Económicas nunca detalla en que se basa para no reconocer los años de servicios prestados a la Sra. Cocito. 2º) Violación al principio de verdad material : el BPS debe ajustar sus decisiones a lo que realmente ocurrió en los hechos, por encima de cualquier otra cuestión formal. No se debe tener presente la prueba documental como certera y única respecto de los hechos que se manifiestan. Se debe dar trascendencia a la prueba testimonial. Al dejar sin efecto la declaración del hijo de esta, Sr. Varela, que es quien mejor instruido estaba para declarar sobre la relación laboral, al haber fallecido la Sra. Cocito, se violó este principio. 3º) Violación al principio de buena fe, lealtad y presunción de verdad salvo prueba en contrario : al no considerar como prueba eficaz lo declarado por el hijo de la empleadora que vivía en la misma casa, la Administración actúa de mala fe. Existe absoluta presunción de verdad de lo declarado por el Sr. Varela, ya que no existe testimonio más acreditado que el de él. Y tampoco surge prueba en contrario de ello. 4º) Presunción de ilegitimidad del acto en favor del administrado , porque la Administración no se expidió sobre los recursos. A continuación, se procederá a la consideración de los planteos formulados por la actora. IV) En lo inicial, corresponde relevar el incumplimiento de la demandada con su deber de instruir y resolver en plazo los recursos administrativos movilizados, extremo cuya ocurrencia el legislador sanciona con la presunción de ilegitimidad en favor de las impugnantes (artículo 6° de la Ley No. 15.869, en la redacción dada por el artículo 41 de la Ley No. 17.292). En tal sentido, es menester señalar que la accionante interpuso los recursos de revocación y jerárquico en subsidio el 24 de agosto de 2018, los que se interpusieron en tiempo y forma (fs. 56 a 59, A.A.). De los antecedentes y de las alegaciones vertidas por la demandada en su contestación de demanda no surge que la Administración haya resuelto el recurso jerárquico dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de los doscientos días de que se configurara la denegatoria ficta, el 12 de marzo de 2019. Por lo tanto, se entiende que operó la presunción de ilegitimidad del acto, al cumplirse las condicionantes prevenidas en la norma. Ahora bien, es menester recordar que, dado su carácter de relativa o “iuris tantum”, admite prueba en contrario y puede resultar enervada o controvertida a partir de las actuaciones administrativas, las pruebas, o los elementos de juicio incorporados a la causa ( sentencias Nos. 353/2012, 762/2012, 299/2013, 461/2014, 317/2015, 654/2018, 707/2018, 793/2019 y 339/2020 y 660/2020 , entre otras), circunstancias que se verifican en el caso de autos, como se verá. IV) En primer lugar, la actora esgrimió falta de motivación del acto impugnado , cuestionando que solamente se hace una lista de los servicios reconocidos y los no reconocidos y que la Gerencia de Prestaciones Económicas nunca detalla en qué se basa para no reconocer los años de servicios prestados a la Sra. Cocito. El Tribunal no comparte el enfoque de la pretensora y advierte que de la lectura de los antecedentes y del acto en su conjunto, surge fundamentación suficiente que justificó la decisión del Ente demandado de no reconocer el período de trabajo denunciado respecto de la Sra. Dalma Cocito. Al respecto, conviene recordar que, tal como lo ha sostenido sistemáticamente la Corporación, afiliándose a la tesis de Marienhoff, “ la motivación del acto administrativo -aunque ella fuera obligatoria- puede resultar acreditada en cualquiera de los dos momentos que integran o pueden integrar la forma del acto , en el proceso de “formación” o en el de “expresión” de la voluntad de la Administración Pública. En otras palabras, la motivación puede ser concomitante o contemporánea con la expresión de dicha voluntad o anterior a tal expresión apareciendo en este último caso en el proceso de formación de la voluntad administrativa. En suma, debe tratarse de una motivación idónea y eficaz, para lo cual se requiere que ella sea “suficiente” para apreciar con exactitud los motivos determinados del acto (Op. Cit. págs. 334/336).” (Cf. Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, p. 330 a 332) (sentencias Nos. 21/2006, 881/2010, 374/2011, 325/2012, 312/2013, 539/2016, 311/2017, 397/2017, 342/2018, 130/2019, 581/2019 y 39/2021 , entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Dicho esto, si se lee con atención los antecedentes del acto, se advertirá que primeramente existió una valoración de los funcionarios de la Sección testigos respecto de los tres testigos que inicialmente declararon, Sres. Norma González, Luis Chirivino y Cesar Varela (fs. 18; fs. 22 y fs. 27 vto., respectivamente). En concreto, respecto de Norma López, se consignó: “Se presume inválida - No pudo aportar datos de la familia donde la titular dice haber trabajado, se contradice con lo declarado por la titular en cuanto a la integración de la familia, no sabe qué actividad realizaba en esa casa, etc.” (fs. 18, A.A.) (la negrilla no está en el original). Sobre la declaración de Luis Chirivino, se valoró de la siguiente forma: “Se contradice con todo lo declarado por la titular. Se presume inválido” (fs. 22, A.A.) (la negrilla no está en el original). Mientras que, con relación a la declaración de Cesar Varela, se advirtió: “(…) se considera valida la declaración del Sr. Cesar Varela. El mismo manifestó ser hijo de la usuaria, su testimonio fue claro, no dubitativo y se le consultó sobre la actividad de la usuaria, ya que titular solamente manifestó en DJ de SD que “era secretaria en una empresa”. Salvo mejor opinión, testigo válido” (fs. 27 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). Luego, el informe de 14 de febrero de 2018, de la Sección Testigos que consideró como no probada la actividad de la Sra. Cocito, halla su fundamentación en los juicios de valor oportunamente emitidos, tal como se desprende de la remisión que en el mismo se efectúa (fs. 37 vto., A.A.). En segundo lugar, cabe destacar que respecto de los otros dos testigos que la actora ofreció, Sres. Ofelia Peluccio y Alicia Motta (fs. 42 vto., A.A.), también existió una explicitación de los motivos para descartarlos como válidos. En esta oportunidad, se elaboró un informe de 25 de junio de 2018, en el cual se analizó: “Ambas vecinas de la titular desde comienzos de los años 70, (expresan) saber que trabajó como doméstica para una Sra. Dalma en el barrio Buceo del 73 al 86. Cuando se les solicita que relacionen las fechas declaradas con acontecimientos de sus vidas o del país , la testigo Ofelia Peluccio no pudo relacionar, a pesar de haber insistido y dar ejemplos de lo que se le solicita e informa, al final que las fechas fueron proporcionadas por al titular. Hay discrepancias con respecto a la integración del núcleo familiar durante comienzos de los años 70 entre ambas testigos (ver ítem 8). La testigo Sra. Motta , desconoce actividades posteriores a la que declara, a pesar de verse dos veces por semana con la titular y mantener un vínculo de amistad, tener una declaración a fs. 4 con actividad posterior hasta el año 2015. Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta las discrepancias existentes y que no se aportan elementos suficientes no puede darse por probada la actividad en calidad de doméstica para la Sra. Dalma Cocito desde el 25/11/1973 al 31/12/1986 ” (fs. 49, A.A.) (la negrilla no está en el original). Por lo expuesto, se concluye que la ausencia de motivación que se esgrime no fue tal desde que la misma emerge suficientemente explicitada de los antecedentes del acto. V) Continuando con el examen de los agravios, la actora cuestionó la legitimidad del proceder del Organismo previsional demandado al denegarle el reconocimiento de los servicios prestados para la Sra. Dalma Cocito Rauco, desde el 25 de noviembre de 1973 hasta el 31 de diciembre de 1986. En esencia, la actora se agravia que no se consideró como prueba eficaz la declaración del hijo de la Sra. Cocito, que es quien mejor instruido estaba para declarar sobre la relación laboral al haber fallecido esta. Por dicho motivo, considera que se violaron los principios de verdad material, buena fe, lealtad y presunción de verdad salvo prueba en contrario. El cerno del pleito, pues, estriba en determinar si existió un proceder ilegítimo del BPS, en materia de valoración de la prueba , con violación a los principios invocados por la actora. Como es sabido, e n nuestro ordenamiento jurídico rige con carácter general un sistema de valoración racional de la prueba o de la sana crítica, que, al decir de Couture, “configura una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción . Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula, elogiada alguna vez por la doctrina, de regular la actividad intelectual del juez frente a la prueba. Las reglas de la sana crítica son , ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano . En ellas interfieren las reglas de la lógica , con las reglas de la experiencia del juez . Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. (…) La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia , sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento” (Cf. Eduardo J. Couture, “Fundamentos de Derecho Procesal Civil”, 4ª edición, editorial B de F, Montevideo - Buenos Aires, 2002, p. 221 a 222) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por otra parte, y como enseña Devis Echandía, “(...) Para una correcta apreciación no basta tener en cuenta cada medio aisladamente , ni siquiera darle el sentido y alcance que realmente le corresponda, porque la prueba es el resultado de los múltiples elementos probatorios, reunidos en el proceso , tomados en su conjunto , como una “masa de pruebas”, según la expresión de los juristas ingleses y norteamericanos. Es indispensable analizar las varias pruebas referentes a cada hecho y luego estudiar globalmente los diversos hechos, es decir, “el tejido probatorio que surge de la investigación” (...)” (Cf. Hernando Devis Echandía, “Teoría General de la Prueba Judicial” , Buenos Aires, 1976, Editorial Zavalía, tomo I, p. 306) (la negrilla no está en el original) (sentencia No. 20/2020) (la negrilla no está en el original). En similar sentido, siguiendo a Gorphe, la doctrina procesalista vernácula ha destacado: “(...) los diversos medios de prueba no constituyen compartimentos estancos y por lo tanto , no puede analizarse ninguno de ellos sin efectuar incursiones en el terreno de los otros , y cada uno se apoya en mayor o menor grado sobre los restantes . Uno y otros aparecen, finalmente, como los elementos de un todo, y será ese conjunto el que dará la prueba sintética y definitiva, aquella sobre la cual se podrá levantar o no la reconstrucción de los hechos. Las diversas pruebas presentadas en un momento dado deben ser examinadas al mismo tiempo, pues el resultado global es el que cuenta; y tales exámenes resultarían incompletos si no se refirieran asimismo a las relaciones entre las pruebas: con frecuencia, de esos vínculos nace la conclusión” (Cf. Enrique Vescovi, Margarita de Hegedus, Selva Klett, Fernando Cardinal, Luis Simón y Santiago Pereira Campos, en “Código General del Proceso”, comentado, anotado y concordado, tomo 4, editorial Ábaco, Buenos Aires, 1998, p. 191, citando la opinión de François Gorphe, “De la apreciación de la prueba”, Buenos Aires, 1955, p. 370 y siguientes) (la negrilla no está en el original). En el casus, es menester tener presente las dificultades probatorias que existen en el servicio doméstico y su incidencia en las reglas de la sana crítica. Sobre el punto, la sentencia No. 443/2018 advirtió: “En la especie , las reglas de la lógica y de la experiencia recobran especial importancia . Las particularidades sociológicas de la labor que desempeñan las empleadas del servicio doméstico inciden directamente en la actividad de valoración de la prueba . En efecto, a 12 años de la promulgación de la Ley No. 18.065, las estadísticas sobre la informalidad del rubro alcanzan al 50% de los trabajadores del servicio doméstico. En este aspecto , no puede soslayarse por el juzgador la dificultad de probar el trabajo prestado en la esfera íntima de una familia , en una actividad calificada como “ayuda” más que como un trabajo propiamente dicho.” (la negrilla y el subrayado no están en el original). A su vez, cuando se trata de declaraciones sobre hechos que ocurrieron hace muchos años como ocurre en el sub - examine, “no cabe exigir una puntillosa pulcritud en la deposición de quienes atestiguan sobre servicios denunciados por el interesado en obtener el amparo jubilatorio, sobre datos de la vida ocurridos tiempo atrás ” (sentencias Nº 457/2011, 434/2009, 193/2008, 809/2012, 20/2020 y 302/2021) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Sin embargo, ello no puede significar “una suerte de franquicia probatoria en favor del interesado, que determine el auxilio anulatorio en base a una excesiva benignidad en la valoración del informativo testimonial aportado” (sentencias Nº 809/2012, 181/2013, 143/2017, 1053/2017, 459/2018, 629/2018, 20/2020 y 302/2021, entre otras). Ahora bien, teniendo en cuenta las pautas y reglas de valoración de las pruebas doctrinales y jurisprudenciales que se vienen de mencionar, la Corporación no advierte que se haya producido una errónea valoración de la prueba o un ilegítimo proceder de parte del BPS, por lo que se dirá. VI) En sede administrativa la actora ofreció inicialmente la deposición de los testigos Norma González, Luis Chirivino y Cesar Varela. La testigo Norma González manifestó conocer que la actora trabajó como limpiadora para una familia, aunque declaró: “no sé quién era, no sé bien qué actividad realizaba , nunca hablamos de eso, sé que uno era por el Buceo, pero no sé decirle exactamente, era muy jovencita cuando comenzó a trabajar, tendría unos 16 años y estuvo hasta el año 1983. Me parece que vivían en esa casa una Sra. paralítica y dos hijos. No sé los nombres ni los apellidos” (fs. 16, A.A.). Dicha declaración fue acertadamente reputada como no válida en virtud que la testigo “No pudo aportar datos de la familia donde la titular dice haber trabajado, se contradice con lo declarado por la titular en cuanto a la integración de la familia, no sabe qué actividad realizaba en esa casa, etc.” (fs. 18, A.A.) (la negrilla no está en el original). Luego declaró el Sr. Luis Chirivino , quien expresó: “No sé para quien trabajaba, cuidaba dos señoras que vivían en la misma casa , en el Buceo, pero no recuerdo los nombres …vivían solas…las cuidaba y hacía todo el trabajo de la casa (…) desde el año 1972-1973 y lo hizo hasta el año 1986 (…)”. (fs. 19 vto., A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Con semejante grado de vaguedad e imprecisión, su declaración fue descartada sobre la base que “Se contradice con todo lo declarado por la titular. Se presume inválido” (fs. 22, A.A.) (la negrilla no está en el original). En esta primera etapa, también declaró el Sr. Cesar Varela Cocito , quien manifestó sobre la actora lo siguiente: “(realizaba) Limpiezas en gral. y alguna cosa de cocina que le podía hacer a mi madre. La ubico entre 1972 y 1983 aprox. No recuerdo bien , pero cumplía un horario, ella iba de mañana por espacio de 4-5 horas. Creo que hasta las 14.00 hs”, precisando luego que “ Yo iba al Liceo en esa época ”, agregando que “Recuerdo que nos golpeaba una escalera de madera para que nos levantáramos para ir al Liceo. Esa escalera de madera daba a mi cuarto en el segundo piso de la casa. Nos tenía servido el desayuno ” (fs. 26 a 26 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). En este caso, el BPS sí consideró la declaración testimonial como válida, por entender que “su testimonio fue claro, no dubitativo (…)” (fs. 27 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). Pero, con sólo esta declaración válida, y ante la existencia de otras dos que no lo fueron, el Ente consideró que “Se presume como no probada la actividad en: DALMA COCITO 25/11/1973 al 31/12/1986” (fs. 37 vto., A.A.) y otorgó vista a la accionante, quien ofreció las declaraciones de dos testigos más: las Sras. Ofelia Peluccio y Alicia Motta. La testigo Ofelia Peluccio, manifestó que “En el año 72/73 la titular trabajó en una casa de familia de una Sra. Dalma que tenía unos sesenta y pico de años como doméstica hasta el año 80 . Trabajaba en el barrio Buceo en la calle Espinosa. Era un matrimonio con hijos grandes.”. Seguidamente, cuando se le preguntó “¿con qué hechos o acontecimientos púbicos o personales relaciona las fechas expresadas?” , contestó: “No puedo relacionar”. Asimismo, se le solicitó que “Exprese si su declaración se ajusta a hechos por Ud. conocidos, o lo fue a través de comentarios del titular o terceros”, a lo que respondió “Por dichos de la titular y una vez que fue a buscarla al trabajo” (fs. 47 a 48 vto., A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por su parte, la testigo Alicia Motta , indicó: “ Julia trabajaba para una flia que la Sra. se llamaba Dalma Cocito vivía en el barrio Buceo, y realizó esta tarea desde el 73 al 86.” , agregando que “Luego de esta actividad no desarrolló ninguna más” . Esta testigo relacionó el comienzo del trabajo de la actora con el momento en que se casó y la finalización de dicha relación con que su hijo estaba finalizando la escuela (fs. 45 vto. a 46 vto., A.A.). Estas declaraciones fueron descartadas por los funcionarios del BPS, porque: “(…) la testigo Ofelia Peluccio no pudo relacionar , a pesar de haber insistido y dar ejemplos de lo que se le solicita, e informa al final que las fechas fueron proporcionadas por al titular . Hay discrepancias con respecto a la integración del núcleo familiar durante comienzos de los años 70 entre ambas testigos (ver ítem 8). La testigo Sra. Motta , desconoce actividades posteriores a la que declara, a pesar de verse dos veces por semana con la titular y mantener un vínculo de amistad, tener una declaración a fs. 4 con actividad posterior hasta el año 2015 (…)” (fs. 49, A.A.) (la negrilla no está en el original). Así, pues, la única declaración reputada como válida fue la del Sr. Cesar Varela Cocito, al punto tal que la actora así lo reconoce en su demanda. Sin embargo, debe de verse que dicho testimonio no resulta suficiente para tener por acreditado el período denunciado por la actora. En efecto, si bien el testimonio del hijo de la Sra. Cocito fue reputado como válido, ello no significa que resulte de por sí suficiente para acreditar el período denunciado por la actora. En este sentido, debe de advertirse que -pese a que por entonces vivía en la casa de su madre, la Sra. Cocito- el Sr. Varela no recuerda bien el período de trabajo y se limita a asociarlo con la época en que concurría al Liceo, y a un recuerdo de cuando la actora los despertaba a él y a su hermana para que tomaran el desayuno. En sede jurisdiccional, la situación no difiere de lo expresado. El testigo Roberto Echevarría (fs. 56 y vto., infolios), además de no aportar ningún dato sobre el período trabajado, ni sobre el tipo de actividad realizada, adujo -erróneamente- que los servicios fueron prestados en el barrio de Pocitos, y no en Buceo, como declarara la titular. Y la testigo Graciela Cimassi (fs. 58 y vto., infolios) también se contradice al afirmar que cuidaba a una Sra., cuando la titular manifestó que realizaba tareas de limpieza. En tanto el Sr. Cesar Varela Cocito declaró en similar sentido a cuando lo hizo en el procedimiento administrativo, señalando que trabajó del año 1972 a 1983 (fs. 77 a 77 vto., infolios). Con tales entendimientos, la declaración del testigo Cesar Varela Cocito no resulta suficiente para acreditar el período laboral denunciado por la actora en la casa de la Sra. Cocito. Repárese que las referencias de su testimonio han sido muy genéricas y no existe ningún otro elemento probatorio que permita dar eficacia convictiva a este referido período. Por otro lado, debe de advertirse que su relato, aunque pueda considerarse como claro y no dubitativo, tampoco resulta del todo convincente en determinados aspectos sobre los que no aportó mayores detalles y no coincidirían con lo afirmado por la actora al inicio del trámite. Veamos. De autos surge que el Sr. Varela nació en el año 1954, y declara que la promotora empezó a trabajar en su hogar en el año 1973 (coincidiendo en este punto con lo manifestado por la titular), hasta aproximadamente 1983 (la actora denunció servicios hasta 1986). Por lo tanto, la relación laboral habría comenzado a los diecinueve años del Sr. Varela, y finalizado a sus veintinueve o treinta y dos años. Sin embargo, ninguna referencia hizo el testigo a lo que aconteció después que terminó el liceo, período prolongado en el cual la actora habría continuado trabajando para su madre. A su vez, su versión tampoco resulta del todo compatible con los dichos de la accionante en su declaración jurada, donde detalla: “Dalma (…) tenía marido y dos hijos, César y Cristina; eran chicos, estudiaban” (fs. 9 vto. A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Así las cosas, de acuerdo con una valoración conjunta de las probanzas producidas, y de conformidad con las reglas de la sana crítica , el Tribunal considera que el proceder del Banco de Previsión Social estuvo arreglado a derecho, al no surgir suficientemente probado el período de actividad denunciado por la actora para la Sra. Dalma Cocito Rauco, entre el entre el 25 de noviembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1986. De todo cuanto viene de señalarse surge que la Administración no infringió con su proceder los principios de verdad material , buena fe, lealtad y presunción de verdad salvo prueba en contrario, habiendo obrado de manera ajustada a dichos principios. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA : Desestímase la demanda, y en su mérito confírmase la resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).