Sentencia Sentencia N° 573/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 25 de noviembre de 2021. No. 573 VISTOS : Para resolución, esta incidencia sobre suspensión de ejecución del acto administrativo en los autos caratulados: “VISCA, ROSARIO con SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Suspensión de ejecución” (Ficha No. 671/2020), pieza separada del expediente de Acción de Nulidad, Ficha No. 601/2020. RESULTANDO : I) A fs. 3, compareció Rosario VISCA en el expediente principal a demandar la nulidad de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia Nro. 2012/2020, de 4 de mayo de 2020, que dispuso: “Imponer la sanción de desinvestidura temporaria en el ejercicio de la profesión a la Escribana Teresa del Rosario VISCA PROTTO, por el plazo de seis (6) años a partir de la notificación de la presente resolución (…)” (fs. 119 a 120 de A.A.). Conjuntamente con la demanda, en el petitorio 2) de su libelo, solicitó la suspensión de ejecución del acto impugnado. Argumentó para ello, que las circunstancias del caso, evidencian que el daño que puede padecer, es superior al que puede derivar para la Administración, que no padecerá daño alguno por la suspensión reclamada. Añadió que, ante la eventualidad de que se pretenda ejecutar la resolución, ello de por sí, incuestionablemente conduce y determina que se le irrogarán “daños graves” y de trascendente entidad, al no ejercer la profesión, en tanto, al órgano público involucrado no generará daño alguno, desde que en nada altera la organización del funcionamiento de aquél. II) Por Decreto Nº 7561/2020, de 10 de noviembre de 2018, del pedido de suspensión de ejecución del acto impugnado, se confirió traslado a la demandada (fs. 19). III) A fs. 44 comparecieron la Dra. María Virginia COLLAZO y el Dr. Boris RODRÍGUEZ, en representación de la Suprema Corte de Justicia a evacuar el traslado conferido, oponiéndose a la suspensión de ejecución solicitada. En lo medular, expresaron que, claramente no concurren en la especie las condiciones requeridas por la normativa aplicable, en particular, porque habiendo dispuesto el acto administrativo atacado la desinvestidura temporaria de la profesión de Escribana, el mismo ya se está cumpliendo desde el día 11 de junio de 2020. Discreparon con lo esgrimido por la actora, respecto de que, la eventual suspensión del acto, no le generaría daño alguno al órgano público involucrado. Así destacan que, las potestades constitucionales y legales de control sobre la profesión de Escribano que ostenta la Suprema Corte de Justicia, le han sido otorgadas en beneficio de la sociedad toda y en vista de la fe pública notarial, y no de un interés meramente burocrático como sugiere la actora. Señalaron que, en el caso, no se ha configurado una actuación arbitraria o antíjuridica de la Administración, desde que la resolución atacada no puede reputarse, ni arbitraria, ni dictada con abuso o exceso de poder, ni carente de una adecuada motivación, ni violatoria de regla de derecho alguno o dictada con desviación de poder. Concluyeron que, no existe mérito alguno para acceder a la solicitud de suspensión del acto administrativo atacado. IV) Por Decreto Nº 8182/2020, de 27 de noviembre de 2020, se dispuso tener por evacuado el traslado conferido y abrió el incidente a prueba por 30 días (fs. 30), donde se produjo la que luce certificada a fs. 40. V) Por Decretos Nos. 1425/2021 y 2873/2021, de 12 de mayo y 29 de junio de 2021, respectivamente, se disponen los alegatos (fs. 41 y 47 infolios). Se formulan los alegatos de bien probado parte actora (fs. 43 a 45 vto.) y parte demandada (fs. 48 a 52). VI) A fs. 54 infolios, por providencia No. 4239/2021, de 20 de agosto de 2021, se pasan los autos en vista del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por Dictamen No. 502/2021, aconsejó rechazar la medida solicitada (fs. 55 y 55 vto., infolios). VII) Por Decreto No. 5813/2021, de 12 de octubre de 2021, se llamaron los autos para resolución, lo que se acordó en legal y oportuna forma (fs. 57 infolios). CONSIDERANDO : I) El Tribunal, en mérito a las consideraciones que se expondrán, y compartiendo con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, rechazará la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo procesado. II) El artículo 2º de la Ley No. 15.869, dispone “El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a pedido de la parte actora, que deberá formularse con la demanda y previa sustanciación con un traslado por seis días a la parte demandada, podrá decretar la suspensión transitoria, total o parcial, de la ejecución del acto impugnado, siempre que la misma fuere susceptible de irrogar a la parte actora daños graves, cuyo alcance y entidad superen los que la suspensión pudiere ocasionar a la organización y funcionamiento del órgano involucrado. La posibilidad de percibir la correspondiente indemnización no impedirá que, atendidas las circunstancias del caso, el Tribunal disponga la suspensión. Dicha suspensión también podrá ser decretada por el Tribunal cuando, a su juicio, el acto impugnado aparezca, inicialmente, como manifiestamente ilegal”. III) En el caso, se estima que no se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 2° de la Ley No. 15.869, para hacer lugar a la medida impetrada. En efecto, con relación al primer requisito, en este estadio de las actuaciones, el Tribunal no posee mayormente de elementos, que permitan analizar si los perjuicios que, genéricamente, invoca la actora, relativos a la ejecución del acto, son superiores en entidad a los que la suspensión pudiere causarle a la Administración. Si bien, no se desconoce que, en tanto la sanción dispone la desinvestidura temporaria en el ejercicio de la Profesión de Escribana de la promotora y, con ello, se ve privada de su fuente laboral, tampoco es posible sortear que, comparativamente, el bien jurídico que el legislador pretende tutelar con las medida sancionatoria dispuestas, se vislumbra de un superior valor. En este sentido, cobra especial relevancia el interés general, el que se manifiesta en la necesaria seguridad y confianza de la contratación, implícita en el desempeño de la profesión de Escribana que, indudablemente, involucra importantes derechos de otros sujetos, así como posibilidades de conflictos. En cuanto al segundo requisito, no surge de estas actuaciones prueba que acredite de forma concluyente, que exista ilegitimidad manifiesta en los actos cuya suspensión de ejecución se impetra. En efecto, desde un análisis liminar, sin que ello implique prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo objeto de debate, la resolución procesada fue adoptada por la parte demandada, frente al procesamiento y posterior condena de la promotora, como coautora de un delito de abuso de la inferioridad psicológica de los menores e incapaces. Por ende, revistiendo la actora la calidad de Escribana Pública, el control disciplinario le compete a la Suprema Corte de Justicia (art. 138, 140 y 152 de la Ley No. 15.750 y Reglamento Notarial). IV) Por otro lado, cabe anotar, además, que, como ha sostenido reiteradamente la Corporación, la suspensión de ejecución de los actos administrativos, es un instituto garantista y de carácter preventivo, por lo que no procede cuando el acto cuya suspensión se impetra ya ha cumplido sus efectos. Y ello, es lo que acontece en el caso de autos. En definitiva, sobre dicha cuestión, en términos plenamente replicables en obrados, la sentencia del Tribunal con anterior integración No. 527/2019, de 13 de agosto de 2019, expresó: “El temperamento precedente ha sido estimado en la jurisprudencia del Colegiado. Así, tras analizar las sentencias del Tribunal al respecto, se ha concluido que: “… cuando el acto ha sido cumplido o ejecutado, esto es, ya ha producido sus efectos [….] En tales casos, el TCA ha reseñado que, en la medida en que el acto administrativo que se procesa está cumplido, dada la naturaleza cautelar del instituto, es claro que no se condice respecto de actos ya ejecutados, debiéndose juzgar su legalidad, lo que corresponde a la sentencia definitiva” (Adrián GUTIÉRREZ –“Jurisprudencia del TCA sobre la suspensión de la ejecución del acto administrativo”, en Transformaciones actuales del Derecho Administrativo, 1ra. Edición, FCU, Montevideo, 2010, p. 402). (…) la Sentencia No. 127/2014 de 27 de marzo de 2014, señaló “… le asiste razón al tercerista respecto de la improcedencia de la suspensión cuando los efectos jurídicos producidos por el acto, del cual se solicita la suspensión, ya se encuentran cumplidos o ejecutados, por lo que su suspensión carece de sentido”. Por estos fundamentos expuestos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo: RESUELVE : No hacer lugar a la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado. Con costas de precepto a cargo de la parte actora. Sin especial condena en costos. Agréguense al principal. Notifíquese personalmente. Dr. Vázquez Cruz (r.), Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).