Sentencia Definitiva N° 563/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 11 de noviembre de 2021. No. 563 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “SERVICIO AEROAGRÍCOLA DE FLORES S.R.L. Y OTRO con ESTADO. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Acción de nulidad” (Ficha No. 146/2018). RESULTANDO : I) Surge de fs. 26 que el 23 de marzo de 2018 Servicio Aeroagrícola de Flores S.R.L. y el Sr. Eduardo MEDEROS dedujeron demanda de nulidad contra la Resolución Nº 613/2016 de 26 de diciembre de 2016, dictada por el Director Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, que ratificó la Resolución DINACIA Nº 123/013 de 26 de abril de 2013 (fs. 317 A.A.). Por esta última, se sancionó con una inhabilitación temporaria de sus licencias por cuatro meses al Sr. Carlos RETAMOSA, por tres meses a los Sres. Hugo MEDINA, Ulises ILUNDAIN y Eduardo MEDEROS, y con una multa de 80.000 UI al Taller Servicio Aeroagrícola de Flores S.R.L., por no haber procedido a las reparaciones de la aeronave CX-BVI-R según el Manual de Servicio de la aeronave ni al AC 43.13-1B, de acuerdo a lo previsto en los artículos 192, 193 y 194 del Código Aeronáutico, Ley Nº 14.305 (fs. 196 y 197 A.A.). Señalaron irregularidades en la investigación administrativa e indicaron que el informe se había basado en una inspección que el Inspector de Aeronavegabilidad de la DINACIA había practicado al avión 5 días después de ocurrido el accidente en las instalaciones del Taller Aeronáutico de la empresa AERODOL SRL, arrendataria y operadora irregular de la aeronave, y responsable de ésta al momento del accidente. Afirmaron que se había producido una flagrante irregularidad al trasladar la aeronave al taller propiedad de AERODOL SRL, principal interesada en que el resultado de la investigación la exonerara de responsabilidad ya que, de no ser así, debía devolver la aeronave al arrendador en el estado en que la había recibido vencido el término del contrato. Por tanto, el procedimiento no había sido garantista, existió la probabilidad de que la parte interesada hubiera modificado o destruido prueba que la pudiera comprometer, y no se había actuado con imparcialidad, ya que las preguntas efectuadas al arrendatario de la aeronave estaban dirigidas a demostrar que la responsabilidad del accidente era del taller que armó y obtuvo la certificación de la aeronave. Indicaron que no existía prueba alguna de que entre el período en que la aeronave fue enajenada a NADIRCO SRL (el 22 de enero de 2011) y la fecha del accidente (el 9 de abril de 2011), aquélla no hubiera sido objeto de reparaciones mecánicas, tanto por el propietario como por el arrendatario AERODOL SRL, empresa que contaba con taller mecánico. Denunciaron como principal irregularidad la intervención del Inspector ZANELLATO como asesor y participante de la investigación, relevando que el inspector que extendió el Certificado de Aeronavegabilidad había participado en la investigación relativa al accidente de la aeronave y sus declaraciones habían sido determinantes en las conclusiones a las que arribó la Junta de Infracciones. Citaron dichas conclusiones entre las que destacaron la exoneración de responsabilidad a quien operaba la aeronave al momento del accidente – AERODOL SRL- que, además, era pilotada por el Sr. Gastón GAMARRA que solo tenía 400 horas de vuelo en ese tipo de aeronave. Entendieron que no se había probado por el órgano competente que la causa del accidente objeto del procedimiento hubiera sido la constatación de supuestos errores técnicos o faltas administrativas en el armado da la nave, y agregaron que la Junta de Infracciones en ningún momento fue asesorada por personal calificado para valorar la prueba ofrecida. Concluyeron que la resolución enjuiciada era ilegítima, por vulnerar los principios de verdad material, imparcialidad y legalidad, y carecer de motivación. En definitiva, solicitaron la anulación del acto impugnado. II) A fs. 44, el 14 de mayo de 2018 el representante de la demandada, contestó la demanda incoada. Reseñó que el 9 de abril de 2011, mientras realizaba vuelos de aeroaplicaciones en la Estancia “Las Brujas” Pueblo Tres Árboles departamento de Paysandú, la aeronave matrícula CX-BVI-R propiedad de NADIRCO S.A., pilotada por el Sr. Gastón GAMARRA y explotada por AERODOL SRL, se había precipitado a tierra y que, tras el siniestro, se había procedido a realizar una investigación por parte de la Oficina de Investigación y Prevención de Accidentes e Incidentes de Aviación (OIPAIA), actual Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación (CIAIA), la que dio cuenta a la DINACIA respecto de la configuración de distintas irregularidades. Adujo que, completado el relevamiento de campo y de la aeronave, se autorizó el traslado del avión a las instalaciones de AERODOL SRL, y se constataron por el Inspector de Aeronavegabilidad Sr. Jorge CAPPIO, diversas irregularidades que citó. Afirmó que el traslado había sido dispuesto y realizado por la OIPAIA, órgano encargado de la investigación de las causas de los accidentes e incidentes de aviación, quien cumplió con los protocolos de intervención vigentes, constando los registros fotográficos y fílmicos del estado de la aeronave luego del accidente, de su traslado y del estado en que fue entregada a AERODOL SRL., a la vez que fueron extraídas las piezas relevantes para su análisis que permanecieron bajo custodia de la hoy CIAIA. Agregó que los actores en su “Informe técnico sobre reparaciones y procedimiento realizados en la aeronave CX-BVI-R” presentado al evacuar la vista conferida, admitieron su responsabilidad en las irregularidades constatadas, referentes al armado y mantenimiento de la aeronave siniestrada. Rechazó el cuestionamiento a la intervención en el procedimiento del Inspector ZANELLATO, quién había extendido el Certificado de Aeronavegabilidad, y adujo que el Inspector de Aeronavegabilidad interviniente necesariamente debió hacer fe en la documentación que le fue proporcionada por el interesado, suscripta por su representante técnico que era el responsable de su veracidad, ya que materialmente era imposible que el inspector participara en todo el proceso de mantenimiento. Sostuvo que no se responsabilizó al actor del accidente sufrido por la aeronave, sino que el motivo de las sanciones impuestas radicó en no haber procedido a las reparaciones de la aeronave según el Manual de Servicio y la AC 43-13 1 B. Indicó que la Administración se ajustó a la verdad material de los hechos, habiendo recabado prueba de cada uno de los elementos que fundaron su decisión y realizando un exhaustivo análisis de las irregularidades constatadas en el mantenimiento de la aeronave siniestrada. Controvirtió que se hubieran lesionado los principios de imparcialidad y de legalidad, y recalcó que la DINACIA actuó dentro del ámbito de sus competencias conferidas por el Código Aeronáutico (arts. 192 a 194), y la ley Nº 18.619. Concluyó que la resolución impugnada se encontraba debidamente motivada, surgiendo los fundamentos del propio acto como también de sus antecedentes administrativos, y solicitó la confirmación de la enjuiciada. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fojas 188. IV) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 191 y ss. y la demandada a fs. 200 y ss. V) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen No. 377/2020 que obra a fs. 208, aconsejando confirmar el acto impugnado. VI) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) En la especie, se han acreditado los extremos legales habituales requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley N°15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, se demanda la nulidad de la Resolución Nº 613/2016 de 26 de diciembre de 2016, dictada por el Director Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, que ratificó la Resolución DINACIA Nº 123/013 de 26 de abril de 2013 (fs. 317 A.A.). Contra dicha decisión, notificada a los accionantes el 28 de diciembre de 2016 (fs. 317 vta. A.A.), se interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico el 10 de febrero de 2017 (fs. 320 a 334 A.A.). Por Resolución Nº 71660 de fecha 1° de diciembre de 2017, dictada por el Ministro de Defensa Nacional en ejercicio de atribuciones delegadas, se desestimó el recurso jerárquico (fs. 379 y 380 A.A.), la que fue notificada el 15 de los mismos mes y año (fs. 338 A.A.). Finalmente, la demanda de nulidad se dedujo en tiempo útil (el 23 de marzo de 2018 - nota de cargo fs. 36). II) El Tribunal, por unanimidad y de acuerdo con lo dictaminado por el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda y confirmará el acto impugnado. III) Emerge de los antecedentes administrativos allegados al proceso que por Resolución Nº 123/2013 de fecha 26 de abril de 2013 la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica resolvió sancionar con una inhabilitación temporaria de sus licencias por cuatro meses al Sr. Carlos RETAMOSA, por tres meses a los Sres. Hugo MEDINA, Ulises ILUNDAIN y Javier MEDEROS y con una multa consistente en 80.000 UI al Taller Servicio Agrícola de Flores S.R.L. por no haber procedido en las reparaciones de la aeronave CX-BVI-R según el Manual de Servicio de la aeronave ni el AC 43.13-1B, de acuerdo a lo previsto en los artículos 192, 193 y 194 del Código Aeronáutico, Ley Nº 14.305 (fs.196 y197 A.A.). Contra dicha resolución se interpusieron el 8 de mayo de 2013 recursos administrativos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 207 a 222 A.A.), recayendo la Resolución Nº 089/2015 del Director de la DINACIA de fecha 16 de marzo de 2015 que revocó parcialmente la Resolución Nº 123/2013 de fecha 26 de abril de 2013, dejando sin efecto las sanciones impuestas a los recurrentes Servicio Aeroagrícola de Flores S.R.L. y a los Sres. Ulises ILUNDAIN, Eduardo MEDEROS y Carlos RETAMOSA, disponiendo el diligenciamiento de la prueba ofrecida en oportunidad de evacuar la vista conferida, y cometiendo a la Junta de Infracciones (fs. 249 A.A.). Diligenciada la prueba ofrecida (fs. 250 y ss. A.A.), el Director de la DINACIA dictó la Resolución Nº 514/2016 de fecha 1° de noviembre de 2016, que desestimó el recurso de revocación interpuesto contra la Resolución DINACIA Nº 123/013 (fs. 297 y 298 A.A.). Por Dictamen Nº 2432/2016 de fecha 25 de noviembre de 2016 el Departamento Jurídico Notarial advirtió que no se había tenido presente que por Resolución Nº 089/2015 se había dejado sin efecto la Resolución Nº123/2013 objeto de los recursos, y aconsejó se dictara una resolución que saneara la instrucción del trámite, dejando sin efecto la Resolución de la DINACIA Nº 514/2016, y que, a su vez, ratificara o rectificara en forma expresa la Resolución de la DINACIA Nº 123/013 de fecha 26 de abril de 2013 (fs.309 y 310 A.A.). Finalmente, la DINACIA procedió a dictar la Resolución Nº 613/2016 de fecha 26 de diciembre de 2016 que ratificó la Resolución de la DINACIA Nº 123/2013 que se procesa en autos (fs. 317 A.A. fs.). IV) En cuanto al fondo del asunto, el tema a dilucidar radica en determinar la legitimidad de lo resuelto por la Administración, esto es, examinar si las sanciones impuestas a los actores lo fueron conforme a derecho. IV.1) Liminarmente, cabe señalar que asiste razón a la parte demandada en cuanto indicó que las actuaciones cuestionadas no refieren a la determinación de la responsabilidad de los actores en el accidente aéreo, sino que tratan de la imposición de una sanción por haberse constatado por parte de la autoridad aeronáutica competente, la existencia de reparaciones en contravención a la normativa técnica aplicable, imputables a la actora. Conforme lo dispone el artículo 1° de la Ley Nº 18.619: “Se considera de interés público el fomento y la supervisión de la actividad aeronáutica civil con el objetivo de procurar los más altos niveles posibles de seguridad operacional”. Precisamente, y respecto a la competencia de la DINACA en materia de seguridad operacional aeronáutica, el artículo 3º de la misma norma establece que: “(Autoridad Aeronáutica).- La Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica es la autoridad aeronáutica en materia de seguridad operacional de acuerdo con lo establecido en las leyes y en los reglamentos vigentes. Constituye el órgano especializado sin perjuicio de las demás atribuciones que establezca la reglamentación. Estará a cargo de la supervisión y el control de la actividad aeronáutica de la República ” (el destacado no pertenece al original). Por su parte, el artículo 4° consagra amplias atribuciones en favor de la Autoridad Aeronáutica para el cumplimiento de sus cometidos. IV.2) En el caso, lo resuelto por la demandada no merece reproche alguno, ya que de las actuaciones administrativas surge el análisis del estado de la aeronave, de las causas del siniestro y de las responsabilidades correspondientes. Así, entre fs. 2 y 25 de los antecedentes, obra informe con material fotográfico del Titular de la Sección Certificación e Inspección de Aviación General, Trabajos Aéreos y Publicaciones Técnicas, Jorge CAPPIO, de fecha 24 de junio de 2011, relativo a la inspección de la Aeronave Matrícula CX-BVI-R accidentada el día 9 de Abril de 2011. En el referido informe se consignó que: “ Al realizar la inspección de la misma se observaron varias reparaciones realizados los cuales no cumplen con los estándares establecidos por la AC 43.13-1B y el respectivo manual de servicio del modelo de la aeronave ”, las que fueron detalladas, a saber: “Platina de sujeción de controles de acelerador y mezcla es de fabricación casera, no se utilizó el repuesto correspondiente establecido por el fabricante. Gran parte de los bolt utilizados no es la establecida por el fabricante… Reparación de la Wing Spar P/N 6405603 no cumple con los Estándares establecidos en la AC 43.13-1 B. Cables de actuación de los Flaps no están colocados los establecidos por el Fabricante. Se observó la falta de una tuerca de sujeción ”, y se indicó que el 26 de mayo de 2011 se había concurrido a las instalaciones del TAR AC 149, ubicado en Flores – Trinidad, a efectos de verificar si las reparaciones mencionadas habían sido realizadas en dichas instalaciones. Asimismo, se tomó declaración a los sujetos involucrados en el siniestro y en la reparación de la aeronave, las que arrojaron luz respecto a la configuración de las responsabilidad imputadas. En este sentido, de los interrogatorios realizados surge que el Sr. Duillo DE LEÓN, arrendatario de la aeronave y titular de la empresa AERODOL SRL, al ser preguntado por el taller que realizaba el mantenimiento de la aeronave, respondió: “ El taller está basado en la ciudad de Trinidad y es de propiedad del Sr. Julio Placeres y el mecánico responsable es el Sr. Carlos Retamosa, según tengo entendido el avión fue comprado con otros más en Turquía y armados en ese taller y puestos a la venta, tengo entendido que la importación fue efectuada por el propio Sr. Placeres y luego fue comprado por el Sr. Herrera” ; consultado sobre el momento en el que el avión tuvo el certificado de aeronavegabilidad y el taller en el que se había llevado a cabo la inspección, manifestó: “En Flores en el Taller del Sr. Placeres y luego vendido a Sr. Herrera y posteriormente arrendado a la empresa AERODOL S.R.L. y no nos percatamos de los daños ocultos y piezas que tenía que no correspondían a la aeronave y que afectaron directamente su aeronavegabilidad” , agregando que: “Estaba recién entelado por lo tanto al armarlo se supone que tendría que haberse percatado del problema e inclusive hay una reparación muy precaria sobre una parte muy sensible como es el larguero del ala que tiene una reparación que no sigue los procedimientos de los manuales Circular AC 43-13-1 B” ; y en cuanto a la participación en algún momento del taller AERODOL en el mantenimiento o reparación de la aeronave, afirmó: “No, no tocamos nunca la aeronave” (fs. 44 a 46 A.A.). Por su parte, el Sr. Carlos RETAMOSA, representante técnico del taller de reparaciones aeronáutica Servicio Aeroagrícola de Flores, al ser interrogado por la Junta de Infracciones sobre las reparaciones en la aeronave, declaró: “… localmente se procedió al reensamblado cambiando todos los componentes del sistema eléctrico, cabe acotar que la hélice que se instaló primero no rendía a satisfacción del piloto y fue cambiada por una de certificación de Turquía y ese cambio se omitió de comunicarlo a la DINACIA”. Consultado acerca del motivo de esa omisión, expresó: “Fue por un error administrativo porque de hecho el avión mejoró con la hélice que pusimos y la responsabilidad de esa omisión es del representante técnico”. Cuestionado respecto al motivo de la utilización de una plaqueta de sujeción de controles de acelerador de control y mezcla de fabricación casera y no del repuesto correspondiente establecido por el fabricante, dijo: “No se disponía de la pieza legítima se copió con material adecuado y se sustituyeron los elementos de fijación por alambres de freno de calidad aeronáutica”. Luego, preguntado respecto a la reparación en la viga trasera del ala que no cumplía con los estándares establecidos por AC 43.13-1 Bravo, respondió: “No, no la vi, pero cometo el error de asumir que gente que venía con experiencia de 25 años en Fuerza Aérea no iba a dejar pasar ese error y confié”. Finalmente, cuando se le preguntó si el Inspector de DINACIA podría haber observado esas irregularidades a simple vista, sostuvo: “No, no tuvo oportunidad, lo que él lo consideró inapropiado lo hizo corregir” (fs. 54 a 56 A.A.). (el subrayado no luce en el original). El piloto de la aeronave accidentada, Sr. Gastón GAMARRA, al ser preguntado sobre las condiciones en que encontró la aeronave al momento de hacer los vuelos de entrenamiento y el trabajo, expresó: “Si, anteriormente al trabajo la primera vez que pilotee el avión le encontré unas pequeñas discrepancias el flap derecho flameaba, mandándose nuevamente al taller de Placeres, para solucionarlas, solucionándose al momento que se empezó el trabajo” (fs. 59 A.A.). A su turno, el actor Sr. Eduardo MEDEROS, mecánico de motores dependiente de la también actora Servicio Aeroagrícola de Flores Taller AC149, consultado respecto al motivo por el cual se encontraba instalada una platina de sujeción de los cables de los comandos de mezcla, acelerador y aire caliente de fabricación casera, respondió: “ Esta platina es copia fiel del original, la cual estaba en mal estado y se realizó con una chapa de acero inoxidable” y agregó: “Fue realizada en el taller por un técnico en chapa, y autorizada por el representante técnico, y la coloqué yo”. Además, manifestó que había participado en el armado de dicha aeronave con el Sr. Ulises Ilundai, que también lo había hecho en el montaje del motor, en la hélice y en los accesorios y que había ayudado en el ensamblado de la aeronave, “tarea que no es específica de mi área”, y que había realizado el cambio de hélice. Por último, cuando se le interrogó acerca de quien tendría que asentar en el libro de hélice el cambio de la misma, afirmó: “El mecánico que la efectúa. En este caso yo no lo realicé puesto que no poseía Licencia”. (fs. 68 a 70 A.A.). (el subrayado no luce en el original). En similar sentido, emerge comprobado que el actor Eduardo MEDEROS realizó actividades de mantenimiento de la aeronave sin contar con licencia de mecánico de mantenimiento, ya que ésta es de fecha 4 de abril de 2011 (fs, 1 carpeta rosada en 98 fs.), mientras que el certificado de aeronavegabilidad fue expedido el 19 de enero de 2011 (fs. 162 a 165 A.A.). El Sr. Ulises ILUNDAI, mecánico de mantenimiento de aeronave y dependiente de la empresa Servicio Aeroagrícola de Flores Taller AC149, declaró haber participado en el armado de la aeronave de marras, e interrogado respecto al motivo por el cual se utilizaron bulones AN3 en lugar de AN23-12 en la parte de los comandos, respondió: “Fue una mala interpretación mía del manual 1-1A-8 Ferretería Aeronáutica”, respecto a la realización del prensado (NICOPRESS) de los terminales de los cables fuera del estándar establecido en la circular AC 43.13-1B, manifestó: “Por no consultar dicha circular, la tengo pero no la tenía en el taller”. Y concluyó: “ que en ese tipo de aeronaves tengo poca experiencia, ahora estamos nivelando con Retamosa el conocimiento .” (fs. 72 a 75 en A.A.). (el subrayado no luce en el original). Las declaraciones transcriptas son concluyentes respecto de las responsabilidades imputadas por la DINACIA por el incumplimiento de la normativa técnica señalada. Por un lado, porque los mecánicos y técnicos del taller interviniente expresamente reconocieron los errores e irregularidades en las que incurrieron. Y, por otro, porque admitieron su falta de conocimientos técnicos, lo que se ve reafirmado por la declaración del Representante Técnico del Taller de reparación aeronáutica Servicio Aeroagrícola de Flores, Sr. Carlos RETAMOSA, quien manifestó que “… con intención de evitar sucesos similares hay un plan de reentrenamiento general de las personas involucradas en este trabajo dirigidos por el dicente y con intervención de los funcionarios tratando de lograr un intercambio de conocimientos y experiencias en beneficio de las tareas comunes” (fs. 56 y 57 A.A.). IV.3) En otro orden, tampoco es de recibo la falta de imparcialidad alegada por la actora. Como afirma sobre el punto en su voto la Sra. Ministra Dra. Selva KLETT: “… la concesión del certificado de aeronavegabilidad no opera como una especie de blindaje respecto a la inobservancia de la reglamentación técnica que resulta aplicable. Lo que es independiente de la posible responsabilidad funcional del técnico interviniente en dicha habilitación - lo que no integra el objeto del siguiente proceso-. Asimismo, a los efectos de arribar a la verdad material de los hechos es necesaria la intervención de todos los involucrados en el siniestro objeto de análisis.” Al respecto y en lo relativo a la participación que le correspondió al Inspector de Aeronavegabilidad Sr. Aristóbulo ZANELLATO, cuya declaración fue solicitada como prueba testimonial por la actora al evacuar la vista conferida (fs. 128 a 153 A.A.), afirmó no haber participado en la inspección del avión luego de haberse accidentado, que lo vio por fotos , y que “esa aeronave en algún momento colapsaría, en tierra o en aire, aunque lo piloteara un piloto experto”, aclarando “que simplemente cuando yo la vi estaba en condiciones de volar, y no le vi nada que pudiera dar lugar a que caería, si no no le hubiera dado el certificado. A mi buen saber y entender encontré la aeronave aeronavegable, lo demás estaba oculto” (fs. 261 y 262 A.A). A ello se debe agregar lo que surge de las declaraciones del resto de los testigos ofrecidos por la parte actora en oportunidad de evacuar la vista referida, Sres. Marcel OLIVER, Jorge SCOTTO, Wilson CARDOZO y Tomás CANTORE (fs. 265 a 272 A.A.). Es de verse que en sus testimonios no abordaron las irregularidades imputadas a la actora, y se comparte la conclusión a la que arribara sobre tal cuestión la Junta de Infracciones en informe de fecha 24 de agosto de 2016, en cuanto: “…los testimonios reseñados versan fundamentalmente sobre el conocimiento profesional y/o personal de los deponentes sobre la empresa Aeroagrícola de Flores S.R.L., pero no arrojan luz ni permiten rebatir las irregularidades detectadas en relación a la aeronave CX-BVI-R …” (fs. 290 a 291 A.A.). De modo que de los extremos que vienen de reseñarse, no se aprecia vulneración alguna de los principios de verdad material y de imparcialidad. Por el contrario, al evacuar las vistas conferidas los actores tuvieron oportunidad de presentar sus descargos y articular las pruebas que respaldaran su postura, pruebas que la Administración diligenció en su totalidad, por lo que no quebrantó norma constitucional, legal, reglamentaria o principio de derecho alguno. IV.4) Tampoco resulta de recibo el agravio referido a la violación del principio de legalidad, en virtud de que el procedimiento se ciñó estrictamente a lo prevenido por el Decreto 500/91 y el Código Aeronáutico Ley N°14.305, particularmente en sus artículos 192 a 195 que habilitan la imposición de sanciones a la empresa y la inhabilitación temporaria al mecánico accionante, con el agravante contemplado en el artículo 194 por el peligro que el acto supuso para terceros. IV.5) Finalmente, también es de rechazo el cuestionamiento de ausencia de motivación del acto impugnado. Corresponde anotar que, conforme viene de expresarse, la Resolución enjuiciada fue el corolario del dictado de la Resolución Nº 123/2013 de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica de fecha 26 de abril de 2013 que resolvió sancionar con una inhabilitación temporaria de sus licencias por cuatro meses al Sr. Carlos RETAMOSA, por tres meses a los Sres. Hugo MEDINA, Ulises ILUNDAIN y Javier MEDEROS y con una multa de 80.000 UI al Taller Servicio Agrícola de Flores S.R.L., por no haber procedido en las reparaciones de la aeronave CX-BVI-R según el Manual de Servicio de la aeronave ni al AC 43.13-1B, de acuerdo a lo previsto en los artículos 192, 193 y 194 del Código Aeronáutico, Ley Nº 14.305. A su vez, con fecha 8 de mayo de 2013 los accionante presentaron recursos administrativos contra la dicha Resolución (fs. 207 a 222 A.A.), dictándose a la postre las Resoluciones Nº 089/2015 (fs. 249 A.A.) y Nº 514/2016 (fs. 297 y 298 A.A.). Además, como fuera referido supra, se realizaron informes de diversas reparticiones técnicas y del Departamento Jurídico Notarial de la DINACIA. De modo que las actuaciones que vienen de referirse constituyen el proceso de formación del acto, y, al decir de MARIENHOFF en tesitura admitida por la Corporación, se erigen en motivación suficiente del acto administrativo. En tal sentido, ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal en la materia que la fundamentación del acto puede y debe surgir del acto mismo o de sus antecedentes. Como enseña MARIENHOFF, la motivación del acto administrativo -aunque ella fuere obligatoria- puede resultar acreditada en cualquiera de los dos momentos que integran o pueden integrar la “forma” del acto; en el proceso de “formación” o en el de “expresión” de la voluntad de la Administración Pública. Es decir, la motivación puede ser concomitante o contemporánea con la expresión de dicha voluntad o anterior a tal expresión, apareciendo en este último caso en el proceso de formación de la voluntad administrativa; en dos palabras: motivación idónea y eficaz requiere que ella sea “suficiente” para apreciar con exactitud los motivos determinados del acto (cf. MARIENHOFF, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo , Tomo II, págs. 330-332; en la jurisprudencia del Tribunal véanse, entre muchas otras, las Sentencias N° 881/2010, 374/2011, 325/2012, 312/2013 y 539/2016). Así, cabe concluir que la motivación del acto administrativo encausado resulta suficiente, por lo que no puede prosperar el agravio de los accionantes. Por tales fundamentos, y atento a lo preceptuado en los artículos 309 de la Constitución Nacional y 23, 24 y 25 del Decreto-Ley N°15.524, el Tribunal, FALLA : Desestímase la demanda incoada y, en su mérito, confírmase el acto administrativo encausado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).