Sentencia Sentencia N° 556/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 11 de noviembre de 2021. No. 556 VISTOS : Para resolución, la solicitud de clausura planteada por la demandada, en estos autos caratulados: “EFICE S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Acción de Nulidad” (Ficha No. 163/2021). RESULTANDO : I) Se procesa en autos la resolución Nº 32/020, de 20 de febrero de 2020, emitida por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (en adelante CPDC), en cuanto, en su numeral 4º, impuso a la actora una sanción pecuniaria de 10.000 UI (diez mil unidades indexadas) por incumplimiento de lo ordenado por resoluciones emanadas de la CPDC (fs. 1284-1289 AA, pieza 5, foliatura mecánica). II) Conferido traslado de la demanda (fs. 14), compareció la representante de la demandada a fs. 17-18, a solicitar la clausura de los procedimientos, conforme con lo dispuesto por el artículo 95 del Decreto Ley No. 15.524, habida cuenta que la resolución atacada fue revocada por resolución Nº 128/021, de 29 de junio de 2021. III) Por auto Nº 3814/2021 se confirió vista a la parte actora (fs. 20), quien la evacuó a fs. 26-28. Se opuso a la clausura formulada, con imposición de costas y costos a la contraparte y solicitó la prosecución del trámite. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó acceder a la clausura impetrada (dictamen Nº 523/2021, fs. 31 y vto.). V) Por auto Nº 5811/2021 (fs. 33), se llamó para resolución, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, considera que corresponde la clausura y archivo de las presentes actuaciones. II) El artículo 95 del Decreto Ley No. 15.524, prevé: “Si antes de pronunciada la sentencia, la Administración demandada revocara el acto por razones de legalidad, comprobada fehacientemente, se dispondrá la clausura y archivo de los procedimientos a petición de cualquiera de las partes y aún de oficio si el Tribunal tuviera conocimiento auténtico de la referida situación.” Emerge de los antecedentes administrativos allegados a la causa, que por resolución Nº 1788, de 13 de abril de 2021, dictada en el marco de la recurrencia administrativa incoada, el Ministerio de Economía y Finanzas, en ejercicio de atribuciones, dispuso revocar el numeral 4º de la resolución impugnada, por razones de legalidad, a efectos de conferirle vista a la reclamante, en mérito a que la sanción aplicada lo fue sin haberle otorgado oportunidad de defenderse (fs. 1919 y vto. AA, pieza 7, foliatura mecánica). Si bien a posteriori, la CPDC pareció desconocer el contenido del acto supra referenciado, en mérito a lo que surge del contenido de la resolución Nº 91/2021, de 12 de mayo de 2021 (fs. 1925-1926 ibídem), ésta también fue revocada por acto emitido por la CPDC (resolución Nº 128/021, de 29 de junio de 2021 (fs. 1939-1940 ib.). III) Ha dicho la Corporación en reiterados pronunciamientos: “La revocación por razones de legalidad no necesariamente ha de ser un espejo de la batería de agravios relacionados en la demanda anulatoria, porque la ocurrencia de un vicio formal detectado y declarado por el propio órgano público, de por sí retrotrae los procedimientos a una instancia previa a cualquier consideración sustancial” (Cf. Sentencia Nº 1031/2011); y que una vez operada la revocación del acto originario con efectos ex tunc, se han extinguido totalmente los efectos de este; todo lo cual no obsta a que la Administración pueda recomponer la actividad administrativa, al proceder a recibir los descargos y defensas en debida forma del funcionario afectado y luego de sopesados los mismos, eventualmente dictar un nuevo acto conforme a derecho. Al decir del Prof. José KORZENIAK : “...en el lenguaje de nuestra Constitución, debe decirse sencillamente que si el acto administrativo ha sido revocado con efectos ex tunc por la Administración, la sentencia anulatoria se hace imposible por “inexistencia del acto administrativo” anulable.” (KORZENIAK, José: “Cesación de la materia de la contienda”, RDJA, T. 67, págs. 232 y 233; véase también LEVRERO BOCAGE, Constancio: “Cesación de los efectos del acto administrativo y objeto de la acción de nulidad”, RDJA, T. 67, págs. 254 a 258 y del mismo autor: “Rectificación plausible de la jurisprudencia sobre cesación de la materia de la contienda”, RDJA, T. 69, pág. 255). (Cf. Sentencia No. 861/2011). Por los fundamentos expuestos, y conforme con lo dispuesto por el art. 95 del Decreto-Ley No. 15.524, el Tribunal, RESUELVE : Clausúranse los procedimientos ; sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dra. Klett (r.). Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).