Sentencia Definitiva N° 551/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 11 de noviembre de 2021 No. 551 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PASTORINO BOTTARO, ENR IQUE con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 694/2018). RESULTANDO : I) El actor dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución RDT/ 84/2018, de 14 de marzo de 2018 , dictada por la Dirección Técnica de la Asesoría Tributaria y Recaudación del Banco de Previsión Social (fs. 149 vto. a 153, en ca rpeta verde de 189 fojas, A.A.), mediante la cual: a) Se lo declaró responsable solidario, a título de culpa, por la deuda generada por la empresa MEDIÁTICA S.A., por las declaraciones juradas de no pago por aportes personales y patronales de los período s allí indicados, con sus correspondientes actualizaciones (Resuelve 1), fs. 151 vto., A.A.). b) Se lo declaró responsable por las infracciones tributarias de los períodos que se establecen, conforme lo establecido por los artículos 102 y 104 del Código Tributario (Resuelve 2), fs. 152, A.A.). c) Se declaró que administró por concepto de remuneraciones salariales por el período de febrero de 2003 , a abril de 2011 , la suma de $74.763.285 (Resultando 3), fs. 152, A.A.). En necesaria síntesis , el acciona nte se agravió contra el acto impugnado señalando que: i) se resolvió adjudicarle nuevamente responsabilidad solidaria por l os adeudos de la empresa MED IÁTICA S.A., en virtud de su “falta de diligencia” en el ejercicio de sus funciones de Director, afirmaciones que no se ajustan a la realidad fáctica, pues él era integrante del Directorio sin remuneración y sin actividad. Su verdadera responsabilidad era la de asesor de seguridad, tarea para la cual sí estaba remunerado y representaba a la sociedad en los trámites administrativos. La dirección estaba en manos de los accionistas de la sociedad. De ahí , que no se verifica el elemento subjetivo exigido por el artículo 21 del CTU para establecer la responsabilidad solidaria , es decir, la falta de diligencia; ii) en la recurrida se reclama el pago de todos los aportes generados por los trabajadores y los patronales, extremo que no se ajusta a la realidad ya que los últimos sí se abonaban. No se descontó de lo ya abonado por el convenio de pago por obligaciones pat ronales por el período del 1º de agosto de 2004 , al 1º de febrero de 2005 y del cual se abonaron casi la totalidad de las cuotas, aunque lamentablemente no se pudo cancelar por insuficiencia de fondos; iii) el Ente incurrió en violación al principio de non bis in ídem y a la seguridad jurídica . Salta a la vista que se intenta responsabilizarlo dos veces por lo mismo cuando existe un acto administrativo anulado por el TCA ; y iv) excepción de prescripción y/o caducidad. Resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 38 numeral 1º) del CTU y no el inciso 2º), siendo el plazo de prescripción de cinco años. Si el período reclamado es 02/2003, a 04/2011, y la primera Resolución fue notificada en diciembre de 2013, sólo deberían haber reclamado el período que va desde 04/2007, a 04/2011, es decir, por los últimos cinco años. Todo el período anterior está prescripto. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 42 a 48). II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación del Banco de Previsión Social- el Dr. Francisco Leizagoyen, quien luego de relacionar los antecedentes contestó la demanda oponiéndose al accionamiento. Por sentencia Nº 463/2017, el Tribunal anuló la Resolución Nº 1324/2013, que había declarado responsable so lidario al Sr. José Pastorino de los adeudos tributarios de MEDI ÁTICA S.A., por el período 02/2003 , a 04/2011, solamente porque consideró que se la debía limitar cuantitativamente. Sin embargo, rechazó los restantes agravios planteados. Los agravios relativos a la falta de los presupuestos requeridos por el artículo 21 ya fueron analizados y rechazados en la sentencia citada, por lo que sobre ellos recae la cosa juzgada. La omisión de limitar la responsabilidad del actor al valor de los bienes que est e administraba o disponía en la Resolución anteriormente impugnada fue la causa de la anulación dispuesta por el T .C.A. Con posterioridad a dicho fallo, lo que hizo el BPS fue ajustar su obrar a sus lineamientos, limitando la responsabilidad a los bienes que se administren o dispongan. Es así, como en los antecedentes se informó que los bienes concretos de los que tenía conocimiento el Organismo y que administró el actor por el período 2.2003 , a 4.20011 , fueron las remuneraciones salariales de los trabajadores, por la suma de $ 74.763.285 (importe resultante de la suma de los salarios de los trabajadores en esos períodos y denunciados por la empresa al BPS). Con respecto a la pretendida prescripción y/o caducidad de las obligaciones tributarias, la acto ra se agravia sin realizar mayor análisis. El período determinado entre febrero de 2003 y abril de 2011 , no fue impugnado en la acción anulatoria anterior. En cuanto a la prescripción, en tanto existen juicios ejecutivos tributarios iniciados contra MED IÁTICA S.A., no puede presumirse en forma alguna que el BPS haya hecho abandono de su crédito. El instituto de la prescripción en materia tributaria se encuentra regulado en los artículos 38 a 40 del CTU, debiendo integrarse ante los vacíos legales con las normas análogas y principios generales de Derecho Tributario, y en su defecto, con las normas de derecho más afines (artículo 5 del CTU). En el presente caso, la forma del cómputo del plazo de prescripción una vez que se ha accionado judicialmente no se encuentra expresamente regulado en el CTU, razón por la cual, conforme al artículo 5º, se debe acudir a las normas de derecho común, únicas que regulan la prescripción con posterioridad a la sentencia de condena. Una vez recaída sentencia condenatori a y que esta ha quedado ejecutoriada, debe computarse el plazo de prescripción del artículo 1216 y 1220 del CC, que establecen que toda acción personal por deuda exigible prescribe en un plazo de veinte años contados desde que esta pasó en autoridad de cosa juzgada. En obrados, el BPS tiene un plazo de veinte años para exigir su crédito al responsable solidario en virtud que los efectos interruptivos de la prescripción se extienden al responsable solidario. Cabe mencionar que el BPS ha perseguido persistentemente el pago de las obligaciones a través de sendos juicios ejecutivos, como ya se analizó en la sentencia que motivó esta recomposición. Fueron trece juicios ejecutivos, que se volverán a acreditar, los cuales tienen efectos sobre el plazo de prescripción y alcanzan a los obligados solidarios. Corresponde aplicar por analogía los artículos 1398 inciso 3º) y 4º) y 1240 del CC, por lo que la interrupción de la prescripción contra la contribuyente también la interrumpe respecto de los demás responsa bles solidarios. Por otra parte, la caducidad mencionada por el actor es inaplicable a estos obrados, por lo que no merece ninguna consideración. En lo que respecta a la imputación de pago de las cuotas abonadas al saldo adeudado, se controvierten cat egóricamente las afirmaciones de l actor. Todos los pagos realizados fueron debidamente imputados a la deuda, y el monto adeudado se encuentra ajustado correctamente a los saldos históricos actualizados. El actor afirmó genéricamente que pagó casi todas las cuotas de un convenio, sin especificar cuál, ni cuantas cuotas, y que esos pagos no fueron descontados del saldo adeudado. Estas afirmaciones son totalmente falsas como se probará con la agregación de los registros de estas operaciones. En definitiva, solicitó el rechazo de la demanda y la confirmación del acto (fs. 55 a 63 vto.). III) Por decreto No. 512/2019 (fs. 65) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 270. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 273-276 vto. y fs. 279-284 vto., respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 85/2021 y aconsejó la confirmación del acto (fs. 287 a 288 vto.). VI) Puestos los a utos para sentencia, previo pase a estudio de los Señores Ministros en forma sucesiva se acordó en legal y oportuna forma (fs. 290). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que seg ún la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4, 8 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución RDT/84/2018 , se emitió el 14 de marzo de 2018 (fs. 149 vto. a 153, A.A.) y se notificó el 17 de abril de 2018 (fs. 155, A.A.). El 27 de abril de 2018 , se interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 156 vto. a 161 vto., A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produj o mediante denegatoria expresa, a través del dictado de la Resolución R.D. Nº 30 - 13/2018, de 29 de agosto de 2018 (fs. 178 vto. a 180, A.A.), notificada al actor el 7 de setiembre de 2018. La demanda se interpuso el 5 de noviembre de 2018, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 49). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una breve reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. Las actuaciones que dieron cima al dictado de l acto encausado son consecuencia de una recomposición de la faz administrativa , ante la anulación por parte de este Tribunal de la Resolución RDT/1334/2013, de 23 de diciembre de 2013, emitida por la Dirección Técnica de la Asesoría Tributaria y Recaudaci ón del Banco de Previsión Social, mediante la cual se declaró solidariamente responsable de los adeudos tributarios de la empresa MEDIATICA S.A. al actor y al Sr. Enrique Alejandro Pitón, por los períodos allí establecidos (fs. 57 vto. a 58, A.A.). Por sentencia Nº 463 , de 29 de junio de 2017, y ante una demanda promovida por el hoy accionante, el Tribunal , luego de descartar una serie de agravios acogió la demanda consignando en el Considerando VII) lo siguiente: “(…) No habiéndose determinado por el acto impugnado el valor de los bienes que opera como límite a la responsabilidad atribuida , el acto carece de un aspecto esencial y corresponde su anulación . La defensa articulada por la Administración, en cuanto a que la determinación sobre el monto total por el cual deberá responder el actor, será objeto de un nuevo procedimiento administrativo ulterior , en el cual tendrá la posibilidad de producir los descargos que estime convenientes, no resulta de recibo. No basta la sola mención de la existencia de ade udos y de los períodos por los cuales se le imputa la responsabilidad a título de culpa, la responsabilidad debe quedar limitada en el mismo acto que la declaró y no mediante un procedimiento administrativo posterior. En tal virtud , el Tribunal se incli na por el acogimiento de la demanda anulatoria exclusivamente por la razón indicada (…)” (fs. 82 a 82 vto., A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El 8 de setiembre de 2017, la Asesoría Legal de ATYR elaboró un informe (fs. 84 vto. a 85, A.A.) en el cual consignó: “Por sentencia No. 463/2017 el Tribunal anuló la resolución impugnada , solamente porque considera que se debe limitar cuantitativamente la responsabilidad el actor. Sin embargo, rechazó los restantes agravios planteados por la misma. (…) Basado en ese argumento, se anuló el acto administrativo impugnado. Por lo que corresponde proceder a la recomposición de las actuaciones, limitando cuantitativamente la responsabilidad de la representante al valor de los bienes administra dos.” (fs. 85, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Remitidas las actuaciones a Mesa de Responsabilidad Solidaria de Gestión de Cobro en Vía Judicial , se elaboró un completo informe acerca de los antecedentes y la recomposición de las actuaciones (fs. 128 a 135 vto., A.A.), señalando acerca del valor de los bienes administrados que “Se debe tener presente que los salarios de los trabajadores son indudablemente bienes que los representantes administran. Asimismo, siendo los dineros que se destinan al pago de salarios un bien tangible y administrable por los representantes; es acertado decir que al haberse determinado el valor de los bienes a los que se ha hecho referencia, se impone a la actora de manera legítima, una solidaridad limitada. Por tanto , por el período 2.2003 a 4.2011 el Sr. Enrique José Pastorino Bottaro administró por concepto de remuneraciones salariales la suma de $ 74.763.205 (importe resultante de la suma de los salarios de los trabajadores en esos períodos y denunciados por la empresa al BPS).” (fs. 132, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En definitiva, se concluyó : “(…) por las razones expuestas la Administración se encuentra habilitada a utilizar los mecanismos legales para la efectiv a percepción de la obligación incumplida , sin perjuicio de las acciones judiciales incoadas , debiendo aplicar la responsabilidad del artículo 21 del CT , limitada al valor de los bienes que administró o dispuso el Sr. Enrique José Pastorino Bottaro durante el período 2.2003 a 4.2011 (período de gestión y por el cual se generaron adeudos con BPS), correspondiendo responsabilizarlo a título de culpa” (fs. 133, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Tras notificarse al actor de la vista de las actuaciones (fs. 138 vto., A.A.), presentó descargos esgrimiendo argumentaciones de análogo tenor a los que plantea en la demanda de autos (fs. 139 a 141 vto., A.A.). El 18 de enero de 2018 , se pronunció Mesa de Responsabilidad Solidaria de Gestión de Cobro en Vía Judicial (fs. 143 a 144 vto., A.A.), la que descartó la procedencia de los descargos formulados. Finalmente, el 14 de marzo de 2018, se dictó el acto encausado (fs. 149 vto. a 153, A.A.). III) El Tribunal, habrá de compartir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 2 87 a 2 88 vto.) y dispondrá la confirmación del acto por los fundamentos que se habrán de explicitar. La esencia de los agravios que articuló el actor puede resumirse así: 1º) Se resolvió adjudicarle nuevamente responsabilidad solidaria por los adeudos de la empresa MEDI ÁTICA S.A., en virtud de su “falta de diligencia” en el ejercicio de sus funciones de Director, afirmaciones que no se ajustan a la realidad fáctica, pues él era integ rante del Directorio sin remuneración y sin actividad. No se verificó el elemento subjetivo exigido por el artículo 21 del CTU para establecer la responsabilidad solidaria, es decir, la falta de diligencia. 2º) En la recurrida se reclama el pago de todos los aportes generados por los trabajadores y los patronales, extremo que no se ajusta a la realidad ya que los últimos sí se abonaban. No se descontó lo ya abonado por el convenio de pago por obligaciones patronales por el período del 1º de agosto de 2004 , al 1º de febrero de 2005 y del cual se abonaron casi la totalidad de las cuotas, aunque lamentablemente no se pudo cancelar por insuficiencia de fondos. 3º) El Ente incurrió en violación al principio de non bis in ídem y a la seguridad jurídica . Salta a la vista que se intenta responsabilizarlo dos veces por lo mismo cuando existe un acto administrativo anulado por el TCA. 4º) Excepción de prescripción y/o caducidad . Resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 38 numeral 1º) del CTU y no el inc iso 2º), siendo el plazo de prescripción de cinco años. Si el período reclamado es 02/2003, a 04/2011, y la primera Resolución fue notificada en diciembre de 2013, sólo deberían haber reclamado el período que va desde 04/2007 , a 04/2011, es decir, por los últimos cinco años. Todo el período anterior está prescripto. A continuación, se procederá a la consideración de los agravios formulados por el accionante. IV) En primer lugar, corresponde poner de manifiesto que los agravios relacionados con la no verificación del elemento subjetivo exigido por el artículo 21 del CTU para establecer la responsabilidad solidaria que se encuentran alcanzados por los efectos de la cosa juzgada emanada de la sentencia Nº 463/2017, lo que impide la reapertura de la controversia a su respecto. En tal sentido, conviene recordar que el Tribunal ya se expidió sobre este tipo de cuestionamientos en los siguientes términos: “V. El agravio central del actor apunta a descartar la aplicación de la norma contenida en el Código Tributario artículo 21, según la cual: "los representantes legales y voluntarios que no procedan con la debida diligencia en sus funciones serán solidariamente responsables de las obligaciones tributarias que correspondan a sus representados. Esta responsabilidad se limita al valor de los bienes que administren o dispongan, salvo que hubieren actuado con dolo". La primera defensa que se plantea en la demanda consiste en sostener una especie de simulación en el sentido de que sólo sería Presidente de MEDIÁTICA S.A. en apariencia, porque, en realidad, sólo se desempeñaba como Asesor de Seguridad, siendo otros quienes ejercían la administración de la sociedad. Ese hecho, una apariencia contraria a la realidad, que resultaría impeditivo de la pretensión del B.P.S. que fue fundada en el hecho ostensible de que figuraba como Presidente y, además, como apoderado de la sociedad ante el Ente Previsional, requería ser probado de manera fehaciente. Y la carga de la prueba de esa distorsión entre apariencia y realidad, recaía, de acuerdo a los principios generales en materia de prueba, sobre el actor. En este aspecto, cabe relevar que no se aportó prueba que conduzca a aceptar la hipótesis que sugiere la defensa. Especialmente, aún si no fuera realmente quien presidía la sociedad, era representante voluntario ante el organismo y sobre eso ni siquiera hay controversia. VI. También intenta el actor destruir la imputación de responsabilidad sosteniendo que actuó con la debida diligencia. (…) De los recaudos adjuntos y de acuerdo a los propios términos del actor en su demanda surge que la empresa MEDIÁTICA S.A. es deudora contumaz de las contribuciones especiales de seguridad social que recauda el BPS, al punto que existen numerosos juicios ejecutivos fiscales promovidos ante diferentes sedes judiciales para intentar el cobro coactivo de esos créditos (A.A. fs. 14 y ss.). Lucen, asimismo, agregados a fs. 2 y ss. Declaraciones juradas de no pago total, suscritas por el actor, así como convenios de facilidades de pago, también firmados por el promotor que no fueron cumplidos (A.A. fs. 329-330 y 422-423). (…) La firma de las declaraciones juradas presentadas sin pago, así como del convenio de pago, es prueba suficiente de la injerencia que tenía el actor en la toma de decisiones de carácter fiscal de la empresa que presidía y del incumplimiento culpable de sus obligaciones tributarias.” (fs. 80 a 81 vto., A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Sobre el punto , conviene recordar que no procede reed itar cuestiones que ya fueron oportunamente resueltas por sentencias definitivas, que pasaron en autoridad de cosa juzgada y en las que se determinó la anulación total de actos administrativos en atención a la imposibilidad de escindirlos , habilitando a la recomposición de las actuaciones. Tal como lo pone de manifiesto Santiago Pérez Irureta, “(…) ante la recomposición, los vicios esgrimidos y desestimados , entrarían bajo el efecto de la cosa juzgada , lo que inhabilitaría al eventual accionante a efectuar su invocación posterior. Entonces en la segunda acción de nulidad , solamente se podrían plantear vicios sustantivos en los presupuestos y elementos, pero que no hayan sido objeto del juicio anulatorio anterior (…)” (Cf. Santiago Pérez Irureta, “Vicios fo rmales del acto y recomposición administrativa”, en “Estudios sobre la Administración Uruguaya” , Instituto de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, Universidad de la República, Felipe Rotondo, Coordinador, tomo II, “Responsabilidad y Contencioso Administrativo: visión desde el Derecho Procesal, Financiero y Administrativo”, FCU, 1ª edición, noviembre de 2016, p. 255) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Ante un planteo similar, el Colegiado señaló: “La anulación de la totalidad del acto primigenio fue como consecuencia de la imposibilidad de escindirlo , pero en modo alguno implica la posibilidad de volver a esgrimir los mismos agravios que fueron analizados en el pronunciamiento anulatorio , sin que estos se vean alcanzados por los efectos de la cosa juzgada. Se coincide con la demandada en cuanto pone de manifiesto que la sentencia, en tanto acto procesal del Tribunal que pone fin al proceso constituye una unidad lógica inescindible sin que puede desconocerse el efecto vinculante de los fundamentos en ella expresados. La parte expositiva resulta fundamental no sólo para conocer y comprender el proceso reflexivo llevado a cabo para alcanzar el fallo, sino que contiene las bases para el debido ejercicio de la recomposición del obrar de la Administración. En este sentido, la Corporación ha expresado: “Como señalaba CASSINELLI MUÑOZ, existe un deber de la Administración de respetar lo resuelto por las sentencias jurisdiccionales, textualmente indicaba que: “En un Estado de Derecho, la actividad administrativa debe conformarse al deber ser jurídico, esto es a las normas constitucionales, legales y reglamentarias y también a las “normas individualizadas” cuya expresión más relevante está constituida por las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. (…) (CASSINELLI MUÑOZ, Horacio: “El ajuste de la Administración a las sentencias jurisdiccionales”, en “Derecho Constitucional y Administrativo”, LA LEY URUGUAY, 1ª Edición, Montevideo, 2010, págs. 1212/1217). (…) Acudiendo nuevamente a las enseñanzas del Prof. CASSINELLI MUÑOZ, corresponde anotar que la cosa juzgada liga a la Administración de forma más estricta que a los particulares ; pero no porque exista una peculiaridad en la fuerza de la cosa juzgada contencioso-administrativa, sino porque la Administración está frente a la cosa juzgada como frente a la norma jurídica: encuadrada por su disposición (aspecto negativo) y orientada por su espíritu (aspecto positivo). (CASSINELLI MUÑOZ, Horacio: “El ajuste…”, cit., pág. 1217)” (sentencia Nº 83/2020, la cual toma como base la fundamentación planteada en sentencias Nº 550/2015 y 945/2017 ) (la negrilla y el subrayado no coinciden con el original). Como puede apreciarse, los efectos de la cosa juzgada alcanzan a ambas partes, destacándose una mayor intensidad para la Administración, que es quien debe cumplir con la sentencia anulatoria , ajustando su conducta a “los criterios orientadores que surjan de la sentencia”. De ahí que no puede desgajarse el fallo anulatorio de l análisis y la motivación que le precedió , encontrándose el actor y la demandada ligados por el efecto de la cosa juzgada emanada de la sentencia anulatoria que recayó sobre la Resolución Nº 1324/2013, la cual habilitó la recomposición de las actuaciones sobre det erminadas bases , determinando el valor de los bienes que opera como límite de la responsabilidad solidaria atribuida al actor a título de culpa, lo que debió hacerse en un mismo acto (véase en este sentido el Considerando VII) de la sentencia No. 463, de 29 de junio de 2017, de fs. 82 a 82 vto., A.A., el cual fue reseñado en el Considerando II) ut supra de la presente). Por lo expuesto, se concluye que no resulta jurídicamente válido reeditar cuestiones que ya fueron examinadas por la sentencia No. 463, de 29 de junio de 2017, por haber pasado en autoridad de cosa juzgada, todo lo cual conduce al rechazo de los agravios que pretende nuevamente introducir el actor al argumentar la falta de verificación del presupuesto subjetivo de la responsabilidad solid aria prevista por el artículo 21 del CTU. V) En segundo término, el actor sostuvo que en el acto impugnado se reclama el pago de todos los aportes generados y no se descontó lo ya abonado por el convenio de pago por obligaciones patronales por el período del 1º de agosto de 2004, al 1º de febrero de 2005 y del cual se abonaron casi la totalidad de las cuotas, aunque lamentablemente no se pudo cancelar por insuficiencia de fondos. Sobre este aspecto, se coincide con el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo en cuanto pone de manifiesto que: “Respecto a la afirmación del actor que no se le descontó lo abonado en el convenio realizado , cabe consignarse que a s. 106 vta. a 110 de los A.A. lucen agregadas diversas planillas de donde surgen los montos reclamados cada mes en el período objeto de la determinación tributaria. El actor en su demanda , no expresó en forma concreta y detallada que pagos, correspondientes a cuales meses, no habrían sido tomados en cuenta en la Resolución impugnada (…) Por tanto, no es posible controlar la veracidad de lo alegado por el mismo, correspondiendo desestimarse también este aspecto del segundo agravio.” (fs. 288, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Así, en funci ón de las razones expresadas, el planteo no puede ser amparado ante la falta de cumplimiento de la carga de afirmación o fundamentación de su agravio (artículo 59, numerales 5) y 6) del Decreto - Ley 15.524). VI) En tercer lugar, el pretensor señaló que el Ente incurrió en violación al principio de non bis in ídem y a la seguridad jurídica porque salta a la vista que se intenta responsabilizarlo dos veces por lo mismo cuando existe un acto administrativo anulado por el TCA. El Tribunal considera que n o le asiste razón y que, por el contrario, la Administración actuó legítimamente en el marco de un procedimiento de recomposición de un acto administrativo que fue anulado por no haberse establecido en el mismo la determinación del límite del valor de los bienes por los cuales se responsabilizó solidariamente al actor. La recomposición resulta válida y procedente, en cumplimiento de las pautas fijadas en la sentencia No. 463/2017 , y no hay en ello ninguna violación al principio de non bis in ídem o a la seguridad jurídica. En este sentido, resulta enteramente trasladable al caso lo expresado por la Corporación en jurisprudencia constante , en la cual, extractando un pasaje de la sentencia de 19 de noviembre de 2012 , de la Sala de lo Contencioso Administrati vo del Tribunal Supremo Español, se destac a: “Ese alto órgano jurisdiccional consignó en esa sentencia, en términos que en lo conceptual se comparten, que: “La estimación del recurso contencioso administrativo frente a una liquidación tributaria por razón de una infracción de carácter formal , o incluso de carácter material , siempre que la estimación no descanse en la declaración de inexistencia o extinción sobrevenida de la obligación tributaria liquidada, no impide que la Administración dicte una nueva li quidación en los términos legalmente procedentes, salvo que haya prescrito su derecho a hacerlo , sin perjuicio de la debida subsanación de la correspondiente infracción de acuerdo con lo resuelto por la propia sentencia.” (sentencia Nº 630/2015, citada en sentencias Nº 1042/2017, 18/2020, 288/2020, 372/2020 y 621/2020) (la negrilla y el subrayado no están en el original). VII) En último análisis, resta por considerar la defensa de “prescripción y/o caducidad” que postula el demandante al afirmar que resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 38 numeral 1º) del CTU y no el inciso 2º), siendo el plazo de prescripción de cinco años. El actor entiende que, si el período reclamado es 02/2003, a 04/2011, y la primera Resolución fue notificada en diciembre de 2013, sólo deberían haber reclamado el período que va desde 04/2007 , a 04/2011, es decir, por los últimos cinco años. Todo el período anterior está prescripto. No le asiste razón en su planteo. En primer lugar, porque el referido acto adminis trativo resultó anulado por la sentencia No. 463/2017, con lo cual este y su notificación carecen de eficacia interruptiva del término de la prescripción. En segundo término, porque tampoco es el plazo del artículo 38 del CTU el que debe ser considerado a los efectos de la prescripción de las obligaciones tributarias desde que existen sentencias ejecutoriadas en sendos juicios seguidos por el BPS contra la empresa MEDIÁTICA S.A. (véanse los testimonios obrantes de fs. 155 a 172 y de fs. 184 a 198, infolios; el testimonio contenido en carpeta rosada de 29 fojas, A.A. y los expedientes IUE 2-47343/2007 y 2-29256/2007). Sobre el particular, el Tribunal ha expresado reiteradamente , y por mayoría de sus miembros, que cuando hay sentencias de condena al pago de obligaciones pasadas en autoridad de cosa juzgada -como ocurrió en este caso- el plazo de prescripción se cuenta a partir de la sentencia y es de veinte años ( sentencias N° 568/2012, 314/2013, 312/2015, 664/2015, 814/2017, 860/2017, 989/2017, 519/2018, 5 17/2019, 83/2020 y 197/2021 , entre otras). Ello por cuanto “(…) el CT no previó expresamente cuál es el término prescripcional luego que un crédito tributario es determinado por medio del dictado de un acto de determinación (arts. 67 y 91 del CT) y se promueve el correspondiente proceso ejecutivo, en el que se dicta una sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada. Una vez que la sentencia dictada en el marco proceso ejecutivo, iniciado a instancias de la Administración Tributaria queda ejecuto riada, resulta controversial determinar cuál es el término de prescripción de las obligaciones tributarias. El punto ha dividido a la dogmática y a la jurisprudencia con competencia en la materia. Por un lado, el Prof. Dr. César PÉREZ NOVARO entiende que el término de prescripción, luego que recae sentencia, es de cinco años. Dicho plazo debe contarse, a juicio de este autor, a partir del día siguiente al acto de emplazamiento en el marco del proceso ejecutivo fiscal (PÉREZ NOVARO, César: “Modos de extinción de la obligación tributaria”, FCU, Montevideo, 2005, págs. 160/161; también recientemente, como lo destaca el actor en su alegato, esta tesis recibió el apoyo doctrinario del Prof. Dr. Andrés BLANCO en “Análisis de ciertos aspectos de la prescripci ón de la obligación tributaria” en CADE, Doctrina & Jurisprudencia, T. XXX, Febrero 2015, pág. 60). Hay algunas sentencias de juzgados letrados de primera instancia y, también, una sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil (el TAC 7º con anterior integración); que han acompañado esta tesis (de esta jurisprudencia hace caudal la parte actora en su demanda). No obstante, la jurisprudencia mayoritaria de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil y la de este Colegiado, la ha rechazado. A juicio de la jurisprudencia de este Tribunal y de la jurisprudencia mayoritaria de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, el término que corresponde computar, luego que la sentencia judicial queda ejecutoriada, es el término de 20 años. Y ello en aplicación de lo dispuesto en los arts. 1216 y 1220 del Código Civil (…) En autos, ambas partes reconocen que la situación de prescripción de un crédito de origen tributario, una vez reconocido por sentencia en el juicio ejecutivo pasada en autoridad de cosa j uzgada, no está prevista en las normas de Derecho Tributario. De manera que, dado el vacío normativo resulta su integración con el derecho común, en aplicación de lo dispuesto por el art. 5º del mismo Código. Al respecto señala Nelly Valdés: “q ue en su artículo 5º el Código Tributario recoge el concepto autonómico del derecho tributario material, estableciendo que “en las situaciones que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o por las particulares sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente las normas análogas y los principios generales de derecho tributario y, en su defecto, los de otras ramas jurídicas que más se avengan a su naturaleza y fines”. En consecuencia, en caso de vacío legal, el instituto de la prescripción tributaria debe integrarse en primer término con las normas análogas y principios generales de derecho tributario y en su defecto con las normas del Código Civil que regula esta materia en sus arts. 1188 y sgtes. (VALDÉS de BLENGIO, Nelly: “Prescripc ión de Tributos y Sanciones”, Revista de Derecho Tributario rectius: “Revista Tributaria”, Tomo XXIV, Nº 140, pág. 599). CADE 5082. Así, el término de prescripción de un crédito reconocido por sentencia ejecutoriada es de veinte años , conforme lo disponen los artículos 1216 y 1226 del Código Civil. No corresponde atender a la naturaleza del crédito originario, en tanto ello conduciría a considerar en todo caso de sentencia firme el origen del reclamo, lo que no es acertado . Es que, en casos como el que nos convoca, no se puede ya invocar una prescripción del tributo, puesto que su acreedor ejerció judicialmente los derechos fiscales correspondientes. A partir de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo tributario, quien ejecuta el adeudo tiene los derechos emergentes de la sentencia; y esos derechos prescriben en el plazo de 20 años conforme lo dispone el art. 1216 del C.C. CADE 5082. Posición similar a la expuesta fue la adoptada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º, 2º y 4º Turno, en sentencias Nº 56/2011; Nº 139 y 209/2007, entre otras. En definitiva, la resolución impugnada que desestimó la solicitud de prescripción formulada por el actor es legítima. El artículo 38 del Código Tributario prevé exclusivamen te la hipótesis de la prescripción extintiva anterior al emplazamiento judicial y no regula la posterior a la sentencia de condena, la que, conforme a lo expuesto , deberá ser regulada por el Derecho Civil y en el caso, impone una prescripción de veinte año s (sentencia Nº 568/2012) (…)” (sentencia 814/2017) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En la actualidad, el artículo 463, de la Ley de Urgente Consideración Nº 19.889 , modificó el plazo previsto por el citado artículo 1220 del Código Civil, reduciéndolo de veinte a diez años. Sin perjuicio de ello , en el artículo 467 de la referida Ley se estableció lo siguiente: (Disposición transitoria). Las prescripciones empezadas a la fecha en que esta ley sea obligatoria se determinarán conforme a las disposiciones de ésta. Sin embargo, las prescripciones en curso que, por efecto de las reducciones de plazo establecidas por esta ley, se hubieren consumado o se consumaren antes del plazo de dos años a partir de la fecha indicada en el inciso anterior, se consumarán recién al finalizar dicho lapso”. En el supuesto de autos, todos los plazos se encuentran comprendidos dentro de las previsiones de la disposición transitoria transcripta, con lo cual tampoco se advierte que haya operado la prescripción de las obligaciones tributarias que se alegan. Por otro lado, debe tenerse presente que el Tribunal entiende que la solidaridad no ha sido regulada en todos sus aspectos en el Código Tributario y que por esa razón corresponde -en aplicación de lo dispuesto por el artículo 14 inciso 2º del Código Tributario - acudir al Derecho de las Obligaciones y aplicar las soluciones establecidas por los artículos 1240 y 1398 incisos 3º y 4º del Código Civil , lo cual conduce a sostener que la interrupción de la prescripción respecto de la obligada principal surte efecto respecto del obligado solidario (sentencias Nº 275/2014, 667/2015, 380/2016, 161/2017, 989/2017, 268/2018, 402/2019, 18/2020 y 197/2021 , entre otras). En este sentido, cabe replicar aquí lo expresado en sentencia Nº 667/2015: “Cabe reconocer que la solidaridad no ha sido regulada en todos sus aspectos en el Código Tributario . Entonces, existiendo esas carencias en la regulación en el Código Tributario, hay que acudir al Derecho de la Obligaciones, proceder que autoriza expresamente el art. 14 inciso 2º del CT. El Tribunal, reiterando su jurisprudencia sobre el punto, participa del enfoque sostenido en el exhaustivo trabajo de BORDOLLI y FAGET, sobre la solidaridad tributaria, donde constantemente acuden a los desarrollos del Derecho Privado y a los desarrollos de la dogmática iusprivatista -en particular a los estudios del Prof. Jaime BERDAGUER para explicar el funcionamiento de la solidaridad en las obligaciones tributarias en aquellos aspectos no expresamente regulad os por el CT (véase en tal sentido BORDOLLI, José Carlos y FAGET, Alberto: “Sujeción pasiva y responsables tributarios”, Revista Tributaria, T. XXII, No. 127, págs. 310 y siguientes; en la jurisprudencia del Tribunal véase la Sentencia Nº 275/2014). En materia de obligaciones solidarias prima la consideración del grupo solidario y, por ello, la suspensión o interrupción del término de prescripción verificado respecto de uno de los codeudores surte efecto en relación al resto (arts. 1240 y 1398 incisos 3º y 4º del Código Civil ) (Cf. BORDOLLI, José Carlos y FAGET, Alberto: “Sujeción pasiva y responsables tributarios”. Revista Tributaria, T. XXII, N° 128, pág. 428 y 429).” (la negrilla y el subrayado no están en el original). De modo que, al haber sido interrumpida la prescripción respecto de la deudora obligada, MEDI ÁTICA S.A. , a partir de los sendos juicios ejecutivos que el BPS le promovió, la solidaridad comunica dicho efecto interruptivo al actor en virtud de su condición de responsable solidario. Por último, y en lo que concierne a la “caducidad” que el accionante se limita a mencionar con la “prescripción” (en la demanda se alude indistintamente a “prescripción y/o caducidad”), el Tribunal no cuenta con elementos como para expedirse desde que lo único que se fundamentó fue la prescripción de los adeudos tributarios. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad FALLA : Desestímase la demanda, y en su mérito confírmase la resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado)