Sentencia Definitiva N° 548/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 11 de noviembre de 2021. No. 548 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PETROBRAS URUGUAY DISTRIBUCIÓN S.A. con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE COMBUSTIBLES, ALCOHOL Y PORTLAND. Acción de Nulidad” (Ficha No. 502/2017). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria contra: 1º) La Comunicación emitida por la Presidencia de ANCAP , el 5 de diciembre de 2016, mediante la cual se estableció que el contrato de distribución firmado entre ANCAP y PETROBRAS el 23 de noviembre de 2011, expira indefectiblemente el 8 de diciembre de 2016; y que “ a partir del 9 de diciembre de 2016 y en ejercicio de facultades legales, como administradora del monopolio legal del Estado Uruguayo, según lo dispuesto por la Ley N° 8764 de 15 de octubre de 1931, y demás normas concordantes y complementarias, ANCAP solo comercializará los productos que están comprendidos en dicho monopolio bajo condiciones y términos sustancialmente similares a los que incluimos en nuestra propuesta de acuerdo de transición, a cuyos efectos aprobaremos la Resolución correspondiente que oportunamente se le comunicarán”. 2º) La Resolución N° 1070/12/2016 , de 8 de diciembre de 2016 , a través de la cual el Directorio de ANCAP dispuso: a) “ tomar conocimiento de lo informado por la Unidad Negocios Energéticos (…) relativo a las condiciones para el suministro de combustibles de Mercado Interno con las Distribuidoras (…) Petrobras Uruguay Distribución Uruguay (…) a partir del 9 de diciembre de 2016”. b) “Fijar a partir del 9 de diciembre de 2016 y hasta la adopción de una nueva Resolución o la suscripción de la modificación de los Contratos de Distribución aprobada por Res. (D) N° 1031/12/2016, lo que ocurra primero, como condiciones para suministrar producto las que surgen, en lo pertinente y sin que ello pueda considerarse como tácita reconducción de los contratos oportunamente celebrados entre ANCAP y (…) Petrobras Uruguay Distribución S.A., que vencen el 8 de diciembre de 2016, salvo: (…) En cuanto a (…) Petrobras Uruguay Distribución S.A., las cláusulas I, num eral I.3 “Limitaciones al objeto del contrato”, primer párrafo, la Cláusula III, “Plazo del presente contrato”, la Cláusula IV “Del margen de comercialización” y VIII “Facturación y Pagos”, que no aplicarán” (fs. 450 a 454, pieza II, en carpeta verde de 542 fojas, A.A.). En lo inicial, relató que PETROBRAS URUGUAY DISTRIBUCIÓN S.A. es una empresa dedicada a la distribución de combustible, que durante más de treinta años ha celebrado contratos de distribución con ANCAP, que han regido los derechos y obligaciones de ambas partes, y en definitiva, conjuntamente con otros contratos de distribución similares, el funcionamiento de la distribución de combustibles en Uruguay. Explicó que, históricamente, el contrato de distribución ha sido el mecanismo por el cual se ha regulado dicha actividad en Uruguay, y afirmó, a su vez, que esto no ha sido una causalidad, ya que la vía contractual es la única idónea para regular la distribución de combustibles en nuestro país. En ese contexto, indicó que el Poder Ejecutivo, que es el competente para reglamentar la distribución de combustibles, ha autorizado por Decretos Nos. 514/2003 y 169/2006, a las distribuidoras, en períodos en los cuales no había contrato de distribución, a llevar a cabo la actividad de distribución de combustibles, en las mismas condiciones que surgen de los contratos de distribución celebrados entre éstas y ANCAP, hasta tanto el Poder Ejecutivo no dicte un reglamento sobre la distribución de combustibles. Dicho reglamento, hasta el día de hoy, no se ha dictado. Señaló que la distribución de combustibles líquidos constituye una actividad privada, no monopolizada. El monopolio de ANCAP alcanza la importación y refinamiento de combustibles, pero no la distribución. Por ello, mientras ANCAP siempre ha acordado mediante la suscripción de contratos, con todos los distribuidores, las condiciones para la venta y distribución de combustibles, el Poder Ejecutivo dicta, de tanto en tanto, decretos mediante los cuales el precio final máximo se fija para todo el territorio. Agregó que, en los contratos de distribución, ANCAP descuenta los márgenes de las estaciones de servicio y el flete. De esta forma, en lugar de facturar el combustible a precio de terminal o planta de distribución, ANCAP le facturaba a la distribuidora, tomando como base el precio máximo fijado por el Poder Ejecutivo al consumidor, y otorgaba descuentos o bonificaciones que contemplaban los márgenes de los intervinientes en la cadena, esto es, estacioneros y fleteros, además de las distribuidoras, cuyo margen de comercialización era el pactado en el contrato de distribución. Seguidamente, manifestó que el 8 de diciembre de 2016, fueron notificados del acto impugnado, por el que ANCAP, unilateralmente y sin competencia para ello, intenta imponer (y a la baja para la actora) el “margen de comercialización” en su beneficio, buscando un fin que nada tiene que ver con la distribución. De ese modo, cuestionó que lo que siempre fue objeto de un acuerdo de voluntades, ahora es impuesto en forma ilegítima y unilateral por parte de ANCAP, sin tener competencia para ello. Esta conducta de ANCAP, de bajar unilateralmente los márgenes y bonificaciones de la distribución, nada tiene que ver con la distribución de combustibles, sino que sólo obedece a las pérdidas económicas experimentadas por ANCAP y su necesidad de “capitalización”. Así, lo que siempre fue objeto de un acuerdo de voluntades, y por tanto “las bases de lo acordado entre las partes” o la llamada “ecuación económica financiera del contrato” , ahora fue impuesto en forma unilateral e ilegítima por parte de la demandada. En necesaria síntesis, sobre esta base, arguyó que los actos son ilegítimos porque: i) la distribución de combustibles no está alcanzada por el monopolio de ANCAP, sino que es una actividad privada, no sujeta a monopolio y por lo tanto regida por normas de defensa de la competencia; ii) ANCAP ha actuado fuera de su competencia al pretender “regular” o “administrar” la actividad de distribución y comercialización de combustibles: no tiene facultades legales para fijar el margen de comercialización de las Distribuidoras; iii) ANCAP pretende modificar unilateral e ilegítimamente el contrato de distribución por acto administrativo; iv) el contrato de distribución le prohíbe a ANCAP actuar como lo hizo; v) hay desviación de poder, pues ANCAP dicta los actos no porque se relacionen con la cadena de distribución, sino porque pretende reducir sus costos y mejorar su balance patrimonial. Ahondando en los vicios relevados, volvió a considerar que el monopolio de ANCAP alcanza solamente la importación y refinación de combustible; mientras que el transporte, distribución o venta no están alcanzados por el monopolio. En la regulación de la actividad de los particulares, la libre competencia es la regla y sólo puede limitarse por Ley. Desde esa concepción, agregó que en tanto la competencia se distribuye entre el Estado, Poder Ejecutivo, Ministerio de Industria, Energía y Minería y la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, hay incompetencia absoluta de ANCAP para el dictado de los actos, porque no puede imponerle a las distribuidoras su margen de ganancia, ya que: es una actividad que no ingresa en su monopolio; no existe una norma legal que le atribuya tal competencia para reglamentar; y no existen normas del Contrato de Distribución que habiliten a ANCAP al dictado de los actos. A su vez, manifestó que el margen de comercialización es el único derecho a retribución que tiene el distribuidor (Cláusula IV), y ANCAP lo modifica unilateralmente, señalando que tiene competencia para ello en su calidad de administradora de un monopolio que no alcanza a estas actividades, pero pretende, además, dejar vigente todo el resto del contrato. En cuanto a la desviación de poder, sostuvo que se configura porque difieren los motivos esgrimidos por la Administración y la verdadera razón: el déficit de ANCAP. Queda claro que, con la resolución se persigue un fin (reducción arbitraria de costos de ANCAP y mejora de su balance patrimonial) que nada tiene que ver con una reglamentación de un monopolio que no posee, ni con razones que tengan que ver con la cadena de distribución en sí; ni siquiera con razones de interés general. De esta manera, sostiene que la Administración actuó con desviación de poder, por cuanto dictó los actos con una finalidad espuria: hacer caja con el margen de las distribuidoras. En definitiva, por las razones expuestas sucintamente, entendió que corresponde amparar la demanda y anular los actos impugnados (fs. 8 bis a 30). II) Conferido el correspondiente traslado comparecieron -en representación de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland - las Dres. Loana Fierro y Rosario Giménez, quienes se opusieron al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. En primer término, se refirieron a la nulidad pretendida respecto a la comunicación de 5 de diciembre de 2016 y sostuvieron que no es un acto procesable ante esta jurisdicción, en virtud de que no causa perjuicio alguno a la parte actora. Expresaron, así, que la comunicación referida se limita a dar respuesta a notas presentadas por la parte actora, siendo las mismas intercambiadas en el marco de una relación comercial: típico medio de comunicación en una relación de dichas características. Es claro, entonces, que dicha comunicación únicamente da respuesta a las notas presentadas por la firma PETROBRAS, poniendo en conocimiento que se dictará una resolución, no siendo en consecuencia un acto principal o decisorio. En segundo término, afirmaron que la Resolución Nº 1070/12/2016, tampoco es procesable ante esta jurisdicción, al resguardo de lo preceptuado en el art. 27 numeral 4º) del Decreto - Ley No. 15.524. En este sentido, manifestaron que ANCAP no está actuando en uso de ninguna prerrogativa exorbitante, ni en ejercicio de facultades legales o reglamentarias, sino fijando las condiciones comerciales del suministro de sus productos del modo que lo haría cualquier particular. El acto resistido refiere a una relación jurídica enmarcada dentro del derecho privado, que como se señaló comprende a ANCAP como prestador de servicios comerciales en ejercicio de sus cometidos desarrollados en el ámbito de derecho privado. Así, postularon que ANCAP es competente para fijar las condiciones comerciales para la venta de sus productos. En tal sentido, esgrimieron que ANCAP no “reguló” la actividad en cuestión, sino que lo que hizo fue establecer condiciones comerciales del suministro de sus productos: actividad propia de su giro regida por el derecho privado, sin perjuicio de los aspectos de derecho público que aplican a ANCAP por ser una persona de derecho público (principio de especialidad-competencia). En cuanto a lo sostenido por la contraria en el sentido que la competencia reguladora en materia de distribución de combustibles se distribuye entre el Estado Poder Ejecutivo - MIEM y la URSEA, señalaron que no es algo controvertido. No obstante, remarcaron que la actora se ha limitado a transcribir solo algunas disposiciones de la normativa, ya que del conglomerado de todas ellas surge que ANCAP posee facultades en lo que respecta a los temas comerciales de distribución. Finalmente, en cuanto a la desviación de poder, indicaron que la parte actora se limitó a remitirse a recortes de prensa de 2015, agregados en vía recursiva, que ponían de manifiesto algo que era de público conocimiento, como la situación financiera de ese momento de ANCAP, no resultando un medio hábil a los efectos de probar el vicio denunciado. En este derrotero, destacaron que la desviación de poder debe acreditarse en forma fehaciente por quien la invoca, carga que no cumplió la actora, quedándose exclusivamente en un ámbito de meras afirmaciones, sin respaldo probatorio. Además, afirmaron que ANCAP probó que el motivo del dictado de la Resolución Nº 1070/12/2016, fue la eficiencia del servicio. La Ingeniera Marta Jara (Presidente de ANCAP), el 7 de diciembre de 2016, en ocasión de concurrir al Parlamento, sostuvo que: “(…) en el caso de las distribuidoras, en los últimos diez años se registró un aumento de volumen que, si no me equivoco, se ubicó cerca del 50%. El aumento en términos reales acumulado desde hace 10 años, es del 10% o 15%. Entonces, nosotros conocemos la ecuación económica de Ducsa y nos damos cuenta de que el sistema tiene la capacidad de trabajar con menos margen”. Dicho conocimiento resulta aplicable, sin dudas, a las Distribuidoras de capital privado que operan en el mercado, esto es aplicable a AXION y PETROBRAS, quienes en forma coordinada iniciaron demanda arbitral, además de las acciones de nulidad que tienen en esta jurisdicción con el propósito de determinar un margen de comercialización, sin fundamento técnico que lo respalde, enteramente favorable a los intereses particulares que las mismas persiguen. En definitiva, solicitaron que se desestimara la demanda y que se noticiara del pleito a los agentes de la distribuidora PETROBRAS, con arreglo a lo previsto por el artículo 55 del Decreto - Ley No. 15.524 (fs. 41 a 77). III) Por decreto No. 7376/2017, se tuvo por contestada la demanda y se dispuso que, previo a noticiar a los terceros, la demandada presentara en el plazo de tres días tantas copias de su escrito como terceros pretendía que fueran notificados (fs. 79). Contra dicho proveimiento se alzó la actora, la que interpuso recurso de reposición y se opuso a la tercería argumentando básicamente la falta de legitimación de los agentes estacioneros de PETROBRAS porque les resulta indiferente que el acto impugnado se mantuviera o no (fs. 85 a 89 vto.). Por decreto No. 7795/2017, se desestimó la recurrencia y la oposición, señalando medularmente lo siguiente: “(…) a la fecha aún no se ha noticiado a ningún tercero, razón por la cual el recurso fundando agravio en la oposición resulta extemporánea. No corresponde en esta instancia analizar por el Tribunal si dichos terceros tienen o no legitimación en la causa, claramente porque aún no exponen sus defensas. (…) Todo lo cual no obsta a que una vez presentado el tercero citado, la parte actora manifieste su oposición en tiempo y forma.” (fs. 91). Por decreto No. 8232/2017, se dio noticia del pleito a los terceros denunciados (fs. 95), los que luego de ser notificados no comparecieron a deducir defensas (fs. 96 a 531). IV) Por decreto No. 8421/2018 (fs. 535), se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 584. V) Las partes alegaron por su orden (fs. 587-605 y fs. 608-631, respectivamente). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante Dictamen No. 229/2020 y aconsejó hacer lugar a la demanda impetrada (fs. 634 a 636). VII) Puestos los autos para sentencia, pasaron a estudio de la Sra. Ministra, Dra. Selva Klett, quien los devolvió solicitando como medida para mejor proveer la agregación del expediente arbitral, por la incidencia que podría tener en este proceso (fs. 639). Por decreto No. 4861/2020, se ordenó proceder en el sentido antes indicado (fs. 640) y tras notificarse a las partes (fs. 641) se presentó ANCAP informando que se procedió a solicitar la expedición de testimonio del expediente del proceso arbitral y que una vez que se contara con el mismo sería presentado (fs. 642), lo que se cumplió el 9 de diciembre de 2020 (fs. 645). Finalmente, una vez cumplido el estudio sucesivo de los Señores Ministros, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4, 8 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Comunicación impugnada se emitió el 5 de diciembre de 2016, en tanto la Resolución Nº 1070/12/2016, se dictó el 8 de diciembre de 2016. Según manifestaciones de la actora, las notificaciones se produjeron el mismo día en que se emitieron los actos respectivos, el 5 y el 8 de diciembre de 2016 (fs. 11 vto.), lo que no ha sido controvertido por la demandada (fs. 41 a 77). El 15 de diciembre de 2016, se interpusieron los recursos de revocación y jerárquico contra la comunicación de Presidencia y de revocación respecto de la Resolución del Directorio (fs. 457 a 458 vto., pieza 3, A.A.), a cuyo respecto operó la denegatoria ficta el 21 de mayo de 2017. La demanda se interpuso el 4 de agosto de 2017, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 31). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de apartarse del dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 634 a 636) y desestimará la demanda, por los fundamentos que se habrán de explicitar. En lo inicial, es menester consignar que el caso resulta similar al ventilado en los autos caratulados “AXION COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. CON ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND. Acción de nulidad”, Ficha No. 501/2017, en el que recientemente recayera la sentencia No. 295/2021 , por la cual se desestimó el accionamiento por entender que había operado la preclusión del derecho de la actora a accionar de nulidad. Al igual que en dicho pronunciamiento, cabe comenzar por el análisis de lo dispuesto por el artículo 312 de la Constitución de la República, que dispone lo siguiente: “La acción de reparación de los daños causados por los actos administrativos a que refiere el artículo 309 se interpondrá ante la jurisdicción que la ley determine y sólo podrá ejercitarse por quienes tuvieren legitimación activa para demandar la anulación del acto de que se tratare. El actor podrá optar entre pedir la anulación del acto o la reparación del daño por éste causado. En el primer caso y si obtuviere una sentencia anulatoria, podrá luego demandar la reparación ante la sede correspondiente. No podrá, en cambio, pedir la anulación si hubiere optado primero por la acción reparatoria, cualquiera fuere el contenido de la sentencia respectiva . Si la sentencia del Tribunal fuere confirmatoria, pero se declarara suficientemente justificada la causal de nulidad invocada, también podrá demandarse la reparación ” (la negrilla y el subrayado no pertenecen al texto original). De lo que se viene de transcribir surge que la norma expresamente consagró la opción entre dos vías y las consecuencias derivadas de ello. Y, de un modo similar al análisis efectuado en el dictado de la sentencia No. 295/2021, se advierte que: a) En el numeral V) de su demanda la actora manifestó que “ la presente acción de nulidad no es, ni puede invocarse, como una renuncia de esta parte a la cláusula arbitral establecida en el Contrato de Distribución (cláusula XIX), ya que se solicita la nulidad de los Actos por los cuales ANCAP pretende reglamentar las condiciones de la distribución y comercialización de combustibles sin competencia para su dictado y con desviación de poder” (fs. 29). b) De las actuaciones agregadas surge que el 16 de junio de 2017, la parte actora presentó ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6º Turno demanda incidental de otorgamiento forzado de compromiso arbitral (fs. 4907 vto., pieza XVII del testimonio del expediente arbitral, en carpeta de 5560 fojas, A.A.). c) Por Decreto No. 4861/2020, de 1º de setiembre de 2020, se dispuso se procediera según lo solicitado por la Sra. Ministra, Dra. Selva Klett, quien entendió oportuno requerir, como medida para mejor estudio , que las partes agregaran el expediente arbitral, habida cuenta de la incidencia que pudiera tener en el proceso (fs. 640, infolios). d) Tal como resulta del numeral 4) de la demanda, los daños y perjuicios reclamados en vía de arbitraje fueron los consecuencialmente derivados del verdadero acto originario del perjuicio invocado (la Resolución del Directorio de ANCAP Nº 1070/12/2016, de 8 de diciembre de 2016) que, en lo fundamental, fijó a la baja un nuevo margen de comercialización a percibirse por las empresas distribuidoras de combustibles del mercado. e) Pese a que había promovido previamente el proceso arbitral de mención, el 4 de agosto de 2017, PETROBRAS interpuso esta acción de nulidad contra la referida Resolución del Directorio de ANCAP Nº 1070/12/2016 y contra la Comunicación de la Presidencia del Ente de 5 de diciembre de 2016 (nota de cargo, fs. 31 infolios). Sobre estas bases, resultan enteramente trasladables las consideraciones vertidas por el Colegiado al emitir la sentencia No. 295/2021, en cuanto consignó: “Entonces, si el fundamento de la pretensión reparatoria deducida en el proceso arbitral está fincado en los daños que -presuntamente- fueron causados por las resoluciones impugnadas en estos obrados y si dicha pretensión fue deducida antes de la acción de nulidad, por imperio de lo previsto en el citado artículo 312 de la Constitución de la República operó la preclusión del derecho a accionar por esta vía. III.2) En efecto, para la Sala el proceso arbitral es una instancia jurisdiccional. Como bien enseña VESCOVI: “Por ser un proceso en el cual se elige a una persona privada para investirlo de función jurisdiccional, la naturaleza de este procedimiento responde a la de dicha función. Es decir que a quien se otorga los poderes de juez los tiene por imperio de la ley y por la voluntad de las partes.” (cf. VESCOVI, Enrique; “Proceso Arbitral” en “Curso sobre el Código General del Proceso”, Tomo II, FCU, 1989, pág. 226). De modo que el procedimiento arbitral se encuentra comprendido en lo previsto por el artículo 312 de la Carta Magna en cuanto establece que la acción de reparación “se interpondrá ante la jurisdicción que la ley determine”, a lo que cabe agregar que, en el caso concreto, se puede válidamente concluir que el marco procesal y contractual habilitaba a las partes a someterse a la jurisdicción de un Tribunal Arbitral. La norma constitucional no es excluyente y tampoco estableció privativamente que la acción reparatoria de los daños y perjuicios causados por el acto administrativo impugnado debía ventilarse pura y exclusivamente ante los órganos correspondientes de la Justicia Ordinaria. Pues bien , conforme a lo dispuesto en el precepto constitucional transcripto supra, al haber optado la compareciente por reclamar en primera instancia por vía arbitral (equivalente en sus efectos a la vía jurisdiccional ordinaria) los daños y perjuicios provenientes del acto administrativo principal objeto de agravio , bloqueó el hábil ejercicio de la acción anulatoria ante esta Corporación. (…) (…) Tomando como punto de partida algunas consideraciones del tribunal arbitral en torno al tema de la preclusión (que pese a no ser vinculantes fueron emitidas al resolver la excepción de prejudicialidad opuesta por ANCAP en el proceso arbitral) (…), la interpretación histórica del art. 312 es derrotada por una interpretación literal y lógico sistemática de la disposición constitucional. Por un lado, no ha de perderse de vista que, como dice el art. 17 del Código Civil en su inc. 1º, “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desentenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu”. En esta línea, se reitera que el art. 312 de la Carta alude a que la acción de reparación “…se interpondrá ante la jurisdicción que la ley determine”. A partir de ello, si consideramos que: i) “El arbitraje es un medio para la resolución de conflictos de intereses de carácter jurídico, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada” (Cfe. BARRIOS DE ANGELIS, D., “El Juicio Arbitral”, Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Montevideo, Montevideo, 1956, p. 25); y ii) que por imperio de la ley “Toda contienda individual o colectiva, podrá ser sometida por las partes a resolución de un tribunal arbitral, salvo expresa disposición legal en contrario” (art. 472 del Código General del Proceso) , arribamos a la conclusión de que la jurisdicción arbitral queda comprendida en los términos del art. 312 supra transcripto. Igualmente, esto deriva de una interpretación sistemática del ordenamiento normativo, en el que no existe disposición constitucional o legal alguna que prohíba dilucidar la pretensión reparatoria, consagrada en el art. 312, en la jurisdicción arbitral . De esa forma, la iniciación del proceso arbitral, el posterior dictado del laudo (subrogado perfecto de la sentencia dictada por la justicia ordinaria) y la renuncia a someter la contienda ante la justicia ordinaria , implicaron el ejercicio de la opción consagrada en el art. 312, con la consecuencia dispuesta en dicho precepto. Finalmente, (…) la finalidad o teleología de la opción tiene su razón de ser en la conexión de ciertos aspectos que, en ocasiones, presentan el objeto de la acción reparatoria y de la acción anulatoria, y que importan a la coherencia del sistema de administración de justicia. Y es que, si bien ambas acciones tienen objetos distintos, pues en uno se persigue la reparación del daño y en otro la supresión del acto antijurídico, en hipótesis como la planteada en obrados existen ciertos aspectos comunes a ambas acciones, que operan como una suerte de círculos secantes. Así, por ejemplo, mientras que el tribunal arbitral podría haber considerado el acto inválido por haber sido dictado por un Ente incompetente, este tribunal podría fallar en el sentido contrario. (…) es claro que los objetos de cada una de las acciones son distintos; no obstante, así como se consagra una relación de prejudicialidad cuando la acción anulatoria se ejerce antes que la acción reparatoria (precisamente por esa coincidencia en el aspecto del objeto que hace al análisis de la validez o invalidez del acto administrativo), perfectamente podría pensarse que la finalidad de la preclusión fue evitar fallos contradictorios en aspectos esenciales del objeto . En suma, la coherencia que demanda cualquier sistema de administración de justicia también abona elementos de trascendencia para considerar que cuando se dedujo la pretensión reparatoria por la vía del juicio arbitral, se agotó la opción de acudir al proceso contencioso administrativo de anulación.” (la negrilla y el subrayado no coinciden con el texto original). Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por el artículo 312 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Declárase precluido el derecho a accionar en sede contencioso-anulatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 312 de la Constitución de la República. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y demandada, en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).