Sentencia Definitiva N° 538/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 4 de noviembre de 2021. No. 538 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados “LACAVA DOMATTO, CARLOS ROBERTO con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de nulidad” (Ficha No. 289/2019). RESULTANDO : I) El 21 de mayo de 2019 compareció el Sr. Carlos Roberto Lacava Domatto e incoó demanda de nulidad contra la Resolución N° 274/2018, de fecha 11 de octubre de 2018, dictado por la Gerencia General del Banco de Previsión Social, mediante la que se rechazó la petición formulada por el actor, quien solicitó que se le abonen las partidas correspondientes a Prima de Cumplimiento de Metas, a partir de setiembre de 2015, desde que pasó en comisión al Palacio Legislativo, concretamente a la secretaría del despacho del Representante Sr. Bacigalupe (fs. 45 de los A.A.). El actor solicitó al Organismo demandado el pago de la Prima por Cumplimiento de Metas desde su pase en comisión al Poder Legislativo. Sostuvo que le corresponde legítimamente el pago de dicha partida desde el mes de setiembre de 2015 en adelante y que el BPS de forma contraria a derecho resolvió no abonársela. Le adeuda la suma de $ 322.632, más los haberes que por Prima por Cumplimiento de Metas se devenguen posteriormente. Asimismo, peticionó que el Directorio del BPS ordene, sin más trámite, su inclusión en su liquidación de haberes. Indicó que la normativa vigente aplicable a su caso es el art 67 de la Ley No. 17.556, en la redacción dada por la Ley No. 16.320. Precisó que, si bien el régimen de pases en comisión fue objeto de tratamiento por la Ley No. 17.930, que modificó el art. 32 de la Ley No. 15.851, dejó vigente el régimen establecido en cuanto al derecho a la remuneración de los funcionarios en comisión. También resulta aplicable el art. 587 del TOFUP 2010, que regula la autorización de pases en comisión de funcionarios por tareas de asistencia directa al Presidente de la República, Vicepresidente de la República, Ministros, Legisladores Nacionales a expresa solicitud de éstos. Así, relató que desde el mes de setiembre del año 2015 pasó en comisión a cumplir tareas en el despacho de un Legislador. Por lo tanto, tiene derechos legítimos para percibir en sus haberes la Prima por Cumplimiento de Metas, cuestión que el BPS niega por encontrarse prestando funciones en otro lugar, desconociendo derechos laborales que encuentran fundamento en la normativa aplicable. Ello determina la violación del principio de legalidad. En otro orden, entendió que la Administración dispuso no hacer lugar a su petición de forma inmotivada y sin invocar los hechos relevantes que, a su juicio, obstaculizan el cobro de la Prima. Concluyó que la resolución accionada es ilegítima, inoportuna e inconveniente y atenta claramente contra su legítimo derecho al cobro de sus haberes. Asimismo, lesiona el principio de igualdad en relación a los demás funcionarios y, concretamente, la igualdad de oportunidades reconocido constitucionalmente y en tratados internacionales suscritos por nuestro país. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda y la consecuente anulación de la resolución en proceso (fs. 29 a 35). II) Conferido el correspondiente traslado, compareció, en representación del Banco de Previsión Social, la Dra. Adriana Sanguinetti, quien contestó la demanda de manera contradictoria y peticionó la confirmación de la impugnada. Relató que emerge de la petición administrativa, presentada el día 11 de setiembre de 2018 y de la demanda anulatoria, que el actor desde setiembre de 2015 pasó a cumplir tareas en comisión al Palacio Legislativo por lo que le dejó de abonar la Prima por Cumplimiento de Metas. Emerge de los antecedentes administrativos y del relato del actor, que la Resolución N° RD 28-1/2008, de fecha 28 de agosto 2008, (Reglamento del Premio por Cumplimiento de Metas), conforme al art. 65 del Decreto N° 515/008 (Presupuesto Operativo del Ente, ejercicio 2008), en el punto 2.1, excluyó a los funcionarios que no estuvieran prestando funciones en el Instituto, liquidándose la partida mientras estuvo cumpliendo funciones en el BPS o sea hasta noviembre de 2012. Indicó que el acto administrativo impugnado es legítimo y negó la pretendida violación del principio de legalidad e igualdad, debido a que el funcionario no tiene un derecho subjetivo al cobro. Sostuvo que el art. 51 del Decreto N° 400/007 (Presupuesto del Ente ejercicio 2007) dispuso una partida extraordinaria para el ejercicio 2007 a fin de atender los impactos de recaudación en el Organismo y, en definitiva, compensar a los funcionarios por la responsabilidad y dedicación. El Decreto N° 515/008 autorizó la creación de un sistema de premios vinculándola al cumplimiento de metas, objetivos y actuación individual, según lo establecido en la RD 28-1/2008 que aprobó el Reglamento de la Partida Premios por Cumplimiento de Metas y obviamente responde a los lineamientos y fundamentos dados por la norma antes citada. En concordancia con lo anterior, el reglamento aprobado en su numeral 2.1 inciso 2 establece: “Dado que este premio se vincula exclusivamente con las tareas realizadas en el BPS, los funcionarios del mismo que cumplan funciones (en cualquier calidad) en otros organismos, no tendrán derecho a percibirla”. Con base en los fundamentos de la normativa, manifestó que el derecho a percibir la partida supone necesariamente el desempeño efectivo de las funciones en dependencia del organismo y el cumplimiento de las actividades y metas que fueron descriptas, lo que de modo alguno puede haber cumplido el actor cuando pasó a cumplir funciones en comisión al Palacio legislativo. La exclusión para el cobro de los funcionarios que no cumplan funciones en el Organismo prevista en el Reglamento de la Partida resulta legítima y justa, en concordancia con el art. 65 del Decreto N° 515/008, aún, considerando lo prevenido por art. 67 de la Ley No. 17.556. Así, el actor no cumple con el hecho generador previsto en la RD 28- 1/2008, que fuera dictada, tal como se indicara, en concordancia con la norma presupuestal. Destacó que el organismo tramitaba su presupuesto conforme lo establecido por el art. 220 de la Constitución (y por ende inserto en el Presupuesto Nacional y de naturaleza legal) y actualmente se efectúa de acuerdo a lo estipulado por el art. 221 de la Constitución (art. 82 de la Ley No. 16.713). Por lo tanto, la aprobación del presupuesto del Ente es un decreto y excepcionalmente será un acto administrativo del Poder Legislativo. Este cambio operado en la forma de aprobación del presupuesto del Ente tiene influencia en la aplicación del art. 67 de la Ley No. 17.556, en la redacción dada por el art. 40 de la Ley No. 16.320 y el art. 65 del Presupuesto Operativo del BPS para el 2008. Tal como sostuvo el informe jurídico deben señalarse “como normas de idéntica jerarquía y contenido formal.”. Así, para los funcionarios del BPS deben primar y aplicarse las normas contenidas en su propio presupuesto. Corresponde rechazar lo manifestado por el funcionario respecto de que, aplicando el fundamento manejado por el BPS, se estaría admitiendo que un decreto modifique una ley. Por el contrario, en el presupuesto del Organismo puede incluirse y regularse toda clase de previsiones incluyendo las relacionadas con compensaciones y partidas percibidas por los funcionarios. Emerge de los antecedentes administrativos que la Administración fundamentó y argumentó los criterios seguidos por lo que no corresponde considerar lo argüido por el accionante al respecto. En conclusión, el Organismo no vulneró el derecho del actor de rango constitucional, legal o derivado de normas internacionales. No es posible fundarse en el principio de igualdad y remitirse a la igualdad de trato y de oportunidades entre los trabajadores dado que el accionante ha recibido el mismo trato que el resto de los funcionarios en comisión. Por último, siendo la Partida por Cumplimiento de Metas propias del Ente y de especiales características, no se aprecia la pertinencia de la comparación con funcionarios públicos pertenecientes a otros organismos. En definitiva, solicitó que se desestime la demanda instaurada, confirmándose el acto administrativo impugnado (fs. 49 a 57). III) Se agregaron los antecedentes administrativos, con citación, por auto N° 6404/2019 de 289/2019 (fs. 59). IV) Alegaron las partes por su orden, haciéndolo la actora en el escrito que luce de fs. 86 a 91 y la demandada en el que corre de fs. 94 a 96. V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció en Dictamen Nº 28/2021 de fecha 1° de febrero de 2021, a través del cual aconsejó amparar la demanda y anular el acto procesado (fs. 99 y 100 vto.). VI) Se citó a las partes para sentencia, por decreto Nº 569/2021 (fs. 102), la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Conforme con los términos de la demanda se acciona de nulidad contra la Resolución N° 274/2018, de fecha 11 de octubre de 2018, dictado por la Gerencia General del Banco de Previsión Social, mediante la que se rechazó la petición formulada por el actor, quien peticionó que se le abonen las partidas correspondientes a Prima de Cumplimiento de Metas, a partir de setiembre de 2015, desde que pasó en comisión al Palacio Legislativo (secretaría del despacho del Sr. Bacigalupe) (fs. 45 de los A.A.). II) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4 y 9). La volición resistida fue notificada el día 23 de octubre de 2018 (fs. 47 vto. de los A.A.). El accionante interpuso recursos de revocación y jerárquico en tiempo útil, el 5 de noviembre de 2018 (fs. 48 y 49 de los A.A.). Por resolución N° 089/2019 de 1° de marzo de 2019, dictada por la Gerencia General del Banco de Previsión Social, se dispuso desestimar el recurso de revocación interpuesto (fs. 66 de los A.A.) Mediante Resolución N° 9-1/2019 de fecha 27 de marzo de 2019, el Directorio del Banco de Previsión Social, desestimó el recurso jerárquico interpuesto en subsidio (fs. 71 vto. de los A.A.). El promotor fue notificado el día 4 de abril de 2019 (fs. 74 vto. de los A.A.). La demanda anulatoria fue promovida útilmente el 21 de mayo de 2019, según nota de cargo de fs. 36. III) El Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, acogerá la demanda y anulará el acto impugnado por los fundamentos que se expondrán. IV) Antecedentes relevantes. Emerge de los antecedentes administrativos que el día 17 de julio de 2015 se gestionó la solicitud de pase en comisión del funcionario Roberto Lacava a petición del Legislador Rubén Bacigalupe (fs. 2 y 3 de los A.A.). El Directorio del BPS dictó la Resolución 28-6/2015, de fecha 26 de agosto de 2015, mediante la que autorizó el pase en comisión del funcionario Carlos Lacava, quien ocupa un cargo presupuestado, administrativo II, Escalafón C, Grado 04, para cumplir funciones en la secretaría del Sr. Representante Rubén Bacigalupe (fs. 17 de los A.A.). Con fecha 11 de setiembre de 2018 el actor presentó petición ante la Secretaría General del Banco de Previsión Social, solicitando que se le abonen las partidas correspondientes a Prima de Cumplimiento de Metas, a partir de setiembre de 2015, esto es, desde que pasó en comisión al Palacio Legislativo. Se pronunció la Gerencia de Asuntos Legales el día 17 de setiembre de 2018 aconsejando desestimar la petición formulada (fs. 33 vto. a 37 de los A.A.). El día 21 de setiembre de 2018 se le confirió vista al promotor (fs. 39 de los A.A.). El Sr. Lacava evacuó la vista conferida tal como luce a fs. 39 vto. y 40 de los A.A. La Gerencia de Asuntos Legales del Organismo demandado se pronunció el día 10 de octubre de 2018 ratificando el informe de fecha 17 de setiembre de 2018 (fs. 42 vto. y 43 de los A.A.). Finalmente, se dictó el acto enjuiciado (fs. 45 de los A.A.). V) Aspecto sustancial. Respecto de la legitimidad del acto enjuiciado. En el caso se impone la anulación del acto encausado por contrariar el art. 67 de la Ley No. 17.556, tal como lo ha sostenido este Cuerpo en casos similares (Sentencias Nº 751/2013, 179/2014, 487/2014, 666/2017, 820/2017, 450/2018, 102/2020 y 210/2020, entre otras). El acto denegatorio de la solicitud efectuada por el accionante es lesivo. Es una denegatoria expresa a una petición administrativa presentada por el actor ante el incumplimiento del pago de la PCM desde el momento en que pasó “en comisión” a cumplir funciones de asistencia directa a un Legislador Nacional y por tanto, aparece como el acto originario del perjuicio invocado en su esfera de derechos e intereses. Al momento de dictarse el Reglamento de Premio por Cumplimiento de Metas aprobado mediante la RD Nº 28-1/2008 (que el BPS sostiene debió de haberse atacado primigeniamente), el accionante no tenía motivo alguno para impugnarlo. El argumento central del BPS es que la Prima por Cumplimiento de Metas fue establecida en el Presupuesto Operativo del Organismo correspondiente al año 2008 y reglamentada por la RD Nº 28-1/2008 de fecha 28 de agosto de 2008 que aprobó el Reglamento de Premio por Cumplimiento de Metas. En dicho reglamento se establece que el premio se vincula exclusivamente con las tareas realizadas dentro del Organismo, sosteniendo que aquellos funcionarios que cumplan tareas en comisión en otros organismos, no tendrán derecho a percibirlo. Ahora bien, el art. 67 de la Ley No. 17.556 que regula la situación de los funcionarios que pasan a desempeñar tareas de asistencia directa al Presidente de la República, Vicepresidente de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios y Legisladores Nacionales (como es el caso de obrados), establece: “los indicados traslados en comisión no tendrán otro efecto que la prestación de la actividad al servicio y a la orden de quien formula la solicitud. Los funcionarios mantendrán su condición, ya sea de presupuestados o contratados, debiendo considerárseles como si prestaran servicios en su lugar de origen , en particular en cuanto refiera a la carrera administrativa, a la renovación de sus contratos, a la bonificación de sus servicios a los efectos jubilatorios, y a su remuneración, cualquiera sea su naturaleza, incluyendo aquellas que tengan por condición la prestación efectiva de tareas en el organismo. Lo dispuesto no será de aplicación para aquellas partidas que por norma legal expresa tuviesen un tratamiento diferente.” En el caso, resulta trasladable lo referido en reciente Sentencia No. 210/2020, de fecha 21 de abril de 2020, por ser aplicable: “El Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse ante casos análogos y ha sostenido que se impone la anulación de actos como el ensayado por cuanto contrarían la regla especifica consagrada por el artículo 67 de la ley 17.556 (sentencias nº 751/2013, 179/2014, 487/2014, 666/2017 y 820/2017, entre otras). La disposición legal de mención consagra una ficción para asegurar a los funcionarios que presten funciones en comisión en determinadas dependencias el cobro de la misma remuneración que percibía en su organismo de origen, incluyendo a aquellas partidas que requieren el ejercicio efectivo de tareas, con la única salvedad de aquellas partidas que hubieran sido exceptuadas por ley, extremo que claramente no se da en el caso. En este sentido es claro que la excepción al cobro del premio respecto de los funcionarios que no presten servicios en el organismo (con fundamento del Decreto nº 515/2008 y Reglamento de Premio por Cumplimiento de Metas aprobado por Resolución RD 28/1/2008, carece de todo respaldo legal y contraviene por ello la regla consagrada en el artículo 67 de la ley 17.556. En cuanto a la interpretación de la ficción jurídica que consagra la norma legal citada, el Tribunal ha sostenido que “ (…) resulta de aplicación en la especie la norma contenida en el artículo 67 de la ley 17.556, que asegura a los funcionarios que desempeñan funciones en comisión en determinada dependencia el cobro de la misma remuneración que percibía en el organismo de origen, incluyendo aquellas partidas que requieren el ejercicio efectivo de las tareas respectivas, con la única salvedad de aquellos rubros que hayan sido expresamente exceptuados por ley, hipótesis que no se da en el caso. En tal sentido, el régimen legal de los funcionarios que presten funciones en comisión en tareas de asistencia directa a los legisladores, entre otras está dispuesto por el artículo 67 de la ley 17.556, que modificó el artículo 32 de la ley 15.851 en la redacción dada por el artículo 40 de la ley 16.320. La ficción realizada por el legislador, respecto a las retribuciones de los funcionarios en comisión es clara en el sentido de establecer el derecho del funcionario a mantener los derechos funcionales y retributivos de su oficina de origen, por más que en el nuevo destino no estén presentes, tal como si se tratara del desempeño de tareas en aquellas.” (destacado no está en el original). Respecto de la interpretación de la ficción jurídica establecida por la normativa aplicable precitada, el Tribunal sostuvo en contrario a la tesis esgrimida por el BPS que: “En lo que tiene que ver con el aspecto sustancial, considera la Sala que asiste razón al promotor en el reclamo al amparo normativo invocado, en tanto resulta de aplicación en la especie la norma contenida en el art. 67 de la Ley 17.556, que asegura a los funcionarios que desempeñan funciones en comisión en determinadas dependencias el cobro de la misma remuneración que percibían en el organismo de origen, incluyendo aquellas partidas que requieren el ejercicio efectivo de las tareas respectivas, con la única salvedad de aquellos rubros que hayan sido expresamente exceptuados por una ley, hipótesis que no se da en el caso.” (sentencia 751/2013). La ficción creada por la norma conlleva a considerar que el funcionario presta funciones en el organismo de origen, sin perjuicio que efectivamente las cumpla en el de destino En el fallo transcrito, se citó las expresiones respecto de lo que se considera como ficción jurídica de Marina GASCÓN ABELLÁN y se destacó: “…la ficción no se orienta a dar por verdadero un hecho cualquiera, sino un hecho que es necesariamente falso, pero con “… una falsedad que es por completo asumida”. Las ficciones “… no se orientan a fijar una realidad empírica, sino a atribuir a ciertos hechos el mismo tratamiento jurídico previsto para otros hechos claramente distintos” (Gascón Abellán, Marina “Los hechos en el derecho”, Marcial Pons, Madrid, 2004, pág. 148). En puridad, si bien los funcionarios en comisión desempeñan sus tareas en el organismo de destino, en aplicación de la ficción establecida por el art. 67 multicitado, debe considerarse que no hubo cambio alguno al respecto, como si siguieran prestando funciones en el organismo de origen, a todos los efectos y puntualmente en lo que nos interesa en nuestro caso, a los efectos retributivos (Sentencia No. 875/2011). Resulta trasladable lo consignado en la precitada Sentencia No. 210/2020: “Si el legislador con la ficción legal consagrada mandata considerar las funciones /desempeñadas por los funcionarios en comisión como desplegadas en su organismo de origen, va de suyo que corresponde considerar la modalidad en que debían de ejecutarse, en el organismo de origen las tareas. En estos casos, en que legalmente se da a ciertas situaciones de hecho una calificación manifiestamente contraria a la realidad ontológica, e incluso a su concepción comúnmente admitida, la ficción legal se contrae propiamente a una simplificación de la que se ayuda el legislador para dotar declaradamente a cosas o situaciones diferentes de un mismo tratamiento jurídico (Luna Serrano, Agustín “Las ficciones del derecho en el discurso de los juristas y en el sistema del ordenamiento” Pontifica Universidad Javeriana, Editorial Temis, 1º Edición, Bogotá, 2013, págs. 95 y 96).” Entonces, en el presente, corresponde al promotor el cobro efectivo de la partida (Prima por Cumplimiento de Metas) que percibía con anterioridad a su pase en comisión y que, por ello, dejó de abonársele. En Sentencia No. 450/2018 se planteó un caso idéntico en el que se consignó: “El Tribunal ha sostenido oportunamente teniendo que pronunciarse ante casos análogos y ha sostenido que se impone la anulación de actos como el encausado por cuanto contraria la regla específica consagrada por el artículo 67 de la ley 17.556 (sentencias nº 751/2013, 179/2014, 487/2014, 666/2017 y 820/2017, entre otras). (…) En este sentido, es claro que la excepción al cobro del premio respecto de los funcionarios que no presten servicios en el organismo (con fundamento en el decreto 515/2008 y el Reglamento de Premio por Cumplimiento de Metas aprobado por Resolución RD 28-1-2008) carece de todo respaldo legal y contraviene por ello la regla consagrada en el artículo 67 de la ley 17.556. En tal sentido, el régimen legal de los funcionarios que prestan funciones en comisión en tareas de asistencia directa a los Legisladores - entre otros-, está dispuesto por el art. 67 de la Ley 17.556, que modificó el art. 32 de la Ley 15.851 en la redacción dada por el art. 40 de la Ley 16.320. El Banco de Previsión Social invocó normativa reglamentaria que entiende que resulta aplicable al caso y por la que negó la solicitud del pago de la Prima por Cumplimiento de Metas reclamada. Tal como se advirtió, el Ente no abona el monto correspondiente a la partida debido a que el funcionario no cumple efectivamente las tareas en el Organismo. Respecto a ello, la Corporación refirió : “(…) resulta de franco rechazo el argumento ensayado por la demandada, dirigido a considerar que la excepción del cobro del premio para funcionarios que no presten servicios en el organismo, prevista en el reglamento ya citado (presupuesto operativo 2008), se equipara a aquella que pudiera emanar de una norma legal expresa, contemplada como excepción en la parte final del artículo 67 inc. 4º de la ley 17.556” (Sentencia N° 751/2013). En la contestación de la demanda, la Administración sostuvo que la exclusión resulta del procedimiento seguido para atender el presupuesto del Ente invocando la aplicación de la Constitución. En esa línea este Tribunal manifestó: “No puede considerarse de igual rango la norma que, en cumplimiento del artículo 221 de la Constitución, aprueba el presupuesto operativo del Ente Autónomo, en aquella que en cumplimiento del artículo 220 de la Carta, aprueba el presupuesto de los órganos allí establecidos, puesto que, aunque su contenido en relación al presupuesto, pueda ser considerado similar, su jerarquía normativa es distinta, al ser aprobados uno por decreto y otro por ley formal. En consecuencia, no puede prevalecer la excepción al cobro de partidas salariales estatuida por el reglamento aprobado por RD 28- 1/2008, ni siquiera en el caso que se la considere establecida por el Decreto 515/008, por el cual se aprobó el presupuesto operativo del ente. En función de lo expuesto, la equiparación que la demandada pretende establecer entre la ley presupuestal y el decreto del Poder Ejecutivo aprobatorio de un presupuesto en los términos del artículo 221 de la Constitución, es totalmente inhábil e inoperante para justificar el apartamiento o restricción de los derechos funcionales, por cuanto estos, de principio, solo pueden ser privados por ley en sentido orgánico formal, y no por un acto administrativo 8 articulo 7 y 10 inciso 2º de la Constitución de la Republica). Evidentemente el Poder Ejecutivo no puede arrogarse la potestad normativa que, el constituyente, disciplinó a favor de la ley” (Sentencia N° 887/2011). Y continuó: “A juicio de la Sede, dicho argumento resulta descabellado. No puede considerarse de igual rango la norma que, en cumplimiento del art. 221 de la Constitución, aprueba el presupuesto operativo del ente autónomo, que aquella que, en cumplimiento del art. 220 de la Carta, aprueba el presupuesto de los órganos allí establecidos, puesto que, aunque su contenido -en relación al presupuesto- pueda ser considerado similar, su jerarquía normativa es distinta, al ser aprobados uno por decreto y otro por ley formal. Ante la clara norma legal que dispone que los funcionarios en comisión de asistencia directa a un legislador, tienen derecho a la misma remuneración que en su organismo de origen, incluso aquellas partidas que tengan por condición la efectiva prestación de tareas en el organismo, disposición legal que solo puede ser exceptuada por otra “norma legal expresa”, cabe rechazar de plano que tal excepcionamiento venga dado por una norma reglamentaria, la cual a su vez dada su condición de tal, no puede restringir derechos de los funcionarios que fueran previamente acordados por una ley” (Sentencia 751/2013). En otro orden, el demandado indicó que resulta de aplicación la Sentencia No. 877/2011 de este Tribunal. No resulta aquel caso idéntico al de autos, puesto que, la actora se encontraba prestando funciones en comisión ante la Oficina Nacional de Servicio Civil. La Corporación ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de la aplicación de la solución confirmatoria en la referida sentencia y que no resulta trasladable en autos. Así, sostuvo: “ En cuanto a la sentencia 887/2011 que se invoca por el Ente demandado, no resulta trasladable al caso de autos por cuanto la actora se encontraba prestando servicios en comisión en la Oficina Nacional de Servicio Civil, la cual no se encuentra dentro del elenco de funcionarios comprendidos dentro del ámbito subjetivo de aplicación del artículo 67 de la ley 17.556. En consecuencia, como ya lo sostuviera la Sede ante similar defensa esgrimida por el BPS cabe puntualizar que el presente caso difiere de aquellos resueltos por sentencia nº 877/2011, 887/2011, 920/2011, fallos que fueron parcialmente citados por la demandada en su contestación, dado que en aquellos casos, los funcionarios del BPS que efectuaban el reclamo habían pasado a cumplir funciones en la O.N.S.C., por lo cual no les resultaba aplicable la norma del artículo 67 de la ley 17.556, que es la que en definitiva, resuelve la presente cuestión en el sentido favorable a la posición impugnante (Sentencias 751/2013, 179/2014, 487/2014 y 666/2017” (Sentencia 210/2020). En conclusión, corresponde la solución anulatoria en la medida que el funcionario accionante se encuentra comprendido en la previsión del art. 67 de la Ley N° 17.556 por lo que el acto deviene ilegítimo. En definitiva, por las razones expuestas, el Tribunal, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).