Sentencia Definitiva N° 537/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 4 de noviembre de 2021. No. 537 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “GAHN GAHN, NÉSTOR con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS. Acción de Nulidad” (Ficha No. 802/2019) RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria en contra de la resolución del Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (en adelante UTE) Nº R. 19-1467 de 13 de junio de 2019, mediant e la cual le fue impuesta una sanción de 180 días de suspensión sin goce de sueldo (fs. 369 a 370 de los A.A.). En lo que refiere a las causales de ilegitimidad del acto resistido, la demanda señaló, en resumen, que la falta habría prescripto, a la vez q ue se configuró la caducidad de la potestad disciplinaria de la Administración y que se estaría violando el principio de non bis in idem. Por su parte, se señaló que en el decurso del procedimiento disciplinario se lesionó el principio de imparcialidad, lo cual se trasuntó en que fueron desoídos sus peticiones de caducidad del sumario y clausura de la instrucción, a la vez que se violentaron disposiciones del reglamento de procedimiento disciplinario, extremo que conlleva a la violación del principio de legalidad. Asimismo, refirió a la insuficiencia de la prueba de cargo para la atribución de falta, la desproporcionalidad de la sanción aplicada y la existencia de desviación de poder. En su mérito, requirió la anulación del acto impugnado. II) Emplazada en forma la Administración (fs. 54), contestó de modo contradictorio, bregando por la solución confirmatoria. En necesaria síntesis, la demandada, tras reseñar los antecedentes administrativos, defendió la legitimidad del procedimiento disciplinar io, que se plegó a los lineamientos establecidos por el Tribunal a efectos de la recomposición de las actuaciones administrativas, en tanto la anterior sanción había sido anulada por motivos formales mediante la sentencia de la Corporación Nº 955/2017. En suma, requirió la confirmación del acto impugnado. III) Abierta la causa a prueba (decreto Nº 1.066 de 28 de febrero de 2019, fs. 83), fue diligenciada la prueba propuesta por las partes, que fue debidamente agregada y certificada (fs. 97). IV) Las partes alegaron de bien probado por su orden (fs. 100 a 106 vto., alegatos de la actora y fs. 109 a 114, alegatos de la demandada). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante D ictamen Nº 58/2021 de 11 de febrero de 2021 (fs. 117 a 122 vta.) se pronunció por la solución anulatoria. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el as pecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) El Tribunal, por unanimidad, apartándose de lo aconsejado por el Procurador del Estado en lo Contencioso, desestimará la demanda por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) En primer término, importa señalar que el acto objeto de impugnación deriva de la recompos ición de las actuaciones administrativas como consecuencia de la sentencia del Tribunal Nº 955/2017 (agregada de fs. 1 a 23) que, en síntesis, anuló la sanción que le fuera impuesta al actor, por parte de UTE, por motivos formales dados por violaciones al principio de debido procedimiento. Asimismo, en lo que refiere a la recomposición de las actuaciones administrativas, el Colegiado indicó que: “El apartamiento adjetivo señalado impide a la Sede ingresar al análisis del fondo del asunto en tanto se carece de los elementos de juicio necesarios para expedirse. En consecuencia, el Tribunal procederá a anular la decisión enjuiciada por razones ajenas al mérito, pudiendo la Administración demandada recomponer su actuación, asegurando las garantías del debido procedimiento”. A partir de lo anterior la Administración dictó la resolución Nº R. 18-1750 de 19 de julio de 2018, que ordenó la recomposición del procedimiento disciplinario (fs. 342 a 343 A.A.). El actor promovió acción anulatoria en contra de la referida resolución, la cual se sustanció en los autos homónimos al presente, identificados con la ficha Nº 115/2019, donde fue dictada la sentencia Nº 96/2021, mediante la que se desestimó la demanda. En el referido pronunciamiento se analizaron idénti cas causales de ilegitimidad a las esgrimidas por el actor en obrados. Así, la indicada sentencia Nº 96/2021 desestimó los agravios relativos a la prescripción de la falta administrativa, caducidad de la potestad disciplinaria de la Administración, vencimiento de los plazos de instrucción y violación del principio de non bis in idem. En consecuencia, respecto de la s causales de nulidad reeditadas en obrados, deberá estarse a la cosa juzgada dimanada de la sentencia Nº 96/2021, particularmente en lo que re fiere a la solución desestimatoria de tales agravios. Por otra parte, en los apartados siguientes se analizarán los agravios relativos a aspectos no comprendidos en la sentencia Nº 96/2021 que, básicamente, suponen la violación del principio de imparcial idad en el decurso del procedimiento disciplinario, la inexistencia de falta, la desproporcionalidad de la sanción y la configuración de desviación de poder. V) La demanda señaló que en la recomposición del procedimiento disciplinario se configuró prej uzgamiento y falta de imparcialidad de los funcionarios actuantes. No le asiste razón en su planteo. La circunstancia de que sus peticiones de declaración de prescripción, clausura del procedimiento y vencimiento de los plazos de instrucción, no hayan sido atendidas, no significa ninguna violación del principio de imparcialidad. En efecto, la solución desestimatoria de la demanda respecto de tales aspectos, informa a la legítima negativa por parte de la Administración a las peticiones promovidas por el actor. Asimismo, no puede dejar de observarse que la demandada, a efectos de dotar de mayores garantías al actor, dispuso el cambio del instructor que había actuado en el primigenio sumario (fs. 36 0 a 360 vto. A.A. ), lo cual hace a la imparcialidad de los funcionarios actuantes. VI) En lo que refiere a los cuestionamientos respecto a la diligencia para mejor proveer adoptada en el procedimiento disciplinario y la insuficiencia probatoria de cargo para la imputación de la falta, tampoco le asiste razón al actor. Así, no se avizora ninguna ilegitimidad en la diligencia para mejor proveer dispuesta (fs. 18 3 A.A.), la cual se condice con lo establecido por el art. 46 del reglamento de procedimiento disciplinario vigente a la época en que se adoptó la medida (fs. 46 de la documentación agregada por la demandada en carpeta rosada). La referida diligencia probatoria fue debidamente motivada a partir de las menciones del informe de instrucción que remitió a declaraciones testimoniales dictadas ante la Co rporación, por lo que se requirió la agregación de tales actas de interrogatorio de testigos, extremo que fue cumplido según surge de las constancias obrantes a fs. 185 y siguiente de los antecedentes administrativos. Ahora bien, no se comparte el enfoqu e del actor, en cuanto pretende restarle eficacia probatoria a la prueba testimonial diligenciada ante el Tribunal, máxime cuando se contó con su audiencia a efectos del diligenciamiento de tales medios probatorios. Desde las anunciadas perspectivas se comparten las conclusiones arribadas por la Administración en sendos informes de instrucción (fs. 198 a 200 y fs. 21 0 a 216 vto. A.A.) que estimaron acreditada la falta imputada al actor, consistente en requerir dinero a efectos de habilitar una instalació n eléctrica. Por su parte, tampoco resulta fundado el agravio relativo a que las defensas del actor no fueron objeto de consideración. Así, basta estarse a los informes obrantes de fs. 210 a 216 vto. y fs. 218 a 225 vto. de los antecedentes agregados para comprobar un pormenorizado análisis de los descargos movilizados en sede de procedimiento administrativo. VII) En lo que refiere al control de proporcionalidad de las sanciones administrativas, corresponde señalar con carácter general que “(…) La jurisprudencia constante de este Tribunal -y la posición unánime de la doctrina administrativista - si bien reconoce que la facultad sancionatoria de la Administración es discrecional, también admite que el Tribunal está facultado a examinar y controlar la en tidad de la sanción cuando ella se exhibe como ilegal (por ejemplo, por exceder el máximo establecido para la falta reprimida), desproporcionada (según la relación directa e inmediata entre la naturaleza, caracteres y entidad de la falta y magnitud de la r epulsa administrativa) o irrazonable (véase, por todas, la Sentencia 363/2002, con nota de jurisprudencia de FLORES DAPKEVICIUS, Rubén: “Control Jurisdiccional de la cuantificación de la sanción disciplinaria”, Anuario de Derecho Administrativo, Tomo X, ps . 97 a 105; en doctrina DURÁN MARTÍNEZ, Augusto: “Proporcionalidad entre la falta y la sanción”, en Revista Uruguaya de Estudios Administrativos, Nº 1, Montevideo, 1980, p. 134; GIANOLA MANTEGANI, Ariel: “Los límites de la potestad disciplinaria: razonable adecuación de la sanción a la falta”, RDJA, T. 72, Montevideo, 1972, ps. 155 y siguientes y del mismo autor: “Nuevamente sobre el control de grado de la sanción” en RDJA, T. 73, ps. 150 a 152; SACCHI, Carlos N: “Control jurisdiccional de las potestades di screcionales de un órgano interventor”, Revista de doctrina, jurisprudencia e información social, T. XXIV, Montevideo, 1981, ps. 822 a 833; CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo: “Sobre actos administrativos”, en Sobre Derecho Administrativo, T. II, FCU, Montevideo, 2008, ps. 49 a 78 y VÁZQUEZ, Cristina: “El contralor jurisdiccional de la dosificación de la sanción” en Temas de Derecho Administrativo, Editorial Universidad Ltda., Montevideo, circa 1989, p. 25 y ss.). Ahora bien, la elección de la reprimenda resu lta, en principio, resorte de la Administración y es cuestión normalmente ajena a la jurisdicción, en cuanto corresponde al criterio discrecional del jerarca administrativo, salvo cuando se aprecia una evidente discordancia de la falta con la pena o, una d esproporción susceptible de configurar desviación o exceso de poder; lo que, ciertamente, por lo precedentemente expuesto, en el o currente no se da (sentencias Nos. 470/987, 99/989, 282/989, 667/990, 212/992, 400/992, 253/993, 607/993, 1039/993, 224/994, 474/994, 1041/994, entre otras) (…)” (sentencia Nº 743/2019). En obrados, la sanción impuesta no luce como desproporcionada o arbitraria, ni evidencia la existencia de desviación de poder. En lo que refiere a la cuantificación de la pena, cabe remitir al asertivo voto del Sr. Ministro, Dr. Corujo, que, al analizar la conducta asumida por el actor, concluyó: “La falta está plenamente probada y no es sólo falta, sino que tiene definidos los caracteres de un delito (Cohecho) que pudieron determinar la des titución por lo que mal puede cuestionar la sanción aplicada”. Por lo tanto, comprobada la existencia de una falta, la elección de la reprimenda se inserta dentro de la discrecionalidad de la Administración que, en la emergencia, no se perfila como arbit raria, o desproporcionada, sino ajustada a la conducta punible en que incurrió el accionante. Así, en relación a la medida de la sanción aplicada, no se vislumbra que la Administración se haya excedido en su potestad disciplinaria, trasvasando los límites de la razonabilidad y la legalidad, lo cual descarta, a su vez, la invocada, y no probada, desviación de poder. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse lo s honorarios profesionales del abogado de la parte actora y demandada en la suma de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).