Sentencia Definitiva N° 534/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 4 de noviembre de 2021 No. 534 VISTA : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “CERRUTTI ZUCCHI, JOSÉ LUIS con BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Acción de Nulidad”. (Ficha No. 167/2019). RESULTANDO : I) En este proceso, el actor José Luis CERRUTTI ZUCCHI, dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución dictada el 12 de julio de 2018 por el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay (en adelante: BROU), por la cual se dispuso la destitución del actor, bajo la imputación de culpa grave. (Fs. 1.456 - 1.457, pieza 5 de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que se desempeñó en el BROU por más de 30 años, desempeñando a la fecha de cese, el cargo de conductor de valores (remesero de Tesorería Auxiliar). La función implicaba su traslado por todo el territorio nacional que generaba el pago de viáticos -que se solicitaban por adelantado- y se justificaban mediante la presentación de las respectivas boletas. Afirmó que esto siempre fue cumplido mediante rendición de cuentas, no habiéndose nunca percatado de las irregularidades advertidas por el organismo y que determinaron la resolución atacada. En cuanto a la cronología de los hechos, adujo que conforme emerge de la investigación administrativa realizada, todo comenzó con una serie de hechos de notoria relevancia pública, acontecidos en el seno de la Junta Departamental de Salto, relacionados a una supuesta adulteración de boletas sujetas a rendición de cuentas, efectuadas por el entonces curul, el co-sumariado Sr. Martín PERTUSATTI. Indicó que, posteriormente, se dispuso un sumario a ambos, que finalizó con la destitución de los dos. Afirmó que la única inconducta que se le atribuyó fue el haberse comprobado la existencia de liquidaciones de viáticos por gastos de remesas de fondos que contenían boletas adulteradas de las cuales, él había sido uno de los beneficiarios, afirmación que fue sistemáticamente controvertida. Indicó que, por estos hechos, el BROU formuló denuncia penal ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal (fs. 1375 Pieza 5 de los A.A.). Destacó que, la pericia dispuesta en esa Sede no pudo establecer el autor o autores de las alteraciones constatadas y se descartó de plano la responsabilidad del actor y del co-sumariado. Dados estos hechos, en la instrucción tuvo que descartarse la imputación inicial de responsabilidad por adulteración de boletas, y la investigación concluyó en que se probó que los sumariados percibieron viáticos por concepto de gastos de remesas, sin la debida justificación ya que en las liquidaciones aparecen facturas alteradas. Indicó que sin perjuicio de reconocer que pudieron existir descuidos en el control de las facturas, queda descartada cualquier intención de obtener un beneficio indebido, agregando que los defectos en la documentación objetada nunca fueron objeto de observación por parte de la Sección “Gestión de Remesas” que, de haber existido, habría corregido la operativa. A su entender, la circunstancia objetiva de haber cobrado viáticos no supone responsabilidad por sí misma pues, descartado el dolo, debe existir el elemento subjetivo culpa y en la especie sólo leve y exclusivamente por no haber realizado un control minucioso de la documentación que acompañaba la liquidación de viáticos. Manifestó que en la investigación administrativa no se tuvo en cuenta que se trataba de una tarea nueva ya que antes no se exigían comprobantes de gastos de alimentación, lo que dice fue considerado atenuante. La tarea principal era el transporte de valores donde lo importante era permanecer atento al cumplimiento del recorrido y la seguridad del transporte de valores, lo que nunca fue objeto de observación. Por esta razón controvierte la imputación que se le realizara de conformidad con lo dispuesto en el art. 20 num. 9 del Estatuto del Funcionario, porque no se comprobó ningún acto prohibido ni que se hubieran excedido los montos máximos permitidos en el reglamento por concepto de viáticos, no contemplándose -a su entender- que no hubo pérdida económica para el BROU. Indicó que la regulación de los viáticos para funcionarios encargados de transporte no era clara lo que motivó que el Instructor (Dr. PALMER) solicitara que se le indicara cuál era la normativa aplicable y la Dra. LAMAS informara que la consagración expresa en la materia lo fue a través de la Resolución de Directorio de fecha 3 de noviembre de 2016, lo que, a su entender, se ratificó con la declaración del Sr. Adrián MARTÍNEZ (funcionario de la gestión de remesas). Se agravió por considerar que existió una errónea valoración de los hechos siendo ilegítima la sanción que se pretende imponer y se desconoció el principio non bis in ídem . Consideró que, de acuerdo con el art. 168 num. 10 de la Carta, la desvinculación de un funcionario puede verificarse por omisión, ineptitud o delito, existiendo un procedimiento administrativo para desvincularlo por las dos primeras causales y en el caso de delito, debe ser declarada por la justicia competente, debiéndose respetar sus resultancias. Afirmó que, seguida la vía penal no puede continuarse otra para destituirlo porque ya fue absuelto. Por ello, a su entender, no puede ser destituido por vía oblicua so pena de incurrir en desviación de poder como lo hizo la Administración al llamar culpa grave al dolo. Indicó que, si la Administración realizó una denuncia penal, evaluó que había dolo; pues, de haber considerado que había culpa, no habría hecho la denuncia penal. Afirmó que el fallo de la justicia penal no es una cuestión irrelevante y que, concluida su actuación, si resulta la absolución, la causal de destitución desaparece. Expresó que ya fue juzgado y habiendo identidad de hechos, sujetos y fundamentos, no puede volver a ser juzgado ni continuarse estos procedimientos para destituirlo, debiendo la Administración respetar los hechos que la sentencia penal consideró probados y de no existir tal prueba, la Administración no puede resolver que sí existen. Pudo haber existido daño sin culpa, el que fue reparado al haberse devuelto la suma liquidada por el Banco. Afirmó que el acto es ilegítimo por carecer de motivación suficiente, siendo la sanción -a su entender- claramente desproporcionada. En cuanto a la razonabilidad, adujo que la sanción debe ser idónea con el fin buscado. Y en el caso, la destitución no dio solución a la operativa de cobro de viáticos que hubo de ser reglada dada la poca claridad y carencias de la operativa que funcionaba hasta el momento. Si bien es admitido que en cuanto a la graduación de las sanciones la Administración goza de cierta discrecionalidad, no puede haber exceso en la sanción dispuesta ni existir una injustificada desproporción entre la naturaleza y entidad de la infracción y la magnitud de la repulsa administrativa, debiéndose analizar la situación de cada co-sumariado en particular. En definitiva, solicitó que se declare la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Indicó que la destitución del actor fue el corolario de un proceso disciplinario por el cual se constató la existencia de graves irregularidades en la justificación de gastos realizados cuando cumplía traslados de remesas de fondos. Se constataron boletas adulteradas en liquidaciones de viáticos de las que se beneficiaron el actor y el co-sumariado PERTUSATTI. En cuanto a la pericia caligráfica a la que alude el actor, manifestó que la misma fue realizada en el expediente Penal de la denuncia presentada por la Intendencia Municipal de Salto contra el funcionario PERTUSATTI (quien a su vez era Presidente de la Junta Departamental) y exclusivamente a su respecto (fs. 114 expte. Penal). Afirmó que existió un beneficio indebido por parte del promotor, la que dice puede catalogarse como actividad habitual porque se probó la adulteración de varias facturas para su beneficio. Si bien el actor aduce que la rendición de viáticos era una tarea nueva para los conductores de valores porque antes no se les exigía comprobantes para los gastos de alimentación, ello no es así porque del informe surge que si bien esta circunstancia se mencionó como atenuante, igualmente se objetaron sus conductas por haber cobrado viáticos sin la justificación debida, no siendo relevante que la principal tarea del actor fuera el transporte de valores, lo que no altera la adulteración de comprobantes en su beneficio. Y no obstante lo aducido por el Sr. CERRUTTI en cuanto a la “caótica” regulación de viáticos de los remeseros, la misma se encuentra dentro del régimen general de viáticos similar al resto de los funcionarios de la institución, vigente desde 2014 (fs. 1232 a 1236 de los A.A.). Por ello resulta claro que en el lapso en que se expidieron las facturas adulteradas, existía la obligación de rendir cuentas por parte de los choferes de blindados y remeseros. Aclaró que la denuncia penal interpuesta por el BROU fue archivada en aplicación de la Acordada 8013 del 21 de diciembre de 2018 (fs. 121 expte. Penal) y no por haber sido absuelto. Pero aun cuando la situación fuera como la manifiesta el querellante, en el ámbito administrativo se analizan faltas administrativas y no delitos, siendo los procedimientos administrativo y penal, independientes. Por ello no es admisible sostener que la destitución como sanción administrativa no puede ser ejercida cuando actúa la justicia penal. Sostuvo que tampoco el acto es ilegítimo ni inmotivado. En el extenso, detallado y prolijo procedimiento sumarial se comprobó la existencia de faltas calificadas como gravísimas porque tal como indica el Consejo de Disciplina, el actor faltó a los más esenciales deberes como funcionario público y bancario en particular, con conductas que comprometen el decoro y lealtad del servidor público (fs. 1421 a 1424 Pieza 5 de los A.A.). Asimismo, dicho Consejo indicó que la devolución de la suma de $ 16.000 por parte del actor no enerva la dimensión de la falta cometida, lo que fue además compartido por el Tribunal de Cuentas (fs. 1.429 a 1.444 Pieza 5 de los A.A.) y la Oficina Nacional del Servicio Civil (fs. 1.449 a 1.452 Pieza 5 de los A.A.). Afirmó que, tanto la determinación como la graduación de la sanción integran la potestad discrecional de la Administración salvo cuando se aprecie una evidente discordancia de la falta o una desproporción susceptible de configurar una desviación o exceso de poder, todo lo que no se aprecia en el acto resistido. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Resolución No. 3819/2019 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 55, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 1.504 fojas). V) Por Decreto No. 2760/2020 el Tribunal tuvo por bien acusada la rebeldía de la parte actora; por su parte, la parte demandada alegó de bien probado a fs. 62 a 65 vto. de infolios. VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 457/2020, aconsejando la confirmación del acto impugnado (fs. 68 - 71 de infolios). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 73). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado al accionante el 30 de julio de 2018 (fs. 1.461 vto. Pieza 5 de los A.A.) quien lo resistió el 8 de agosto de 2018 mediante la interposición del recurso de revocación (fs. 1.479 y vto. Pieza 5 de los A.A.) que fundó el 24 de setiembre de 2018 (fs. 1.482 a a1.485 Pieza 5 de los A.A.). El Directorio del Organismo demandado, por resolución dictada el 27 de diciembre de 2018 no hizo lugar al recurso interpuesto (fs. 1.491 – 1.497 vto. de los A.A.), siendo notificado el actor el 22 de enero de 2019 (fs. 1.501 vto. Pieza 5 de los A.A.). La demanda anulatoria fue deducida el 1° de abril de 2019 (nota de cargo fs. 24 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución dictada el 12 de julio de 2018 por el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay, por la cual se dispuso la destitución del actor, bajo la imputación de culpa grave (fs. 1.456 – 1.457, Pieza 5 de los A.A.). III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. Con fecha 30 de marzo de 2016, la Gerencia del Servicio Jurídico dispuso la realización de una Investigación Administrativa vinculada con la presunta adulteración de boletas en la Junta Departamental de Salto, en la que estaría involucrado el funcionario Martín PERTUSATTI BEPPO en ese entonces Presidente del citado órgano deliberativo. De la referida investigación surgió probado que el actor y Martín PERTUSATTI BEPPO alteraron varias boletas utilizadas para justificar viáticos percibidos por el transporte de valores, todas ellas presentadas por el Sr. CERRUTTI en su calidad de Remesero en las liquidaciones respectivas, habiéndose beneficiado tanto él como el Chofer, el Sr. PERTUSATTI en múltiples ocasiones. En efecto, se solicitó a Gestión Física del Efectivo y Valores del Ente, las liquidaciones de viáticos cobrados por el Sr. PERTUSATTI durante los años 2014 y 2015 y se observaron enmendaduras en varias boletas en las liquidaciones presentadas por el Sr. José CERRUTTI, en su calidad de remesero en las liquidaciones respectivas, habiéndose beneficiado tanto él como el chofer PERTUSATTI en múltiples oportunidades. Como consecuencia de ello, con fecha 10 de mayo de 2017, la Comisión de Administración del BROU dispuso la realización de un Sumario Administrativo a los funcionarios involucrados, a los efectos de deslindar responsabilidades en los hechos de referencia (fs. 1.340 Pieza 4 de los A.A.). Posteriormente, el 31 de mayo de 2017 se dispuso la suspensión preventiva de los funcionarios, con la retención del 50% de sus haberes (fs. 1.379 Pieza 5 de los A.A.). En oportunidad de que se le tomara declaración, el actor CERRUTTI manifestó que: “… en la práctica no podemos parar a consumir y obtener boletas, es muy complejo en los lugares de descanso… Más problemático era para el chofer que no está autorizado a bajar del vehículo… entonces cómo podía conseguir boletas, es imposible… A veces le pedíamos a algún guardia que nos comprara algo para comer entregando las boletas a ellos…”. (Fs. 1.303 Pieza 4 de los A.A.). Cuando se le pregunta si él presentó la boleta de Confitería Las Familias, que obra a fs. 267 y si sabe quién la adulteró, expresó: “No sé, no me acuerdo… si hubo alteración no la alteré”. (Fs. 1.305 pieza 4 de los A.A.). Con relación a las liquidaciones de las remesas del día 23 de abril de 2014 que obran a fojas 300 y 301, al ser preguntado si era de su conocimiento quién había alterado las boletas de Cafetería y Restaurante Vila, expresó: “Me remito a lo expresado anteriormente sobre el particular”. (Fs. 1.306 Pieza 4 de los A.A.). A continuación, se le exhibieron las boletas en las cuales su valor original era de $180 y en su alteración $486, expresó: “No miraba las boletas y nunca me comunicaron nada de Gestión y Remesas… yo envié las boletas… Si están en la liquidación supuestamente las entregué, por las adulteraciones me remito… pudo haber sido cualquier persona, yo no las alteré…”. (Fs. 1.306 a 1.309 Pieza 4 de los A.A.). Con relación a la boleta obrante a fs. 648 expresó: “… son comercios de Salto. Se daba que llegábamos de noche y como no conseguía las boletas en el recorrido, pedía la comida a domicilio y pedía que me hicieran una boleta. Lo aclaro porque en la boleta dice ‘Cena’, yo considero que por el trabajo me correspondía el viático”. (Fs. 1.317 pieza 4 de los A.A.). Por su parte, el funcionario PERTUSATTI a quien se le preguntó respecto de copias de la liquidación de gastos identificada con el No. 284 reconoció haber cobrado los viáticos de dichas remesas, pero desconociendo quién fue el responsable de dicha alteración; al igual que en el resto de la documentación que se le exhibió, su respuesta fue siempre la misma: “No recuerdo si presenté esa boleta. Yo no la alteré y no sé quién pudo haberlo hecho… Ya lo dije anteriormente”. (Fs. 1.288 pieza 4 de los A.A.). Al ser interrogado respecto a cómo pretendía justificar $ 486, con una boleta que originalmente decía $180, si no las había alterado, expresó: “No me acuerdo, es de 2014 y es imposible para mí acordarme. Es un sistema muy parecido a la de la Junta Departamental de Salto”. (Fs. 1.289 Pieza 4 de los A.A.). De acuerdo con la pericia caligráfica realizada al efecto, en la misma no se pudo determinar el o los responsables de las referidas adulteraciones, por cuanto, tanto el Sr. CERRUTTI como el Sr. PERTUSATTI, o cualquier otra persona, tienen capacidad gráfica para efectuar tales alteraciones (fs. 1.391 Pieza 5 de los A.A.). Por su parte, el Consejo de Disciplina por unanimidad consideró como grave la falta cometida por los sumariados, proponiendo la destitución de los mismos, bajo la imputación de culpa grave (fs. 1.421 - 1.424 Pieza 5 de los A.A.). En cumplimiento del artículo 146 del TOCAF se pasaron las actuaciones al Tribunal de Cuentas, quien por Resolución No. 859/18 de fecha 7 de marzo de 2018, dictaminó que los funcionarios Sres. Martín PERTUSATTI y José CERRUTTI incurrieron en falta administrativa grave, entendiendo que la propuesta de destitución se ajusta razonablemente a la falta cometida (fs. 1.429 - 1.444 Pieza 5 de los A.A.). Seguidamente, la Comisión Nacional de Servicio Civil (en adelante: C.N.S.C.) se expidió a fs. 1.451 - 1.452 Pieza 5 de los A.A. “pronunciándose en forma favorable a la destitución” del actor. Finalmente, el 12 de julio de 2018 el Directorio del BROU dictó el acto que se impugna en este proceso, mediante el cual se resolvió destituir al actor (así como también al funcionario PERTUSATTI, bajo la imputación de culpa grave). IV) Los agravios planteados por el accionante son de índole sustancial y, en lo medular, consisten en que existió: a) error por parte de la Administración demandada en la valoración de los hechos y su intencionalidad en el actuar; b) motivación insuficiente en el dictado del acto impugnado; c) vulneración del principio non bis in ídem; d) desproporcionalidad de la sanción aplicada; y, e) desviación de poder en el actuar de la Administración. V) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. VI) La principal defensa articulada por el promotor es que, si existió una presentación irregular de boletas por concepto de viáticos de parte suya, no fue realizado en forma intencional o dolosa. Aduce que, en ningún momento esa adulteración en las boletas fue puesta en su conocimiento por parte de la Sección “Gestión de Remesas”, a lo que se le suma que la regulación de la liquidación de viáticos no era clara. A juicio del Tribunal, el agravio no es de recibo. Conforme emerge del análisis de los recaudos allegados a la causa, durante el procedimiento sumarial llevado a cabo se pudo constatar la existencia de una adulteración de varias boletas por concepto de viáticos durante un largo período, maniobra de la cual el actor resultó ser uno de los beneficiarios (fs. 1.333 y ss. de los A.A.). El promotor era quien presentaba las boletas, lo que reconoció en oportunidad de que se le tomara declaración en el procedimiento sumarial, por lo que no existen dudas que participó en los hechos que fueron investigados. Ante las múltiples interrogantes que se le hicieron durante el sumario, acerca de por qué las cifras que figuraban en múltiples boletas se encontraban adulteradas, pretendiendo siempre hacer valer un monto mayor al que figuraba originalmente, sus respuestas fueron evasivas y poco claras. Los cuestionamientos referentes a que el sistema de regulación de liquidación de viáticos no era claro, tampoco son de recibo. Si el actor tenía dudas acerca de cómo proceder, debió plantear sus dudas ante la sección correspondiente. Si bien las pericias caligráficas realizadas -en el expediente penal que se abriera tras la denuncia que presentara la Intendencia Departamental de Salto respecto al co-sumariado Sr. PERTUSATTI- no pudieron determinar la autoría de las alteraciones, por lo que no se pudo identificar al responsable, sí se probó que hubo beneficios indebidos por la referida adulteración, la que según surge de las boletas agregadas en autos, se desarrolló por un extenso período, lo que lleva a que pueda catalogársela de habitual. Esa diferencia en más que recibía el actor -junto con el otro funcionario- debió ser advertida por éste en tanto el viático que se abonaba respondía a un reintegro de lo efectivamente gastado y el funcionario debía conocer perfectamente que el monto devuelto por el Banco no coincidía con el monto de lo gastado. Es claro que se pretendió engañar a la Institución y como sostiene el Consejo de Disciplina (fs. 1.421 a 1.424 Pieza 5 de los A.A.), la devolución de los importes indebidamente cobrados no aminora la responsabilidad del accionante, ni la dimensión de la falta cometida. En este sentido, se comparte lo señalado por la C.N.S.C. en cuanto a que: “Sin perjuicio que los sumariados devolvieron a la Administración lo percibido de manera irregular, no obstante, de obrados surge que la conducta asumida por dichos funcionarios contraviene las disposiciones del Estatuto del Funcionario aprobado por decreto del Poder Ejecutivo No. 147/999 de fecha 26/05/1999, cuyo artículo 20 menciona entre los deberes de los funcionarios, desempeñar fiel y exactamente las funciones inherentes a su cargo (inc. 1°); y abstenerse de realizar los actos que le están prohibidos y cualesquiera otros que afecten su buen nombre o el prestigio del Banco o causaren cualquier perjuicio (inc. 19°)”. (Fs. 1.450 pieza 5 de los A.A.). VI) Lo dicho anteriormente, conlleva a que el agravio relativo a la motivación insuficiente del acto que se impugna resulte de franco rechazo. Las razones de hecho y los fundamentos de Derecho que se encuentran explicitados en los antecedentes administrativos agregados resultan por demás suficientes para justificar la responsabilidad contenida en el acto impugnado. Como con acierto señala el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo: “El encuadre fáctico y jurídico se ajusta plenamente a la suficiencia y congruencia exigidas en materia de motivación. El accionante incumplió los deberes a los que estaba sujeto en razón al cargo que ocupaba, omitiendo observar estrictamente el principio de probidad al que debía ceñirse como funcionario público”. (Fs. 70 vto. de infolios). VII) Otras de las defensas articuladas por la parte actora, refiere a que, a su entender, se habría vulnerado el principio non bis in ídem, por el hecho de que en Sede Penal las actuaciones fueron archivadas, debiendo la Administración atenerse a lo dispuesto en aquélla instancia. A juicio del Tribunal, no le asiste razón al promotor en su planteo. Sin perjuicio de que conforme surge del expediente penal acordonado (fs. 121) las actuaciones en dicha Sede fueron archivadas según la Acordada No. 8013 del 21 de diciembre de 2018, no siendo acertados los dichos del actor en cuanto que habría sido absuelto, asiste razón a la Administración cuando alude a la independencia de la instancia administrativa de la penal. Obviamente, desde que se trata de dos órdenes distintos de responsabilidad -penal y administrativa- a partir de los mismos hechos, no puede invocarse el principio de non bis in ídem , que impediría a la justicia penal o a la Administración someter al actor a un segundo proceso penal o proceso disciplinario por la misma causa. Pero el deslinde entre el ámbito de la responsabilidad penal y de la responsabilidad disciplinaria administrativa es indiscutible y los respectivos procesos se desarrollan con autonomía (CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo. Sobre Derecho Administrativo tomo II Montevideo, F.C.U. 2008, p. 522-523). Por demás está fuera de discusión que la Administración tiene facultades para controlar y sancionar la conducta de sus funcionarios en cuanto ella implique un desvío en el desempeño de sus cometidos. Como recuerda la Dra. Lorenzo, ya el maestro Sayagués Laso explicaba que la Administración tiene poderes de vigilancia y contralor de todos los funcionarios con el fin de disciplinar la forma en que cumplen sus obligaciones: “Los funcionarios que incumplen con su función, con sus deberes inherentes o con las tareas que deberes y función involucran, incurren en responsabilidad disciplinaria. (...) Toma como punto de vista discursivo la obligación que tiene la Administración de asegurar el correcto funcionamiento de sus servicios. Puede, por lo tanto, exigir a sus funcionarios -así quedó entendido- el estricto cumplimiento de sus deberes, con el que contribuyen a su normal y buen funcionamiento, y eventualmente sancionar a quienes cometen faltas susceptibles de perturbar, directa u oblicuamente, ese necesario buen funcionamiento. Ese poder jurídico de sancionar a sus funcionarios, que no necesita texto expreso, por ser de principio, constituye el fundamento jurídico de la potestad disciplinaria de la Administración, que consecuentemente es discrecional”. (LORENZO, Susana. “Sanciones Administrativas”, Montevideo, 1996, p. 122-123). VIII) Por último, en lo que al quantum de la sanción refiere, esto es la destitución, como ha sostenido reiteradamente la Corporación, una vez acreditada la falta grave, el Tribunal no tiene observaciones que formular, en tanto, son aspectos cuya apreciación se encuentra dentro de las facultades discrecionales de la Administración que el Tribunal no debe juzgar. En cuanto a los treinta años de servicio y la inexistencia antecedentes negativos, ello no resulta óbice para que la Administración pudiera resolver la destitución del actor, fundándose en la gravedad del hecho concreto e irregular (Cfme. Sentencia No. 618/2019). No advirtiéndose que se trate de un acto notoriamente desproporcionado, ni que exista atisbo alguno de que haya mediado desviación o abuso de poder en su dictado, debe estarse a la sanción impuesta por la Administración. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y demandada en la cantidad de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil) cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado)