Sentencia Definitiva N° 533/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 4 de noviembre de 2021 No. 533 VISTA : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “HÉCTOR ROSAS S.A. con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad”. (Ficha No. 329/2019). RESULTANDO : I) En este proceso, la empresa HÉCTOR ROSAS S.A., dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución No. 352536 dictada el 11 de junio de 2018, por la Asesoría Tributaria y Recaudación del Banco de Previsión Social (en adelante: B.P.S.), mediante la cual se determinaron adeudos por contribuciones especiales a la seguridad social (en adelante: CESS) a su cargo, por el período 1° de enero de 2014 al 31 de agosto de 2017, por un total de $ 2.216.480 (fs. 425 vto. de los A.A. en 432 fs.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que el acto administrativo que se resiste adolece de vicios de forma y de fondo que imponen su nulidad. Al respecto, adujo que se gravaron los préstamos en dinero que los hijos de los titulares de la empresa reciben y que dichas partidas no constituyen materia gravada. Agregó que en el expediente se acompañan los recibos que acreditan que a fin de mes se cierra el total de los préstamos y se documenta el saldo y que dicha suma -descontado el pago- se traslada para el siguiente mes, por lo que constituye una cuenta corriente. Afirmó que dichas sumas de dinero no tienen naturaleza salarial y, en consecuencia, no constituyen materia gravada. Se agravió por cuanto la Administración, desconsideró la prueba agregada, porque la misma decía “adelanto” y no “préstamo”. Al respecto, afirmó que existió un error en la apreciación de los hechos, por lo que -a su entender- el acto deviene nulo por inexistencia de sus motivos. Sin perjuicio de lo anterior, señaló que, en caso de que se consideraran gravados los préstamos percibidos por los cuatro hijos de los accionistas, la base de cálculo del tributo se cuantificó inadecuadamente. Ello, por cuanto el BPS consideró un incremento irreal en la base de cálculo a partir de considerar que el “acumulado” de deuda que tienen los trabajadores, eran ingresos mensuales. Con relación a lo anterior, indicó que el criterio sustentado por el BPS lleva -con desacierto- a la aplicación del criterio de lo devengado como determinante del momento en que se verifica el hecho generador del tributo. Sin embargo, el criterio de lo percibido es el sostenido por la doctrina mayoritaria, esto es, que las CESS son exigibles cuando el trabajador efectivamente percibe los ingresos. Continuando con su batería de agravios, afirmó que el BPS, de forma errónea, arribó a la conclusión de que Guillermo ROSAS estaba en actividad desde el 1° de enero de 2016, cuando el mismo no trabajaba en la empresa y tenía un comercio en Paysandú. Señaló que, recién el 6 de setiembre de 2016 éste volvió a trabajar en la empresa accionante. Sostuvo que no existió una valoración adecuada de la prueba producida, ya que ninguna de las actuaciones desarrolladas para acreditar la verdad material por parte de la empresa, fue considerada. Por último, se agravió por la utilización del denominado criterio de nominalización, citando doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura. En definitiva, solicitó que se declare la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Luego de reseñar las actuaciones que precedieron el dictado de la decisión que se resiste, controvirtió que el mismo adolezca de una “calificación de los hechos jurídicamente inadecuada”. Al respecto, afirmó que toda la argumentación que plantea la accionante, respecto a que las sumas de dinero percibidas por los hijos de los titulares de la empresa constituyen “préstamos” y no parte del salario, carece de asidero, en tanto, las mismas fueron registradas contablemente como “adelantos de sueldo”. Destacó que abultada prueba documental fue agregada en tal sentido. Con relación a lo anterior, afirmó que las declaraciones de Héctor y Guillermo Rosas son claras y contundentes sobre este tema. Al respecto se expresa que de la declaración de Guillermo Rosas de fs. 6 vto. de los antecedentes surge que: “Mis hermanos y yo cobramos un sueldo fijo y además cobramos parte de las ganancias de la empresa. Nosotros no somos accionistas de la empresa ni Directores”. Controvirtió que la prueba presentada por la accionante no haya sido analizada por los inspectores actuantes. Por el contrario, la misma fue pormenorizadamente considerada, plasmándose las conclusiones en los informes obrantes en los antecedentes administrativos, a tal punto que, modificaron su actuación, acogiendo lo peticionado respecto de la trabajadora Laura Rosso, no gravándose diferencias. Al respecto, destacó que el equipo inspectivo a fs. 408 afirma que las diferencias surgen del análisis de las salidas de caja encontradas en el bibliorato de “Sueldos” de fs. 595 a 640 de la numeración original, las que se ven reflejadas en la contabilidad en Egresos de Caja, registrando dichas salidas contra la cuenta de Adelantos de Sueldos. Asimismo, el equipo inspectivo expresó que en el archivo Sueldos- Licencias 2017 figuran Guillermo, Mauro, Fabricio y Verónica (fs. 534 a 538) con información respecto al período enero de 2016 a mayo de 2017, los cuales fueron validados con las salidas de caja y adicionando los giros bancarios. En dichos archivos figuran los salarios y aguinaldos mensuales. Cabe señalarse que, de la planilla de Egresos de Caja, tomando como ejemplo el mes de enero de 2017, a fs. 31 vto. a 34 de los antecedentes, surgen diversos retiros de Verónica y Fabricio en concepto de “Adelanto de Sueldos”. Afirmó haber sido diligente en la obtención de las pruebas, así como en la valoración de las mismas, arribando a la única conclusión posible y es en la existencia de subdeclaración de remuneraciones y diferencias en la fecha de ingreso o egreso, como la ocultación de algunos dependientes. Respecto al monto gravado del cual se agravia la parte actora, se remitió a lo expresado con anterioridad, destacando que los funcionarios expresaron con claridad el fundamento de las diferencias constatadas, así como su base de cálculo, el cual surgió del análisis de la propia documentación presentada por la promotora. Rechazó la pretensión de la actora de que el BPS debería considerar como base de cálculo las sumas realmente percibidas y no las que se hubieran devengado. Al respecto, sostuvo que las CESS se devengan por la actividad remunerada, lo que significa que la misma es suficiente para que se configure el hecho generador del tributo. Sostuvo que no existió indefensión ni violación al debido proceso y que los funcionarios analizaron los elementos compulsados en la actuación a la luz del principio de la realidad. Finalmente, en lo que a la utilización del criterio de nominalización refiere, defendió dicho proceder, siendo esa la postura del Organismo desde hace varios años. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Resolución No. 6107/2019 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 51, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 432 y 45 fojas). V) Las partes alegaron por su orden (fs. 54 - 61 y fs. 64 - 69, respectivamente) VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 560/2020, aconsejando hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta (fs.77 - 78 vto.). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 80). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado a la accionante el 12 de setiembre de 2018 (fs. 427 de los A.A.) quien lo resistió el 21 de setiembre de 2018 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 16 de los A.A. en 45 fojas). Habiendo transcurrido 200 días desde la interposición de los recursos, al 9 de abril de 2019 operó la denegatoria ficta, siendo deducida la demanda anulatoria el 5 de junio de 2019 (nota de cargo fs. 19 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución No. 352536 dictada el 11 de junio de 2018, por la Asesoría Tributaria y Recaudación del B.P.S., mediante la cual se determinaron adeudos por CESS a su cargo, por el período 1° de enero de 2014 al 31 de agosto de 2017, por un total de $2.216.480 (fs. 425 vto. de los A.A. en 432 fs.) III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. La actora, Héctor ROSAS S.A. se dedica al comercio por menor de electrodomésticos y accesorios (fs. 329 vto. de los A.A.). Conforme emerge de los antecedentes administrativos, el 3 de octubre de 2017, funcionarios del Ente Previsional concurrieron al domicilio de la promotora a efectos de realizar una actuación integral por el período 01/01/2014 al 31/08/2017. En aquella oportunidad, relevaron al personal que se encontraba trabajando en ese momento en el lugar (fs. 2 de los A.A.), compulsando abundante documentación tanto física como de los registros informáticos, como se detalla en el Acta glosada a fs. 3 y 4 de los A.A. Los inspectores actuantes tomaron declaración jurada al Sr. Héctor ROSAS, en su carácter de Director de la empresa, en los términos que surgen de Actas glosadas a fs. 5 vto. a 6 y al Sr. Guillermo ROSAS, de. fs. 6 vto. a 7, como encargado de Recursos Humanos. De fs. 9 vto. a 48 lucen planillas de “EGREGOS DE CAJA” del 31 de agosto de 2017 al 1° de setiembre 2016. A partir de fs. 48 vto. a fs. 59, lucen agregadas las “SALIDAS DE CAJA”; de fs. 58 a 174 se agrega copia de los recibos de sueldo; de fs. 174 vto. a 248 “CONSULTA DE MOVIMIENTOS” emitida por dos instituciones bancarias; seguidamente, lucen los “DETALLES DE PAGO” emitidas por el Banco República correspondiente al “LISTADO DE IMPUTACIÓN” por persona de fs. 258 vto. a 267 vto. De fs. 268 a 272 se agregaron planillados de licencias generadas en el año 2017. A partir de fs. 272 luce copia de “libro de caja” con movimientos diarios. Seguidamente, se adjunta testimonio de cuadernos donde constan los pagos realizados a los hijos de los directores de la empresa, los Sres. Verónica, Mauro, Fabricio y Guillermo ROSAS (dependientes de la empresa actora), donde se registra el salario mensual, así como los adelantos que se le dan en forma habitual y las “salidas de caja” por la que se documentan tales movimientos. Conforme a la documentación relevada, los inspectores actuantes realizaron la planilla de ingreso en Auditor (fs. 321 vto. a 329 de los A.A.), confeccionando seguidamente, el avalúo integral (fs. 334 vto. a 348 de los A.A.). Posteriormente, los inspectores elaboraron un informe detallado de la actuación (fs. 329 vto. - 332, y ampliación a fs. 334), figurando el Acta Final de Inspección y Vista (fs. 351 vto. de los A.A.). Se le confirió vista a la parte interesada el 12 de marzo de 2018, la que la evacuó en los términos lucientes a fs. 356 y ss., adjuntando documentación. Los descargos fueron analizados por el equipo inspector, quien elaboró un nuevo informe que luce agregado a fs. 407 vto. a 409 de los A.A. Cabe destacar que, en el mismo se rectificaron las actuaciones respecto a la trabajadora Laura ROSSO (fs. 411 vto. a 423), atendiendo a los planteos efectuados por la empresa contribuyente. Finalmente, el 11 de junio de 2018 la Gerencia de Área de Fiscalización ATYR dictó la Resolución No. 352536, actuación No. 819791 v. 1 (fs. 425 vto. de los A.A.), acto que se procesa en estos autos. IV) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el amparo parcial de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, anulará parcialmente el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) Sobre el alegado error en los motivos por la desnaturalización de las partidas consideradas. El primero de los agravios que esgrime la parte actora refiere a que el Ente Previsional procedió a efectuar una determinación tributaria en la que gravó los préstamos de dinero que los hijos de los titulares de la empresa reciben, siendo que, de acuerdo con el régimen legal vigente, dichas partidas no constituyen materia gravada. A juicio del Tribunal, el agravio no es de recibo. Conforme emerge de los recaudos agregados al proceso, cuya individualización fue realizada en ocasión de reseñar los antecedentes administrativos, existe prueba documental y testimonial suficiente que justifica en forma fehaciente la conclusión a la que arribara la Administración demandada. En efecto, las sumas a las que refiere la parte actora como supuestos “préstamos”, eran registrados contablemente por la empresa como “adelantos de sueldo” y “retiros” (fs.299- fs.321 de los A.A.), registrándose, a su vez, transferencias realizadas a través del Banco República por la empresa HÉCTOR ROSAS S.A. por concepto de sueldos a Guillermo, Mauro, Fabricio y Verónica ROSAS (fs.520-533 de los A.A). De la valoración de la prueba mencionada, la Corporación arriba a la conclusión de que no se configuran los extremos argumentados por la parte actora respecto a que se trató de préstamos efectuados por la sociedad a sus empleados y, por lo tanto, que se trate de partidas no gravadas por CESS. Por el contrario, a juicio del Tribunal, asiste razón al Organismo Previsional cuando indica que no se presentó prueba alguna que avale la formalización de dichos préstamos, ni del reintegro de los mismos. Dicha conclusión, se ve reforzada por la declaración del Sr. Guillermo ROSAS quien, en carácter de encargado del Departamento de Recursos Humanos de la sociedad contribuyente y respecto a los salarios que perciben él y sus hermanos, manifestó: “Trabajamos junto a mis 3 hermanos y mis padres, en realidad ellos ya no trabajan desde hace unos 3 años. Mis hermanos y yo cobramos un sueldo fijo y además cobramos parte de las ganancias de la empresa” (fs. 6 vto. de los A.A.). De dicha declaración, se desprende sin hesitación alguna que los hijos de los titulares de la empresa accionante cobraban además del sueldo fijo parte de las ganancias de la empresa, lo que integra la base de cálculo de las CESS correspondientes. En consecuencia, resulta acorde a Derecho que las partidas objeto de análisis hayan sido consideradas por la Administración como materia gravada, conforme con lo dispuesto por el artículo 153 de la Ley No. 16.713. VI) Sobre la alegada errónea cuantificación de la base de cálculo del tributo. El segundo agravio planteado por la accionante refiere a que, si se considera gravado lo percibido por los hijos de los titulares, su base de cálculo se cuantificó inadecuadamente, ya que se considera el acumulado de la deuda como ingresos mensuales. A juicio del Tribunal, el agravio es de recibo. En lo que a la cuantificación refiere, cabe señalar en primer término que asiste razón a la actora cuando indica que el criterio dispuesto por el legislador respecto de lo que constituyen partidas gravadas refiere a lo percibido (art.153 Ley No.16.713). Ahora bien, de la prueba documental agregada a estos autos, las partidas identificadas como “adelantos de sueldo” y “retiros” constituyen montos percibidos, por lo que los mismas califican dentro de las partidas gravadas por CESS y, por lo tanto, integran su base de cálculo. Sin embargo, del informe complementario del “Acta final de inspección” (fs. 331 vto. de los A.A.), no surge con claridad cuál fue el método empleado por los funcionarios actuantes para calcular el ingreso mensual de cada uno de los hijos de los titulares de la empresa y, en consecuencia, para determinar la base de cálculo de las CESS. En este sentido, se comparte lo consignado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, en cuanto señala que: “En la medida que de estos sueldos mensuales únicamente solo surge un monto total (sin detallar el cálculo realizado dentro de cada mes para- al menos- algunos casos) no es posible determinar respecto a los mismos si se consideró al acumulado de la deuda como ingreso mensual. Por tanto, se hará lugar a este agravio, ya que dicho cálculo no fue suficientemente motivado”. (Fs. 78 de infolios). En lo que concierne a este punto, cabe hacer lugar al agravio referido a la falta de motivación alegada por la parte actora, al no estar explicitados en forma clara y suficiente los elementos que tomó en cuenta la Administración para elaborar la planilla luciente a fs. 331 vto. de los antecedentes. VII) Sobre la actividad en la empresa de Guillermo ROSAS. Continuando con el memorial de agravios articulados por la promotora, la misma se agravia por cuanto el BPS consideró que el Sr. Guillermo ROSAS estaba en actividad en la empresa desde el 1° de enero de 2016, cuando -según sus dichos- para ese entonces, éste tenía un comercio que atendía en Paysandú. Conforme surge del informe inspectivo glosado a fs. 407 y ss. de los A.A., el empleado Guillermo ROSAS fue gravado en el período 01/2016 por el salario de $26.000, dato que se obtuvo de la planilla “SUELDOS - LICENCIAS 2017”. Lo anterior, resulta afín con una salida de caja por concepto de aguinaldo del mes de diciembre de 2016 por $13.000, monto que corresponde a la mitad de su salario declarado en la planilla citada. En este sentido, resulta atendible lo argumentado por la Administración demandada, en cuanto a que si el trabajador efectivamente regresó a la empresa en el mes setiembre de 2016 -como lo indica la actora-, la alícuota de aguinaldo correspondiente hubiera sido por un monto menor ya que correspondería abonarle solamente por tres meses. A su vez, se comparte lo manifestado en el informe inspectivo, en cuanto a que: “El hecho de que tuviera su propio emprendimiento no limita que pueda ejercer actividades en la empresa inspeccionada; no existe incompatibilidad entre las actividades de trabajadores en actividad”. (Fs. 409 de los A.A.). En definitiva, en lo que concierne a la situación del Sr. Guillermo ROSAS, el planteo efectuado por la accionante no es de recibo. VIII) Sobre la alegada violación de las reglas del procedimiento: ausencia de valoración adecuada de la prueba producida. Tampoco asiste razón a la promotora, en cuanto a que no existió por parte de la Administración, una correcta valoración de la prueba producida. Por el contrario, del estudio de los antecedentes administrativos, emerge que se le dio vista de las actuaciones a la parte interesada (fs. 352 de los A.A.) y que sus descargos fueron debidamente considerados por el equipo inspectivo, mediante el informe elaborado a fojas 407 vto. y ss. Incluso, tan es así que las conclusiones a las que inicialmente habían arribado los inspectores respecto a la situación de la Sra. Laura ROSSO, fueron modificadas. Al respecto, se señaló en el referido informe inspectivo: “se tiene en consideración lo planteado por el contribuyente, luego de re- examinar la prueba, se comparte lo planteado modificando los cálculos efectuados para dicho trabajador y mes de cargo” (Informe de fecha 10 de mayo de 2018, fs.407 vto. de los A.A.). A ello, cabe agregar lo consignado por el Sr. Procurador del Estado en cuanto a que: “En la contestación de la vista, los inspectores expresan que no se presentaron pruebas documentales de los alegados préstamos y que se presentaron planillados propios, sin documentación probatoria. Agregan que se intentó verificar las líneas correspondientes a las salidas de caja de Verónica y Fabricio y se observó que en los planillados presentados no se registran salidas de caja de 1/2017 y 2/17, que sí figuran en los registros contables, por lo que su valor es relativo. Efectivamente en los planillados de fs. 385 (Verónica) y de fs. 394 vta. (Fabricio), no surgen salidas de caja en enero y febrero de 2017, que sí constan en los Egresos de Caja de dichos meses (fs. 29 a 34)”. En suma, a juicio de la Corporación no se advierte que haya existido vulneración a las garantías del debido procedimiento habiéndose respetado el derecho de defensa de la empresa contribuyente. IX) Sobre la utilización del criterio denominado “nominalización”. En lo que respecta al método empleado por el accionado para el cálculo de la deuda tributaria, conocido comúnmente como “nominalización”, este Tribunal ha asentado con anterioridad su posición, en múltiples oportunidades, señalando invariablemente que resulta contrario a Derecho. Como surge del informe de los inspectores (fs. 407 vto. - 409 de los A.A. especialmente a fs. 408 vto.) se empleó ese criterio para hacer la determinación, por lo que el Tribunal reiterará una vez más, siguiendo su actual jurisprudencia su franco rechazo a dicha forma de cálculo. Ello, porque de acuerdo con lo establecido por el Código Tributario artículo 13, inc. 3º, existen dos tipos de contribuciones de seguridad social, el aporte a cargo de los trabajadores y, el aporte a cargo de los patrones; y son estos últimos los que actúan como agentes de retención del aporte personal del trabajador, de modo que al hacer efectivo el pago del salario deben retener el importe correspondiente al aporte personal y verterlo al B.P.S. Antes de efectuarse la retención empleador y empleado son solidariamente responsables del pago del aporte personal, pero, una vez retenido éste, el único responsable es el patrón (Código Tributario art. 23). Emerge claro de infolios que el criterio seguido por la accionada en la liquidación de adeudos que nos ocupa, partió de la presunción de que al momento de abonarse el salario a los trabajadores, el empleador efectuó la retención y omitió verter el importe correspondiente; y por ello considera que las sumas efectivamente percibidas por los dependientes constituyen su salario líquido que, según Ley No.16.713, art. 182, inc. 2º, es el nominal menos los aportes a la seguridad social y el actual impuesto a la rentas del trabajo, a partir de lo cual concluye que el monto imponible sobre el que debe calcularse la obligación tributaria resulta de añadir a lo pagado al trabajador el importe del aporte que presume se le retuvo. Sin embargo, como con acierto señala la Procuraduría del Estado en los múltiples dictámenes emitidos en torno a esta cuestión de la “nominalización”, no existe ninguna norma que autorice a presumir que, en casos como el presente, el empleador haya efectuado retención alguna. La materia de que se trata es de exclusiva reserva legal (Constitución de la República art. 85), temperamento que ratifica el Código Tributario en su art. 2 al disponer que sólo la ley puede crear tributos, modificarlos o suprimirlos. Con el criterio del B.P.S. se estaría modificando la base de cálculo del tributo (contribución especial de seguridad social), sin texto habilitante (Ley No. 16.713 art.153). La suma percibida en mano por el trabajador, sin retención de aportes, no puede ser considerada sólo como parte de la remuneración, o sea, como salario líquido, salvo en los casos en que haya acuerdo entre el trabajador y el empleador en ese sentido, lo que aquí no se vislumbra (Ley No. 16.713 art. 163). Rige en la especie el principio de verdad material preceptuado por la Ley No. 16.713 art. 149, o sea que corresponde indagar la realidad de los hechos, para poder determinar la existencia o no de la obligación tributaria. Y, en el casus, la verdad material no es otra que la que surge del monto real de los salarios percibidos por los distintos trabajadores involucrados, sin que nada autorice a suponer o deducir que en esos casos el empleador toma a su cargo las aportaciones. Por lo que, el monto percibido efectivamente por el trabajador constituye la totalidad de su salario y totaliza por sí solo el monto imponible sobre el cual han de calcularse tanto el aporte obrero como el patronal. XI) Por los fundamentos expuestos, corresponde la anulación de la determinación tributaria resistida en atención a la ilegitimidad del criterio de nominalización aplicado por la accionada. Lo cual debe entenderse sin perjuicio de la competencia del organismo previsional de reconstruir la faz administrativa ateniéndose a los lineamientos jurídicos consignados en este pronunciamiento. XII) Finalmente, la actora no expresó agravio sobre la fase del acto que le impuso la sanción prevista por la Ley No. 16.713, art. 87 -multa de $ 69.431 por haber omitido la comunicación puntual de la información para la formación de la historia laboral- y, por tal motivo, el acto permanece incólume en ese aspecto. En efecto, debe destacarse que ese contenido del acto resulta escindible, independiente y no resulta afectado por la parte viciada del mismo. La multa tiene como base de cálculo el valor de la Unidad Reajustable y no las obligaciones determinadas de oficio o los salarios ilegítimamente nominalizados; por lo que la ilegitimidad en la forma de cuantificar las obligaciones, no la inficiona (Cfme. Sentencia No. 389/2015). En definitiva, por las razones que anteceden corresponde amparar parcialmente la demanda incoada. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Ampárase parcialmente la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad parcial del acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado)