Tribunal de lo Contencioso Administrativo · Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Sentencia Definitiva N° 530/2021
4 de noviembre de 2021
- Ficha (IUE)
- 233/2019
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Confirma en parte
- Fallo: confirma
Texto de la sentencia
DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 4 de noviembre de 2021 No. 530
VISTOS :
P ara sentencia definitiva estos autos caratulados
“ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES
ELÉCTRICAS con PODER EJECUTIVO. Acción de Nulidad ” (Ficha Nº 233/2019).
RESULTANDO :
I) Con fecha 26 de abril de 2019 (fs. 2-10) la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), representada por Camila ROCHA RODRIGUEZ, dedujo demanda anulatoria contra la Resolución Nº 194/2018 de 12 de junio de 2018, dictada por el Directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), por la cual, en lo que interesa al proceso, resolvió aplicar a UTE una multa de UI 892.652 por las 27 incidencias declaradas como fuerza mayor no acreditadas, en el marco de las Resoluciones N° 241/012 de 20 de diciembre de 2012 y N° 119/013 de 21 de agosto de 2013 (numeral 3) (fs. 1690 y vto. Pieza 6 A.A.).
Sostuvo que, de las 27 incidencias, UTE había aportado material probatorio de la causal de fuerza mayor respecto de 16 de ellas, sin que fueran analizadas a la luz del instructivo que disponía que se lo hiciera con racionalidad y sana crítica.
Agregó que la URSEA había aprobado el Reglamento de Calidad del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica (RCSDEE) por Resolución N° 29/003 y adecuado por la Resolución N° 241/012.
Manifestó que el acto resistido se había dictado contrariando una regla de derecho en materia de valoración de la prueba, esto es, el numeral 3 del citado Reglamento, que ordena valorar la prueba de acuerdo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia.
Señaló que una de las causales establecidas en el instructivo era la de imposibilidad de acceso y que, respecto de esta causal, había presentado 14 casos con formularios, fotos y notas aclaratorias de las jefaturas que no habían sido valoradas correctamente por el regulador.
Indicó que, en otro caso con causal de incendio, URSEA la había tenido por no acreditada por no haber presentado el informe de la Dirección Nacional de Bomberos y porque el registro fotográfico no permitía visualizar la causal invocada, cuando UTE había aportado el formulario, fotos, nota aclaratoria y solicitud de informe de Bomberos, la que no había sido contestada por dicho organismo, por lo que no se podía desconocer la conducencia del material probatorio presentado respecto a la ocurrencia del hecho.
Entendió que en otro caso se había configurado la causal vientos y afirmó que URSEA había considerado no acreditada la fuerza mayor por la no presentación de información proveniente de medios de prensa que acreditaran el daño causado, sin perjuicio que UTE había aportado información de anemómetros de Generación Eólica a efectos de probar la ocurrencia real de ese fenómeno.
Concluyó que no existía justificación para no haber considerado todos los elementos aportados en los 16 casos detallados, en los que se había probado la existencia de fuerza mayor.
En definitiva, solicitó el amparo de la demanda incoada.
II) Conferido el correspondiente traslado, el 21 de junio de 2019 (fs. 19-25), la URSEA, representada por Marcelo LABORDE, contestó la demanda.
Señaló que, de conformidad al Reglamento de Calidad del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica, el distribuidor debía probar fehacientemente que se había configurado la fuerza mayor como excepción a la obligación de servicio público de ofrecer un suministro regular continuo y de razonable calidad, y que los criterios para el análisis y calificación de las invocaciones de fuerza mayor del distribuidor había sido adoptados por la Resolución N° 241/012.
Afirmó que la detección de casos declarados como fuerza mayor que no cumplían con los criterios aprobados por el Regulador constituían una infracción pasible de sanción, según la tabla prevista reglamentariamente (art. 35 del RCSDEE).
Sostuvo que en el primer semestre del año 2017 se habían analizado 1060 incidencias declaradas por UTE como casos de fuerza mayor respecto de interrupciones, de las cuales se habían tenido por acreditadas 1027, 6 casos habían sido incidencias menores de tres minutos, y otros 27 no se habían considerado probados.
Agregó que en las 14 incidencias por la causal imposibilidad de acceso, UTE no había incluido fotografías, con constancia de fecha y hora, que acreditaran la ocurrencia de la causal invocada como lo exigía la Resolución 241/012, por lo que no existían garantías de que se tratara de fotografías relacionadas con la incidencia que se pretendía probar.
Recordó que la citada Resolución preveía como exigencia específica que se agregara el informe de la Dirección Nacional de Bomberos cuando se invocara un incendio como fuerza mayor y que, en el caso de autos, tal informe no se había aportado, sino se había incluido una solicitud de informe que nada acreditaba.
Consideró que en la invocación de fuerza mayor a causa de vientos existían deficiencias en el formulario presentado, en el que se había hecho referencia a una turbonada, pero sin asociarla a la provocación de daños a la instalación eléctrica, por lo que no se había probado la causal alegada.
En definitiva, solicitó se rechazara la demanda interpuesta, confirmándose el acto impugnado.
III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 54.
IV) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 57 y ss. y la demandada a fs. 64 y ss.
V) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien produjo el Dictamen No. 396/2020 aconsejando anular parcialmente el acto en causa (fs. 72).
VI) Se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros.
CONSIDERANDO :
I) En la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley N°15.869) para el correcto accionamiento de la nulidad.
En efecto, se demanda la nulidad de la Resolución Nº 194/2018 de 12 de junio de 2018, dictada por el Directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), por la cual, en lo que interesa al proceso, resolvió aplicar a UTE una multa de UI 892.652 por las 27 incidencias declaradas como fuerza mayor no acreditadas, en el marco de las Resoluciones N° 241/012 de 20 de diciembre de 2012 y N° 119/013 de 21 de agosto de 2013 (numeral 3) (fs. 1690 y vto. Pieza 6 A.A.).
Contra el acto impugnado, notificado a la actora con fecha 4 de julio de 2018 (fs. 1695 A.A.), interpuso el día 12 del mismo mes recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 1693 y 1694 A.A.).
Por Resolución del Presidente de la República dictada el 19 de febrero de 2019 se desestimó el recurso jerárquico (fs. 1733 y 1734 A.A.) notificándose el día 27 del mismo mes (fs. 1735 A.A.).
Finalmente, la demanda de nulidad fue introducida en tiempo útil (el 26 de abril de 2019, nota de cargo a fs. 11 de autos).
II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, apartándose de lo aconsejado por el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por desestimar la demanda y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación.
III) Emerge de los antecedentes administrativos allegados al proceso que el 8 de marzo de 2018 se produjo un informe, a cargo del área Fiscalización Jurídica de la URSEA, sobre la información proporcionada por UTE para el período 1º de enero al 31 de junio de 2017 respecto de las incidencias declaradas como casos de fuerza mayor bajo las distintas causales invocadas, en cumplimiento del semestre de control del Reglamento de Calidad de Servicio de Distribución de energía Eléctrica (fs.
1662 y 1663 Pieza 6 en 1741 fs. AA).
Se dio vista del informe a UTE, que la evacuó el 24 de marzo de 2018, postulando que el criterio de valoración empleado por URSEA no se adecuaba a la solución reglamentaria vigente y solicitando una nueva valoración de la prueba aportada (fs. 1668 y 1667 Pieza 6 en 1741 fs. A.A.) Por informe de fecha 11 de mayo de 2018, a cargo de la Esc. Chris Nieto y la Dra. Garine Dermousessian de la Unidad Fiscalización Jurídica, se entendió que del material probatorio presentado por UTE, surgían acreditados 10 casos, no así los restantes 20, y que 6 eran de clientes asociados con duración inferior a 3 minutos, adjuntando proyecto de resolución con el cálculo de las multas correspondientes al primer semestre (fs. 1675 a 1683 A.A. ibidem).
Con fecha 8 de junio de 2018 la Gerencia de Fiscalización compartió el referido informe y adjuntó proyecto de resolución corregido (fs. 1687 A.A. ibidem) Finalmente, se dictó el acto enjuiciado (fs. 1690 Pieza 6 en 1741 fs.
A.A.).
IV) La actora se agravió porque el acto dictado contrariaba la regla de derecho en materia de valoración de la prueba.
Al respecto consideró que en las incidencias -16 sobre 27- se había acreditado la causal de fuerza mayor.
Corresponde anotar que respecto a 14 incidencias (Casos Nos.
2017011023; 2017011148; 2017021522; 2017030768; 2017040086;
2017040172; 201740272; 2017050078; 2017050190; 2017050258;
2017050331; 2017050923; 2017060445; 2017060454) el regulador consideró que no estaba debidamente probada la fuerza mayor invocada, a saber: de imposibilidad de acceso, ya que los registros fotográficos agregados carecían de fecha y hora, lo que impedía comprobar que aquéllos hubieran sido tomados el día de los respectivos sucesos de fuerza mayor alegada.
Asimismo, en 2 incidencias (Casos Nos. 2017031218 y 2017040057) la URSEA entendió que no se había agregado el informe de la Dirección Nacional de Bomberos y que existían deficiencias en el formulario presentado.
IV.1) Surge de los antecedentes administrativos agregados por la actora (documentación en carpeta rosada en 155 fs.) que en el Caso N° 2017011023 Causal: Imposibilidad de Acceso UTE consignó en el formulario que:
“…debido a las lluvias caídas se encuentra arroyo crecido no permitiendo el paso. Se realiza registro fotográfico” (fs. 51 Carpeta Rosada en 155 fs.) Agregó fotografía sin fecha y hora y, en la nota aclaratoria, manifestó que:
“UTE se enteró de la Imposibilidad de Acceso el día que concurre a atender el problema por el cual llama el cliente (…) Por lo tanto en el momento que llega la brigada saca la foto…” (fs. 52 y 53 Carpeta Rosada en 155 fs.).
A su vez, en nota de fecha 11 de abril de 2018 UTE reconoció que:
“…dejo constancia que el archivo fotográfico correspondiente al caso 201701102…, fue registrado en el momento de la incidencia, la fecha y la hora de la captura de la fotografía no quedó registrada en el archivo dado que no estaba configurada la hora y fecha en el dispositivo” (fs. 54 Carpeta Rosada en 155 fs.).
Similar situación se configuró en el Caso N°2017011148 Causal:
Imposibilidad de Acceso , en el que el funcionario de UTE, Ing. Carlos Velázquez, con fecha 12 de abril de 2018 aclaró que:
“… se hace constar por este medio que para el caso 2017011148, las fotos fueron tomadas en un dispositivo el cual no registró datos de fecha de captura de la imagen. Por este motivo el archivo de imagen (…) con fecha de modificación de archivo del día jueves, 09 de febrero de 2017, corresponde a la captura fotográfica del día martes, 10 de enero de
2017.” (fs. 56 Carpeta Rosada en 155 fs.).
A fs. 58 y 59 lucen agregadas las fotos del referido evento sin fecha ni hora.
Idéntica situación a las antes relatadas, de registros fotográficos sin fecha y hora, se constataron en los Casos Nos. 20170211522 (fs. 61 a 65 Carpeta Rosada en 155 fs.), 2017030768 fs. 66 a 71 Carpeta Rosada en 155 fs.), 2017040086 (fs. 92 a 96 Carpeta Rosada en 155 fs.), 20170401172 (fs.
97 a 104 Carpeta Rosada en 155 fs.), 2017040272 (fs. 105 a 111 Carpeta Rosada en 155 fs.), 2017050078 (fs. 112 a 118 Carpeta Rosada en 155 fs.), 2017050190 (fs. 119 a 125 Carpeta Rosada en 155 fs.), 2017050258 (fs.
126 a 131 Carpeta Rosada en 155 fs.), 2017050331 (fs. 132 a 137 Carpeta Rosada en 155 fs.), 2017050923 (fs. 138 a 143 Carpeta Rosada en 155 fs.), 2017060445 (fs. 144 a 147 Carpeta Rosada en 155 fs.) y 2017060454 (fs.
148 a 154 Carpeta Rosada en 155 fs.).
A su vez, en el Caso N° 2017031218 Causal: Vientos surgen agregadas gráficas, con “ datos del software de UTE visual GSM con datos de Generación Eólica de UTE. Estación “Colonia Otamendi” Cerro Largo” y en el formulario se expresó: “Gran turbonada, arrasó con pinos, tiró carteles, árboles de gran porte” , (Fs. 72 a 75 Carpeta Rosada en 155 fs.), sin que conste fecha cierta de el o los eventos.
Finalmente, en el Caso N°2017040057 Causal: Incendio, el formulario dio cuenta que con fecha 07/04/2017 se produjo un “Gran Incendio en el Ramal de la sb 5222145 y otras ”, se adjuntaron siete fotos y una “Solicitud de copia de Parte” a la Dirección Nacional de Bomberos del Incendio Forestal de fecha 7 de abril de 2017 (fs. 76 a 91 Carpeta Rosada en 155 fs.).
IV.2) Ahora bien, en el caso corresponde recordar que es de aplicación el Reglamento de Calidad del Servicio de Distribución y Energía Eléctrica (RCSDEE), aprobado por la Resolución de URSEA Nº 29/003 de 24 de diciembre de 2003 y sus posteriores modificativas, entre ellas la Resolución Nº 241/2012 de fecha 20 de diciembre de 2012, que modificó algunos artículos del referido Reglamento y aprobó el “Instructivo sobre criterios para el análisis y calificación de circunstancias de Fuerza Mayor en el Reglamento de Calidad del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica (RCSDEE) ” (fs. 41 a 45 vto. Carpeta Rosada en 155 fs.).
En ese sentido, el referido instructivo indica en su numeral 1) FUERZA MAYOR “DE PLENO DERECHO” que:
“… se considerará configurada “de pleno derecho” la fuerza mayor cuando la interrupción del suministro haya sido consecuencia de:
a) temperaturas superiores a 45ºC o inferiores a -10 C
b) vientos de velocidad superior a 130 km/h.
c) inundaciones de carácter excepcional A continuación, indica en su numeral 3):
“PRUEBAS A PRESENTAR Y SU VALORACION - El Distribuidor deberá proporcionar todas las pruebas conducentes al encuadramiento de la situación bajo la figura de fuerza mayor , las que serán valoradas racionalmente de acuerdo con las reglas de la sana critica, y para inferir del hecho conocido el hecho a probar se aplicarán las reglas de la experiencia común extraídas de la observación de lo que normalmente acaece (artículos 70, inciso 2º del Decreto Nº 500/991 de 27 de setiembre de 1991 y articulo 140 y ss. CGP).
Por su parte, dispone en el numeral 4):
ELEMENTOS PROBATORIOS MÍNIMOS A PRESENTAR:
En todos los casos se presentará la “Declaración testimonial de personal del Distribuidor” sobre la contingencia en el servicio técnico.
A su vez requerirá para todos los casos incluir las observaciones de la incidencia en el Sistema De Gestión de Incidencias (SGI).
En particular, el Distribuidor deberá proporcionar, sin perjuicio de otros elementos que estime pertinentes, los siguientes según corresponda:
a) Para las causales 21. Vientos 22. Inundaciones (razones climáticas) 23. Temperatura y 24 Descargas Atmosféricas:
i) Cuando sea posible, información de la Dirección Nacional de Meteorología o de la Dirección Nacional de Bomberos, según corresponda, que acredite fehacientemente la ocurrencia de la causal invocada (por medio de informe, información obtenida de internet, etc.).
Los pronósticos o advertencia meteorológica no constituyen prueba suficiente.
ii) Información proveniente de los distintos medios de prensa:
posteriores al acaecimiento del hecho a probar, haciendo referencia expresa a la causal y a la localidad o departamento en el cual ocurrió la misma. Dicha información deberá acreditar la fecha del acaecimiento de la causal.
iii) Para el caso específico de componentes de la red deñados por descargas atmosféricas, se requerirá demostrar que los mismos contaban con las protecciones reglamentarias según la normativa vigente, mediante la presentación de un informe técnico que al menos enumere y describa las características técnicas nominales de dichas protecciones (descargadores, sistema de aterramiento, etc.). Dicho informe deberá también detallar el grado de afectación del componente dañado y venir acompañado del correspondiente registro fotográfico que acredite el daño causado.
(…)
d) Para la causal 48. INCENDIO
i) Informe de la Dirección Nacional de Bomberos.
(…)
h) Para la causal 53 IMPOSIBILIDAD DE ACCESO
i) Registro fotográfico que acredite la ocurrencia de la causal invocada.
NOTA 1: los registros fotográficos que se presenten deberán incluir la fecha y hora en que fueron capturados y acreditar fehacientemente la ocurrencia de la causal que se invoca.
NOTA 2: los informes técnicos que se presenten siempre deberán firmados, con aclaración de firma de técnico responsable”. (fs. 44 a 45 vto. Carpeta Rosada en 155 fs.).
IV.3) Como surge de la propia Resolución que se procesa, la URSEA aplicó a UTE una multa de UI 892.652 por las 27 incidencias declaradas como fuerza mayor que se tuvieron por no acreditadas en el marco de las Resoluciones N° 241/012 y N° 119/013 (numeral 3, fs. 1690 vta. A.A.).
De manera entonces que el pronunciamiento de la URSEA fue en el ámbito administrativo, actuando como Órgano de contralor de la gestión comercial propia del suministro eléctrico, que forma parte de la actividad del servicio público de distribución de energía eléctrica.
Y, conforme a los antecedentes reseñados supra, ha quedado acreditado que la actora no cumplió con los extremos que el citado instructivo previó para calificar las distintas circunstancias como fuerza mayor.
Es de verse que era de pleno conocimiento de UTE los requisitos que debía reunir la prueba para acreditar la causal de fuerza mayor invocada, a saber: que las fotografías indicaran fecha y hora, que era imprescindible que se aportara el informe de bomberos en el caso del incendio, y documentos en legal forma para probar las mediciones en el caso de los vientos, así como la relación de los eventos con los daños causados.
En tal sentido, de las incidencias analizadas particularmente se terminaron considerando como acreditadas 1027, y no se tuvieron por debidamente probados 27 de los casos declarados como de fuerza mayor, lo que demuestra que la actora tenía conocimiento acerca la especialidad de la prueba requerida para acreditar la fuerza mayor invocada.
Entiende el Tribunal que no asiste razón a la accionante en cuanto la URSEA procedió a valorar la prueba aportada y que de la misma no surgió acreditada la causal de fuerza mayor por lo que en el caso no existió una errónea valoración.
De lo que se viene de exponer, resulta que la Administración valoró adecuadamente la prueba rendida, de acuerdo a las reglas de la sana crítica.
Enseña el Maestro COUTURE que el cúmulo probatorio incorporado debe valorarse de acuerdo a las reglas de la “sana crítica” que son ante todo “las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez” (cf.
COUTURE, Eduardo J. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, 3ª Edición (14ª reimpresión), Ed. Depalma, Buenos Aires, 1987, pág.270), y en el caso resultó insuficiente para acreditar las causas de fuerza mayor alegadas.
Por los fundamentos expuestos y lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal,
FALLA :
Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado.
Sin especial condena procesal.
A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil).
Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.
Dra. Salvo (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón.
Dr. Marquisio (Sec. Letrado)
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).